18.25.1. El reparto de rentas a los gobiernos seccionales
En reiteradas ocasiones el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha realzado que la asignación de fondos a los gobiernos seccionales se han dado de conformidad con los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), de eficiencia y de población, como determina la legislación vigente.
Algunos alcaldes se han mostrado satisfechos porque los recursos subieron. Otros prefieren callar para “no pelearse” con el Gobierno (El Universo 14 febrero 2010).
La rotativa destaca que la distribución de los recursos por habitante es desigual entre los diferentes cantones. Hay ciudades como Arajuno (Pastaza), donde por residente se han asignado USD 508 ; pero en otras, como Portoviejo (Manabí), la cifra llega a USD 62. El Ministerio de Finanzas dice que se aplicó la misma fórmula que en años anteriores, con base en las leyes.
Sin embargo, si se comparan las asignaciones del 2010 con las pasadas, se evidencia que el crecimiento varía mucho de un cantón a otro: entre el 47,73% y el 12,24%, destaca el Municipio de Guayaquil, el que más reclama por las rentas.
Y hay reclamos: “No están considerando la población real. Por ejemplo, dicen que Durán tiene 202.080 habitantes y entregan USD 72 por cada uno, es decir USD 1’734.296; pero estudios nuestros indican que en esta, la ciudad “dormitorio” de Guayaquil, somos 500 mil personas, muchas con necesidades básicas insatisfechas por el crecimiento desordenado a causa de las invasiones”.
Una posición similar es la de Humberto Guillén (SP), alcalde de Portoviejo (Manabí), la ciudad que menos recibe en el país, USD 62 por persona, que equivale a USD 16’880.314 en total, pese a que ¬dice¬ enfrenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), uno de los criterios que se consideran en el reparto, según la legislación.
Por ejemplo, la distribución del agua potable solo llega a 30 mil familias legalizadas en la zona urbana, lo que representa una cobertura del 55%; el otro 45% debe proveerse a través de tanqueros u otros medios.
Guillén, quien dice que le corresponde recibir $ 19’324.000 y que el jueves apoyó la marcha del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, prefiere no comentar sobre posibles criterios políticos en la distribución de recursos (para no pelearse con el régimen).
El trato que se le da a Portoviejo parecido al que se le da a otras ciudades del país.
18.25.2. Guayaquil la urbe más perjudicada
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, manifestó (Expreso, 2 febrero 2010) que los guayaquileños se los trata como ciudadanos de segunda.
Nebot reiteró que el ajuste hecho por el Gobierno, por los reclamos planteados, a las asignaciones correspondiente al año 2010 para los municipios es injusto e irrisorio.
Se “quiere convertir a los guayaquileños en ecuatorianos de segunda categoría”, expresó el mandatario local, tras explicar que en una distribución inicial se pretendía entregar un incremento del 3,80% por igual a todas las ciudades, de lo que recibieron en 2008.
En un segundo cálculo, por la presión ejercida, indicó, el incremento que se realizó no es equitativo para todas, con lo que se perjudica no solo a Guayaquil sino a otras ciudades del país.
En esa segunda asignación, a Guayaquil se le ofrecen USD 175 millones, cifra que el Alcalde calificó de inconstitucional, injusta y una ofensa a los habitantes de esta ciudad.
Reconoció que se eleva la suma, pero de manera desigual y a dedo, en forma discriminatorio y con dedicatoria.
Ciudades como Santa Elena pasan del 3,80% anterior, al 47% de incremento; Quito del 3,80% al 22% de aumento; y Guayaquil, del 3,80% anterior al 14,77%.
Para esa explicación, Nebot se respaldó en un cuadro que muestra las cifras oficiales, entregadas por el Gobierno, mediante las cuales se hace el nuevo cálculo para redistribuir las asignaciones a los municipios.
En ese cuadro se mostró que, pese a ser la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil pasa de USD 158,4 millones a USD 175,1 millones de incremento. Se perjudica aún a la urbe con 17 millones que faltarían para completar los USD 192 millones que por ley le corresponden.
18.25.3. Evidenciada la mayor inequidad
El Ministerio de Finanzas dice (El Universo 14 febrero 2010) que todos los municipios recibirán más este año (2010) respecto al anterior, y es cierto. Pero el aumento ¿es el que debía hacerse?
Sobre esto, la ex asambleísta Martha Roldós (RED) se pregunta: “¿Por qué si, supuestamente, el método de cálculo es igual, las rentas para ciudades como Guayaquil bajaron, comparando la proporcionalidad con los presupuestos de años anteriores?”.
Menciona, por ejemplo, las cifras de las dos publicidades que difundió el propio Gobierno: una sobre las asignaciones a los gobiernos seccionales desde el 2003 al 2010; y la otra, sobre las asignaciones a Guayaquil.
“Según esas cifras, desde el 2005 Guayaquil ha tenido una participación de entre el 16% y el 14% con respecto a la asignación total a los gobiernos seccionales, pero en el 2010 esta participación cae al 8% y tienen el descaro de decir que Guayaquil ha recibido las asignaciones más altas de la historia”, señala.
Por ejemplo, en el 2005, de los USD 694,6 millones transferidos a los gobiernos seccionales, el 16,28% (USD 113,1 millones) se destinó a Guayaquil. Una cifra similar se manejó en los tres primeros años del gobierno de Correa: 2007, 2008 y 2009. En promedio, el actual régimen ha entregado a Guayaquil el 14% de las asignaciones totales de los gobiernos seccionales (un promedio de USD 150 millones de una cifra que ronda los USD 1.000), pero en el 2010 entrega 8,08%: USD 175,2 millones de USD 2.167,6 millones.
La Ley del 15%, vigente desde 1997, señala que se debe asignar este porcentaje de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado a los gobiernos seccionales. Un 70% de ese monto va para los municipios y un 30% para los consejos provinciales. A los cabildos se les entrega el dinero según tres variables macro: un 10% en partes iguales, un 40% según la población y un 50% según las necesidades básicas insatisfechas.
La Constitución señala, en su art. 271, que los gobiernos seccionales participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes del Estado central y de no menos del 5% de los no permanentes, excepto de los de endeudamiento público, destaca Roldós.
El art. 272 añade que la distribución se efectuará según el tamaño y densidad de la población; las NBI, y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, es decir, índice de eficacia.
¿Esto se cumplió en la asignación del Gobierno del 2010? El vicealcalde de Guayaquil, Guillermo Chang, anota la rotativa, cree que no. “Guayaquil es la que más población tiene en todo el país: el 17%. ¿El propio Gobierno no dice que Guayaquil es lo más pobre, lo más inequitativo, lo más desatendido? Si nada ha cambiado en relación a años anteriores en este Gobierno, ¿por qué la participación de Guayaquil con respecto al total cae al 8%?”.
Ante eso, Martha Roldós ironiza: “¿Nos morimos la mitad de los guayaquileños y no nos enteramos? ¿De un año a otro cubrimos las necesidades insatisfechas, aunque el Gobierno promociona lo contrario? Si vamos a jugar con la propaganda que el Gobierno acaba de sacar desde Flor de Bastión, la mujer que aparece allí debe saber que va a majar más lodo si el Gobierno no le da las rentas completas a los municipios”.
Sobre esta materia, León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que si el año 2008 -Correa presidente- a Guayaquil le dio el 14,19% del fondo global de USD 1.074 millones cifras repetidas el 2009, ¿por qué el 2010 le baja a Guayaquil al 8,08% del fondo a repartirse de USD 2.167 millones? La población de Guayaquil es el 17% de la población nacional.
No se trata de Correa y Cordero contra Nebot, o lo contrario, sino del derecho a rentas para Guayaquil.
Si el 2010 el Gobierno al conjunto de gobiernos seccionales le va a dar más del 15% de ingresos permanentes o corrientes y del 5% de no permanentes o de capital, del presupuesto del Estado central, en buena hora, que lo cumpla, pero no a su capricho, sino con las debidas proporciones.
18.25.4. Reliquidación por el año 2009
No se justifica que el 2009 a todos los gobiernos locales se les haya congelado la asignación presupuestaria del 2008, a pesar de que el Presupuesto del 2009 tuvo un importante crecimiento respecto al 2008. Las cifras del 2008 solo eran de garantía mínima, por norma constitucional, destaca León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010).
Si los ingresos del 2009 resultaron superiores, deben reliquidarse los porcentajes ya citados del 15% y del 5%, deduciéndose el endeudamiento externo.
El presupuesto del 2009 se aprobó en diciembre del 2009, transcurridos once meses de ese año.
Roldós reitera que las asignaciones del 2009 deben reliquidarse para todos los gobiernos seccionales, no tienen por qué quedarse en las cifras del 2008, que por la disposición transitoria 14 de la Constitución, solo eran de garantía básica de transferencia, porque los ingresos permanentes o corrientes del 2009 –además hay los no permanentes– fueron superiores a los del 2008, anota León Roldós.
El presupuesto general del Estado del 2009 tuvo ingresos permanentes por USD 9.810,6 millones; e ingresos no permanentes, entre estos el petróleo, excluyendo endeudamiento público, por 3.079 millones de dólares.
Las cifras ajustadas al Estado central, depurando preasignaciones, dan una diferencia por reliquidar de alrededor de USD 500 millones.
¿Van a reclamar los alcaldes y prefectos, o van a mendigar ante Correa para no aparecer coincidiendo con Nebot?
Roldós considera que Guayaquil debe de reclamar de manera altiva sus derechos. Y los que se arrastren pueden ser bonificados, pero al precio de su humillación.
18.25.5. Reforma en pro de la equidad
Frente al maltrato gubernamental que da a Guayaquil en la asignación presupuestaria, Gabriela Calderón de Burgos (El Universo, 10 febrero 2010) considera que el alcalde debe promover una verdadera autonomía, dando respuesta a la interrogante: ¿A dónde debería ir el dinero de los contribuyentes?
Buena parte de las “dádivas” del Gobierno central a los municipios, anota Calderón, son posibles únicamente porque, a través del SRI, primero este recibe dinero de las personas de cada ciudad. De manera que lo que el Gobierno central hace es devolver algo de lo que tomó de cada persona, dándoselo (devolviéndose) al Municipio de su ciudad.
Este sistema ha derivado en que para 2005, de acuerdo a un estudio del Banco Central, los municipios del Ecuador en promedio reciban 67,8% de sus ingresos del Gobierno central.
Los autores del estudio concluyen que esta situación ha resultado en que “la mayor parte de los gobiernos locales no realicen esfuerzos por obtener ingresos propios que les permitan cubrir con sus necesidades de funcionamiento”.
En esto, el economista Martín Krause explica en su libro “Descentralización”, resalta Calderón, que la alta dependencia de las transferencias del Gobierno central convierte a los municipios en “mendigantes de los funcionarios centrales”.
Krause señala, anota Calderón, que en este sistema “los gobiernos locales eluden la políticamente desagradable tarea de recaudar impuestos entre sus votantes; y… evitan también los efectos de la competencia intergubernamental que se originaría en el caso de que financiaran todos sus gastos con sus propios impuestos y mostraran, por lo tanto, distintos niveles de carga fiscal”.
El alcalde podría ser un poco más creativo y liderar una propuesta legislativa que estipule que la mayoría de los impuestos pagados por personas naturales y jurídicas domiciliadas en cada ciudad se gasten en esa ciudad y que sean los municipios de cada cantón los que al principio de cada año le entreguen un porcentaje fijo (e igual para todas las ciudades) al Gobierno central.
El porcentaje de cada municipio tendría que ser fijado de tal manera que siempre la mayoría de lo generado en cada ciudad se quede lo más cerca posible de los ciudadanos.
Las ciudades que generan pocos impuestos podrían recibir fondos extra del presupuesto del Gobierno central para cubrir sus necesidades básicas, siempre y cuando esa transferencia no sea lo suficientemente cuantiosa como para acentuar la relación de dependencia.
Además, se deberían transferir competencias del Gobierno central a los municipios, sobre todo aquellas en las que el Gobierno central ha demostrado su incapacidad (salud, educación, electricidad, generación de empleo, etcétera).
Y cada municipio tendría libertad de decidir qué impuestos necesita para financiar los servicios públicos que sus ciudadanos demandan. Cada municipio recolectaría esos impuestos (incurriendo el costo político de elevarlos si lo hace) y gastaría la mayor parte de lo recaudado en su ciudad, de manera exitosa o no. Los ciudadanos tendrían la libertad de “emigrar” a otro cantón, o en las próximas elecciones elegir a otro alcalde.
El presidente ya no podría tratar como mendigos a los alcaldes ni decir que determinada ciudad ha crecido “gracias al dinero de todos los ecuatorianos”, generando un odio injustificado hacia cualquier ciudad.
Lo dicho sería algo por qué protestar, reclamar y marchar.
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