La central San Francisco se paralizó al año de inaugurada; entró en funcionamiento 9 meses antes del plazo convenido, por lo que el Estado pagó un "premio" de $13,6 millones a la empresa Odebrecht, constructora de la obra. El contrato, firmado en marzo de 2000 era por $286 millones y con la firma de 10 adéndum el costo se incrementó en USD 83.2 millones, total USD 369.4 millones. Más el “premio”, el costo se eleva a USD 383 millones. Tras la publicación (Expreso, 11 julio 2008) por la “para técnica” el Gobierno expulsó a la compañía del país, pero, continúa pagando las cuotas semestrales del préstamo del BNDES, de Brasil.
De otra parte, la Contraloría General del Estado (El Comercio 12 oct. 2009) emitió otro informe que revela cómo se adjudicaron USD 57,9 millones a la firma brasileña Odebrecht, sin sustento legal ni económico.
Cinco de los 10 aumentos de precio, que registró la central hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Baños y construida con recursos del Estado entre 2004 y 2007, fueron injustificados.
De ese monto, USD 57,9 millones se pagaron a la compañía pese a no contar con los justificativos legales o económicos, según el organismo de control. Esos aumentos fueron aprobados por Hidropastaza, que manejó la obra en representación del Estado. El último ajuste de precio al contrato, por USD 29,2 millones, se concretó en el Gobierno de Correa.
Los incrementos de precios estaban destinados, en su mayoría, a mejorar la calidad de la planta. Pero eso contrasta con las fallas que presentó la planta apenas cuatro meses después de entrar en operación. Para junio de 2008, los daños eran insostenibles y obligaron a paralizarla.
Varios informes de auditoría efectuados por organismos estatales determinaron que existieron fallas en la construcción. Entre ellas, por ejemplo, un túnel de 11 km que compone la planta y que conduce las aguas del río Pastaza hasta la casa de máquinas colapsó en varios tramos. Las turbinas, el corazón de la central, también tienen desperfectos.
La central entró en reparación por más de cuatro meses, pero los dolores de cabeza no han cesado. Las turbinas presentaron problemas en abril y mayo del 2009. Y, desde el 27 de julio pasado, la central trabaja a media capacidad, debido a fallas en sus turbinas, según informa la página web del Centro Nacional del Control de la Energía (Cenace). Por estas razones, la planta entrará en una reparación integral en noviembre del 2009.
Esta serie de problemas llevaron al Gobierno a plantear un arbitraje contra Odebrecht. El país calcula en USD 210 millones los daños causados por la constructora brasileña.
Falta ver que la institucionalidad del Estado cobre por los perjuicios irrogados y ejerza el “Derecho de Repetición” en contra de los funcionarios corruptos que se prestaron para facilitar las manipulaciones. Y, así como se “expulsó” a los ejecutivos de la constructor, muchos estamos esperando que se salvaguarde el patrimonio nacional, ejecutando y cobrando garantías y por los daños ocasionados.
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