
13.1.1. Concepción de la libertad económica y el libre mercado
Sobre esta materia, la Enciclopedia Encarta, concibe lo siguiente:
El libre mercado, modelo económico según el cual, con la excepción de determinadas actividades consideradas propias del Estado (como la defensa nacional, la promulgación de leyes, la educación, la salud o el mantenimiento del orden público), todas las actividades y transacciones económicas dependen exclusivamente de la libre iniciativa de los individuos.
Una economía de libre mercado es aquella que genera un entorno en el que los individuos son libres de intentar alcanzar sus objetivos económicos en la forma que consideren más adecuada, sin la intervención del Gobierno. En este contexto económico, los individuos toman con libertad decisiones sobre su empleo, la utilización de su capital y el destino de sus recursos; por ejemplo, cómo distribuyen sus ingresos entre ahorro y consumo o cómo distribuyen su consumo entre los distintos bienes disponibles.
Pero existen ciertos aspectos relativos al funcionamiento de la economía de mercado que siguen siendo polémicos:
En primer lugar, existe cierta controversia en torno a qué actividades deben dejarse en manos del Estado y cuáles pueden adjudicarse a la iniciativa privada. Así, se suele defender que, puesto que el derecho a la vida, a la libertad y a la protección ante el ataque de un conciudadano es un derecho fundamental, no debe caer en manos del mercado su protección: el derecho a la seguridad y al orden público no deberían depender de la capacidad adquisitiva del individuo.
Hasta cierto punto los servicios de la ley y el orden constituyen un bien público ‘puro’, en el sentido de que si una patrulla policial ronda un barrio para evitar robos, protegerá todas las viviendas por el mismo precio, sin tener que incurrir en nuevos costes por el hecho de que se construya una nueva vivienda. No obstante, existen muchas empresas privadas de seguridad y algunos individuos incurren en elevados gastos para garantizar su protección. Un guarda de seguridad contratado por un banco no tiene por qué evitar que se asalte a una anciana en la esquina de la calle. Por lo tanto, es difícil establecer una línea divisoria entre las actividades que deben dejarse en manos del sector público y aquéllas que pueden confiarse a las fuerzas del mercado. En los últimos años se asiste a una rápida proliferación de servicios de seguridad privados —en algunos casos, pequeños ejércitos— que, en opinión de múltiples autores, podría conducir a la extinción de uno de los rasgos fundamentales del Estado-nación: el monopolio de la violencia.
De forma semejante, en muchos países se acepta que los derechos humanos —por ejemplo, el derecho a la vida y, por tanto, a una sanidad pública mínima— requieran que el Estado complemente los servicios sanitarios privados. Se pueden adoptar argumentos similares para defender la educación pública y otro tipo de servicios parecidos. En muchos países que se clasifican como economías de libre mercado el Estado asume numerosas actividades, como el transporte ferroviario, los servicios postales o las concesiones públicas. Incluso en los países donde estos servicios los desempeñan empresas del sector privado se juzga necesaria cierta reglamentación por parte del sector público para evitar que se formen monopolios naturales.
En segundo lugar, incluso cuando las actividades económicas las realizan empresas del sector privado suele existir cierta reglamentación pública. La mayor parte de esta regulación responde con frecuencia a consideraciones de tipo político y filosófico sobre la necesidad de restringir la libertad de los individuos cuando dicha libertad derive en una menor libertad de los demás, es decir, que la libertad de un individuo acaba donde empieza la de otro. Así, por ejemplo, la libertad económica está restringida por leyes que refuerzan las cláusulas de los contratos. En otras palabras, se acepta que en el contexto en el que opera una economía de libre mercado existen regulaciones legales.
Sin embargo, la regulación gubernamental suele ir más lejos, porque puede existir cierto intercambio desigual entre el ejercicio de la libertad y otros derechos fundamentales. Por ejemplo, las regulaciones que restringen la libertad de las empresas para utilizar mano de obra infantil o esclavos, o la emisión de gases tóxicos a la atmósfera o a los ríos, o la venta de productos peligrosos (violando el supuesto de que el consumidor siempre sabe lo que es mejor para él). Así, los distintos puntos de vista sobre el alcance de la intervención del Estado (en defensa, seguridad, orden público, sanidad y educación, entre otros) y el alcance de la regulación por parte del Estado del sector público implican que no existe una definición exacta de lo que es o debiera ser una economía de mercado. Pero también existen fuertes discrepancias sobre los efectos benéficos de una economía de esta índole.
La tradición política occidental establece que la mejor sociedad es aquélla en la que el individuo se responsabiliza de sus propios actos, lo que implica que debe tener la máxima libertad posible para poder tomar decisiones económicas. Supone además que la libertad económica es esencial para que exista libertad política.
También se piensa que las economías de mercado son más rentables en términos económicos, pues los mercados crean incentivos para que las personas asignen sus recursos (como el trabajo y el capital) entre las distintas actividades posibles, y también incentiva a los empresarios para que produzcan los bienes y servicios que demandan los consumidores y para que utilicen las técnicas de producción más eficientes. La experiencia de las últimas décadas, sobre todo la caída de los regímenes comunistas del bloque soviético, ha demostrado los efectos negativos de una excesiva intervención del Estado.
Al mismo tiempo, se puede alegar en contra de las economías de mercado que la distribución de la renta que genera este sistema puede ser injusta, pues ni siquiera puede evitar la extrema pobreza. También permiten la acumulación de mucha riqueza y poder en unas pocas manos, con amenaza de la libertad política. Por ello, la existencia de economías de mercado no debe hacer olvidar valores sociales básicos y la defensa de la libertad política.
De otra parte, un peso que gravitará en la discusión en pro y en contra del libre mercado, esta en como maximizar la generación de empleo y el crecimiento económico, a efectos de mejorar los ingresos y el bienestar de los ciudadanos. Probado si está, que a mayor intervención del Estado en la economía, mejor es el crecimiento del empleo y la economía. Y viceversa.
Los ciudadanos están invitados a decidir el sistema que les norme.
13.1.2. Medición de la libertad económica en el Ecuador
Ecuador ocupa el puesto 120, en el informe Libertad Económica en el Mundo: Reporte Anual 2009, publicado hoy por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). En el 2008 el Ecuador ocupó la posición 116 según el Reporte de Libertad Económica en el Mundo, cuya fuente es el canadiense The Fraser Institute. Pero este indicador empeoró en el 2009, ya que pasó al puesto 120 de entre 141 paises analizados.
En este último informe coloca a Hong Kong a la cabeza, seguido por Singapur y Nueva Zelanda; mientras que a la cola se ubican Zimbawe, Myanmar, Angola y Venezuela
Se analiza la libertad económica por cuanto el elemento es crucial para generar prosperidad y reducir la pobreza. Esto, por cuanto la libertad económica es clave en las naciones más prósperas de todo el mundo. Los países con altos niveles de libertad económica son aquellos en los que la gente disfruta altos niveles de vida y las libertades personales.
Por el contrario, los países que se encuentran a la cola de los Indicadores de Libertad Económica, se encuentran en situación opuesta, en que a la gente se las somete a la pobreza y el atraso, se rigen por regímenes totalitarios y tienen pocos o ninguno, derechos individuales y libertades.
El reporte Libertad Económica en el Mundo utiliza 42 diferentes medidas para crear un índice que clasifica a los países de todo el mundo sobre la base de las políticas que fomentan la libertad económica. Las piedras angulares de la libertad económica son: la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad para competir, y la garantía a la propiedad privada. La libertad económica se mide en cinco áreas diferentes: (1) tamaño del gobierno, (2) estructura legal y garantía de los derechos de propiedad; (3) acceso a un dinero sano; (4) libertad de comercio internacional, y (5) regulación del crédito, el trabajo y los negocios.
En el sitio web www.freetheworld.com se puede apreciar la evaluación realizada al Ecuador:
-En los componentes clave de libertad económica (del 1 a 10, dónde el valor más alto indica un mayor nivel de libertad económica): 5.83.
- Tamaño del gobierno: Se mantiene en puntaje 8 al igual que el reporte del año pasado.
- Estructura legal y garantía de los derechos de propiedad: cambia de 4.1 a 3,9.
- Acceso a un dinero sano: Desciende de 5.1 a 5 con respecto al año anterior.
- Libertad de comercio internacional: Permanece en 6,6 al igual que en el índice del 2008.
- Regulación del crédito, el trabajo y los negocios: Desciende de 5.7 a 5.6.
Se anota que el Presidente Correa, como cuestionador de la dolarización, afirmara que ésta “es el error económico más grande que el Ecuador ha cometido” y por el incremento desmesurado del gasto público en el 2007 y el 2008, generaron un descenso en el indicador de “Dinero Sano”, al pasar de 5,1 a 5 puntos.
www.ticsdemanabi.net
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