16.11.1. Atracos e impunidad
Desde que estalla un escándalo hasta que se completa el procesamiento judicial suele mediar un dilatado tiempo (más de 10 años, en el caso Filanbanco y se encuentra suspendido), en el que nuevas denuncias llevan a olvidar las anteriores (Diario Hoy, 23 Oct 2009). La impunidad es la mayor debilidad de la lucha contra la corrupción.
La cuestionada utilización de las “Declaratorias de Emergencia” por parte del Gobierno para movilizar recursos impone una cuidadosa rendición de cuentas, que no se ha presentado aún sobre el manejo de los dineros públicos en ellas.
Una de las emergencias fue la vial. Por el monto de los contratos en el plan de emergencia denominado “Operación Relámpago” para la red de carreteras -alrededor de USD 1 500 millones-, urge una minuciosa fiscalización de lo realizado en las administraciones de cinco ministros de Transporte y Obras Públicas que han desempeñado esas funciones en 30 meses de Gobierno.
La misma Secretaría de Gestión y Transparencia ha ofrecido fiscalizar la ejecución de 150 contratos de reconstrucción vial. Se deberán explicar los retrasos de las obras contratadas y el incremento de costos para el Estado. La Fiscalía recibió ayer las declaraciones del ex ministro Jorge Marún. Pero hay otros nombres mencionados e irregularidades detectadas inclusive por el actual ministro, David Ortiz.
16.11.2. Qué hacer para combatir el crimen y la impunidad?
El ministro Ortiz y otros, podrían enfrentar un juicio político por la aparente pérdida de USD 14 millones que sufrió el Estado en el contrato vial que terminó con la empresa Cosurca, cuyo mayor accionista es Fabricio Correa, hermano del presiente de la República. Así lo señaló el asambleísta por PAIS, Fernando González (El Diario, 2 febrero 2010), quien sostuvo que Ortiz perdió ese dinero "de la forma más inaudita". González manifestó que ese dinero no se podrá recuperar debido a que no se hicieron las cosas a tiempo.
En otro ámbito, con el contrato dela via Ambato-Río Blanco, el legislador indicó que se cometieron una serie de desaciertos, como entregar un anticipo a la compañía encargada sin antes haber nombrado al fiscalizador."Recién en diciembre, el ministro Ortiz decide terminar el contrato de forma unilateral pero lo hace cuando ya no hay garantías vigentes", acotó. "La compañía Centro Seguros, encargada de la garantía para proteger los recursos entregados como anticipo, obtuvo una acción de protección con lo que el Estado no puede recuperar los USD 6 millones otorgados", añadió. González también señaló la necesidad de iniciar un proceso para sancionar la mala actuación del ex ministro, Jorge Marún, quien fue el encargado de firmar esos contratos.
Así, el país vuelve a los enredos burocráticos con el contubernio de los organismos de control y judiciales, propios de la “revolución ciudadana de Correa”. No obstante, muchos tenemos la esperanza de que llegará un dia en que un gobierno responsable llegue a perseguir a los corruptos y recupere valores para resarcir los daños causados.
El numeral 9 del Art. 11 de la Constituciòn , prescribe que: “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
Para resarcir los daños causados, el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.
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