Carlos Pólit, Contralor del Estado emitió el esperado informe (Expreso, 13 sept. 2009) acerca de los contratos firmados por Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República a través de empresas (cortinas) domiciliadas en Panamá y el Ecuador, con diversas entidades oficiales, particularmente con el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, con Hidrolitoral, Predesur y Petroecuador.
En el informe no solo hace observaciones concretas, sino que señala caminos, que es lo que interesa, puesto que con este documento ya no podrá reducirse la investigación y los procesos judiciales que se siguen a pocas personas, cuando son responsables numerosos funcionarios que discutieron los términos de los contratos y los suscribieron; en este sentido, no hay peligro de que suceda lo que acontece con el caso Odebrecht y la anulación o renegociación de 5 de sus grandes contratos.
El informe aclara que el monto de los contratos no es de USD 80 millones, como así documentadamente denunciara el Diario Expreso, sino que pasa de USD 167 millones. Pero más que todo, señala que en la firma de los contratos no se cumplió con el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública, que exige “contar con estudios y diseños completos definitivos y actualizados”; a esto se agrega la falta de garantías suficientes, de fiscalización y la falta de los técnicos adecuados para cada caso.
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