Las deudas de estas personas naturales y jurídicas que adeudan a la banca quebrada ascienden a USD 3.942.7 millones. Así lo reveló un informe de la agencia estatal enviado a la Asamblea Constituyente, y cuyo corte está a diciembre del 2007 (El Universo, 5 agost 2008).
De acuerdo con el mencionado documento, de los 19.703 deudores en total de los bancos en liquidación: Progreso, Popular, Préstamos, Bancomex, Solbanco, Crédito, Unión, Azuay, Tungurahua y Finagro, 12.321 (es decir el 86,20%) deben menos de $ 1.000 y todos juntos han acumulado $ 4,6 millones en obligaciones.
Sin embargo, según los datos de la AGD, el capital de las deudas de estos ascienden a $USD 2,9 millones, no obstante, las multas por mora (atrasos en el pago) suman USD 1,4 millones.
Entre tanto, los morosos de la banca cerrada de cantidades mayores a $ 100 mil, que son 1.437 clientes, acumulan obligaciones por un total de USD 3.768,9 millones.
Haciendo el mismo desglose anterior, el capital de las deudas de grandes montos asciende a los USD 1.746,8 millones. Los intereses de mora llegan a USD 1.311,0 millones y los intereses son de USD 720,7 millones.
Así se nota que los intereses resultan altísimos con respecto a las deudas. Pero debe considerarse que las deudas han estado sin cobrar durante diez (10) años al menos, que es tiempo suficiente para que se hubiese terminado de liquidar a los bancos que quebraron.
Claro, la corrupción de los gobiernos de turno impidió a su tiempo, perseguir a los responsables de la quiebra bancaria y los perjuicios irrogados al Estado. No obstantes, hay esperanza de que algún día se haga justicia y que los culpables sean encerrados.
De otra parte, lo que si procede ya, es la liquidación destaca Eduardo Carmigniani (Expreso, 21 agost 2009), pero “no a la loca”, porque sería un colosal error que por el prurito de liquidar por liquidar se pase la cartera no cobrada a la Superintendencia de Bancos, como inicialmente se ha sugerido.
Carmigniani anota que el órgano de control bancario no tiene ni la infraestructura ni el personal ni la experiencia para ponerse a cobrar deudas o vender inmuebles, por lo que advierte que eso sería un estruendoso fracaso. Y, no se vería mal como candidato al Banco Central,…
Así que, señala Carmigniani, será mejor no meter en esto a la Superintendencia, a la que más bien hay que insistirle por un trabajito aún en mora: la aplicación del Art. 127 de la Ley de Instituciones Financieras, que la faculta a cobrar con coactiva los perjuicios causados dolosamente por administradores de las entidades financieras quebradas.
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