18.18.1. Validez de los subsidios
Algunos creen que la mejor política fiscal es la que tiene como tarea principal la distribución de la riqueza, para lo cual, estiman necesario impuestos altos y castigadores a los ciudadanos más prósperos para financiar así los gastos en educación, salud, subsidios, transferencias directas o créditos estatales para sectores de alto riesgo, ayudas, etc..
De otra parte, hay quienes creemos que la política fiscal debe tener 2 tareas básicas. La primera es brindar el ambiente adecuado para que los empresarios puedan invertir, aumenten sus demandas por recursos humanos incentivando el empleo y disminuyendo la pobreza. Para esto se necesita una estructura no castigadora de impuestos, que mas bien genere mayores niveles de inversión productiva y en este ambiente de expansión económica –y obviamente de la base tributaria-.
En este segundo escenario Roberto Villacreses L, del Instituto Ecuatoriano de Economìa Polìtica (IEEP), señala (http://www.ieep.org.ec/index) que el Estado tendrá mayores recursos para gastar en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y la segunda tarea de la políticas fiscales es la de administrar y gastar eficientemente los recursos, de forma tal que los dineros que el estado toma de los ciudadanos regrese a nosotros mediante obras y servicios de calidad que beneficien a todos y preferentemente a los que menos tienen (los de extrema pobreza).
Villacreses considera que debe revisarse el principal destino del gasto publico, es decir los principales subsidios, reconociendo los costos que implica mantener esta estructura de transferencias, y lo más importante, observar si se está cumpliendo con el objetivo de beneficiar a los sectores de menores recursos reduciendo así la pobreza o si sólo se los está utilizando para beneficio de unos pocos en desmedro de todos.
Y la revisión que da lugar, de subsidios que más recursos consumen del total del presupuesto del Estado como son los combustibles y el gas, se incorporan algunos otros de menor cuantía, pero de importancia, como los subsidios al crédito que otorgan las financieras nacionales, ni otros de reciente creación, como los subsidios a la urea o a la harina o los créditos no reembolsables que se otorgan,…,
Las situaciones de inequidad, acaparamiento y marginalidad, que se presentan en los sistemas macroeconómicos, da lugar justificativa a la adopción de políticas correctivas.
Villacreses considera que les medidas, en su base conceptual, están para instrumentar mecanismos de transferencias involuntarias desde aquellos que más tienen hacia aquellos que tienen menos o nada. Así surgen los subsidios o transferencias directas. La idea básica es cobrar un impuesto a los que más tienen para distribuirlo entre los que menos tienen.
Esta noción responde, asota Villacreses, a lo que los teóricos de la política fiscal denominan “función de redistribución de ingresos” por parte del Estado, es decir para quienes promueven estas políticas erróneas la riqueza ya está dada y por lo tanto lo único que hay que hacer es repartirla.
Villacreses comenta que “Estos subsidios que otorga el gobierno, pueden canalizarse a través de la oferta o la demanda. En el primer caso, la subvención permite cubrir parte de los costos de producción, y por lo tanto, la gente puede adquirir un bien o servicio por un valor inferior al precio de mercado. En el caso de los subsidios a la demanda, se incrementan los ingresos del receptor para que éste financie la adquisición de ese bien al precio de mercado”.
18.18.2. Mal manejo en el Ecuador
En el caso del Ecuador, señala Villacreses, los subsidios llevan algunas décadas de ser utilizados con el nombre de “inversión social” que, han venido aumentando de forma sistemática cada año, sin embargo no hay una disminución verificable de la pobreza. Al contrario, se han constituido en una forma de perpetuar la miseria y una manera de aumentar la corrupción y los abusos presupuestales al servicio de la burocracia moderna, todo esto bajo la excusa de aumentar la “inversión social”.
El problema, que pasan por alto quienes promueven este tipo de políticas redistributivas, refiere Villacreses, es que esta no genera riqueza, al contrario, en el mediano y largo plazo, tenderìa a que disminuya.
El hecho es, remarca Villacreses, que para destinar recursos hacia estas actividades es necesario primero retirarlos de los sectores más prósperos y eficientes de la sociedad, lo que implica una reducción de parte del capital de estas personas, el mismo que lamentablemente no estarìa disponible para ser reinvertido, ahorrado o consumido, es decir obstaculizando el crecimiento de la producción, que es en última instancia lo único puede mejorar la situación de los ciudadanos.
De igual manera, anota Villacreses, en el Ecuador los subsidios o la “inversión social” han sido utilizados además como forma de ganar adeptos políticos a cambio de dadivas, pues estas “ayudas sociales” son bien acogidas por los grupos de interés. Ejemplo de esto lo encontramos cuando el Presidente Rafael Correa, clientelarmente alentó el consumo subsidiado del gas para los taxistas.
18.18.3. Subsidios alientan el contrabando y la agresividad
Uno de los grandes problemas, por la connotación política que ello conlleva para los regímenes de turno, es el subsidio a los combustibles y al gas licuado de uso doméstico.
En las últimas semanas se ha observado en la frontera con Colombia, la represión al contrabando de combustible hacia Colombia con el consiguiente enfrentamiento de la fuerza pública con los contrabandistas.
Se aprecia, que a consecuencia del desnivel de precios de los combustibles entre el Ecuador y sus vecinos, se genera un intenso contrabando de esos productos, no solo por las fronteras terrestres, sino por la extensa frontera marítima. El Ecuador mantiene desde hace muchos años, un precio altamente subsidiado de los combustibles por razones políticas.
Jorge Vivanco (Expreso, 7 febrero 2010) destaca que si es que ese sacrificio de los ecuatorianos, que son los que pagan el subsidio, favoreciera a los sectores màs pobres, quizá habría una base para mantener este sistema; pero no es así: el precio subsidiado de combustibles constituye un atractivo irresistible para el contrabando. Pero lo peor es que esto produce una distorsión ética, puesto que la Policía y los órganos de control, en actitud sospechosa, no dan la importancia debida a la vigilancia de las fronteras y así no aplican la ley que sí existe en estos casos.
En Tulcán, resalta Vivanco, un hecho asombroso y repudiable tuvo lugar la primera semana de febrero: la Policía localizó un lugar de almacenamiento de combustibles, destinados al contrabando hacia Colombia; al ser descubierto, los dueños de esos combustibles lo derramaron al piso y se produjo un incendio de grandes proporciones. Esta batalla, que es una de tantas, refleja la intensidad de un problema acerca del cual las autoridades respectivas miran para otro lado.
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