El presidente Rafael Correa (Diario Hoy, 1 sept 2009) justificó la Resolución 1269 del 24 de marzo del 2009 de la Junta Bancaria, que contempla la "amnistía" -en cuanto al costo financiero de los bancos en liquidación-, por cuanto no se ha hecho nada o casi nada en los últimos 10 años -desde la crisis bancaria- para recuperar las deudas pendientes.
La amnistía del 100% del capital adeudado, les permitirá beneficiarse del no pago de los intereses, costos y gastos adeudados. Sobre la base de un acuerdo de deudas, la resolución fijó cinco rangos.
Uno de los críticos de esa resolución fue el ex asambleísta León Roldós, quien presentó una demanda de inconstitucionalidad a la referida Resolución bajo el argumento de que se estaba disponiendo de activos de terceros sin tener competencias para hacerlo. La resolución también permite a los deudores vinculados plantear un plan de pago en el marco de lo que se llamó "mecanismo extraordinario para la negociación o rebaja de deudas malas o dudosas de las entidades en liquidación".
Hasta abril pasado, los deudores de la banca cerrada sumaban 4 512 personas que tenían obligaciones por USD 1 200 millones. Es decir, el 11% de los posibles beneficiarios que concentraban el 59 % de la deuda total de USD 2 035 millones.
Por eso, Roldós afirmó que quienes "controlaban los bancos y la pillería (deudores vinculados) ahora quedarán liberados de sus responsabilidades... no pagarán intereses corrientes ni de mora pese a que han transcurrido más de 10 años".
Filanbanco registró USD 1 124 millones en costo financiero por intereses no cobrados. En una carta de junio del ex gerente de la AGD, Carlos Bravo a la liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña señaló que, dentro de las cuentas por cobrar a favor de la AGD, estaban los USD 1 124 millones registrados hasta el 31 de diciembre de 2008.
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