En el mes de noviembre del 2002 se debatió una reforma a la legislación petrolera que permita omitir la licitación cuando se trate de empresas estatales. Mas, la misma no prosperó, porque violaba la Constitución y era inconveniente. Se debatió y rechazó las figuras contractuales no admitidas legalmente como unas tales “alianzas estratégicas”, para omitir fraudulentamente el requisito de licitar. El proyecto fue rechazo.
Es que la única forma de celebrar contratos de exploración o explotación petrolera sin el requisito de licitación es según Hernán Pérez Loose (El Universo, 20 0ct 2009) refor-mando la Ley de Hidrocarburos. Y si una ley llegase a crear ese privilegio a favor de empresas estatales extranjeras sería ciertamente inconstitucional. Las contrataciones petroleras “a dedo” no pueden, por lo tanto, sustentarse en reglamentos o interpreta-ciones torcidas o bautizándolos como “alianzas estratégicas”.
En derecho público, a diferencia del privado, las figuras contractuales debe establecerlas la ley. El último de los muchos contratos petroleros que este Gobierno ha celebrado “a dedo” es uno con la empresa estatal venezolana Pdvsa para explotar conjuntamente el rico yacimiento Sacha.
¿Dónde está entonces la lloriqueada “transparencia” de la que tanto nos hablan hipócritamente estos señores a diario? ¿Seguirán impasibles la Asamblea y los entes de control?
León Roldós destaca (El Comercio, 2 diciembre 2009) que este último fin de semana, por denuncia del experto petrolero Fernando Villavicencio, ha saltado a la luz pública lo que puede ser “responsabilidad penal del mando naval a cargo de Petroecuador, en la fiscalización del campo marginal Pucuna, a favor del Consorcio Petrolero Amazónico conformado por las empresas Dygoil de Ecuador y Suelopetrol de Venezuela, en que se estafaba al Estado, manipulando el sistema contador de crudo, para hacer aparecer diferente volumen de producción, sin efectivo incremento de crudo. Perjuicio estimado en 16 meses, todos de la administración naval, cerca de USD 10 millones”. Si así han actuado en un campo marginal como Pucuna -agrega Roldós-, ¿qué saqueo podrán hacer en el yacimiento Sacha, la histórica joya de la corona petrolera ecuatoriana, que no requería asociación alguna con los venezolanos?
También, anota Roldós, hay ilícitos en contratos menores. En las ofertas técnicas del sobre 1, en cualquier contrato público, los oferentes deben declarar vehículos, herra-mientas y equipos que poseen y exhibirlos en inspección antes de la firma de los contratos. En Petroproducción se incentiva y premia lo ilícito, primero se firma el contrato y la inspección se da ilegales postergaciones para 20 días ó más días, después de la firma y con contratos asegurados.
Emergencia y Estado de Excepción a tiempo completo
El pasado 19 de enero (Diario Hoy 22 enero 2010) el presidente Rafael Correa extendió por 60 días el estado de excepción en Petroecuador. El plazo coincide con la permanencia de la Armada en la estatal petrolera, que fue ampliada hasta mediados de marzo próximo; inicialmente los marinos debían quedarse hasta el 31 de diciembre de 2009.
La declaratoria se fundamenta en que una deficiente administración de la empresa significaría una pérdida de ingresos para el desarrollo del país, "lo que puede provocar una conmoción interna", según consta en el decreto que, por cierto, constituye la décima tercera excepción para el sistema Petroecuador.
La medida implica la movilización nacional, económica y militar de la Fuerza Naval, para superar la emergencia provocada por "el progresivo e intensivo" proceso de disminución de eficiencia en las áreas de exploración y producción, industrialización y comercialización, y transporte de petróleo.
Desde noviembre de 2007, cuando el Gobierno entregó a la Marina el manejo de Petroecuador, el sector se ha manejado vía decretos de excepción, mismos que han sido renovados cada cierto tiempo por el presidente Rafael Correa, "para obtener la estabilización definitiva del sistema", según se repite en cada decreto.
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