
El Diario El Universo informó (10 de diciembre 2009) que diez altos funcionarios del Banco Central del Ecuador (BCE), entre ellos la gerente, Karina Sáenz, y el subgerente, Diego Zapater, presentaron su renuncia ayer al no cumplir el plazo ayer impuesto por el presidente Rafael Correa para traer USD 864 millones de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) a fin de invertirlos en 6 entidades la banca pública.
El presidente Correa, aseguró que “la burocracia de siempre del BCE seguía enquistada en esa institución y era la que había obstaculizado el retorno de esos fondos….El reclamo mayor de Correa era que se había entregado un estudio por parte del Central, en el que se pedían garantías del 150% y a tasas del 6% para invertir esos recursos”. “Sáenz aseguró que el BCE había pedido requisitos mínimos, como garantías del 100% al 125% y que las tasas de interés iban de 0,2% al 4%. Y explicó que hasta el momento se han traído USD 50 millones que han ido al Banco del Estado,…”… “al ser consultada sobre si el entregar dinero de la reserva a la banca pública podría resultar demasiado riesgoso, dijo que la decisión y el análisis le corresponde al directorio del Banco Central”.
Zapater de su parte indicó que “existían varias opciones para poner en marcha el retorno de la reserva. La primera era depositar esos dineros en un fideicomiso con garantías del 100%, el cual que no fue aceptado. También se ha-bía planteado que el Ministerio de Finanzas pusiera una garantía general. La otra opción era no pedir garantías”… ”en el enfoque tradicional de la banca privada, sí es riesgoso entregar dinero bajo esta última modalidad, pero en el ámbito público hay un sistema coherente de administración de los fondos públicos en el cual las instituciones financieras públicas deberán asegurarse de la recuperación, y Finanzas, en el caso eventual que se produzca falta de flujos -o no pago-, deberá responder por esos dineros del Estado”.
El ministro coordinador de Economía, Diego Borja, presidió la reunión del directorio, ayer mismo, y dio paso a la repatriación de la RILD sin garantías (Expreso, 10 diciembre 2009). Tres ministros y el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), que conforman el directorio del BCE cambiaron de opinión después de recibir una orden directa del Jefe de Estado.
“Cuando el Presidente les ordena transferir esa plata para el desarrollo del pueblo ecuatoriano, ahí sí hacen sus análisis”, reclamó el Presidente Correa, el pasado miércoles. La queja era por la decisión del directorio, tomada el 18 de noviembre, de solicitar garantías a la banca pública para recibir los recursos repatriados de la RILD.
La resolución, según el renunciante presidente del directorio del BCE, Carlos Vallejo, se tomó por unanimidad. Pero, ayer, ya ninguno de los ministros creía en la necesidad de garantías.
Borja -quien provisionalmente ocupará también la presidencia del Central- dijo que el traslado de los recursos será inmediato. “En un plazo de hoy para mañana”. El Banco invertirá los fondos que antes estaban colocados en la banca internacional en certificados de depósitos emitidos por la banca pública, cuyos plazos oscilan entre los tres y ocho años; con una tasa de interés entre el 2% y 4%.
Repatriados los fondos, el Banco del Estado recibirá recursos por 110 millones; para la Corporación Financiera Nacional se destinarán 130 millones; el Banco de Fomento obtendrá 205 millones; el Pacífico y el Banco de la Vivienda, 200 millones, cada uno; y el sistema de Microfinanzas accederá a 20 millones.
Los recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) son como una papa caliente, quien los usa puede quemarse. Los que disponen sobre su inversión saben de tres condiciones que deben tomar en cuenta antes de decidir: seguridad, disponibilidad y rendimiento.
Ese es el criterio que valoraron funcionarios del Banco Central, sobre quienes pesaba también la decisión de repatriar parte de la RILD que no cumplían 100% el primero de los requisitos, opina el ex gerente general, Mauricio Pareja.
La CFN tiene una cartera vencida de $ 16,2 millones sin tomar en cuenta la reestructurada. Aunque ha colocado menos recursos, el BNF tiene préstamos vencidos por $ 21millones según las estadísticas a octubre de 2009 de la Superintendencia de Bancos.
“Estas entidades no tienen una trayectoria muy buena”, expresa Pareja. Considera que los funcionarios que debían acatar la decisión del presidente Rafael Correa de repatriar ese dinero evaluaron que no era técnicamente correcto, más aún cuando su manejo es delicado y podría traerles consecuencias negativas..
Las acreencias en la RILD las tienen: gobiernos seccionales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), bancos privados (encaje), Petroecuador, entidades como las superintendencias y el Gobierno.
Y sobre el uso de la RILD, Correa es muy simplista a la hora de argumentar a favor de la decisión: ¿por qué tener fuera del país recursos que pueden servir para estimular el desarrollo nacional? Inobjetable. Pero colocar esos recursos en el aparato productivo a través de la banca pública presupone dejar de lado el tema crítico: la eficiencia de la banca pública.
Felipe Burbano de Lara (Diario Hoy, 15 diciembre 2009) destaca que “No es un problema de prejuicio ideológico (socialistas en el poder) sino de objetividad: ¿cuál es la capacidad del Banco de Fomento o de la CFN para prestar y luego recuperar la cartera? La historia de condonaciones y pérdidas es muy larga como para no tenerla en cuenta. ¿Nos podrían mostrar balances de las dos entidades? ¿No corremos el riesgo de feriarnos una parte de las reservas? Pero como el patrón cree que su voluntad basta para cambiar el mundo… Lo mismo sucede en muchos otros campos: el Gobierno inyecta recursos al aparato estatal sin considerar que se trata de un aparato de una gigantesca ineficiencia y corrupción. Lo que el Gobierno no discute con seriedad, porque es una verdad incuestionable de su discurso, es cómo provocar un retorno eficiente del Estado”.
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