
Opinión del Diario Hoy (29 diciembre 2009) resalta la crítica de José Alonso Seco, un ex asesor español de comunicación del Gobierno de Rafael Correa, porque proviene de alguien que ha estado cerca del Gobierno en el área de comunicación y, además, porque expone sólidas razones que sirven para el caso de los dos medios sancionados (Teleamazonas y Radio Arutam) esta vez y fortalece el rechazo en el proyecto oficial de Ley de Comunicación a un organismo burocrático con potestades, sancionadoras como el Consejo de Comunicación.
El ex asesor considera a las sanciones como una medida injusta que atenta contra los derechos humanos y la democracia, y crea un peligroso precedente, y como un error político que afecta la imagen del Ecuador y de la democracia.
Seco anota que la resolución de la Supertel vulnera el principio básico jurídico de que no se debe ser juez y parte al mismo tiempo. "En este caso, la Superintendencia de Telecomunicaciones es parte interesada, por lo que debe abstenerse de juzgar los hechos y debe trasladar el contencioso a otra instancia que es naturalmente competente, es decir, a la Justicia", señaló el ex asesor. Además, explicó que no cabe la sanción puesto que no hay delitos colectivos.
La Supertel es un organismo gubernamental, como se dice en la página web institucional, y el actual superintendente exhibe en su hoja de vida experiencia laboral en la Presidencia de la República.
Las injustas sanciones en este caso muestran además el absurdo de crear un organismo burocrático punitivo que termina por ser juez y parte interesada. Las sanciones que pueden llegar a suspensiones y clausuras no se pueden resolver en instancias administrativas, sino corresponde procesar a la Justicia.
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