En el pasado ha existido una distribución no equitativa del ingreso y de la riqueza en el Ecuador, porque esto ha sido una de las manifestaciones del capitalismo y de la economía de mercado. Mas, esta realidad no se resuelve con políticas populistas y de desperdicio de los recursos públicos. Esa deficiencia del sistema se corrige en forma diferente, dando facilidades y oportunidades a los marginados y vulnerables, en especial, pero sin afectar la funcionalidad de la empresa privado. Jamás, estatizando los medios de producción, ni adoptando programas sociales que son utópicos, y otras acciones que debilitan la propiedad privada de los medios de producción que crean riqueza.
Para esto, la Constitución en su Art. 276, establece que el Estado deberá “construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción, etc.” . Si es igualitaria no será equitativa.
Mas, en el desarrollo del precepto constitucional, nos encontramos con la pretensión maníquea de administrar empresarialmente los bienes del Estado. El Art. 313 establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental. Estos sectores son: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y “los demás que determine la ley”.
El intervencionismo del Estado en los medios de producción se ve reflejado en: el Plan Nacional de Desarrollo; promoción para producción y comercialización de medicamentos, cemento, minería, siderurgia, banano,…; también, incautación de tierras.
César Robalino Gonzaga destaca (Diario Expreso, 19/septiembre/2008) que a futuro, para que transfieran a los campesinos, se implementará un programa de expropiación de propiedades agrícolas sea porque se diga que están mal cultivados, sea porque se sostiene por parte del Gobierno que los empresarios privados son ineficientes en los procesos de producción, o sea, porque los empresarios privados con sus decisiones e iniciativas están causando un intenso daño a la naturaleza y al medio ambiente; o ya, porque están en manos de la AGD (esta última esta en ejecución).
Y el Gobierno comenzò aplicando esta ùltima alternativa, entregando tierras a los agricultores que antes trabajaban en èstas. No se ha reportado que el Gobierno o el Estado perciba valor alguno por los activos.
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