El Gobierno tiene en su poder 15 medios de comunicación, entre ellos se incluyen los que fueron incautados al grupo Isaías, ex propietarios del quebrado Filanbanco.
Aunque la Constitución prohíbe los monopolios y oligopolios directos o indirectos, en la propiedad de los medios de comunicación, hay quienes señalan que el Estado incumple esa disposición.
Según el asambleísta Enrique Herrería (Diario Hoy, 7 diciembre 2009), los medios públicos relegan de sus pantallas a quienes se oponen al Régimen porque tendría la consigna de "no reproducir comentarios desfavorables al Gobierno". Por tanto, "hay un monopolio autoritario y concentrador de poder, que ahora pretende controlar a los medios independientes", advierte al referirse al proyecto de Ley de Comunicación que entrará a debate en la Asamblea Nacional.
César Ricaurte, director de Fundamedios, sostiene que hoy por hoy el Estado es el mayor propietario de medios, sin que el proyecto de Ley profundice en el tema sino que "deja abierta la posibilidad para que el Estado continúe acumulando medios".
Para Ricaurte lo que preocupa es la forma en la que los gobiernos utilizan los medios. "Como principio sería bueno que el Estado tenga muchos medios, porque así garantizaría el acceso de la población a una comunicación pluralista y democrática, pero en la práctica vemos que los medios públicos no tiene reglas claras de gestión ni independencia editorial, por lo que son utilizados como instrumentos para reproducir el discurso político del Gobierno”.
Francisco Rosales (Diario Hoy, 7 diciembre 2009) por su parte anota que, las “cadenas” que se pasa por la TV màs de una vez por semana, “son la tortura indignante a la que el ciudadano ecuatoriano está sometido por el abuso insólito del Gobierno de interrumpir cualquier programa, incluyendo los noticiarios de principio de la mañana, para obligarle a escuchar discursos repetidos, arengas populistas o cifras del país. Siempre he creído que las cadenas son el peor atentado a la libertad de expresión y el derecho a leer, ver y escuchar lo que el ciudadano elija. Salvo situaciones verdaderamente extraordinarias de desastres naturales, conflagración interna o conflictos internacionales, el poder público no tiene derecho a imponer su discurso”.
Con las cadenas obligatorias, destaca Rosales, las mayormente afectadas por esa irrupción ilegítima en los hogares son las clases media y popular, que tienen muy limitado acceso a los medios impresos, y cuya información fundamental la reciben por la televisión o la radio. No conozco de ningún país civilizado que someta a sus ciudadanos a escuchar obligatoriamente una sola voz, varias veces a la semana.
El abuso de la autoridad es aún mayor si, como en el caso actual, el Gobierno es propietario del mayor número de canales de televisión de alcance nacional y de múltiples radios, además de al menos dos medios escritos. Resulta más allá de suficiente el manejo sesgado de esos medios para difundir la “verdad” gubernamental y lo que interesa a los altos funcionarios como para,adicionalmente, interrumpir con el mensaje del Gobierno cualquier programa que el televidente o radioescucha hubiese escogido.
El Proyecto de Ley de Comunicación -que entra a debate en la Asamblea Nacional el 10 de diciembre-, que es un conjunto de restricciones a la libertad de expresión, soslaya de manera burda la regulación de los medios públicos y deja mano libre a los Gobiernos para atentar contra la libertad de los ciudadanos. En la reformulación del proyecto -anunciada por diputados del partido de Gobierno-, no se podrá dejar de lado la regulación de los medios estatales que, por tener como propietario al mismo regulador, constituyen el más grave peligro para la libertad, concluye Rosales.
Pero la discusión del proyecto de Ley se difirió. El Gobierno busca asegurar contar por lo menos con 63 votos en la Asamblea, que de momento no los tiene.
Retomada la discusión en la primera semana del mes de febrero 2010, no se avizoran avances.
Para presionar a los gobiernistas a ceder en sus posiciones y concertar una Ley que no viole derechos humanos, el dia jueves 18 de febrero se anuncia una movilización ciudadana en Quito. Su principal convocante es Carlos Vera.
Inyección de fondos para relanzar El Telégrafo y en nuevo diario
Durante 2008 y 2009, el Ministerio de Finanzas, dueño del 99,6% de acciones de El Telégrafo, según el Diario Hoy (30 enero 2010) le habría inyectado unos USD 16 millones para la implementación de un plan que buscaba resolver los problemas financieros y administrativos, ocasionados por perdidas de USD 4,7 millones, arrastradas desde 2007 y 2008.
Esa cifra la determinó la auditora Asergel. Su gerente, Einstein Delgado, en diálogo con HOY, explicó ayer que la empresa está resolviendo sus deficiencias, pero se negó a dar mas detalles.
"Hicimos un preanálisis en octubre y noviembre de 2009, pero no le puedo decir más. A fines de febrero entregaremos un informe a los directivos, pero la empresa está en marcha. Se están cumpliendo el aporte de Finanzas y el plan de recuperación", dijo Delgado. El año pasado, Asergel determinó que la disposición de elevar el tiraje del periódico de 4 000 a más de 20 mil ejemplares por día, sin sustentarlo con mayores ventas y publicidad, pues el diario es de distribución gratuita, fue una de las causas de la crisis, además de elevados gastos administrativos y operativos, entre ellos remodelación del edificio principal y compra de la nueva rotativa.
Ayer (29 enero 2010), miembros de la Redacción del rotativo porteño publicaron una carta abierta, en la que manifiestan su preocupación. En unos de los textos, señalan que: "En los últimos días, hemos conocido de un proyecto que, desde las altas esferas del Gobierno, se piensa implementar, amparado por El Telégrafo, por ahora, con el mismo presupuesto y presumiblemente con los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público, sino con la de un medio gubernamental".
Un nuevo medio propagandista del Gobierno
El Editor General del incautado diario El Telégrafo, Rubén Montoya, (El Universo 1 febrero 2010) ha protestado públicamente por la decisión del Gobierno de crear, a expensas de su presupuesto, un nuevo diario de corte propagandístico.
El Universo se pregunta a través de su editorial: ¿Para qué quiere el régimen otro diario gobiernista, al que se le denominaría “El Compañerito” si la difusión de “la obra de la revolución” ya rebasa ampliamente la tolerancia de los ciudadanos?
No hay escape posible ante el bombardeo publicitario del Gobierno emitido a través de sus periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de televisión de señal abierta, en UHF, por cable e internet. Y, en conjunto, estos no reúnen el nivel de credibilidad o aceptación de los medios independientes, quizás por eso se recurre a la propaganda y a la imposición continua de cadenas, así como a los enlaces sabatinos.
¿De cuál de los medios de comunicación de este régimen se puede decir que sean públicos y no órganos de difusión del Gobierno? No cabe entonces destinar más recursos a la propaganda oficial. Al contrario, cabe que se proceda a que se subasten los medios incautados.
Link: www.ticsdemanabi.net
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