16.5.1. No somos un Estado de Derecho
El Ecuador no vive un Estado de Derecho. Todo empezó el 7 de marzo cuando, el Tribunal Supremo Electoral decidió destituir a 57 de los 100 diputados que la víspera habían decidido reemplazar al Presidente del máximo organismo del sufragio de entonces, por dar paso a la “consulta” por una nueva “Constituyente” que venía de ser impulsada por Rafael Correa. La fuerza pública y grupos de choque -garroteros y activistas- impidieron a los diputados de oposición defenestrados entrar al recinto legislativo.
El bochornoso episodio de los manteles -los diputados suplentes que se escondían de la prensa- consolidó una mayoría afín al Gobierno. Pese a que el Tribunal Constitucional dio la razón a los legisladores defenestrados, el Congreso liborio reorganizó al Tribunal como si nada hubiese sucedido.
Hubo consulta popular y elección de diputados constituyentes. La Asamblea instalada suspendió la acción del Legislativo, cuyos diputados ya se habían declarado suspensos. De allí que no vivimos en un Estado de Derecho.
El Art. 1ro. de la Constitución declara que “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia (.)” y reconstruye la arquitectura del poder y manda la implantación de cinco poderes, ya que a los poderes clásicos conocidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se añaden un Poder Electoral con una bifurcación de Consejo y Corte, y el Poder Ciudadano y su designación corporativa. La nueva Constitución sustituye a la anterior Corte Suprema de Justicia por una Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional creada tiene las características de tribunal de última instancia para ciertos fallos.
Los anteriores magistrados, que eran 31, rechazaron la sui géneris forma del sorteo que inventó el legislador constituyente para allanar la transición y elegir los 21 (porqué reducir el número de magistrados?) nuevos jueces de la Corte Nacional. De los magistrados, 30 se negaron a participar en el sistema que con una tómbola extrajo de huevitos los papelitos con los nombres. Uno decidió aceptar Vicente Troya. Este promovió la selección de la nueva Corte, la actual, la que ha tenido serios reparos y cuestionamientos.
El episodio narrado acentúa la profunda crisis institucional del Ecuador. Tras una década en que 3 presidentes fueron depuestos - Bucaram, Mahuad. Gutiérrez -, 3 cortes Supremas fenecieron -la de 2004, la ‘Pichicorte’ de 2005 y la Corte de 2008- y sin Congreso legítimo desde 2007. Y en el 2010, se volverá a elegir a una nueva Corte. Ecuador no ha sido un Estado de Derecho.
En el Ecuador en el que el extinto Tribunal Constitucional, con el beneplácito del Presidente Correa, se autoproclamó en Corte Constitucional, y no ha pasado nada.
Y en el 2008 se aprobó la Constitución de Montecristi, la cual ha sido denunciada como forjada y falsificada, porque algunos contenidos no fueron discutidos ni aprobados por los constituyentes.
16.5.2. No mas nombramientos de jueces “a dedo”
Los conjueces (jueces suplentes y nombrados “a dedo”) de la primera sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Walter Mazzini, Mario Rojas y Edwin Salazar dictaron providencia el 18 de enero del 2010 por la quiebra del Filanbanco en contra de varios involucrados, entre los que se encuentran los hnos. Isaías Dassun, por el delito de falsificación de documentos y no por el de peculado, delito del que les acusó el ex presidente de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Bermeo en el 2003, y ratificado por la sala de Hernán Ulloa Parada el 12 de mayo del 2009.
Por tratarse de un "asunto urgente y grave para la sociedad", el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, suspendió de oficio a los 3 conjueces de la Corte Nacional que cambiaron ilegítimamente el delito.
Previo a ello, la Fiscalía pidió al pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y al Consejo de la Judicatura (CJ), la destitución de los conjueces que reformaron el auto de llamamiento a juicio en contra de los hermanos Isaías, y anticipó que pedirá la prisión preventiva de los conjueces que reformaron el referido auto de llamamiento a juicio. Y antes de que el fallo quede en firme, la Fiscalía solicitó a la sala de conjueces la revocatoria de la resolución judicial. De paso, la Fiscalía abrió un expediente por presunto prevaricato de los prenombrados conjueces, por actuar contra norma expresa.
El caso del Filanbanco se persigue judicialmente, por mala utilización de alrededor de USD 3.000 millones de dólares. Esos recursos, según la Fiscalía, habrían sido utilizados en créditos vinculados por los directivos del banco.
Suspendidos como están en sus funciones los conjueces que se pronunciaron sobre el caso Filanbanco, se formó una “Torre de Babel”, por la designación de quienes deben reemplazarlos, para resolver las impugnaciones presentadas contra ese fallo.
Eduardo Carmigniani (Expreso, 29 enero 2010) resalta el perverso sistema de nombramiento de jueces -aún vigente- puesto que “a dedo” el presidente de la Corte Nacional, Vicente Troya, elegiría a los conjueces que “no serán a tiempo completo sino que serán abogados que ejercen la profesión. En esas circunstancias y solo para ese caso, Carminiani considera que, se hace imposible que los favorecidos con el dedo del Presidente de la Corte puedan actuar imparcialmente.
Carmigniani reflexiona:
Por ejemplo: ¿qué tal si los tres nombrados confirman el fallo reciente? ¿qué responsabilidad se imputaría al doctor Troya por haberlos nombrado? Legalmente hablando no tendría en verdad ninguna, pero políticamente de seguro sería descabezado, atribuyéndosele alguna especie de autoría “indirecta”, “intelectual”, o algún otro adefesio de igual laya. ¿Y si lo revocan? ¡Ah pues!, entonces los descontentos dirán que esos jueces fueron nombrados a dedo con la especial consigna de perjudicarlos. No habría en ese caso tampoco responsabilidad legal -ni “política”- del Presidente de la Corte, pero sí fuertes quejas sobre la imparcialidad de los juzgadores.
Veamos ahora el asunto desde el ángulo de los candidatos a la honrosa designación: ¿alguien en su sano juicio y que tenga una pizca de respeto por sí mismo aceptaría el encargo en las actuales circunstancias? Permítanme dudarlo. Es casi imposible que eso pase, insisto, tratándose de personas en su sano juicio y con una pizca de respeto por sí mismas, pues de las otras, de las que ya han tomado partido por uno u otro lado, sin asco habrá más de tres que estén dispuestas a saltar a la cancha, claro está, con decisión cocinada de antemano. La que sea.
Difícil pinta la cosa entonces, mientras siga en pie el horrible sistema de que el Presidente de la Corte nombra a dedo a esos conjueces. No dudo del buen deseo del doctor Troya por buscar gente incorruptible, pero ya está visto que de ese grupo casi nadie aceptará.
Por lo que convendría esperar a que la nueva Corte sea nombrada y que por sorteo se elija a los jueces titulares que resuelvan. Si no, seguirá el perfume a un nuevo manoseo, asevera Carmigniani.
Mientras tanto, el juicio vuelve a pararse,… hasta las “calendas griegas”.
16.5.3. Leyes adoptan sin diálogos ni consensos
De otra parte, la Asamblea Nacional no rompe el cordón umbilical que le ata al Gobierno. Esto se evidenció, una vez más, en la ausencia de su voz ante los reclamos indígenas y su protagonismo en el diálogo del presidente Correa con la Conaie.
A pesar de que la Asamblea tramita, entre otras, la aprobación de la Ley de Aguas, por oposición a la cual la Conaie decidió la movilización indígena, los dirigentes (Análisis, Diario Hoy, 8 oct 2009) eligieron como el interlocutor determinante al presidente de la República. Era una decisión práctica. La mayoría a Alianza País tiene las riendas de la Asamblea, y las riendas de la mayoría oficialista están en manos del Ejecutivo.
Los acuerdos (11) entre el Gobierno y los dirigentes indígenas comprenden la formación de una comisión mixta para consensuar la Ley de Aguas, y otra formada por ambas partes para revisar la Ley de Minería, es decir, caen en la competencia de la Asamblea.
Una de las debilidades de la democracia constitucional en el país han sido las reiteradas pugnas de poderes: Gobiernos y congresos han protagonizado inútiles enfrentamientos. Parte inclusive del desprestigio de la política ha derivado de esos poco edificantes espectáculos. Sin embargo, de la pugna de poderes, se ha pasado al otro extremo: la subordinación de la Legislatura a la voluntad del Ejecutivo.
La democracia se asienta en la división de poderes y su independencia. Es esencial el juego de balances, pesos y contrapesos de las funciones del Estado. Una Asamblea que no fiscaliza y en la cual la aprobación de las leyes pasa por el tutelaje de la Presidencia resulta una caricatura de función legislativa, una contraproducente y negativa deformación para la democracia.
La Asamblea no puede ser la sombra del Ejecutivo ni seguir solo el camino al compás que éste le marca. Es esencial que asuma una identidad propia actuando con independencia.
Otros temas de invalidación de leyes, por falta de debate y consensos con los actores sociales, son las que tienen que ver con la de: educación, educación superior, comunicación, Banco Central, datos,….
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