16.6. Abuso en la utilizacion de decretos de emergencia

El investigador de la Flacso, Guillermo Benalcázar, (El Comercio 13 sept. 2009) analizó los períodos presidenciales desde 1960 hasta 2006 y determinó que los gobiernos han recurrido a la aplicación políticas y decretos de emergencia bajo distintas modalidades.
Así, en el período analizado se declararon 167 emergencias, de ellas 13 fueron por conmoción interna, 41 por catástrofe natural, siete por agresión externa, seis por desorden público, seis por combate a la delincuencia y 94 por causas de otro tipo. En todas ellas intervinieron los militares.
Mas ocurre que, bajo el paraguas de las “Declaratorias de Emergencia”, el Gobierno de Correa asignó USD 2 886 millones para obras en carreteras, contratos petroleros y de salud pública. Pero se los cuestiona porque no se justificaron (El Comercio 10 oct. 2009). Es decir en el periodo 2007-2009 se han dado emergencias en casi 4 veces más que en el período 1960-2006. Esto, abusando que tienen todos los poderes bajo control.
De monto citado, USD 2 100 millones se invirtieron en 86 contratos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 299 millones en 500 contratos desde Salud y 487 millones en 57 convenios desde Petroproducción. En total se firmaron 643 contratos como emergencias en Salud, Obras Públicas y Energía
El punto es que, el artículo 6 de la Ley de Contratación Pública dice que la emergencia es un “acontecimiento grave, como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito (...)”.
Los decretos, firmados por el presidente Rafael Correa y los ministros de cada área, justifican la contratación para agilitar la entrega de las obras o los insumos y equipos, sin pasar por la etapa precontractual.
Sin embargo, al hacer contrataciones directas, sin licitaciones, se escogieron compañías sin verificar su capacidad real para la ejecución, por lo cual más del 60% tiene serios retrasos (obras viales); en varios casos se seleccionaron las ofertas más onerosas (Salud), se entregaron obras a personas naturales y a firmas con razones sociales distintas a la naturaleza del proyecto (Salud y Energía).
El problema es mayúsculo cuando aquí fallan y encubren los abusos los organismos de control, especialmente de la Fiscalía, Contraloría, Anticorrupción, y la Asamblea Nacional, frente a las ilegalidades que se generan en el Ejecutivo.

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