17.4. Ecuador y otros paises alientan la inestabilidad e inseguridad

América Latina afronta “numerosas y complejas amenazas” en materia de seguridad y estabilidad militar, que ponen en riesgo el equilibrio regional, según las conclusiones del informe Military Balance 2010 presentado en Londres por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), según reportan las agencias EFE y AFP y que fueran reproducidas por el Diario Expreso (3 febrero 2010).
En su informe sobre la capacidad militar y gastos de defensa de 170 países, el equipo de expertos indica que las naciones latinoamericanas tienen “la necesidad y la oportunidad de hacer un esfuerzo colectivo por la seguridad de la región”.
La necesidad “surge en parte por la falta de apetito en Estados Unidos para gestionar los conflictos regionales” en Latinoamérica y se suscita por “el número creciente de amenazas” que ponen en peligro la estabilidad regional.
Estas amenazas, según el IISS, son: el deterioro democrático, el temor a un fracaso del Estado, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, las guerrillas, el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, la competencia por los recursos naturales, la degradación medioambiental y el desbaratamiento de la cohesión social.
Se considera positiva la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) -“que indica que Sudamérica está dando sus propios pasos para hacer frente a la seguridad continental”-, pero sostiene que aún existen carencias debido al peso excesivo de las preocupaciones subregionales. El Consejo debe crear un proyecto centrado en “mejorar la transparencia en materia de defensa, normas legales de cooperación transnacional, compartir información sobre actores no estatales y armonizar la participación en acuerdos de seguridad extrarregionales”.
El IISS estimó que América Latina se ha convertido en el principal nuevo mercado para las exportaciones de armas de Rusia, que en el último año aumentó sus ventas a la región gracias sobre todo a Venezuela.
El informe señala que Rusia -segundo mayor proveedor mundial de armas en 2008, con unas entregas totales estimadas en $5.400 millones- ha firmado contratos con Venezuela, Perú, Brasil, México y Colombia, y negocia actualmente otros acuerdos con Bolivia, Uruguay y Ecuador.
En total, los gastos de defensa de Latinoamérica y el Caribe aumentaron hasta los USD 58.048 millones en 2008 (1,35% del PIB), frente a USD 39.073 millones dos años antes.

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17.3. Otra adquisicion de chatarra aerea

La Fuerza Aérea Ecuatoriana alista la compra (Diario Hoy, 8 de diciembre 2009) de 12 aviones sudafricanos Cheetah con una inversión de USD 80 millones: USD 34 millones, el costo de los aviones; otros USD 11 millones por capacitación, entrenamiento y transporte, y otros USD 35 millones (USD 1 millón más que el precio de todas las aeronaves) por darles mantenimiento durante los próximos cinco años.
Ese contrato tiene dos informes técnicos; uno de ellos elaborado el 11 de mayo del 2009 de una misión que viajó a Sudáfrica el 18 de abril, detalla que: “los aviones tienen estructuras de hace 46 años”. “Las células de los Cheetah corresponden al K-fir C1 fabricado por la firma IAI en 1963”….”se desconoce la fecha de cambio del transformer/rectifier y que es muy probable que esté caducado”...los aviones tienen “un comportamiento inestable”.
“Los aviones Cheetah son un híbrido de los Mirage III y K-fir C-1,.., el Gobierno sudafricano los sacó de circulación y los reemplazó por los suecos Gripen con el argumento de que sus estructuras y motores son de los años sesenta y que sus costos de mantenimiento son exorbitantes. En el contrato para la compra de las 12 aeronaves, se destaca que el ítem de mantenimiento de los aviones es más costoso que el precio de los aviones mismos”.
Y más adquisiciones se vienen. El Gobierno anunció que esta negociando la adquisición de nuevos helicópteros y aviones de China, por más de USD 100 millones. Todo esto, a pretexto de salvaguardar la seguridad y soberanía nacional.
También, hay contactos para adquirir material bélico de Rusia,…

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17.2. Adquisicion manipulada de helicopteros de la India

En base a Decreto de Emergencia del Presidente Correa, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), procedió a la celebración del contrato 2008-d-006, el 5 de agosto de 2008 para la adquisición de 7 helicópteros Dhruv a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), a un costo de USD 45 millones.
Pero la compra que hizo la FAE no tomó en cuenta (Diario Hoy, 30 oct 2009) informes técnicos del propio organismo que detectaron deficiencias técnicas en las naves. Se advirtió que no se contaban con licencia internacional para operar (no tienen certificaciones FAR y JAR de la Administración de la Federal de Aviación de EE.UU. -FAA, por sus siglas en inglés-, exigidas en las bases del concurso), por lo que recomendaron que la compra no era conveniente.
La compra se dio no obstante los reparos, mas, en mayo del 2009, el Ministerio de Defensa envió una carta a la HAL, en la que exigía el cambio de los motores de cuatro de las cinco naves entregadas a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) porque no eran 2008, exigencia que no ha tenido respuesta hasta la fecha.
Una de las naves, seguramente por fallas mecánicas, se precipitó a tierra el 27 de octubre en la base de la FAE, junto al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en medio de la celebración de los 89 años de existencia de la entidad aeronáutica.

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17.1. Armamentismo acelera nuestro empobrecimiento

El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti escribió en El País de Madrid (Diario Hoy, 21 agost 2009), sobre el inusitado incremento en compra de armamento en los últimos 9 años. Es vergonzoso reconocer que América del Sur ha gastado USD 34 100 millones el año pasado (2008), 50% más que en 1999, cuando el promedio mundial, pese a todos los conflictos, está bastante por debajo, ubicándose en un 2,4% del PIB mundial, porcentaje superado por el Ecuador (3,6%). Una región que no tiene conflictos externos y en la que, a excepción de Colombia, los países han logrado controlar sus desavenencias internas sin tener que recurrir a las armas. Una región en la que la desigualdad, la falta de oportunidades, la democracia, se encuentran en permanente peligro.
El Ecuador, especialmente en estos dos últimos años, ha efectuado un inaudito gasto militar. Si bien antes de 1999 la razón para hacerlo radicaba en la permanente confrontación con el Perú, solucionado el impasse territorial, no había razón para que los gastos e inversiones militares siguieran en aumento.
La incursión de Colombia en Angostura disparó el patrioterismo del Gobierno, buscando justificar la urgente inversión en armamentos. Aviones no tripulados para que reemplacen a los de los Estados Unidos que operaban desde la base de Manta. Naves Tucano para controlar la frontera de más de 600 km con Colombia. Armas de todo calibre, chalecos antibalas, vehículos para desfiles, helicópteros de faena y de paseo, etc. Todo este esfuerzo nacional para "protegernos" de los “enemigos”.
Y se agregan: los 6 viejos Mirage, dados de baja y “regalados” al pais por Venezuela tan “generosamente” por parte de Chávez, pero que van a costar al Estado millones de dólares para ponerlos “al día”. Está también la cuestionada compra de la flota de 7 helicópteros Dhruv de la India; la anunciada adquisición a Rusia de 2 helicópteros y otros armamentos que acaba de acordar Correa para destinarlo al transporte de tropas; así como, la adquisición de 12 Cheetah C, aviones obsoletos, que ningún país tiene en uso, negociados con Sudáfrica en USD 35 millones. A esto se suma, a pretexto de modernizar nuestra fuerza aérea, la planificación para que a mediano plazo se compre una flota supersónica de jets. ¿A que costo?.
Paradójicamente, más allá del excesivo gasto militar, las confrontaciones personalistas, el desperdicio de recursos públicos, la corrupción disfrazada en cambio social, el irrespeto a la opinión ajena, la asfixiante propaganda gubernamental,… la pobreza, el desempleo, los apagones, los problemas y conflictividades sociales se multiplican.
Pero. ¿Para qué armarnos tanto y no seguir el ejemplo de Costa Rica que no tiene ejército, pero si una policía fortalecida?. El ejemplo de Costa Rica es digno de imitarse, a fin de parar la carrera armamentista en la que nos a envuelto el Gobierno de Correa.

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15.7. Los carteles de la droga de Mexico en el Ecuador

Frente a la evidencia de que el país es una zona adecuada para la operación de bandas transnacionales, el editorial del Diario el Comercio del 2 de enero del 2010 destaca que preocupan las fisuras entre las instancias legales para hacer frente a juicios como el generado por el operativo Huracán de la Frontera, el sicariato en ciudades portuarias ecuatorianas y la constatación de la instalación de laboratorios para procesar droga en las fronteras y en la provincia de Manabí. Todos estos problemas demandan una respuesta coordinada de las autoridades, antes de que el país constate con mayor rigor las secuelas de la penetración del delito.
Si bien, de la lucha contra el narcotráfico en el país hay resultados: 67 toneladas de droga fueron halladas en redadas de la Policía durante 2009, lo cual representa el doble de lo capturado en 2008. No obstante, bastante esta por hacer para enfrentar bien al narcotráfico y su poder devastador, dado que las amenazas son grandes.
Un reporte de Grupo de Diario de América / GDA del 1 febrero del 2010, reproducido por El Comercio, destaca que el Ecuador es atractivo para el narcotráfico por su ubicación geográfica. Cuenta con vías marítimas directas hacia el centro y norte de América. Además, es un vecino natural de Colombia, donde se produce la mayor parte de droga.
El reporte señala que la guerrilla de las FARC se encarga de producirla y almacenarla. Los cargamentos ingresan por las provincias fronterizas de Sucumbíos y Esmeraldas. Ecuador no solo es un sitio de paso, sino también de procesamiento y almacenamiento de los estupefacientes que llegan del Putumayo y Nariño colombianos. En fincas de provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y El Oro o en casas de Guayaquil (Costa) se han hallado cristalizaderos capaces de procesar hasta 5 toneladas de droga al día (en cada uno).
Según Inteligencia, esos estupefacientes son de las FARC. Desde estos sitios, la cocaína es enviada a América del Norte, a través de lanchas, barcos o sumergibles, por el Pacífico, o en aviones privados.

Joel Loaiza, Director Nacional de Antinarcóticos de la Policía, sostiene que el sistema monetario también facilita la presencia de las redes de narcotráfico en el país. “La dolarización es utilizada por el fenómeno del narcotráfico, para coadyuvar su radio de acción y actividades ilícitas a través del lavado de activos”.
En 2009 se detuvo a 3.657 personas por tenencia y tráfico de drogas. De ellas, 12 eran de nacionalidad mexicana. En 2008, en cambio, hubo 3.070 arrestados; tres de ellos eran de México.
La Comisión de Transparencia y Verdad, que investigó el bombardeo colombiano a las base de las FARC en Angostura concluyó que “el narcotráfico ha logrado penetrar instancias de los entes políticos, culturales y sociales”.
De su parte, Dimitri Barreto (El Comercio 6 febrero 2010), relata que: “del cartel de Sinaloa, la Policía ya tuvo noticias en 2003, porque pretendió infiltrarse al gobierno de Lucio Gutiérrez. El cartel de Sinaloa tiene influencia en nada menos que 15 países de América Latina (se cuenta a Ecuador). Y el del Golfo-Zetas, en 10 países”.
Barreto señala, que los dos carteles mexicanos libran una guerra descarnada, con ejecuciones macabras (algunas visibles en YouTube). Por lo que se pregunta: ¿Qué se hace para evitar que esa guerra llegue a Ecuador?
Barreto considera que la disputa por el territorio de la droga debe activar, con urgencia, no solo un debate sino acciones para la prevención, con la misma celeridad con la que la Asamblea se cita para discutir los hurtos. Además, Ecuador no puede pretender actuar como una isla, so pretexto de soberanía, dignidad,…

Hasta entonces, la guerra a la droga es desigual. No solo por la capacidad narco de corromperlo todo, sino porque, aunque parezca broma, los carteles descifran mejor que nadie la integración regional.

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15.6. Ecuador sometido a la criminalidad internacional

15.6.1. Logros alcanzados en el 2009

Al paso del tiempo, son más complejos los problemas que vive el país como consecuencia de la inagotable acción de grupos ilegales, en especial de aquellos que han convertido al Ecuador en un “corredor” para actividades de organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico y el lavado de dólares. Esto, no obstante que se hacen esfuerzos por enfrentar este mal.
Según la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), reportó (El Comercio, 14 febrero 2010) que en 2009 se alcanzó una cifra récord en decomisos. Se retuvieron 68.050 kilos de droga, 38.289 kilos más que lo que se incautó en 2008. La Fuerza de Tarea 1 de las FF.AA también realizó operativos.
Las Fuerzas Armadas, durante el año pasado, realizaron 231 operativos, en los cuales se incautaron 1.190 galones de precursores químicos, 70 quintales de clorhidrato de cocaína, 17.250 gramos de base de cocaína.
Además, se incautaron 25.760 plantas de coca y 4 hectáreas de plantaciones de coca; y se detuvo a 3.657 personas por tenencia y tráfico de drogas.
Pese a estos esfuerzos nacionales que se han dado a conocer, organismos nacionales e internacionales reportan que el narcotráfico, el lavado de dólares y el crimen organizado va en aumento.

15.6.2. Apreciaciones de la criminalidad internacional en el país

Un estudio reciente de la Universidad San Francisco de Quito, según informe de la organización International Assesment and Strategy Center (IASC), llegó a la conclusión de que en el Ecuador se lava anualmente unos USD 1.000 millones. No obstante, funcionarios estadounidenses dicen que la cifra podría ser considerablemente mayor,
En la edición del 3 de febrero del 2010, el diario de Miami “Nuevo Herald”, bajo la responsabilidad del periodista Gerardo Reyes, se reveló parte del informe de la IASC. A continuación, un extracto de lo que publicó el rotativo y que es reproducido por Expreso (4 febrero 2010):
Submarinos que zarpan cargados con cocaína, guerrilleros colombianos que manejan clínicas y cuentas bancarias, narcotraficantes mexicanos que operan a sus anchas y bastiones de la mafia rusa que vende armas y de la china que trafica con indocumentados. Estos y otros males son parte del desolador panorama actual del Ecuador que describió un amplio reporte publicado este mes por un grupo de análisis (think tank) de Washington D.C., bajo el atrevido título de “Ecuador: drogas, bandidos y la revolución ciudadana”.
“El Ecuador, que por mucho tiempo estuvo por fuera del radar internacional, se está convirtiendo rápidamente en un importante cruce de caminos en el que las organizaciones criminales internacionales se reúnen y hacen negocios con muy poco temor de que sus actividades sean perturbadas o detectadas’’, señaló el informe de la IASC. Esta es una organización sin fines de lucro que produce estudios relacionados con temas de seguridad y su impacto en Estados Unidos.
La principal preocupación de los analistas es el incremento de las actividades políticas y los negocios del narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país, así como su capacidad de infiltración en el gobierno del presidente Rafael Correa.
Preparado por los ex reporteros Douglas Farah, de The Washington Post, y Glen Simpson, de The Wall Street Journal, el estudio de 77 páginas (http://www.strategycenter.net) consideró serias las denuncias de que la campaña de Correa recibió aportes monetarios de las FARC. También dio crédito a las acusaciones de que altos funcionarios de Correa no solamente han apoyado al grupo rebelde, sino que han estado involucrados en negocios de narcotráfico con líderes de esta guerrilla.
Apoyándose en entrevistas con analistas, fuentes de inteligencia y ex militantes de las FARC, el estudio destacó además como factores preocupantes los siguientes: la creciente presencia de organizaciones criminales de Rusia y China; el cada vez más activo papel de Ecuador como lavandería de dinero, lo cual se facilita por la utilización del dólar como moneda oficial; el funcionamiento con permiso oficial de instituciones financieras de Irán, un país bloqueado por Estados Unidos. Todo esto agravado, agregó, por un estado general de corrupción administrativa y señales intimidantes del Presidente para silenciar a los medios de comunicación.
Miami no escapó al mapa de los escándalos de corrupción reseñados por el documento de IASC. El Pacific National Bank, un banco controlado por el Gobierno ecuatoriano que opera en esta ciudad, es mencionado como una de las instituciones que participó en una cuestionada maniobra de manipulación de los precios de bonos de la deuda pública ecuatoriana en el 2007.
“Existen evidencias sustanciales de que el gobierno de Correa ha estado comprometido durante varios años en un audaz y lucrativo esquema de manipulación de los mercados internacionales de la deuda a través de la invención de crisis’’, afirmó el informe.
Quizá uno de los más reveladores aspectos del estudio es el capítulo que los reporteros le dedican a Oliver Solarte, alias El Gordo, a quien identifican como el zar de las drogas de las FARC. Con su base de operaciones en la población de Puerto Nuevo (Sucumbios), Solarte es considerada “la persona más importante de la organización en el Ecuador en materia de tráfico de drogas’’, aseguró el estudio...
Los mexicanos han logrado una estrecha relación con las FARC en Ecuador, según lo descrito por una fuente de los analistas entrevistada en una prisión. “Hay una sociedad entre las organizaciones mexicanas y los comandantes de las FARC...’’, dijo la fuente.
Los carteles mexicanos han encontrado en Ecuador otro negocio lucrativo: la alianza con mafias de contrabando de humanos. Según los autores, dado que Ecuador es uno de los países con las leyes migratorias más laxas del mundo, las redes chinas, hindúes y africanas utilizan el país como punto de embarque para despachar a los indocumentados hacia Centroamérica o México y de allí a Estados Unidos.
El desafío para (Rafael) Correa es llevar a cabo su ‘revolución ciudadana’ en un marco democrático a tiempo que lidia con los retos transnacionales que pueden destruir a Ecuador’.

Douglas Farah y Glen Simpson, autores del Informe del IASC.

15.6.3. Los vínculos con la banca iraní

En cuanto a los manejos financieros, señala el informe, que las denuncias de lavado de dinero en el Ecuador se agravan por los recientes acuerdos entre el Banco Central del Ecuador y las instituciones financieras iraníes, sujetas a sanciones por Naciones Unidas y los EEUU.
Los acuerdos permiten al Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EDBI) depositar USD 120 millones en el Banco Central para un fondo de promoción comercial. "Los funcionarios de EEUU resaltaron que el comercio entre el Ecuador e Irán nunca ha superado los USD 2,5 millones y ha descendido en los últimos años a USD 16 mil. El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a EBDI un mes antes de que Ecuador firmará el acuerdo con esa entidad. Los acuerdos permiten el Banco Saderat, una filial de EBDI, abrir una sucursal en el Ecuador. Los analistas dicen que los acuerdos fueron en represalia por el presunto apoyo de EEUU al ataque colombiano en Ecuador en 2008. Los EEUU han negado que dieron apoyo para ese ataque".
Una fuente vinculada a la investigación financiera en el país reconoció que el EDBI está vetado, pero explicó que las sanciones dadas por la ONU se relacionan con sus vínculos con la financiación de la producción de armas nucleares. Además, dijo que nunca llegaron los recursos de Irán, por eso calificó de rumor a la acusación.
De otra parte, el Departamento del Tesoro de los EEUU (Diario Hoy, 20 febrero 2010) sostuvo que los países deberían "recomendar a sus instituciones financieras que den una atención especial a las relaciones empresariales y transacciones con Irán" y otras instituciones iraníes para limitar cualquier "riesgo de financiamiento al terrorismo".

15.6.4. Ecuador como país de alto riesgo criminal

El Informe de International Assessment and Strategy Center (IASC), difundido por el Nuevo Herald, se señala la penetración del narcotráfico en el país, los vínculos de ex altos colaboradores del Gobierno con las FARC, las debilidad de las instituciones y de las leyes nacionales contra el blanqueo de capitales, así como las fronteras de difícil control con los vecinos productores de drogas, entre otros elementos que han convertido al Ecuador en un lugar atractivo para las organizaciones delictivas de América Latina, particularmente para el lavado de dinero y para grupos de Rusia, la China, la India y el África .
Casi al mismo tiempo que la publicación del Nuevo Herald y bajo el título, "Ecuador aparece como centro neurálgico para la delincuencia internacional", la agencia alemana de noticia Deutsche Welle, que fuera destacado por el Diario Hoy (05/Febrero/2010) publicó un amplio reportaje sobre el lavado de dinero, tráfico de personas y presencia de las FARC en el país.
La nota apareció en la dirección electrónica http://www.dw-world.de/dw/article/0,5201759,00.html, cuyo autor es James M. Dorsey y el editor Rob Mudge. Ahí se señala: "Ecuador se está convirtiendo en un foco para los grupos delictivos transnacionales, de acuerdo con funcionarios de los EEUU y Europa. Los narcotraficantes colombianos y mexicanos, así como los traficantes de personas de China y África utilizan al país como un centro de negocios.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, espera en su reunión de este mes en Abu Dabi incluir al Ecuador en su lista de alto riesgo por pedido de los ministros de Finanzas del G-20".
El reportaje agrega que el GAFI advirtió en 2007 que el Ecuador no había cumplido con 48 de sus 49 recomendaciones sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Es que de las 49 reglas que los países signatarios de un acuerdo sobre el tema deben cumplir, el Ecuador no cumpliría al cien por cien más de una, en criterio de la analista Susana Klinkicht (Diario hoy, 8 febrero 2010).
Y aunque el Gobierno ecuatoriano, a través de su embajador en Washington, ha presentado una queja formal ante el Miami Herald por considerar que el estudio del IASC fue “sesgado, carente de imparcialidad y objetividad”, toca pasar a tomar estratégicas medidas que efectivicen una mejor respuesta

15.6.5. Ecuador en “lista negra” del lavado de dólares

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), creado por el G-20, calificó al Ecuador como ‘riesgoso’ para el sistema financiero internacional (Reuters, El Universo, 19 febrero 2010). En la actualidad agrupa a 33 países en la materia.
El organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo colocó ayer a Ecuador, junto con Irán, Angola, Corea del Norte y Etiopía, en una lista negra, al decir que representaban riesgos para el sistema financiero internacional.
El GAFI (FATF, por su sigla en inglés), que comprende a las organizaciones regionales y gobiernos, mencionó a los países tras una cita en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
La publicación de la lista negra sigue las promesas del grupo de las grandes economías del circuito mundial para combatir estos delitos y que instaban al GAFI-FATF a identificar a “jurisdicciones no cooperadoras”.
Irán, país al que el actual Gobierno ecuatoriano identifica como amigo, ha sido mencionado como una jurisdicción con un riesgo creciente debido al sustancial lavado de dinero y el financiamiento a terroristas, según manifestó la GAFI-FATF en una declaración, que instó a los países miembros a aplicar medidas contra ese país para proteger al sistema financiero internacional.
Ecuador, Angola, Corea del Norte y Etiopía también son mencionados en el informe como jurisdicciones que no se han comprometido con el plan de acción del GAFI- FATF y con los estándares internacionales contra el financiamiento terrorista para contrarrestar el lavado de dinero.
La publicación de la lista sigue las promesas de un grupo de 20 grandes economías para combatir estos delitos y que instaban al GAFI-FATF a identificar a las “jurisdicciones no cooperadoras”, la cual “sigue estando particularmente preocupada por el fracaso de Irán en tratar el riesgo del financiamiento al terrorismo y la grave amenaza que representa a la integridad del sistema financiero internacional”, dijo el organismo en la declaración.
Angola, Corea del Norte, Ecuador y Etiopía también han sido mencionados como jurisdicciones que no se han comprometido con el plan de acción del GAFI-FATF y con los estándares internacionales contra el financiamiento terrorista para contrarrestar el lavado de dinero.
Global Witness (GW), una organización no gubernamental internacional, dio la bienvenida a la medida de la FATF de presentar esa lista, pero dijo que la mayoría de los países de la nómina eran pobres.
La lista está basada en las evaluaciones deñ GAFI-FATF sobre si un país tiene leyes contra estos delitos. “Lo que no está medido es si estas leyes se cumplen y, si eso se midiera, mucho más países estarían en la lista”…. “Hay problemas en los centros financieros claves del mundo donde esos sistemas permiten a los políticos, terroristas, proliferadores de armas nucleares y criminales organizados tener acceso a los fondos que necesitan”.", dijo Anthea Lawson vocero de la GW.
Y "Ecuador se ha comprometido con el GAFI, pero no ha proporcionado un compromiso claro, al más alto nivel, para resolver esas deficiencias", explicó el comunicado (Agencia AFP, Expreso, 19 febrero 2010).
El país debe "criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo", establecer procedimientos adecuados para bloquear cualquier bien proveniente del terrorismo o del blanqueo y "reforzar y mejorar la coordinación de la supervisión en el sector financiero", añadió el texto.

15.6.6. Preocupación por el involucramiento ecuatoriano

Clemente Vázquez-Bello, consejero de la Asociación de la Banca Internacional de Florida, dijo a Reuters, que las transacciones con Irán se observan más en Venezuela y Ecuador, lo que preocupa “a la banca internacional, a las entidades financieras estadounidenses y al gobierno de EE.UU.". Lo dijo en la Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, en Miami.
Y la inclusión del Ecuador en la lista generó reacciones de preocupación entre diversos sectores, mucho más por parte de voceros del Gobierno, por cuanto, “los efectos inmediatos son un alejamiento de las inversiones y de las líneas de financiamiento”, coincidieron varios analistas.
El ex ministro de Economía Mauricio Pozo, anota Reuters, El Universo (19 febrero 2010), lamentó la inclusión del país, y dijo que el Gobierno debe aclarar esta situación. Sin embargo reconoció que más allá de lo que diga el Gobierno existen señales complicadas como las presuntas relaciones de ciertos ex funcionarios con grupos irregulares de Colombia.
Para Marcos López, ex miembro del directorio del Banco Central, también destaca El Universo, otro de los efectos va a ser la restricción del financiamiento. Manifestó que la banca americana no tendrá miramiento en tomar medidas de cautela con nuestro país.
Encontrándonos “frente a la espada y la pared”, urge tomar medidas de salvaguardia y no solamente que el Gobierno rechace y proteste el informe antes referido. Diario Hoy (editorial 8 febrero 2010), por ejemplo, considera que “No cabe cerrar los ojos ante los hechos denunciados y considerarlos como una confabulación para desprestigiar al Gobierno. Urge, por ejemplo, reforzar la lucha contra el narcotráfico y revisar la política para control de quienes ingresan al país”.
Sebastián Mantilla Baca (El Comercio 10 febrero 2010) frente al denunciado crecimiento de la delincuencia internacional, se queja y pegunta “¿Es esta la revolución de las manos limpias de la que se jactan? Preocupa que, con el aparecimiento de más voces de alerta, cerremos los ojos ante la realidad. Es lo que somos: una sociedad que se erosiona por dentro, avanza la corrupción y se convierte en un paraíso del crimen organizado?.

15.6.7. Protesta y rechazo de la cancillería ecuatoriana

No obstante las preocupaciones que se han vertido sobre el particular, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, rechazó hoy (Agencia EFE, Expreso, 19 febrero 2010) lo que considera una "insinuación perversa" del GAFI (FATF) de, incluir al país en la lista de naciones que representan un riesgo para el sistema financiero internacional.
Patiño indicó que el GAFI, "no ha hecho lo suficiente en su legislación para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo", extremo que rechazó contundentemente.
En una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo, Patiño dijo que en los países del norte "es donde más se consume la droga" y "si allá se consume, allá se vende y, por tanto, la plata (dinero) queda allá", reflexionó.
"No hay como, en nuestros pequeños bancos, lavar los miles y miles de millones de dólares del negocio del narcotráfico. La única manera de lavar ese dinero es en los países del norte", dijo al adelantar que analizarán la posibilidad de elaborar una lista "de en dónde realmente se lavan los dineros del narcotráfico".
"No creemos, sinceramente, que esos países del norte, tienen la autoridad moral para ponernos a nosotros en esa lista", señaló Patiño sin detallar a qué naciones hacía referencia.
Enumeró distintas leyes locales para la lucha contra la financiación del terrorismo, para evitar el lavado de dinero, y para luchar contra el narcotráfico, así como la creación de instituciones para controlar esas situaciones.

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15.5. Bailando con la multinacional de los narcos

Entrevistado que fuera José Marulanda Martínez, experto colombiano en temas de seguridad y defensa (El Comercio 5 febrero 2010) señala que, los controles deben cambiar de enfoque y apuntar sobremanera al componente empresarial del narcotráfico y a la necesidad de que se eleve la cooperación internacional de lucha contra el narcotráfico..
Los narcos, anota Marulanda, pueden llegar a convertir a los estados, en “narcoestados”, en una institucionalidad cooptada por esta actividad. Por ejemplo, el Congreso colombiano fue penetrado por paramilitares y, por ende, por la droga. Se convirtió en un Estado con un Congreso narcotraficante.
Y así, se puede repetir ese modelo en otros países,señala Marulanda. En Ecuador hace poco se difundió el informe de la Comisión de la Verdad de Angostura, en el cual se advierte que el país puede convertirse en un “narcoestado”. Venezuela también está en esa ruta, no porque lo quiera Hugo Chávez sino porque la dinámica de este negocio llega a cooptar a funcionarios, jueces, policías, legisladores, etc.
De otra parte, el Fiscal Antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano en entrevista concedida a El Universo (8 febrero 2009) destacó que el caso de Josè Ignacio Chauvìn, ex - Subsecretario de Gobierno, en la actual administraciòn de Rafael Correa, se volvió político, porque están vinculados miembros del Gobierno.
Solòrzano señaló que “estamos bailando con las FARC. Eso dejó de ser una sospecha, ahora es una realidad. Conocemos un caso concreto de un funcionario del régimen vinculado a la guerrilla colombiana. ¿Cuántos más habrá? Ahora entendemos muchas actitudes de este Gobierno contra el de Colombia”….”Tenemos información de que es el nexo entre la guerrilla y el narcotráfico, y él mismo acaba de decir que se ha reunido 7 veces con Raúl Reyes, catalogado como delincuente y narcoterrorista internacional. A confesión de parte, relevo de prueba”….”No es que se reunió con Reyes para canjes humanitarios, sino, que lo pruebe, ¿Conocen ustedes que el Ecuador haya intervenido en algún canje humanitario? Que yo sepa, no”….” No permitiré que se rían de mí, están comiéndome el tiempo pero voy a sentenciarlos, por sobre las maniobras de los abogados como Jaime Rivera quien patrocina al sindicado de Rodolfo Amburgo Coloma (en cuya propiedad, la hacienda La Campanita, se encontraron 4,7 toneladas de droga), quien presentó una recusación porque anda loquito por llevarse el juicio a Esmeraldas”….
Más pudieron los poderosos y,… el juicio terminaron por llevarse a Esmeraldas,…

“Depuración” en la Unidad Antinarcóticos

Un total de 66 oficiales fueron removidos de sus cargos en la Policía Nacional, (Diario Hoy. 5 febrero 2009) según informó hoy un medio de televisión, “debido que no lograron capturar a José Ignacio Chauvín” durante un operativo realizado una vez emitida una orden de prisión preventiva en su contra.
El pasado 29 de enero la jueza Zoila Alvarado emitió una orden de prisión preventiva en contra de José Ignacio Chauvín Alvear, por su presunta implicación en el caso "Huracán de la frontera" en relación con los hermanos Edison, Miguel y Jefferson Ostaiza, quienes son acusados de manejar una red de tráfico de estupefaciente en colaboración con las FARC.
Luego de emitida la orden de prisión, elementos de la Policía realizaron varios operativos para lograr la captura de Ostaiza, quien presume se encontraba de viaje en el Oriente ecuatoriano. Tras fallar en los operativos realizados, el presidente Rafael Correa anunció sanciones al interior de la cúpula policial.
La decisión de desmantelar la cúpula policial involucra a varias cabezas operativas del departamento antinarcóticos, entre ellas el general Juan Francisco Sosa a cargo de la Dirección de Nacional de la Policía Judicial; y en desglose un total de 6 generales, 36 coroneles, 7 tenientes coroneles, 13 mayores y 4 capitanes.
De esta forma, el general Juan Francisco Sosa, quien ocupa la Dirección de Nacional de la Policía Judicial, pasó a dirigir el Comando del Primer Distrito de Quito; el segundo jefe de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unase), Carlos Issa fue reubicado al Cuarto Distrito de la provincia del Guayas; Juan Carlos Barragán, hasta el momento en la Subdirección Antinarcóticos fue transferido a la Comandancia de Machala; el mayor Manuel Silva de la Unidad de Investigaciones Especiales pasó a la Policía Judicial de Tungurahua (no fue acatado por el oficial). Los dos últimos responsables de iniciar el proceso de investigación por narcotráfico a la red Ostaiza.

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16.30. Defensa del antiperiodismo, la manipulacion y la autocracia

Omitir un hecho noticioso de interés colectivo no solo es antiperiodístico (porque muchos ciudadanos ya conocen la noticia por otros medios y quieren verificarlo o ratificarlo en el de su preferencia) sino inmoral. Y esto se da especialmente en los medios que controla el Gobierno.
Frente a esta realidad, Rubén Darío Buitrón (El Comercio, 30 enero 2010) cuestiona y pregunta: ¿Qué derecho nos asiste a los periodistas o a los medios para tomar este tipo de decisiones a espaldas de la realidad, a espaldas de la gente a la cual, supuestamente, nos debemos? ¿Con qué autoridad ética y profesional hablamos de “periodismo ciudadano”, “nuevo periodismo”, “periodismo público” o “periodismo alternativo?
Buitrón destaca que cualquiera de esos eufemismos tan solo sirven para ocultar que no hacemos periodismo o que lo hacemos mal, porque en este oficio no es asunto de colocar lemas o etiquetas rimbombantes: hacer periodismo es cuestión de hacer periodismo.
Entonces, ¿qué periodismo practican los medios que no publicaron la noticia sobre la detención abusiva del ciudadano Carlos Julio Solano?
A los medios que tantas etiquetas se han puesto -en especial la de “públicos”-, Buitrón les recuerda que Carlos Julio Solano es el ciudadano sobre quien cayó todo el peso del poder político y policiaco en un patético episodio en Machala, al paso de la caravana que acompañaba al Presidente Correa.
Si no vieron las fotografías o las tomas que aparecieron en “la prensa corrupta” (como dirían ustedes) les invito a hacerlo, aunque sea a escondidas: será una buena manera de entender lo que realmente pasa en el país y cuál debiera ser su papel como periodistas.

Si hoy no tuviéramos “prensa corrupta”, como es el ardiente deseo de militantes, intelectuales y funcionarios, no nos habríamos enterado de cómo la revolución trata a sus ciudadanos, de cómo quien debe dar ejemplo de tolerancia y sensatez persigue por las calles a alguien que con un mal gesto de sus manos mostró descontento, de cómo quienes tienen la obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos detienen violentamente a una persona, la arrojan al balde de la camioneta policial y presionan su cabeza contra el piso.

Ahora que tanto se habla de controlar, regular y transparentar es el momento de que los medios gobiernistas admitan que sus posibles intenciones de hacer periodismo distinto al de la “prensa corrupta” choca con la razón de Estado, que su papel proselitista no es informar sino propagandizar, que su trágico destino es servir a quienes, desde el altísimo poder, intentan ocultar la realidad.

Una oportunidad de oro contra el autoritarismo y la manipulación mediática

Xavier Neira Menéndez (Diario Hoy, 1 febrero 2010) resalta los criterios vertidos por Mauricio Rodas, director de la Fundación Ethos respecto de la necesidad de regular la propaganda del Gobierno. Y se refiere sobre el tema en los siguientes términos:
Como “oportunidad de oro”, calificó Mauricio Rodas, a la propuesta ciudadana para que se incorpore a la controvertida Ley de Comunicación, que la Asamblea Nacional discute, un capítulo que regule las cadenas nacionales y la publicidad estatal, conforme al modelo de Gobierno responsable que promueve dicha fundación.
En varias entrevistas, Rodas ha sido contundente al sostener que la "revolución ciudadana" ha desnaturalizado a tal punto la rendición de cuentas sobre su obra de Gobierno que las cadenas nacionales (solo en 2009 fueron 230), las sabatinas (52) y la incontable publicidad oficial han perdido el carácter informativo que siempre debieron tener y se han convertido en instrumentos políticos para el lavado de cerebro (algunos son verdaderos soporíferos), aprovechando el desencanto ciudadano y la frustración colectiva que eligió a Correa buscando el fin de una era y no el simple cambio de caras, con iguales o peores prácticas. Desde 2006, el pueblo se ha sentido apalancado por el discurso redentorista de Correa.
Salvo las políticas sociales -que Neira reconoce- que han revalorizado la adhesión popular al mandatario, se imponen para regular toda la publicidad oficial, como lo propone Mauricio Rodas, pues el neo-imperialismo que nos gobierna pretende sojuzgar la información y la libertad de pensamiento.
Es que es la aplicación de la revolución proletaria, la lucha de clases, el yo colectivo y otras monsergas que predicó el fracasado materialismo histórico en la primera mitad del siglo pasado, y que colapsó con la caída del muro de Berlín en 1989. El socialismo del siglo XXI la ha maquillado en una revolución semántica que elimina las asperezas de la terminología comunista y que se cobija en el correismo, con la colaboración -ingenua o desfachatada- de algunos Kerenkys criollos, aplicando tácticas populistas y tercermundistas sin duda exitosas hasta hoy, electoralmente hablando, y que han sido inéditas -salvo el recurrente culto a la personalidad, al costo que sea- en la realidad socio política del Ecuador.

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16.29. Obras ejecutadas sin contrataciones ni planificacion

Muchas instituciones, con extrema discrecional (“a dedo”) ejecutan obras, inclusive sin haberse realizado las correspondientes planificaciones, ni la celebración de los respectivos contratos.
Un reportaje realizado por El Universo (8 febrero 2010) sobre la ejecución de algunas aulas tecnológicas que impulsa el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), deja ver anomalías y abusos.
Así, este es el caso de la escuela fiscal Lucila Araujo, ubicada en Bastión Popular. Allí, se narra que los niños recibían clases a la intemperie mientras el aula tecnológica, que los padres piden que se habilite, pasa cerrada a la espera de computadoras.
Con jornadas de 20 horas, durante 7 días, se adecuaron las aulas tecnológicas de las escuelas Alfredo Portaluppi, Jaime Nebot Velasco, Remigio Romero y General Luis Molina. El esfuerzo sirvió para que el presidente Rafael Correa las inaugure “a tiempo” el 24 de abril pasado.
Pero hasta ese día, las obras se realizaron sin que se firme el contrato. Las adecuaciones estuvieron a cargo del Director de la DINSE, Édison Vallejo, firmó el contrato el 28 de abril, cuatro días después de la inauguración, con Héctor Iván Zambrano.
En ese compromiso, la DINSE incluyó adecuaciones para otras 10 escuelas. Hoy, nueve meses más tarde, las obras aún no concluyen.
Ese día (28 de abril), Vallejo firmó otro contrato de la misma naturaleza con Luis Cevallos, ex asesor en la construcción de las aulas inauguradas por Correa. Se le adjudicaron 17 escuelas, donde las obras tampoco han concluido. Los dos contratos suman $ 235.050.
Zambrano y Cevallos narran, en dos oficios enviados a la DINSE del Guayas, que el 16 de abril Édison Vallejo les envió la carta de invitación y que al día siguiente empezaron a trabajar.
Lo hicieron pese a que el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que “en ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización de los instrumentos expuestos en este artículo (como la suscripción del contrato)”.
Además, según el Código Civil, el contrato es el único instrumento que responsabiliza a las partes. “Antes de eso el contratista no está obligado a hacer la obra ni el contratante a exigir nada”, dijo un experto en contratación pública que pidió la reserva.
Un caso patético: en la escuela Lucila Araujo García, en Flor de Bastión, los trabajos no han concluido. En el patio, cuatro troncos sostienen una hoja de zinc y una franela que cubren 35 pupitres y un pizarrón. Era el paralelo B del 4º año de básica, que se llenaba de tierra porque los niños jugaban fútbol a poco metros.
“El polvo, el sol y el viento enfermaron a mi niña”, se quejó Loren Bravo, madre de familia, el mes pasado. Ella contó que Diana, de 10 años, llegó un día a casa con vómito y que el médico sospecha de las condiciones del aula.
La señora dice que su hija podía haber recibido clases en el cuarto pequeño y sin ventanas que la DINSE eligió para instalar el aula tecnológica, y que pasa actualmente cerrado.
Las adecuaciones de ese cuarto, explica la directora, Marisol Castilla, se iniciaron en junio pasado y se detuvieron en noviembre. Como en todas las aulas tecnológicas de la DINSE pertenecientes a estos contratos, aún no hay aire acondicionado, computadoras, proyector ni pizarras electrónicas.

La falta de espacio y la demora se repiten en las escuelas Maritza Thalía Albán y María Ribadeneira de Febres Cordero.

Según el director de la DINSE del Guayas, Andrés Donoso, “las aulas están listas el 95%, por no decir 99... Solo falta hacer adecuaciones pequeñitas para que el cableado se adapte al tipo de tecnología que va a adquirir el Ministerio de Educación”.
Las cláusulas estipulan 120 días, desde la entrega del anticipo, para que los ingenieros Zambrano y Cevallos entreguen las obras. El pago se efectuó el 7 de mayo, 13 días después de que Correa inauguró las aulas. Los trabajos debieron concluir el 26 de agosto.
El contrato contempla multas por cada día de retraso, pero estas nunca se ejecutaron porque, según Donoso, la demora fue causada por la DINSE.
El funcionario explicó que los contratistas necesitaban que las mesas estén instaladas para calcular en qué lugar iban los enchufes. Pero la compra de esos muebles (otro contrato de la DINSE) se concretó cuando el plazo ya había terminado.

La DINSE también incluyó en la lista de las obras adecuaciones en cuatro escuelas que no tenían aulas disponibles y en tres que ya tenían aulas tecnológicas.
Frente a ello, el 7 y 8 de enero de este año, la DINSE decidió firmar dos contratos complementarios modificatorios que cambiaron el objeto de los compromisos originales. Así, las 14 escuelas adjudicadas a Zambrano se redujeron a 12. Mientras que a Cevallos, que tenía 17, le quitaron 5 y le pusieron 2 diferentes. En total, le quedaron 14.
Un especialista en contratación pública anotó que no existe la figura de “contrato complementario modificatorio”.
Explicó que los contratos modificatorios sirven para rectificar un error de hecho, de transcripción o de cálculo; y los complementarios, para ampliar, modificar o complementar una obra. “Lo que se debió hacer es anular el contrato original e iniciar otro proceso de adjudicación... Es otra obra”, dijo, al tiempo que recordó que la falta de estudios es una causa para declarar nulidad del contrato.

Zambrano y Cevallos no aceptaron una entrevista. Dijeron que no tenían tiempo.

Detalles

1. Según la Dinse, la compra de equipos de aire acondicionado está por concretarse. No obstante, en el portal www.compraspublicas.gov.ec no existe ningún proceso de ese tipo.

2. La compra de computadoras, proyectores (in focus) y pizarras electrónicas está en manos del Ministerio de Educación, que prevé hacerlo entre febrero y marzo

3. La obra adjudicada al contratista Iván Zambrano ascendió a USD 109.200. En el contrato complementario modificatorio se le aumentaron USD 24.985. Los trabajos de Luis Cevallos costaron USD 125.850. No hubo variación en el precio.

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16.28. Correa al frente de una gran cloaca: el SOAT

Es muy grave la confrontación del Ing. Fabricio Correa con el Dr. Alexis Mera da al poder la imagen de una gran cloaca pero el Ing. Correa no quiere destaparla.
El Ing. Correa le acusa a Mera de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y de asesorar mal a su hermano. Textualmente dijo el Ing. Correa: “Me he comprometido con mi hermano a no demandar ni denunciar a los funcionarios públicos que pesco en ‘off side”.

Según León Roldós (El Comercio, 1 de julio 2009), la última frase transcrita, entre personas éticas, puede significar un mensaje: hay ilícitos, pero no me hagan hablar.

En el atraco del SOAT, señala Roldós, donde se estimó que en el 2008 la siniestralidad de accidentes de tránsito se incrementaría en más del 40%, cuando en años anteriores había sido el incremento del 10% anual, explicación para encarecer el valor de las primas y generar las ganancias excesivas, la manipulación fue en la unidad de seguros de la Presidencia, lamentablemente con la aprobación del Presidente.

Pero, cuando en febrero de 2008 se aprobó en Montecristi, en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que a más de la rentabilidad garantizada a las compañías de seguros privadas, no se beneficien estas, el año 2008, con el 50% de los excedentes finales -decenas de millones de dólares- previsibles por la exageración en la sobre estimación del incremento de los siniestros, sino que todo pase al fondo del Estado, el veto presidencial -que posiblemente lo redactó el doctor Mera- cuestionó lo resuelto por la Asamblea para 2008, porque ya había un compromiso presidencial con las empresas de seguros de darles ese 50% del excedente ya que los siniestros denunciados iban a ser significativamente menores a lo calculado en el exceso ya explicado del 40% de incremento. Luego se estableció que no habría beneficio adicional para las compañías de seguros sino sólo desde 2009 en adelante.

Es muy grave que la confrontación del Ing. Correa con el Dr. Mera dé al poder la imagen de una gran cloaca que el benevolente Ing. Correa no quiere destapar.

De otra parte, la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando (Diario Hoy, 15 enero 2010), ordenó a las 17 compañías que participan del sistema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) la devolución incondicional de $19,4 millones a propietarios de automotores.

La cifra corresponde al exceso resultante de la disposición gubernamental de reducir el costo de las primas adquiridas entre el 2 de enero y el 13 de julio de 2009, además de los montos correspondientes a los recargos reportados por los asegurados durante ese período.

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16.27. Lo que Correa no perdona y si perdona (encubre)

El Presidente Correa tiene ámbitos a los cuales por contradecirle o por ejercer contraloría social, no les perdona; mientras que, es cándido y permisivo con otros con sus pillerías y les perdona.
Hernán Pérez Loose (El Universo 29 diciembre 2009) destaca que “Mr. Lengua no perdona obviamente las críticas. Su modelo de prensa es el que practican los medios que él controla (El Telégrafo, por ejemplo). Una prensa que informe únicamente la verdad oficial, única y que jamás dude de esa verdad, que no se atreva a hacer conjeturas o referirse a supuestos; como le acaba de suceder a Teleamazonas: sancionada porque su información no coincidió con la verdad oficial. (Se imaginan al Washington Post deteniendo sus reportajes sobre Watergate hasta que Richard Nixon confirme su veracidad, bueno ese es el periodismo que Mr. Lengua quiere imponernos...)”.
“Pero Mr. Lengua sí perdona algunas cosas. Perdona, por ejemplo, que al país se lo lleven en peso: Chávez, unos chinos y ciertos pandilleros, todos ellos arropados bajo decenas de contratos a dedo, emergencias eternas y tragamonedas. Si ayer asaltaron al país unos supuestos neoliberales, hoy lo hacen unos proclamados socialistas”. “Haz algo, Washington…(Pesántez)”, exclamó el Contralor días atrás, refiriéndose a la inacción del Ministro Fiscal General, remarca Pérez Loose.

De otra parte, Correa perdona (encubre) una serie de estafas. Glosando palabras de Alexis Mera:” hay burdeles de corrupción protegidos en el Gobierno, por eso no son clausurados”, León Roldós (El Comercio, 30 diciembre 2009) detalla 4casos:
1)El sábado 26 de diciembre 2009 Correa ordenó a la Superintendencia de Bancos que publique la lista de los responsables y beneficiarios de la crisis potenciada con el feriado bancario y el congelamiento de depósitos de 1999.
Lo que más le molesta a Correa es que no le han acatado su instrucción de rebajarle los intereses a pagar del grupo Isaías, que Correa quiere disminuir, mediante un corte a diciembre de 1998, agregando la tasa internacional libor, sensiblemente inferior a las que sirven para el cálculo de la Superintendencia y el mercado local, crédito por crédito, a costos del dinero en dólares en el Ecuador. Más de USD 500 millones marcan la diferencia entre lo menos que Correa quiere que se cobre y lo más que calcula la Superintendencia.
2) En la campaña presidencial del 2006, señaló que no podía dar la lista de sus aportantes de campaña, porque los socialcristianos los perseguirían. Su recaudador y hermano, Fabricio Correa, ha dado pistas, pero la lista en los montos comentados por Fabricio, nunca.
En esa campaña indicada, denunció que millones de dólares de fuentes ilícitas le ofrecieron y prometió que, de ser Presidente, publicaría la lista. Ya de Presidente ha hablado que truhanes y gánsteres rodeaban desde la campaña a Fabricio pero que él los rechazaba. A su vez, Fabricio ha contado de contactos con las FARC, sin precisar montos.
3) Cuando Eduardo Valencia, presidente de la Corporación Financiera Nacional, le comentó que en los gobiernos de Mahuad y Noboa a la CFN la llenaron de papeles de bancos cerrados adquiridos a valor nominal para beneficiar a traficantes con influencias, que algunos habían comprado con elevados descuentos a depositantes desesperados, Correa publicitó una comisión investigadora presidida por Valencia. Al puntualizarse en el informe la responsabilidad de un pariente muy cercano de Correa y actual colaborador del gobernante, este se indignó y rodó la cabeza de Valencia. En algún basurero fue echado el informe y la lista, que nunca se publicó.
4) En la cadena del 5 de diciembre de 2009, Correa denunció la corrupción de quienes fueron sus delegados en la renegociación de contratos petroleros 2007-2008, con la consecuencia de cientos de millones de dólares de pérdida. Los acusó de “ser pagados por las petroleras privadas”. Sentenció “esto no va a quedar en la impunidad, el país sabrá los nombres de quienes permitieron esta miseria”. Nas, nada de nada. Se habrán redistribuido los pagos ilícitos y ninguna lista fue publicada después.

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16.26. Compra ilegal de ambulancias paso a la jurisdiccion penal

Con informe de la Contraloría, (El Comercio 15 diciembre 2009) que cuestiona la compra de 115 ambulancias que compró el Ministerio de Salud a la empresa Euromedical porque no cumplieron los requerimientos establecidos en las bases de la licitación de los equipos, es una de 15 irregularidades detectadas en el proceso de adquisición, por lo que pasó a conocimiento de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional.
De acuerdo con el examen de auditoría número DA2-0026-2009 (DIRES-1159-2009), se determinaron indicios de responsabilidad penal. “El contratista cumplió con las especificaciones técnicas del vehículo, con lo ofertado, pero no con el equipamiento o ensamblaje, que se constató que era de mala calidad”, dice el documento.
Según la Contraloría, el director de Desarrollo Organizacional del Ministerio, Arturo Bedoya, recomendó a la Ministra Chang, el 12 de noviembre de 2007, que se invite para la compra a la razón comercial Teodoro Roldán-Euromedical, “considerando que tiene infraestructura local para ensamblar y adecuar las furgonetas en ambulancias... en un plazo máximo de 60 días..., situaciones que no fueron demostradas, presumiéndose que hubo falsedad en la información presentada a la Ministra”.
El empresario compró 115 furgonetas a Kia y luego subcontrató a Capaba, una empresa asentada en Ambato, para que se encargue de convertirlas en ambulancias.
La Contraloría determinó que si el Ministerio de Salud contrataba directamente con Asiauto las 115 furgonetas y si las modificaba por su cuenta con Capaba, el costo final de cada ambulancia hubiese sido de USD 29 119 y no de USD 34 000, como ofertó Roldán. Se dejó de ahorrar USD 561.227.
Para la compra a Euromedical se amplió el presupuesto referencial inicial de Salud de USD 3,4 millones a USD 3,9 millones, señala el ente de control y además, “se cambiaron las bases de acuerdo con lo ofertado por el señor Roldán. Se incumplió con la Ley de Contratación Pública y su reglamento”, señala la Contraloría.
El Comercio destaca, que la Segunda Sala es cuestionada por la Fiscalía por los fallos absolutorios de Carolina Cabrera, hija del fallecido notario de Machala; del narcotraficante Jorge Reyes Torres, entre otros. Algo así como que la instancia judicial es un antro de impunidad. Como que pasamos de “Guatemala” para entrar a Guatepeor”, más, cuando el Presidente Correa brinda su respaldo incondicional a la Ministra Chang,.. con una serie de “razones”.

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16.25. Se descalifica por gastos electorales injustificados

Nadie esta por encima de Ley, es una máxima que todos estamos obligados a respetar y defender. Siendo ésta una de las más altas responsabilidades de todos, observamos que la Ley terminará por descalificar de la Presidencia de la República a Rafael Correa. Por ello, entre otras acciones cabe acogerse al “Recurso de Revisión”, al tenor del Art. 9 y 18 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y Propaganda Electoral (LOCGEPE), a propósito de irregularidades detectadas en la campaña electoral del 2006.
La revisión del Juzgamiento de Cuentas, procede cuando: a) existan indicios de que las contribuciones tengan un origen ilícito o proveniente del narcotráfico. b) el total de las contribuciones excedan los límites establecidos en la presente ley; y, c) por denuncia o petición debidamente motivada y sustentada exista indicios sobre la falsedad de los datos aportados por las organizaciones políticas. En estos casos, el Tribunal Supremo Electoral, resolverá reabrir un expediente.
Los indicios que inducen a revisar las cuentas son:

1.Aportes en exceso.-

Los aportes recibidos en la campaña de 2006 por el hermano del Presidente de la República, Fabricio Correa (FC) fueron superiores a las cifras reportadas por Alianza País al organismo electoral. FC indicó que él como recaudador, “pudo haber” recaudado él, USD 3,5 millones para la campaña. No obstante que PAIS reportó USD 2,6 millones al entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE).
FC dijo que lo recaudado no era exclusivamente para gastos de campaña, sino también para pagar la oficina del Movimiento de la calle Whymper, en Quito.
FC agregó que como no era el tesorero de la campaña entregaba cada día todo el dinero que había logrado recaudar. Paradógicamente, la Ley sólo da la atribución de recaudar al tesorero.
Medardo Oleas, ex vicepresidente del TSE, indicó que “Hay presunción de fraude, evasión de dinero, exceso del gasto electoral y otras infracciones”, al señalar que supuestamente desaparecieron alrededor de USD 900.000.

2. Fondos de narcoguerrilla?.-

El ex TSE (ahora la Función Electoral) debió investigar la denuncia del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que en marzo de 2008 reveló que las PC del desaparecido guerrillero Raúl Reyes (muerto en el Campamento ecuatoriano de Angostura) daban cuenta de un aporte de USD 100.000 de las FARC a la campaña presidencial de Correa.
Ignacio Chauvín, ex - Subsecretario del Ministerio de Gobierno por 4 meses sindicado en un caso de narcotráfico vinculado a las FARC, admitió ser amigo de Reyes con quien se había reunido siete veces, como confesó hace unos días, es acusado por la Fiscalía de mantener negocios con los hermanos Ostaiza, a quienes la misma Policía señaló como cabecillas de una banda de narcotraficantes que comerciaban droga en vinculación con las FARC.
El presidente Rafael Correa declaró el 17 de mayo pasado en Lima, en un cónclave de Latinoamérica, puso su cargo a disposición de los ciudadanos si se comprobaba que su Gobierno o él hubieran tenido relaciones con la FARC.
Las sospechas de que el régimen tiene algún grado de compromisos con las FARC y narcotraficantes se acrecentaron por cuanto:
a) No se haya investigado los correos comprometedores que estaban en las computadoras de Reyes a raíz del ataque al campamento de Angostura. Los archivos electrónicos en su integridad están avalados por la Interpol,
b) Dar facilidades para la realización del II Congreso de la Coordinadora Bolivariana, del 24 al 27 de febrero del 2008, en el que participaron varias delegaciones internacionales fraternas a favor de las FARC. Algunos de los delegados se trasladaron al Campamento Angostura para entrevistarse con Raul Reyes.
c) Que se haya dado facilidades a las 3 sobrevivientes ( la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Torres y Martha Pérez) del ataque de Angostura del 1 de marzo para que salgan del país. La debilidad y/o complacencia por las guerrillas se hizo evidente con el trato que dio a las sobrevivientes del bombardeo de Angostura. Se las hospitalizó y curó. Pero, en lugar de detenerlas y juzgarlas por terroristas y cómplices, se les dio salvoconducto para Nicaragua, donde los acogió su coideario el presidente Daniel Ortega
d) Fernando Balda, ex militante de movimiento País, del cual hace parte el presidente de Ecuador, aseguró que tiene una grabación en la que el ex colaborador de Gustavo Larrea habla sobre la intención de Jefferson Ostaiza, reconocido narcotraficante, de hacer un aporte económico a la campaña del presidente Rafael Correa en el 2006, particular que tuvieron conocimiento en el Ministerio de Gobierno.
e) Hugo Chávez dijo en rueda de prensa en Caracas que el presidente Correa conocía del campamento Angostura y que se lo construyó para albergar en tránsito a los rehenes de las FARC, que se supone serían paulatinamente liberadas por gestiones de los dos mandatarios. Dijo también que Correa sabía que Reyes comandaba ese campamento y que los diálogos de mediación se hacían allí con él. El intermediario era Gustavo Larrea, ministro de Seguridad del Ecuador y su segundo al mando “Comandante” Ignacio Chauvin.
f) Desde la campaña electoral, Correa se ha negado a admitir que las FARC agrupan a narcoterroristas. Prefería y prefiere llamarlos grupos irregulares, insurgentes, luchadores por la libertad.

3. No declaran el Impuesto a la Renta.-

La legislación electoral establece que todos los aportes que fueron empleados en actividades proselitistas deben ser reportados obligatoriamente al organismo electoral.
El TSE debió hacer un análisis profundo de todos los aportantes, para explicar al país la procedencia de los recursos. Es que hasta ahora no se ha confirmado que un grupo importante de 18 aportantes de la campaña de Correa hayan presentado sus declaraciones al Impuesto a la Renta (IR), en los últimos tres años.
Correa arguyó que esas personas, no hicieron donaciones "de sus bolsillos”. Son dirigentes de Alianza País que han hecho actividades, como ferias, y que reúnen el dinero, lo entregan a la campaña, sale a su nombre, pero no sale de su bolsillo" el aporte, insistió el mandatario.
Es que, si no declaran el IR es porque se entiende que no tienen actividad económica en el país, dijo.
Correa reiteró que algunos de los activistas de su organización, que ayudaron al financiamiento de la campaña "no son donantes, sino colectores" de pequeños aportes.
Adicionalmente, los contribuyentes (Art. 27) de una campaña electoral sean estas personas naturales o jurídicas, deberán declarar en su Impuesto a la Renta, el monto de dichas contribuciones, la identificación del contribuyente deberá ser completa con indicación del número del RUC, dirección domiciliaria, cédula de ciudadanía, nombre o denominación social de la compañía, nombres y apellidos completos del aportante o del representante legal de la empresa Por lo que tampoco tiene validez la defensa que ha hecho Rafael Correa respecto de los 18 aportantes.

4. Registro de aportes incompleto.-

El Art. 19 de la LOCGE, dispone que el responsable del manejo económico del proceso electoral, luego de recibir la contribución registrará la misma, obligándose a extender y suscribir el correspondiente comprobante de recepción el mismo que llevará el número asignado a la organización política, alianzas o candidatos con el respectivo número secuencial interno, que recibe el aporte. La norma no da espacio a que los fondos provengan de ferias, bingos o colectores.
Más todavía, el Art. 22 dispone que los responsables de la recepción de aportaciones y recaudaciones para las campañas electorales llevarán un registro de ingresos y gastos. Los aportantes deberán llenar los formularios de aportación que para el efecto elaborará y entregará el Tribunal Supremo Electoral. En todo caso, las aportaciones serán nominativas.
En la presentación de las cuentas (Art. 31) la documentación deberá contener y precisar claramente el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y la del aportante original, cuando los recursos se entreguen por interpuesta persona.
Más todavía, la Ley Orgánica Reformatoria a la LOCGEPE (Art. 4) que sustituyó el artículo 13, prescribe que sólo los tesoreros únicos de campaña electoral, debidamente acreditados están autorizados a recibir aportes en numerario o en especie, para financiar gastos electorales
De allí que, por ser ilegal, no procede el argumento de Correa respecto del apoyo recibido por los “colectores” para fondear la campaña.
El Reglamento de la LOCGEPE (Art. 8) Los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes diseñados por el Tribunal Supremo Electoral contendrán una declaración sobre el origen lícito de los recursos. No se podrá efectuar o recibir aportes, mediante depósitos o transferencias a través del sistema financiero o cualquier otro método (Art. 9) que haga difícil o imposible la identificación del contribuyente. De otra parte, el responsable del manejo económico, a fin de asegurar la legitimidad de los aportes (Art. 10), hará constar en el comprobante correspondiente el origen lícito de los recursos. Son otras normas que también se violentaron.

5. Sanción.-

El 29 de agosto del 2007, el Pleno del TSE adoptó la resolución PLE-TSE-5-29-8-2007, en la cual se establece que la Alianza Movimiento Patria Altiva y Soberana – Partido Socialista Frente Amplio, de las listas 35-17, se excedió en el gasto electoral (cuyo límite era USD 687.068), por lo cual le multó con USD 965.843.

6. Reexamen manipulador.- Más, el 4 de septiembre del 2007, el Pleno del TSE expidió ilegalmente una resolución que ordena un “reexamen” de las cuentas de campaña de la segunda vuelta. Hubo una razón que el TSE cree esencial: que el informe final fue impugnado por el tesorero Samán.

7. Manipulación corrupta.-

El ex - Tribunal Supremo Electoral (TSE) conservó “bajo siete llaves” el reexamen sobre el informe final que analizó las cuentas de campaña -de la segunda vuelta- del binomio Rafael Correa-Lenin Moreno. Nadie ha tenido acceso al informe del reexamen, hasta que la Unidad del Gasto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó a la Comisión Jurídica del organismo, recién el 30 de abril del 2008, recomendando eliminar la sanción impuesta al ex binomio presidencial Rafael Correa-Lenín Moreno por $965 mil, también se deja sin efecto la resolución que destituyó al gobernador del Guayas, Camilo Saman, ex tesorero de campaña Alianza País, quien no presentó la lista total de los aportantes.
¿A cuenta de que sustento se dio tal recomendación?. Y sobre lo cual después, ilegalmente, se fallo favorablemente. También, el ex - TSE dejó sin efecto la resolución que destituyó al gobernador del Guayas, Camilo Saman, ex tesorero de campaña Alianza País. Samán no presentó la lista total de los aportantes. Samán, entonces tesorero de campaña, tampoco reportó USD 487.848 depositados en la cuenta electoral del Banco de Machala, entre el 16 de octubre y el 17 de noviembre del 2006. La Unidad descubrió este faltante, luego de solicitar los estados de cuenta al Banco de Machala y cruzarlos con la liquidación del fondo del partido de Gobierno. Es decir, esos fondos se ocultaron, desconociéndose hasta el momento su procedencia.

8. Lícito o ilícito.-

De los ingresos reportados, USD 665.258 se manejaron en efectivo, por lo cual “no se puede verificar su origen lícito o ilícito”. Es más, todos esos fondos se depositaron entre diciembre del 2006 y enero del 2007, cuando Correa ya había ganado las elecciones presidenciales.

9. Aportaciones ilegales.-

Trascendió que Alianza País recibió aportaciones ilegales, por cuanto los donantes se encuentran con glosas y juicios. La donación de USD 150.536 realizada por varios aportantes y que son considerados prohibidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es una más de las irregularidades señaladas en el referido reexamen de los gastos de la campaña de la segunda vuelta del binomio Rafael Correa-Lenin Moreno. Según el artículo 21 de la Ley del Gasto Electoral, está prohibido la recepción de aportes, contribuciones o entrega de cualquier tipo de recursos de origen ilícito, tales como los provenientes de operaciones o recursos originados en el narcotráfico, aceptar aportaciones que provengan de personas naturales o jurídicas que mantengan litigios con el Estado.

Y se detectó:

a) El listado de los donantes prohibidos está encabezado por Washington Pesantez Encalada (homónimo del Fiscal de la Nación), registrado como ingeniero civil, residente en Milagro, que dirige la Central Política de Alianza País en esa ciudad. Su aporte a la campaña fue de USD 70 000. En el primer informe del TSE fue multado con USD 2 586 por un exceso en su donación. Pero la infracción se quedó en suspenso cuando el TSE decidió hacer el reexamen de los gastos de campaña, en mayo. Sobre Pesántez pesa una glosa con responsabilidad civil por 4.699 342 sucres, desde 1990. El 30 de abril de ese año, Pesántez firmó un contrato con el Municipio del cantón Santa Lucía para adoquinar 500 m2 de la calle José Rugel. La obra costaba 4’999.300 sucres. Como adelanto de la obra recibió 4 699 342 sucres. No obstante -según Contraloría- los trabajos de adoquinamiento no se iniciaron ni se justificaron en materiales.
b) Otro de los aportantes, Enrique Holmes García, un profesional que ofrece asesoría empresarial, también tiene una glosa por USD 433 906, que ha sido impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La acusación se impuso después del examen que realizó la Contraloría a las operaciones administrativas y financieras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), del 1 de agosto del 2001 al 28 de febrero del 2003. En ese período, Holmes se desempeñaba como administrador temporal, juez de coactivas. Se lo acusó por archivar juicios de “deudores que han inclumplido con sus obligaciones sin que para archivar las causas él haya exigido las respectivas liquidaciones económicas. Holmes archivó 10 juicios, causando un supuesto perjuicio de USD 433 906 al Estado. Holmes aportó con USD 50.000 para la campaña…
c) Sobre Fabián Álvarez Vera, quien aportó USD 5.000, también pesan dos juicios. El primero es el caso penal nro. 186-97, seguido en el Juzgado Segundo de lo Penal de Manabí, por peculado, en perjuicio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV). En este también está implicada Narcisa Mera Toro. El segundo es el juicio No. 135-97 por peculado que se ventila en el Juzgado Cuarto de lo Penal de Manabí. En esta judicatura se dictó un auto de apertura a plenario en contra del Álvarez. Luego, la primera sala de la H. Corte Superior de Justicia de Portoviejo lo ratificó.
Los problemas legales de Álvarez empezaron cuando trabajaba como asistente de operaciones en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Portoviejo. Entonces, José Ignacio Chancay, cliente del BEV, lo denunció porque Álvarez le cobró el mismo cheque de USD1 866 900, dos veces.
Antes, el 21 de junio del 2006, Ivonne Sánchez García, jueza cuarta de lo Penal de Manabí, solicitó a la Policía su captura, pero actualmente está libre. Su juicio está en la apertura a plenario, con fecha 20 de noviembre de 1998. Ni la Contraloría ni el BEV insisten en continuar con el juicio.
d) En la lista de donantes prohibidos esta el alcalde de Manta, Jorge Zambrano. Imelda Villacís Espinosa, directora Jurídica de la Contraloría, planteó el juicio al conocer que los ingresos provenientes de la desaduanización de mercancías de la Administración del Cuarto Distrito de Aduanas de Quito -por el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 30 de junio de 1995- fueron despachadas de las bodegas, sin cumplir con las formalidades correspondientes. Eso causó un perjudicó al Estado de USD 13’132.172. En el caso seguido en el Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha por presunto delito aduanero fue sobreseído provisionalmente y luego ratificado el 28 de mayo del 2007. El proceso fue archivado.

10. No se respetan los términos procesales.-

El ex presidente del TSE, Carlos Aguinaga, está extrañado por la pasividad del organismo electoral en este caso. “La ley establece plazos para juzgar las cuentas de campaña. Una vez que se expide el informe final se notifica al movimiento. Si este impugna, se le concede 15 días para que conteste. Si no lo hace, igual, se juzga en rebeldía y se dicta la resolución que corresponda. Las cuentas deben juzgarse”. Es decir que se esta hablando que en no más de 6 meses después de las elecciones, debió estar listo y ejecutoriada la sanción para Correa y su grupo.

11. ¿Organismos Títeres y Vasallos?.-

El Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General del Estado, el “Congresillo” y el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, deberían iniciar la indagación para que F C identifique a cada aportante, con límite de USD 50.000, No hacerlo sería sumisión ante el poder y la denegación del Estado de Derecho. De momento, el asunto se encuentra archivado por el ex TSE. El titular del CNE “invitó” a que se presente la denuncia respectiva para disponer la “revisión”.
Y no se presentó instancia alguna para presionar para que se aplique la Ley.

12. Exigencia del cumplimiento de la Ley.-

Por último, interesa que se investigue la procedencia de los recursos (Art. 37), porque si son ilegales, se deben imponer las sanciones previstas en la Ley: multas, suspensión de los derechos por dos años y pérdida de la dignidad para la cual fue elegido si se comprueba plenamente que recibió dolosamente contribuciones.
Ha pasado el tiempo, años, y no ha habido forma para que se procese con legalidad, independencia y transparencia.
Pero no hay mal que dure 100 años. Algún dia el Ecuador tendrá un Gobierno digno, que ante todo haga respetar la Ley.

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16.24. Gobierno alienta la invasion de tierras

El Presidente Correa recordó recientemente (5 diciembre 2009) en su tradicional cadena sabatina, que los promotores de invasiones de tierras en Guayaquil durante muchos años fueron viejos aliados de la partidocracia (especialmente socialcristianos y el PRE). Pero el Primer Mandatario no mencionó (Editorial El Universo, 10 diciembre 2009) que otros traficantes, tan dañinos como los anteriores, hoy son pilares fundamentales de la “Revolución Ciudadana”.
¿Necesita el Gobierno que se den nombres? El Universo requiere que se les pregúnteles a los habitantes de la nueva ciudadela Balerio Estacio, férreamente manejada por uno de los más cercanos seguidores y dirigentes del Socialismo del Siglo XXI (Gobierno).
La vieja partidocracia, en el pasado, traficó con las tierras del Guasmo, provocando un crecimiento desordenado de la ciudad en ese sector y en el incremento de la demanda de servicios básicos. Los nuevos traficantes en cambio han estado invadiendo el noroeste de la ciudad, donde ya en la actualidad se levantan kilómetros y kilómetros cuadrados de una nueva forma de miseria urbana que sigue creciendo sin ningún control.
Y claro, gracias al fomento de la usurpación de tierras que impulsan los traficantes, todas estas personas que llegan de distintos rincones de la patria presionados por la pobreza que les carcome y que se acomodan en las áreas marginales de Guayaquil, pasan a su vez a demandar que la Municipalidad atienda y resuelva sus necesidades básicas de servicios, más cuando políticamente el Gobierno Central alienta la protesta y la demanda.
Paradógidamente, ahora (primera quincena de febrero) en que se producen los altos reclamos de la Municipalidad contra el Gobierno Central para que le trasfiera los recursos del presupuesto del Estado que prevé la Constitución y las Leyes, el Presidente Correa “reclama” a su vez por el abandono que tiene la Municipalidad de los barrios periféricos, al tiempo que, confrontacionalmente descalifica el “modelo exitoso” de la ciudad que impulsa el alcalde Jaime Nebot.

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16.23. Promueven aprobacion de Ley para robar mejor

La Ley de Comunicación que pretende imponer el Presidente Correa a través de la Asamblea Nacional no es solo para confrontar a medios y a periodistas, sino, anota León Roldós (El Universo 9 diciembre 2009) “para profundizar el control absoluto del poder, pretendiendo condicionar voces y espacios que puedan ser de contradicción o de denuncia, con la amenaza de silenciarlos, por resolución administrativa de un Consejo controlador”…..
Roldós destaca que, se ordena en la ley que la información sea contrastada, esto es, el periodista antes de cualquier publicación debe acceder a la autoridad o a la persona que pueda dar la versión contraria a lo denunciado e investigado… En la práctica, lo hacen los medios. Pero, ¿qué pasa si el que debe informar responde lo mismo que Correa, “de esto no hablo, ni informo”, como lo dice respecto a sus viajes y a negocios que él ordena, o simplemente guarda silencio? ¿La prensa deberá ocultar la información que posee, aun cuando sea evidente?
Roldós reclama que, condicionar la información o investigación a que no se la publique mientras el funcionario sospechoso no dé su versión o la información que permita contrastarla, sin mecanismos eficientes y práctica de transparencia, será un acto de corrupción del gobernante y de quienes se conviertan en una especie de sicarios para dictar esa norma.
La responsabilidad ulterior bajo principios de debido proceso judicial es procedente.... Pero sometida a la supuesta autoridad administrativa de un Consejo de Comunicación, infiltrado por el gobernante, con sanciones que van hasta la amenaza del cierre, si el medio o los periodistas no se someten al despotismo, se trastoca en una forma de censura previa, acota Roldós.
Además, remarca Roldós, la aprobación de la Ley de Comunicación se define con la frase “…para robarte mejor” en la contratación pública que ya se ha visto y denunciado. “En montos y condiciones los mayores actos de corrupción están en Petroproducción, en la época que llaman de la administración naval".

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16.22. Monopolios y abusos mediaticos del Gobierno

El Gobierno tiene en su poder 15 medios de comunicación, entre ellos se incluyen los que fueron incautados al grupo Isaías, ex propietarios del quebrado Filanbanco.
Aunque la Constitución prohíbe los monopolios y oligopolios directos o indirectos, en la propiedad de los medios de comunicación, hay quienes señalan que el Estado incumple esa disposición.
Según el asambleísta Enrique Herrería (Diario Hoy, 7 diciembre 2009), los medios públicos relegan de sus pantallas a quienes se oponen al Régimen porque tendría la consigna de "no reproducir comentarios desfavorables al Gobierno". Por tanto, "hay un monopolio autoritario y concentrador de poder, que ahora pretende controlar a los medios independientes", advierte al referirse al proyecto de Ley de Comunicación que entrará a debate en la Asamblea Nacional.
César Ricaurte, director de Fundamedios, sostiene que hoy por hoy el Estado es el mayor propietario de medios, sin que el proyecto de Ley profundice en el tema sino que "deja abierta la posibilidad para que el Estado continúe acumulando medios".
Para Ricaurte lo que preocupa es la forma en la que los gobiernos utilizan los medios. "Como principio sería bueno que el Estado tenga muchos medios, porque así garantizaría el acceso de la población a una comunicación pluralista y democrática, pero en la práctica vemos que los medios públicos no tiene reglas claras de gestión ni independencia editorial, por lo que son utilizados como instrumentos para reproducir el discurso político del Gobierno”.
Francisco Rosales (Diario Hoy, 7 diciembre 2009) por su parte anota que, las “cadenas” que se pasa por la TV màs de una vez por semana, “son la tortura indignante a la que el ciudadano ecuatoriano está sometido por el abuso insólito del Gobierno de interrumpir cualquier programa, incluyendo los noticiarios de principio de la mañana, para obligarle a escuchar discursos repetidos, arengas populistas o cifras del país. Siempre he creído que las cadenas son el peor atentado a la libertad de expresión y el derecho a leer, ver y escuchar lo que el ciudadano elija. Salvo situaciones verdaderamente extraordinarias de desastres naturales, conflagración interna o conflictos internacionales, el poder público no tiene derecho a imponer su discurso”.
Con las cadenas obligatorias, destaca Rosales, las mayormente afectadas por esa irrupción ilegítima en los hogares son las clases media y popular, que tienen muy limitado acceso a los medios impresos, y cuya información fundamental la reciben por la televisión o la radio. No conozco de ningún país civilizado que someta a sus ciudadanos a escuchar obligatoriamente una sola voz, varias veces a la semana.
El abuso de la autoridad es aún mayor si, como en el caso actual, el Gobierno es propietario del mayor número de canales de televisión de alcance nacional y de múltiples radios, además de al menos dos medios escritos. Resulta más allá de suficiente el manejo sesgado de esos medios para difundir la “verdad” gubernamental y lo que interesa a los altos funcionarios como para,adicionalmente, interrumpir con el mensaje del Gobierno cualquier programa que el televidente o radioescucha hubiese escogido.

El Proyecto de Ley de Comunicación -que entra a debate en la Asamblea Nacional el 10 de diciembre-, que es un conjunto de restricciones a la libertad de expresión, soslaya de manera burda la regulación de los medios públicos y deja mano libre a los Gobiernos para atentar contra la libertad de los ciudadanos. En la reformulación del proyecto -anunciada por diputados del partido de Gobierno-, no se podrá dejar de lado la regulación de los medios estatales que, por tener como propietario al mismo regulador, constituyen el más grave peligro para la libertad, concluye Rosales.
Pero la discusión del proyecto de Ley se difirió. El Gobierno busca asegurar contar por lo menos con 63 votos en la Asamblea, que de momento no los tiene.
Retomada la discusión en la primera semana del mes de febrero 2010, no se avizoran avances.
Para presionar a los gobiernistas a ceder en sus posiciones y concertar una Ley que no viole derechos humanos, el dia jueves 18 de febrero se anuncia una movilización ciudadana en Quito. Su principal convocante es Carlos Vera.

Inyección de fondos para relanzar El Telégrafo y en nuevo diario

Durante 2008 y 2009, el Ministerio de Finanzas, dueño del 99,6% de acciones de El Telégrafo, según el Diario Hoy (30 enero 2010) le habría inyectado unos USD 16 millones para la implementación de un plan que buscaba resolver los problemas financieros y administrativos, ocasionados por perdidas de USD 4,7 millones, arrastradas desde 2007 y 2008.
Esa cifra la determinó la auditora Asergel. Su gerente, Einstein Delgado, en diálogo con HOY, explicó ayer que la empresa está resolviendo sus deficiencias, pero se negó a dar mas detalles.
"Hicimos un preanálisis en octubre y noviembre de 2009, pero no le puedo decir más. A fines de febrero entregaremos un informe a los directivos, pero la empresa está en marcha. Se están cumpliendo el aporte de Finanzas y el plan de recuperación", dijo Delgado. El año pasado, Asergel determinó que la disposición de elevar el tiraje del periódico de 4 000 a más de 20 mil ejemplares por día, sin sustentarlo con mayores ventas y publicidad, pues el diario es de distribución gratuita, fue una de las causas de la crisis, además de elevados gastos administrativos y operativos, entre ellos remodelación del edificio principal y compra de la nueva rotativa.
Ayer (29 enero 2010), miembros de la Redacción del rotativo porteño publicaron una carta abierta, en la que manifiestan su preocupación. En unos de los textos, señalan que: "En los últimos días, hemos conocido de un proyecto que, desde las altas esferas del Gobierno, se piensa implementar, amparado por El Telégrafo, por ahora, con el mismo presupuesto y presumiblemente con los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público, sino con la de un medio gubernamental".

Un nuevo medio propagandista del Gobierno

El Editor General del incautado diario El Telégrafo, Rubén Montoya, (El Universo 1 febrero 2010) ha protestado públicamente por la decisión del Gobierno de crear, a expensas de su presupuesto, un nuevo diario de corte propagandístico.
El Universo se pregunta a través de su editorial: ¿Para qué quiere el régimen otro diario gobiernista, al que se le denominaría “El Compañerito” si la difusión de “la obra de la revolución” ya rebasa ampliamente la tolerancia de los ciudadanos?
No hay escape posible ante el bombardeo publicitario del Gobierno emitido a través de sus periódicos, revistas, emisoras radiales, canales de televisión de señal abierta, en UHF, por cable e internet. Y, en conjunto, estos no reúnen el nivel de credibilidad o aceptación de los medios independientes, quizás por eso se recurre a la propaganda y a la imposición continua de cadenas, así como a los enlaces sabatinos.
¿De cuál de los medios de comunicación de este régimen se puede decir que sean públicos y no órganos de difusión del Gobierno? No cabe entonces destinar más recursos a la propaganda oficial. Al contrario, cabe que se proceda a que se subasten los medios incautados.

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16.21. Sobreprecios y manipulaciones en salud

Irregularidades detectadas por Asambleísta Leonardo Viteri y luego corroboradas por la Unidad de Investigación de El Comercio salió a la luz (10 oct. 2009) y evidenciaron la compra corrupta de 115 ambulancias por el Ministerio de Salud (MSP). Este fue el proceso estrella de la emergencia sanitaria que el Gobierno de la revolución ciudadana comenzó el 11 de marzo de 2007. Esa compra costó USD 3,9 millones.

Al paso del tiempo se constató la pacotilla de compras emprendidas por el citado Ministerio. Se citan los siguientes casos:

Las camillas que llegaron en la ambulancia para el Hospital Pablo Arturo Suárez (norte de Quito) se rompieron y desoldaron en la primera semana de uso.
El personal de mantenimiento colocó un refuerzo metálico, pero luego también se rompieron las ruedas. Estas se cambiaron y se soldaron nuevamente. El piso también debió ser renovado por el deterioro.

Otro campo donde se evidenciaron supuestas irregularidades fue en la compra de sillas de ruedas, cuyo contrato se entregó sin concurso a un militante de Alianza País.

De otra parte, al menos cuatro tipos de equipos médicos adquiridos por el MSP, en un contrato con la empresa “Drager Medical Netherlands BV Zoetermer”, por un monto total de 25’390.025 euros, tienen una diferencia de precios de al menos un 100 por ciento (Expreso 7 oct 2009).
La diferencia se demuestra con ventiladores, unidades de anestesia, incubadoras y termocunas de calor radiante, de exactamente las mismas características que la empresa Drager vendió a varios clientes en Ecuador.

Por ejemplo, según el contrato, el equipo identificado por el código 3.025, que es un Ventilador de Transporte Oxilog 2000 y del que se adquirieron 24 unidades, tiene un precio de 8.997 euros en el contrato.
Al revisar información ingresada al Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentra la factura # 10321867 por la que la propia empresa Drager vendió ese mismo equipo en 4.304,47 euros; se trata de una diferencia del 109% en los valores de esos equipos.
Sucede lo mismo con el ventilador modelo “Savina” de Drager, que lleva el código 3.023 en el contrato. A través del proyecto Oret se compraron 26 equipos de ese tipo a un precio unitario de 23.056 euros.
Pero de acuerdo a la factura #10355043 que reposa en el SRI, la propia Drager vendió ese equipo a un valor de 11.581 euros. La diferencia entre los dos precios es del 99%.
En cuanto a las 11 Unidades de Anestesia Fabius Plus Cirugía Menor (código 3.022) adquiridas mediante el plan Oret a la empresa Drager, se adquirieron a un costo unitario de 24.563 euros.
Pero con la factura 10255876 emitida por Drager a un cliente en el Ecuador, se demuestra que la empresa vendió ese mismo equipo a 11.270,55 euros, la diferencia encontrada es de 118%.
Por las 30 incubadoras NICU adquiridas al consorcio holandés, se estableció un valor individual de 10.594 euros.
Al igual que en los casos anteriores, en la factura # 10255319 que emitió Drager a uno de sus tantos clientes, por la venta de la incubadora “caleo”, de iguales características técnicas, el precio pactado fue de 4.941,09 euros.
Sobre las nueve termocunas de calor radiante adquiridas a un valor unitario de 8.415 por el proyecto, se contrapone una factura, la #10255813, por la que se vendió ese mismo producto, por la misma empresa, pero a un costo de 3.951 euros. Una diferencia de 113%.

Asimismo, el tomógrafo computarizado de 16 slices con accesorios marca Phillips que se adquirió mediante este convenio por un precio de USD 697.759, muestra una diferencia en el costo con relación al de las mismas características que adquirió el IESS para el hospital de Loja, a un valor de USD 410.500, recuerdan ex funcionarios de esa entidad.

León Roldós denunció (El Comercio, 9/9/2009) que el IESS Uno de los genéricos más reclamados, ampicilina de 500 mg, lo negociaron por USD 1,25 la cápsula, dos veces y medio el tope por tabla del Ministerio de Salud USD 0,5. Pero, todavía nada pasa. Esto por miles de cápsulas y por decenas de medicamentos, las pérdidas son cuantiosas.

Leonardo Viteri, Asambleísta por Manabí, principal impulsor de denuncia de irregularidades, se ratificó (Expreso, 7 diciembre 2009) en sus denuncias formuladas en el pasado en contra del Ministerio de Salud. Declaró que las 115 “ambulancias” adquiridas son busetas a las que se les equipó para que tengan apariencia de ambulancias.

Que los costos reales de los varios equipos médicos adquiridos por el Ministerio de Salud mediante el convenio Oret con Holanda, tienen altísimos sobrepecios. De 38 millones de dólares pagados, se tiene una diferencia de precio de 20 millones. Para llegar a esa conclusión se ha estudiado el precio de los equipos en el puerto de embarque (FOB) y el precio en el puerto de destino que incluye seguro y flete (CIF), de acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Eso se ha comparado con el precio de los equipos señalados en el contrato.

Al margen del caso Oret, se ha analizado 25 ítems de otros contratos con el mismo esquema, los cuales, todos tienen sobreprecio.

Y se demuestran sobreprecios hasta de 260% en otras adquisiciones. En camas, por ejemplo, se observa que los pliegos estaban dirigidos a una empresa. Hay camas adquiridas a Perfectecht que salen de Alemania y en Ecuador la declaran precio CIF de USD 4.550 y se la venden al MSP en USD 19.040, asevera Viteri.
Las denuncias fueron acogidas por la Fiscalía. Esta anunció el inicio de una instrucción fiscal por peculado en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang, y varios de sus colaboradores, bajo la acusación de haber violado la Ley de Contratación Pública para favorecer a los contratistas. Esta semana (Expreso, 8 diciembre 2009), solicitará que la Corte Nacional de Justicia le fije día y hora, para formular cargos contra la Ministra y los demás imputados.
Compras de emergencia (Diario Hoy, 4 diciembre 2009) de 370 camas especiales realizadas por el Ministerio de Salud Pública por gripe A pasaron a las bodegas y patio del Hospital Dermatológico Gonzalo González de Quito y no fueron usadas desde hace 6 meses, por cuanto sufrieron daños al momento de ser transportadas o porque fueron mal construídas y están a la espera de que la compañía proveedora las repare.
Según los documentos del MSP, 50 fueron al Eugenio Espejo. Aunque según los registros de ese hospital, por cuestiones de espacio ellos solo recibieron 40, mismas que las devolvieron cuatro meses después de estar embodegadas, pues no eran funcionales para esa casa de salud.
Las camas adquiridas el pasado 9 de junio, por el MSP a la empresa ecuatoriana Enocfe S.A a un costo de USD 450 mil, forman parte de una lista de 68 mil insumos en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno el 28 de abril.
Ningún representante de la cartera de Salud se ha hecho presente en el hospital dermatológico para certificar la entrega-recepción de las camas, según explicó Wladimir Nolivos, administrador de ese centro hospitalario.
"Sin un acta no podemos realizar ningún ingreso de los equipos…”, expresó
Un informe del 8 de diciembre del 2009 (El Comercio 10 enero 2010), señala que de las camas retiradas del Eugenio Espejo, 30 están en el Hospital Gonzalo González y 10 en las Bodegas del Beaterio, al sur de Quito.

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