El presidente Correa solicitó a la Asamblea Nacional la ‘denuncia’ o anulación de 13 acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones. El pedido fue remitido a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) el pasado 28 de septiembre 2009. Estos instrumentos, firmados por el Estado ecuatoriano entre 1968 y 2001, según el argumento oficial, “están en contradicción con lo que dispone la Constitución vigente (Art. 422) y perjudican los intereses nacionales”.
Los acuerdos que se denuncian por pedido del Ejecutivo son los que el país firmó con Finlandia, Suecia, Países Bajos, Canadá, Alemania, China, Francia, Reino Unido, Irlanda, Argentina, Chile, Venezuela, EE.UU. y Suiza.
Los13 acuerdos bilaterales fijan como instancias de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que pertenece al Banco Mundial y a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Dada la sumisión de la mayoría de la Asamblea al Ejecutivo, se da por descontado que las anulaciones entrarán en vigencia en el mes de noviembre, aunque las protecciones tendrán un amparo de 10 años.
No obstante, el Comité Empresarial Ecuatoriano tiene otra lectura crítica. Su directivo Roberto Aspiazu destaca que (El Comercio, 28 oct 2009) “los acuerdos de protección de inversiones son moneda corriente en todos los países del mundo”. “No queremos ser suspicaces y pensar que esto pudiera ser un paso adelante para, a futuro, propiciar estatizaciones de inversiones bajo la denominación de sectores estratégicos”.
Ahora, como el Presidente Correa se ha empecinado en hacer del país un centro de explotación minera a gran escala, esto quedaría como una aspiración por 2 razones: a) por la resistencia de la CONAIE (de la Amazonía, en especial) a tal exploración; y, b) si la Asamblea Nacional tramita al pedido del presidente, no solamente que se dificultará la llegada de empresas mineras canadienses y de otras nacionalidades, sino que las propias empresas mineras que mantienen operaciones en el pais, podrían ver comprometido su futuro, pues sin un tratado de protección recíproca de inversiones, las empresas pierden confianza de que, en caso de conflicto, habrá una parte mediadora arbitral y judicial con credibilidad suficiente y, sobre todo, con reglas claras, seguras y garantizadas. Es que el temor a las confiscaciones injustas, pesarán mucho para emprender en nuevas inversiones.
Anulación de los 13 convenios se frenó y las inversiones también
La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional el 5 de diciembre del 2009 recomendó al Pleno de la Asamblea que devuelva a Carondelet la solicitud para denunciar (anular) 13 convenios de protección de las inversiones.
Las 13 naciones son consideradas amigas de Ecuador y la anulación de esos acuerdos pudiera haber causado problemas económicos, diplomáticos y comerciales al país. Eso lo conocían bien los asambleístas de la Comisión de Soberanía. Por eso, antes de emitir su pronunciamiento oficial pidieron un pronunciamiento detallada de la Procuraduría.
El estudio solicitado serviría para verificar si los intereses ecuatorianos pueden afectarse si se denuncian los 13 convenios binacionales. Según Fernando Bustamante, presidente de la Comisión, en ese análisis se detectó que no se cumplió con un requisito. Específicamente, la Presidencia no pidió un fallo de la Corte Constitucional, que es una medida necesaria para luego solicitar a la Asamblea que anule los convenios.
Mientras se evacúa el diferendo, las inversiones extranjeras en el país seguirán frenadas.
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