Fabricio Correa (El Comercio, 13 oct 2009) ante la Comisión de Participación de la A- samblea -12 días después de su primera comparecencia- -entregó documentos- eviden-ciando supuestos actos de corrupción de varios funcionarios del gobierno de su hermano Rafael Correa.
Denunció que el ex ministro de Áreas Estratégicas Derlis Palacios, vinculado a la negociación de varios contratos adjudicados a Fopeca para la construcción del puente sobre el río Coca; con la entrega de otros vinculados al proyecto Coca-Codo Sinclair, e incluso con el manejo de los contratos tras la salida de la brasileña Odebrecht del proyecto Baba.
Para probarlo exhibió una declaración juramentada de Jaime Eduardo Solórzano, ex gerente administrativo de Invermun S.A., según la cual, “han recibido sobornos de la empresa para que las actividades principales del grupo no sean afectadas por decisiones del Gobierno”. Una mención especial tuvo el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, quien habría recibido USD 10.000 mensuales en este acuerdo. Otros involucrados son: Carlos y Fernando Alvarado; Luis Monge Espinel; Julio César Quiñónez; el asambleísta Juan Carlos Casinelli; su hermana Pierina Correa. A esta última se hizo entrega de fondos para apoyar su candidatura a la Prefectura del Guayas.
En la denuncia sobre el pago de sobornos que supuestamente efectuaba Invermun a colaboradores del Gobierno para que las principales actividades de casino del grupo no sean afectadas por decisiones del régimen, se involucra a funcionarios de la Aduana y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Jaime Solórzano Ycaza, ex ejecutivo de Invermun (El Universo, 16 oct. 2009) que presentó una declaración juramentada del caso y que fue entregada el lunes pasado por Fabricio Correa a la Comisión de Participación de la Asamblea, mencionó que funcionarios de esas entidades permiten actividades que benefician las operaciones de Invermun.
“Las empresas del grupo (Invermun) realizan con frecuencia millonarios giros al exterior, que son ganancias, pero en Ecuador no tributan nada ni reparten utilidades a los empleados”, anotó Solórzano en la declaración que se notarizó ante Humberto Moya Flores.
Solórzano aseguró a este Diario que Invermun maneja 120 empresas que son representadas, en su mayoría, por choferes, conserjes y funcionarios que no tienen idea de que están en esas compañías. Adujo que antes de salir de la firma, en julio pasado, se enteró de que estaba representando a cinco empresas sin su consentimiento.
El denunciante indicó que tiene documentos que muestran una serie de empresas que operan de esta manera sin que el SRI haya actuado. “¿Cómo explicar que una firma tenga más de 100 empresas de papel?”, agregó.
Sin detallar nombres, Solórzano apuntó que elementos de la Aduana también tienen responsabilidad, en especial, en la importación fraudulenta de máquinas para juegos.
De otra parte, F. Correa (El Comercio, 13 oct 2009) cuestionó la actuación del fiscal Washington Pesántez sobre las denuncias contra Carla Chávez, ex alcaldesa de Babahoyo, y la actual asambleísta Mercedes Diminich: “me llama la atención que se haya abierto una indagación a varios funcionarios, entre ellos al ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera; y, Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia, sin que antes se hayan reabierto los casos de Chávez y Diminich”.
Exhibió una “letra de cambio” según la cual un contratista habría pagado una comisión a Antonio Hidalgo, hermano político del vicepresidente Lenin Moreno, para conseguir la adjudicación de la construcción de una vía. El documento por $ 1,5 millones está firmado por Fabián Rodríguez, ex presidente de la firma Cosurca.
La letra llegó a manos de Correa cuando: “este señor me aborda y me dice que, como soy el nuevo dueño, le tenía que pagar 1,5 millones”, aunque en la copia del documento no consta el nombre de Antonio Hidalgo.
Según él, este hecho lo puso en conocimiento del Segundo Mandatario, quien incluso le habría sugerido que haga a Hidalgo socio de la empresa.
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