18.28. Ejercicio de enajenacion mental para desdolarizar

18.28.1. Un imaginario ejercicio

Ultimas decisiones vinculadas con la liquidez de los bancos ha provocada una alta preocupación en diversos sectores y la potencial amenaza que se cierne respecto de la dolarización.
Frente a estos peligros, Emilio Palacio (El Universo, 18 marzo 2010), aborda el tema sustentándose de un ejercicio mental de uno de los más grandes científicos de la época; y, en una hipótesis derivada de aquella.
Palacio destaca que “Entre las genialidades de Albert Einstein hay una que casi no se menciona: los “experimentos mentales”. Consisten en suponer un acontecimiento hipotético y preguntarse cómo afectaría la realidad. Einstein imaginó por ejemplo qué ocurriría si un astronauta emprendiese un viaje espacial a la velocidad de la luz y volviese a la Tierra varios años después. La respuesta lo ayudó a explicar su Teoría de la Relatividad”.
Relacionado al citado “ejercicio mental”. Palacio formula una suposición, manera de advertencia. “Supongamos, solo supongamos, que llega al poder un demagogo irresponsable dispuesto a acabar con la dolarización para poder imprimir billetes y así comprar la simpatía de los votantes, ya que el dinero de la Caja Fiscal se le está agotando. Imaginemos, también, que este nuevo Mandatario, que ojalá nunca llegue al poder, lo contrata a usted para que diseñe un plan estratégico que permita reventar la dolarización”.
Esto sería un desafío muy grande, ya que si algo no quieren los ecuatorianos de a pie es que salgamos de la dolarización, y al que lo intente muchos estarían tentados a aplicarle la “justicia indígena”, acota Palacio.
Busquemos, pues, la respuesta a esta imaginaria, completamente imaginaria situación, anota Palacio. Lo primero que usted tendría que conseguir es un chico malo a quien echarle la culpa. ¿Y quién es el chico más malo del Ecuador? Los banqueros. Si su cliente lograse culparlos de la quiebra del dólar, todo lo demás sería pan comido.
¿Pero cómo conseguir algo semejante si los banqueros han sido fervientes defensores de la dolarización? Respuesta: “Dejándolos sin liquidez, para que la gente corra a sacar su plata y las imágenes del pánico aparezcan en las pantallas de televisión. Entonces este Presidente irresponsable -que no existe, menos mal- aparecería en televisión para explicar cómo los malvados banqueros quebraron y cómo no le queda más que salir de la dolarización para devaluar y devolverle su dinero a cientos de pequeños depositantes”.
“¿Pero cómo conseguir que los grandes bancos se queden sin liquidez si en estos momentos cargan con miles de millones de dólares ociosos, en su mayoría depositados en cuentas muy seguras en el extranjero?. Respuesta: Obligándolos a depositar ese dinero en el Banco Central, convertido en un agujero negro de cuyas profundidades nadie sabe, ya que hace rato perdió su independencia para transformarse en caja chica del Jefe”.
“Cuando los depositantes se enteren de que sus dólares no están en el banco que ellos eligieron sino en el Banco Central, una pequeña chispa de nerviosismo bastaría para que todo vuele por los aires”.
La conclusión e invocación de Palacio es que: “No permita usted nunca que en el futuro algún demente haga algo así, aunque, por supuesto, hablamos de un peligro inexistente, porque si el Gobierno de Correa no le paga al IESS no es porque no hay plata; y si en los contratos petroleros (caso Ivanhoe) ya se prevé la posibilidad de desdolarizar -como acaba de denunciar León Roldós- es por puro tecnicismo”.

18.28.2. Preferencia por los banqueros que con los burócratas

Con ocasión del debate generado por leyes y regulaciones promovidas por el Gobierno sobre el manejo de reservas de divisas, los ciudadanos hemos podido contemplar a ciertos burócratas y algunos banqueros disputándose el derecho a administrar nuestros dólares.
Frente a ésto, Sebastián Hurtado P. (El Comercio 23 marzo 2010) reflexiona que, “si algún día los ‘padres de la patria’ deciden escuchar la opinión de los depositantes -verdaderos dueños de la mayor parte de los dólares en disputa-, valdría estar preparados para responder a la siguiente pregunta: ¿A quién preferimos confiar nuestros dólares; al burócrata o a los banqueros? Para responderla, Hurtado considera que es conveniente considerar lo siguiente:

1. Mientras nadie nos obliga a entregar nuestros dólares a los banqueros, pues lo hacemos confiados en que saben cómo invertirlos adecuadamente dentro o fuera del país, los burócratas en cambio necesita valerse de un número cada vez mayor de leyes y regulaciones para forzar la inversión de nuestros dólares en el Banco Central, Banco de Fomento, Banco de la Vivienda y otros ‘agujeros negros’ estatales de propiedad de un gobierno que, además, considera ilegítimo devolver el dinero que le han prestado.
2. Los banqueros están obligados a poner aproximadamente USD1 de su capital por cada USD 9 que reciben de los depositantes; los burócratas, en cambio, no solo que tienden a manipular nuestros dólares sin arriesgar ninguno de los suyos, además exigen a la sociedad que le pague un salario -más beneficios- por asignar los recursos que, de otra manera, los mercados financieros asignarían gratuitamente.
3. Mientras los banqueros obtienen ingresos elevados como compensación a sus conocimientos especializados sobre las finanzas, los mercados financieros locales e internacionales y los riesgos; a los burócratas en cambio, nadie los emplearía, excepto el Gobierno.
4. Mientras que los banqueros están obligados a publicar mensualmente sus balances completos; los burócratas, en cambio, no han logrado cuadrar los cuatro sistemas del balance del Banco Central desde hace 14 meses.
5. Mientras los burócratas arruinan el récord crediticio del Estado y sus instituciones, y por ello nadie le presta dinero al país, ahora, pretenden obligar a los banqueros a entregar los dólares de los depositantes para financiar proyectos gubernamentales.
6. Mientras que en un eventual proceso de des-dolarización de la economía banqueros y depositantes veríamos nuestro capital desintegrase, los burócratas en cambio, recuperarían la capacidad de fabricar moneda propia, “soberana” y de ‘reinar’ a su antojo en la nueva realidad monetaria del país.
7. Y es precisamente esta última consideración la que debería impulsarnos a ‘salir corriendo’ cada vez que los ecuatorianos veamos a los burócratas acercarse a nuestros dólares.

Cierto es que los banqueros son oligarcas muy impopulares, pero tomando en cuenta lo aquí mencionado, Hurtado prefiere confiar sus dólares en manos de los profesionales, que en las de cualquier improvisado burócrata.

18.28.3. Gobierno afecta la liquidez de los bancos

La resolución del Banco Central del Ecuador (BCE) que obliga a la banca privada a traer del exterior unos USD 3.284,6 millones, alertó a los banqueros y expertos económicos (El Comercio 17 marzo).
En el pasado mes de febrero, el Directorio del ex instituto emisor dispuso que el 45% de las reservas financieras del país debe calcularse sobre la liquidez total del sector. Por tanto, si esta fue de USD 7.299,2 millones, el porcentaje de Coeficiente de Liquidez Doméstica es de USD 3.284,6 millones.
Esa es la suma que deberá ser repatriada, de acuerdo a una regulación que ordena que el Coeficiente de Liquidez Doméstica debe ser invertido en el país.
Para el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso Mendoza, anota El Comercio, el primer impacto de esta medida va a ser una menor disponibilidad de recursos para el crecimiento del sistema financiero. Esto, debido a que aquellos bancos que no dispongan de liquidez tendrán que captar recursos en el mercado para depositarlos en el BCE.
"Con la decisión tomada por el Banco Central se esta profundizado la intervención estatal en la administración de los bancos, algo que se inició en 2007 y se sigue profundizando", esto va a provocar un menor estimulo para el desarrollo de la producción y generación de empleo, manifiesta Lasso.
Para el ex vocal de la Junta Bancaria, Rodrigo Espinosa Bermeo, la disposición de traer dinero del extranjero no es el único inconveniente, pues el porcentaje es un "atropello".
"La administración de la liquidez bancaria no es competencia del Banco Central; por el contrario, los bancos y su respectiva Superintendencia deben tener esa atribución", añade.
Para el presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, Antonio Acosta, los fondos del Coeficiente de Liquidez Doméstica se sustentan en los depósitos de los clientes de la banca y que estos podrían correr peligro.
De su parte, el analista económico Vicente Albornoz, mira a la medida del BCE como una estrategia política y destaca los cambios que atraviesa el ex instituto emisor. Ahora, “de aprobarse las reformas a la Ley de Régimen Tributario y Banco del Estado, que eliminan de la presentación mensual de balances y los respaldos del BCE, el Ejecutivo podría tomar los fondos del Coeficiente para cubrir problemas de liquidez…..Si se reforma la ley, los sistemas monetarios del BCE ya no deben tener un respaldo del 100% en efectivo".
De otra parte, “los fondos que el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) pretende repatriar hasta el 31 de mayo de mayo próximo, han sido depositados en el exterior por los bancos, por la solvencia que se obtiene con instituciones del extranjero….la inmediatez con la que se puede contar con ese dinero en caso de una emergencia financiera hace aún más seguro dicho respaldo de los depósitos fuera del país … bancos privados ya han actuado de esta forma con anterioridad” manifiesta Albornoz.
Sin embargo, desde marzo del año pasado el BCE, destaca El Comercio, ha venido promoviendo la repatriación de un porcentaje mayor del Coeficiente de Liquidez Doméstica. La explicación del ex presidente del Directorio del Banco Central, Carlos Vallejo fue que "el dinero de los depositantes no puede estar financiando el desarrollo de los Estados Unidos".
Para respaldar dicha postura el Presidente Correa dispuso que USD 1.200 millones que la banca privada tenía en el extranjero debían regresar al Ecuador. De eso regresaron USD 600 millones el año anterior, porque el resto de esos recursos ya se hallaban en el país.
La intención, en ese momento era reactivar los créditos de la banca privada, pero a criterio de Albornoz “el problema de créditos en el país no responde a una negativa en el sector financiero, sino, a la falta de demanda de préstamos por la ciudadanía”.

18.28.4. Atentado a la dolarización, la reserva, la liquidez financiera

León Roldós (El Comercio: 10 y 17 marzo 2010) destaca que el contrato con el que se entregó ilícitamente el bloque 20 de la Amazonía a Ivanhoe Energy Ecuador Inc., emblemático de la corrupción del gobierno, de octubre de 2008. La subcláusula 13.4 establece la posible corrección monetaria y cambiaria a favor de Ivanhoe: “..si se expidieren regulaciones –de entidades del Estado ecuatoriano- que afecten los derechos u obligaciones de la contratista imponiendo cuotas cambiarias o similares, previstos en esta cláusula, en el pago contractual establecido en el contrato, se incluirá un factor de corrección que corrija la afectación económica o financiera de la contratista”.
Sobre esto, Roldós anota que “entre la corrupción de los negocios públicos y la imposición presidencial, el riesgo de forzada desdolarización es preocupante”.
Correa impuso que en la “revolucionaria” Constitución de Montecristi se someta el Banco Central (BCE) a la voluntad presidencial. Y sobre esta base, “aprobada por el pueblo”, se tomaron algunas decisiones antitécnicas que han venido debilitando las reservas en que se sustenta la dolarización.
Una de las inconsultas decisiones, es la reclasificación de la reserva especial de revaluación del oro pasa de ser infracción a la Ley Orgánica de Régimen Monetario -que lo es- a peculado bajo la Ley penal, señala Roldós, la reserva especial debe ser una cuenta contable de ajuste del valor del oro, pero no utilidad, que sólo se produciría si se vende el oro. Y la reserva especial acumulada por años, en noviembre de 2009, llegó a USD 502 millones, lo cual, el Gobierno impuso que se la declare utilidad que terminó transfiriéndosela al Presupuesto y ya se gastaron.
Esto, según Roldós, es “un atraco a la liquidez de las entidades obligadas a depositar sus fondos en el Banco Central, porque el oro no se vendió y el gobierno no podía utilizar su revaluación para apropiarse, complementariamente, de la liquidez de terceros”.
De otra parte, el Instituto de Seguridad Social (IESS), otra dependencia de la voluntad presidencial, que además controla el recién creado Banco del IESS (BIESS), con sus fondos, que son de los trabajadores, son los principales depositantes en el BCE y el mayor adquirente de deuda del Estado de los últimos años.
Pero, desde el 2008 el Estado ha venido acumulando deuda de aportes para la jubilación que sobrepasan los 773,5 millones de dólares, a más de otros ajustes que están en mora.
La política fiscal está arrastrando al IESS, que pasa por minar las reservas de libre disponibilidad.

18.28.5. Ultima reforma daría lugar a falsificación de balances

En la propuesta de reforma a la Ley de Régimen Monetaria que propuso el Presiente Correa se planteaba: “Deróguese el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado”; lo que significaba la eliminación de los cuatro balances del BCE. Además, en una disposición transitoria se indicaba: “Facúltese al director del BCE para realizar un único balance y fusionar los que se extingan por esta ley”. Algo así como que se trata de “licuar” las cuentas, ocultar encajes y uso de los fondos.
Esta propuesta, anota El Universo (18 marzo 2010), generó alarma en la banca privada, debido a que la fusión de balances presuponía que no se haría un manejo claro del encaje bancario que sirve para compensación entre bancos e incluso para el comercio exterior.
Sin embargo, ayer (17 marzo 2010), el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Borja -visiblemente molesto-, ante la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, negó que se quiera crear un solo balance.
A su vez, las más altas autoridades del Banco Central plantearon una reforma y que está siendo tratada en la Comisión de lo Económico de la Asamblea (El Universo, 18 marzo 2010). El gerente de la entidad, Cristian Ruiz; la subgerente Verónica Legarda y el director general bancario Aráuz presentaron otra propuesta a la Comisión de lo Económico, en la cual se indica: “No se estima conveniente que se apruebe esta reforma del proyecto de ley tal como ha sido propuesto”.
La última propuesta de reforma del Central considera que se deben mantener los balances de canje y reserva financiera tal como están ahora y, en cambio si, fusionar los balances de “operaciones” y de “otras operaciones”, para “eliminar potenciales descalces”.
Con la insustentable propuesta de Correa, otra vez, el PhD en economía se ha “vuelto a equivocar”.

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18.27. Decisiones imprudentes o por soberbiania

De las veces, el presidente Rafael Correa viene de caer en discursos y decisiones que terminan por perjudicar al país.
Marco Arauz Ortega (El Comercio, 7 marzo 2010) destaca, que hay una línea demasiado delgada entre la soberanía y la “soberbianía”, que viene a ser algo así como la apreciación sobredimensionada de las posibilidades y los derechos de un país en el concierto internacional, llevada a extremos de manía. Se expresa en discursos y decisiones que desbordan de consecuencias perjudiciales y que a veces obliga a retractaciones públicas.
La “soberbianía”, anota Arauz, a veces resulta de proyectar los argumentos de política interna en la política internacional, como si esta no fuese un enorme y complejo tejido de intereses económicos y políticos que no se puede administrar con bravatas sino con gestiones concretas. Y cita algunos ejemplos,… los mas representativos:

Parque Yasuní - ITT

Hace unos meses se produjeron declaraciones altisonantes y precipitadas contra los posibles donantes de la Iniciativa ITT. El Presidente después se retractó y dio a entender que actuó sin la suficiente información, y hoy trata de enmendar el producto de una acción motivada por desavenencias internas mal resueltas, pero el proyecto para dejar bajo tierra enormes reservas petrolíferas en el Parque Yasuní sufrió un fuerte golpe en su credibilidad a causa de la “soberbianía”.

TLC con la Unión Europea

Otro ejemplo es el modo en que Ecuador se puso al margen del tratado comercial con la Unión Europea, interesada en negociar en bloque con los andinos. Mientras Perú y Colombia avanzaban, Ecuador decidió mantenerse afuera junto a Bolivia, con el argumento de que estaba pendiente una solución a los aranceles bananeros que, sin embargo, seguía su curso y afectaba también a los colombianos. Una vez que Perú y Colombia cerraron el acuerdo, Ecuador se ha visto forzado a tratar de entrar, pero deberá hacerlo bajo condiciones ya establecidas.

Controversiales relaciones internacionales

Pablo Lucio Paredes pregunta (El Universo, 6 marzo 2010) ¿Tiene sentido una OEA sin Estados Unidos? Sí, claro que lo tiene. ¿Por qué no? ¿Por qué no encontrar un espacio de diálogo solo entre latinoamericanos? Pero a una sola condición: que la OEA con Estados Unidos se mantenga también vigente. Hay que tener abiertas diversas puertas de diálogo. El espacio restringido del Grupo Andino (de los vecinos más cercanos), los diálogos Grupo Andino/Mercosur, la Unasur, esta nueva OEA sin Estados Unidos y también la puerta al diálogo con EE.UU. Diversos sitios, diversos enfoques, pero no olvidando que con Estados Unidos tenemos más temas importantes: comercio, inversión, migración etcétera…
Lucio Paredes agrega: ¿la nueva OEA debe incluir a Cuba? Sí, claro. ¿Por qué no?… pero a una sola condición…para decirle verdades sobre su régimen despótico y antidemocrático, para no avergonzarnos guardando silencio sobre la muerte de disidentes y tantas violaciones a los derechos que se dan allí.
Lo grave de todo esto es que excluir a EE.UU. de los diálogos, termina siendo un acto no de soberana dignidad o de estratégica inserción en el mundo, sino de rebeldía adolescente frente al imperio. Nos creemos dignos porque damos la contra a los grandes, y mantenemos, contra corriente, relaciones con Irán (aunque casi nada ganamos, y nos enredamos en círculos financieros peligrosos, aunque pretendamos lo contrario). O jerarquizar relaciones con la ALBA. O el respaldar a Manuel Zelaya para el retorno al poder de Honduras. O…
Mientras tanto, los que miran al mundo como un espacio de oportunidades, se reúnen en el gran bloque del Pacífico en el que nosotros aún no mostramos siquiera las narices (incluso en Chile y Perú ya se han dado reuniones mundiales de este nuevo bloque). Ahí están todos los que cada vez pesan más en el mundo. Pero no nos interesan porque nuestra mirada es hacia adentro, hacia los vecinos del barrio. Olvidamos dos principios esenciales del comercio internacional: a un país pequeño le conviene abrirse al mundo y le conviene hacerlo en los espacios más amplios.
Desgraciadamente o estúpidamente la visión de nuestros gobernantes, es que: abrirse al mundo es un peligro.

Lucha contra lavado de activos

Arauz señala también, el último episodio de la inclusión de Ecuador en la lista del GAFI, entre los países que no colaboran con la lucha contra el lavado de activos. Más allá de la fortísima reacción política, se evidenció que hubo errores de procedimiento por parte del Ecuador dentro del ente regional (Gafisud).

Incidente con Brasil

Arauz menciona también como un caso de “soberbianía” el hecho de que, en lugar de haber superado capítulos que parecían propios de la inexperiencia como el incidente gratuito e improductivo con Brasil cuando se intentó dejar de pagar unilateralmente una deuda con el Banco de Desarrollo de ese país.

Coca Codo Sinclair

Podemos agregar el manejo de este proyecto: en febrero del 2008, se publicitó que el proyecto Coca Codo Sinclair, con estudios iniciados en los años setenta, se realizaría con la empresa Enarsa de Argentina, sin experiencia alguna en proyectos de magnitud. Vino la Presidenta de Argentina y en Carondelet descubrieron la placa de inicio de obras.
León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que el suceso fue todo un fracaso. En septiembre del 2009, Enarsa por problemas financieros, en especial, se retiró y el gobierno ecuatoriano le entregó USD 5,5 millones, por supuestos aportes tangibles e intangibles e intereses, para encubrir lo que inició y terminó como ilícito.
A inicios del 2009 negociaron con empresas chinas la ejecución de los estudios que faltan y la construcción de la obra, con crédito chino.
Una licitación condicionada a un crédito aparentemente amarrado, anota Roldós, llevó a que sólo haya una oferta, la de Shinohidro, por 1.979,6 millones de dólares, que significa un incremento de más cuatrocientos millones de lo estimado un año atrás, sobreprecio explicado por la empresa china porque todavía no hay estudios confiables.
El 5 de octubre del 2009 se firmó el contrato con Shinohidro, pero en espera del financiamiento del Eximbak de China, cuyas condiciones presentadas en diciembre fueron consideradas inaceptables por el gobierno ecuatoriano. Lo lógico era que no se firme el contrato hasta ajustar las condiciones del crédito.
El presidente Correa anunció que esperará hasta el 15 de marzo. Cumplido el plazo, no se concretó el referido financiamiento. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció hoy (Expreso, 17 marzo 2010) que Ecuador suspendió las negociaciones que mantenía con el Eximbank.
La funcionaria explicó que no se pudo concretar un acuerdo debido a que el banco chino establecía fuertes exigencias. “Nos han pedido condiciones que nunca al país se las habían pedido y no vamos a ceder en nuestra soberanía”, precisó.

Garantías y arbitrajes por nuevos préstamos

Los prestamistas internacionales, al constatar que el Presupuesto Fiscal está desfinanciado en más de USD 3.000 millones, estarán reacios a otorgar créditos al Ecuador.
Miguel Macías Carmigniani (El Comercio, 18 marzo 2010) destaca que “Si el Gobierno no acepta someterse a arbitrajes internacionales y continúa denunciando tratados de protección recíprocos de inversiones celebrados con países amigos y renunciando a organismos como al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) duda que haya muchos bancos internacionales de prestigio que financien la construcción de obras de la importancia del complejo petroquímico El Aromo en Manabí. Lo menos que van a requerir es que Ecuador garantice adecuadamente el préstamo que estarían dispuestos a conceder y que cualquier discrepancia que surja respecto del contrato que suscriban sea sometida a arbitraje internacional.
De paso, “cómo puede una compañía multinacional someterse exclusivamente a la jurisdicción ecuatoriana, cuando nuestra Función Judicial lamentablemente adolece de vicios”, arguye Macías.

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18.26 Secuestro del poder ciudadano

18.26.1. Subordinación de la ciudadanía

El anhelo de amplios sectores ciudadanos que apostaron por una democracia abierta y participativa que superara los vicios de la politiquería del pasado, quedó secuestrada ante las manipulaciones de la “revolución ciudadana” que impulsa el Gobierno de Correa.
Pese a las críticas que todavía se expresan en los medios independientes, el proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es cuestionado por su ilegitimidad.
El Comercio (editorial, 16 marzo 2010), destaca que tres de los siete integrantes titulares del Consejo tienen relación con Ricardo Patiño, uno de los más conspicuos colaboradores del Gobierno y ministro en cuatro carteras diferentes. Además, otra de las vocales se identifica con el Gobierno de turno, lo cual la deslegitima.
El Comercio anota que, otros dos vocales han sido cercanos al Movimiento Popular Democrático, MPD. Y el restante ciudadano fue diputado por Sociedad Patriótica y es asesor parlamentario.
Si de lo que se trataba era de garantizar la independencia de la partidocracia y los grupos de poder, el proceso ha sido un rotundo fracaso.
Una de las funciones de estos vocales es ciertamente delicada, pues tendrán que nominar a las autoridades de control, que a su vez, para poder actuar, deberían tener plena independencia del Poder Ejecutivo.
Una vez más y con un ropaje de legalidad se hipoteca una alta función del Estado al poder político.
Así, el “poder ciudadano” nace subordinado.
Para el Universo (editorial 15 marzo 2010), el CPCC es un grupo de personas vinculadas al Gobierno, que solo se representa a sí mismo y con el que los ecuatorianos, en cambio, no se sienten identificados. Un organismo así no tendrá ninguna autoridad moral ni política, por lo que sus resoluciones solo entrarán en vigencia cuando el Presidente de la República así lo disponga.
El Diario Hoy (15 marzo 2010) concibe, que “el nuevo organismo ha sido seleccionado a la carta o en función del actual Gobierno -algunos de ellos son ex altos funcionarios del régimen- para asegurar el dominio de éste en los organismos de control. ¿O alguien cree que un Consejo de Participación integrado por una mayoría afín al Régimen actuará contra los intereses del poder de turno?”.
Para el analista Roberto López (Expreso, 7 febrero 2010), con la designación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) será otro show para hacernos creer que vivimos en democracia.
Y frente a su integración, con allegados al régimen, en especial al canciller Patiño, López pregunta: ¿Usted cree que personas como quien le habla podrían ser parte del Consejo de Participación? Las personas que van allá serán obsecuentes servidores del Gobierno, los que agachen la cabeza y designen a todas las nuevas autoridades de acuerdo con los lineamientos que salgan de Carondelet. Esa, lamentablemente, es la democracia en la que vivimos.

18.26.2. Pernicioso experimento revolucionario

De las múltiples reivindicaciones constitucionales realizadas por la Asamblea de Montecristi que puso en vigencia la XX Constitución, se cuenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Pero esta innovación resulta probablemente el más engañoso de todas.
Felipe Burbano de Lara destaca (Diario Hoy, 16 marzo 2010) que, “una vez que entre en funcionamiento el citado organismo, los ciudadanos habremos sido despojados de la ciudadanía. Tal es el costo y la paradoja en términos políticos. La invención del Quinto Poder se presentó como una fórmula mágica para contrapesar el poder de los partidos y movimientos políticos en el sistema democrático. Pero lo que hizo Montecristi fue politizar, en el mal sentido del término, a la ciudadanía, convirtiéndola en una extensión más del poder político. Por darle poder a la ciudadanía, terminó convirtiéndola en parte del poder”.
Al darle forma política e institucional a través de un Consejo, anota Burbano, “los asambleístas desvirtuaron la ciudadanía como un concepto amplio y genérico, en el que cabemos todos en nuestras múltiples diversidades. No será más un dispositivo general del cual podemos acogernos para diferenciarnos y tomar distancia del poder, movilizarnos, exigir derechos y transparencia, exigir rendición de cuentas o destituir a los malos gobernantes desde las calles. La ciudadanía pasará a formar parte de la racionalidad del poder político, de sus juegos, de sus maniobras, de sus intereses y negociaciones. Lejos de asegurar transparencia, se volverá parte del mismo juego turbio del poder. El Consejo estará allí para desvirtuar a la ciudadanía, para cooptarla, para tomarse su nombre, para negarla como fundamento crítico de la democracia. En el acto mismo de conformación del Consejo, la ciudadanía quedará limitada; alguien se habrá apropiado de ella para hablar en nombre de todos nosotros; y, al hacerlo, nos dejará sin voz y sin espacio. Los ciudadanos seremos suplantados por una cuota de poder”.
“Si la idea de hacer de los ciudadanos parte del poder era en sí misma mala, creer que el Consejo se formaría con personas independientes, sin intereses corporativos ni políticos, resultaba una gigantesca ingenuidad. El resultado del proceso de selección lo muestra con claridad: llegan al Consejo personas promocionadas por organizaciones con intereses corporativos, partidos y movimientos políticos. El Consejo convirtió a la ciudadanía en un nuevo botín político, en un espacio a ser cooptado. El invento constitucional termina en una fórmula bastante perversa: todo el juego del poder tendrá en el Consejo una instancia de legitimación en la ciudadanía. De ese modo, los ciudadanos perdemos capacidad para diferenciarnos y distanciarnos del poder”, acota Burbano.
La ingenuidad de los asambleístas tiene un enorme costo político para la democracia porque nos deja a los ciudadanos desprovistos de ese espacio desde donde podíamos actuar para demandar transparencia y eficacia a la política. Nos han arrebatado la ciudadanía en nombre de un poder ciudadano manipulador. Quienes proclamaron una revolución en nombre de los ciudadanos han terminado llevando a la ciudadanía a su propio juegos de poder, arguye Burbano.

18.26.3. Manipulador poder contra los medios

El presidente de la República señaló (Carlos Jijón, Diario Hoy, 18 marzo 2010) que como en su opinión la comunicación es un servicio público, los medios de comunicación deben rendir cuenta a la ciudadanía por intermedio del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.
El argumento, anota Jijón, le parece falaz y el razonamiento, un sofisma. Y confiesa que ha buscado otro término para referirse al silogismo utilizado por el presidente, pero no encuentro otro que lo describa de manera más certera.
Jijón destaca que es una falacia sostener que la comunicación es un servicio público. Los restaurantes, por ejemplo, atienden al público pero no son un servicio público o la tercenas, los abogados, los actores en un teatro, los taxistas, todos ellos sirven a la gente, pero no constituyen un servicio público por el sencillo hecho de que para ser considerado tal es necesario que sea ejercido por el Estado.
El presidente es un servidor público. Yo no, puntualiza Jijón. “Yo soy un periodista que ejerzo mi derecho a opinar libremente sin que nadie esté obligado a leerme. El presidente, que recibe un salario que pagamos de nuestros impuestos y a quien hemos elegido para que trabaje por el bien de todos, tiene la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Las empresas que manejan medios de comunicación ya son controladas por el Servicio de Rentas Internas, por la Superintendencia de Compañías y por el Ministerio del Trabajo”.
Y le parece descabellado a Jijón, proponer que los medios deben "rendir cuentas" ante un Consejo de Participación Ciudadana afín al Régimen lo que busca es controlar el contenido de dichos medios con la amenaza de una fiscalización latente. Porque el argumento que se trata de vender es que los periodistas realizan una función pública que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar, cuando lo que se está creando es una instancia para que el poder (mediante un Consejo integrado por sus amigos) controle a los propios ciudadanos en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales. Y el camino que se ha escogido para ello, el del veto presidencial a la ley ya aprobada por la Asamblea, es también una desnaturalización del concepto republicano de que, en una democracia, no es el Ejecutivo el que dicta las leyes, sino el Legislativo.
Dice Jijón, que si bien, el presidente de la República es un colegislador y tiene derecho a vetar o proponer modificaciones a las leyes aprobadas por la Asamblea, el camino que se ha diseñado para que sea en la práctica el Ejecutivo el que imponga su criterio, pese a que no ganó la mayoría de las bancadas legislativas, es una trampa leguleya como las que usaba la “nefasta” partidocracia.
Por lo que Jijón acota que es importante que se advierta del mecanismo: “basta que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto en segunda discusión, por ejemplo, de la Ley de Comunicación, para que el presidente lo modifique a través de un veto, y este se consagre como ley al no existir las dos terceras partes de la Asamblea que puedan oponerse. Lo único que queda entonces es no aprobar los proyectos sino se está completamente seguro de que el Ejecutivo no los va a modificar. No queda otra”.

18.26.4. Control de los medios violará la Constitución

Antonio Rodríguez Vicens (El Comercio 23 marzo 2010) destaca que la Constitución de Montecristi, elaborada, aprobada e impuesta por la ‘revolución ciudadana’, en el numeral 2 del artículo 208, al establecer las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, limita la “rendición de cuentas” a las “instituciones y entidades del sector público”, que son las enumeradas taxativamente en el artículo 225. Nadie puede modificar esos textos. En efecto, la Constitución, según el artículo 424, “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”. Todas “las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica”.
Rodríguez cuestiona que, el Presidente Correa, acostumbrado a manipular impunemente las disposiciones de la Constitución y las leyes, al objetar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, afirma que considera que en la ‘rendición de cuentas’ debe “incluirse expresamente a los medios de comunicación social, por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación…” ¿Es posible, mediante una ley, proceder a esta ‘inclusión’, que amplía el ámbito fijado por la Constitución? ¿Los medios de comunicación social privados, personas naturales o jurídicas, por prestar el “servicio público de la comunicación”, se transforman en “instituciones y entidades del sector público”?
La Asamblea Nacional, en el proyecto de ley enviado a la presidencia de la República, no incorporó en la ‘rendición de cuentas’ a los medios de comunicación privados. La Constitución, destaca Rodríguez, en el segundo inciso del artículo 138, al regular el trámite de la objeción parcial, prohíbe expresamente al presidente de la República y a la propia Asamblea “incluir materias no contempladas en el proyecto original”. Según este texto constitucional, ¿debemos entender que la inclusión por el dictador de Carondelet de la rendición de cuentas de los medios de comunicación social privados, no aprobada por la Asamblea, no significa ‘incluir’ una materia distinta, no contemplada en el proyecto?
La obsesión por limitar la libertad de expresión -el debate, la oposición y la crítica- lleva al dictador de Carondelet a la contradicción. Rodríguez acota que al objetar el texto del artículo 89 del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define la ‘rendición de cuentas’ como un proceso que involucra a autoridades, funcionarios y representantes legales que estén “obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y (copulativamente) en la administración de recursos públicos”. ¿Cómo incluir en esta definición a los medios de comunicación privados? ¿Son instituciones del sector público? ¿Qué recursos públicos administran?

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18.25. Represion al desarrollo local continua

18.25.1. El reparto de rentas a los gobiernos seccionales

En reiteradas ocasiones el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha realzado que la asignación de fondos a los gobiernos seccionales se han dado de conformidad con los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), de eficiencia y de población, como determina la legislación vigente.
Algunos alcaldes se han mostrado satisfechos porque los recursos subieron. Otros prefieren callar para “no pelearse” con el Gobierno (El Universo 14 febrero 2010).
La rotativa destaca que la distribución de los recursos por habitante es desigual entre los diferentes cantones. Hay ciudades como Arajuno (Pastaza), donde por residente se han asignado USD 508 ; pero en otras, como Portoviejo (Manabí), la cifra llega a USD 62. El Ministerio de Finanzas dice que se aplicó la misma fórmula que en años anteriores, con base en las leyes.
Sin embargo, si se comparan las asignaciones del 2010 con las pasadas, se evidencia que el crecimiento varía mucho de un cantón a otro: entre el 47,73% y el 12,24%, destaca el Municipio de Guayaquil, el que más reclama por las rentas.
Y hay reclamos: “No están considerando la población real. Por ejemplo, dicen que Durán tiene 202.080 habitantes y entregan USD 72 por cada uno, es decir USD 1’734.296; pero estudios nuestros indican que en esta, la ciudad “dormitorio” de Guayaquil, somos 500 mil personas, muchas con necesidades básicas insatisfechas por el crecimiento desordenado a causa de las invasiones”.

Una posición similar es la de Humberto Guillén (SP), alcalde de Portoviejo (Manabí), la ciudad que menos recibe en el país, USD 62 por persona, que equivale a USD 16’880.314 en total, pese a que ¬dice¬ enfrenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), uno de los criterios que se consideran en el reparto, según la legislación.
Por ejemplo, la distribución del agua potable solo llega a 30 mil familias legalizadas en la zona urbana, lo que representa una cobertura del 55%; el otro 45% debe proveerse a través de tanqueros u otros medios.
Guillén, quien dice que le corresponde recibir $ 19’324.000 y que el jueves apoyó la marcha del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, prefiere no comentar sobre posibles criterios políticos en la distribución de recursos (para no pelearse con el régimen).
El trato que se le da a Portoviejo parecido al que se le da a otras ciudades del país.

18.25.2. Guayaquil la urbe más perjudicada

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, manifestó (Expreso, 2 febrero 2010) que los guayaquileños se los trata como ciudadanos de segunda.
Nebot reiteró que el ajuste hecho por el Gobierno, por los reclamos planteados, a las asignaciones correspondiente al año 2010 para los municipios es injusto e irrisorio.
Se “quiere convertir a los guayaquileños en ecuatorianos de segunda categoría”, expresó el mandatario local, tras explicar que en una distribución inicial se pretendía entregar un incremento del 3,80% por igual a todas las ciudades, de lo que recibieron en 2008.
En un segundo cálculo, por la presión ejercida, indicó, el incremento que se realizó no es equitativo para todas, con lo que se perjudica no solo a Guayaquil sino a otras ciudades del país.
En esa segunda asignación, a Guayaquil se le ofrecen USD 175 millones, cifra que el Alcalde calificó de inconstitucional, injusta y una ofensa a los habitantes de esta ciudad.
Reconoció que se eleva la suma, pero de manera desigual y a dedo, en forma discriminatorio y con dedicatoria.
Ciudades como Santa Elena pasan del 3,80% anterior, al 47% de incremento; Quito del 3,80% al 22% de aumento; y Guayaquil, del 3,80% anterior al 14,77%.
Para esa explicación, Nebot se respaldó en un cuadro que muestra las cifras oficiales, entregadas por el Gobierno, mediante las cuales se hace el nuevo cálculo para redistribuir las asignaciones a los municipios.
En ese cuadro se mostró que, pese a ser la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil pasa de USD 158,4 millones a USD 175,1 millones de incremento. Se perjudica aún a la urbe con 17 millones que faltarían para completar los USD 192 millones que por ley le corresponden.

18.25.3. Evidenciada la mayor inequidad

El Ministerio de Finanzas dice (El Universo 14 febrero 2010) que todos los municipios recibirán más este año (2010) respecto al anterior, y es cierto. Pero el aumento ¿es el que debía hacerse?
Sobre esto, la ex asambleísta Martha Roldós (RED) se pregunta: “¿Por qué si, supuestamente, el método de cálculo es igual, las rentas para ciudades como Guayaquil bajaron, comparando la proporcionalidad con los presupuestos de años anteriores?”.
Menciona, por ejemplo, las cifras de las dos publicidades que difundió el propio Gobierno: una sobre las asignaciones a los gobiernos seccionales desde el 2003 al 2010; y la otra, sobre las asignaciones a Guayaquil.
“Según esas cifras, desde el 2005 Guayaquil ha tenido una participación de entre el 16% y el 14% con respecto a la asignación total a los gobiernos seccionales, pero en el 2010 esta participación cae al 8% y tienen el descaro de decir que Guayaquil ha recibido las asignaciones más altas de la historia”, señala.
Por ejemplo, en el 2005, de los USD 694,6 millones transferidos a los gobiernos seccionales, el 16,28% (USD 113,1 millones) se destinó a Guayaquil. Una cifra similar se manejó en los tres primeros años del gobierno de Correa: 2007, 2008 y 2009. En promedio, el actual régimen ha entregado a Guayaquil el 14% de las asignaciones totales de los gobiernos seccionales (un promedio de USD 150 millones de una cifra que ronda los USD 1.000), pero en el 2010 entrega 8,08%: USD 175,2 millones de USD 2.167,6 millones.
La Ley del 15%, vigente desde 1997, señala que se debe asignar este porcentaje de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado a los gobiernos seccionales. Un 70% de ese monto va para los municipios y un 30% para los consejos provinciales. A los cabildos se les entrega el dinero según tres variables macro: un 10% en partes iguales, un 40% según la población y un 50% según las necesidades básicas insatisfechas.
La Constitución señala, en su art. 271, que los gobiernos seccionales participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes del Estado central y de no menos del 5% de los no permanentes, excepto de los de endeudamiento público, destaca Roldós.
El art. 272 añade que la distribución se efectuará según el tamaño y densidad de la población; las NBI, y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, es decir, índice de eficacia.
¿Esto se cumplió en la asignación del Gobierno del 2010? El vicealcalde de Guayaquil, Guillermo Chang, anota la rotativa, cree que no. “Guayaquil es la que más población tiene en todo el país: el 17%. ¿El propio Gobierno no dice que Guayaquil es lo más pobre, lo más inequitativo, lo más desatendido? Si nada ha cambiado en relación a años anteriores en este Gobierno, ¿por qué la participación de Guayaquil con respecto al total cae al 8%?”.
Ante eso, Martha Roldós ironiza: “¿Nos morimos la mitad de los guayaquileños y no nos enteramos? ¿De un año a otro cubrimos las necesidades insatisfechas, aunque el Gobierno promociona lo contrario? Si vamos a jugar con la propaganda que el Gobierno acaba de sacar desde Flor de Bastión, la mujer que aparece allí debe saber que va a majar más lodo si el Gobierno no le da las rentas completas a los municipios”.
Sobre esta materia, León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que si el año 2008 -Correa presidente- a Guayaquil le dio el 14,19% del fondo global de USD 1.074 millones cifras repetidas el 2009, ¿por qué el 2010 le baja a Guayaquil al 8,08% del fondo a repartirse de USD 2.167 millones? La población de Guayaquil es el 17% de la población nacional.
No se trata de Correa y Cordero contra Nebot, o lo contrario, sino del derecho a rentas para Guayaquil.
Si el 2010 el Gobierno al conjunto de gobiernos seccionales le va a dar más del 15% de ingresos permanentes o corrientes y del 5% de no permanentes o de capital, del presupuesto del Estado central, en buena hora, que lo cumpla, pero no a su capricho, sino con las debidas proporciones.

18.25.4. Reliquidación por el año 2009

No se justifica que el 2009 a todos los gobiernos locales se les haya congelado la asignación presupuestaria del 2008, a pesar de que el Presupuesto del 2009 tuvo un importante crecimiento respecto al 2008. Las cifras del 2008 solo eran de garantía mínima, por norma constitucional, destaca León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010).
Si los ingresos del 2009 resultaron superiores, deben reliquidarse los porcentajes ya citados del 15% y del 5%, deduciéndose el endeudamiento externo.
El presupuesto del 2009 se aprobó en diciembre del 2009, transcurridos once meses de ese año.
Roldós reitera que las asignaciones del 2009 deben reliquidarse para todos los gobiernos seccionales, no tienen por qué quedarse en las cifras del 2008, que por la disposición transitoria 14 de la Constitución, solo eran de garantía básica de transferencia, porque los ingresos permanentes o corrientes del 2009 –además hay los no permanentes– fueron superiores a los del 2008, anota León Roldós.
El presupuesto general del Estado del 2009 tuvo ingresos permanentes por USD 9.810,6 millones; e ingresos no permanentes, entre estos el petróleo, excluyendo endeudamiento público, por 3.079 millones de dólares.
Las cifras ajustadas al Estado central, depurando preasignaciones, dan una diferencia por reliquidar de alrededor de USD 500 millones.
¿Van a reclamar los alcaldes y prefectos, o van a mendigar ante Correa para no aparecer coincidiendo con Nebot?
Roldós considera que Guayaquil debe de reclamar de manera altiva sus derechos. Y los que se arrastren pueden ser bonificados, pero al precio de su humillación.

18.25.5. Reforma en pro de la equidad

Frente al maltrato gubernamental que da a Guayaquil en la asignación presupuestaria, Gabriela Calderón de Burgos (El Universo, 10 febrero 2010) considera que el alcalde debe promover una verdadera autonomía, dando respuesta a la interrogante: ¿A dónde debería ir el dinero de los contribuyentes?
Buena parte de las “dádivas” del Gobierno central a los municipios, anota Calderón, son posibles únicamente porque, a través del SRI, primero este recibe dinero de las personas de cada ciudad. De manera que lo que el Gobierno central hace es devolver algo de lo que tomó de cada persona, dándoselo (devolviéndose) al Municipio de su ciudad.
Este sistema ha derivado en que para 2005, de acuerdo a un estudio del Banco Central, los municipios del Ecuador en promedio reciban 67,8% de sus ingresos del Gobierno central.
Los autores del estudio concluyen que esta situación ha resultado en que “la mayor parte de los gobiernos locales no realicen esfuerzos por obtener ingresos propios que les permitan cubrir con sus necesidades de funcionamiento”.
En esto, el economista Martín Krause explica en su libro “Descentralización”, resalta Calderón, que la alta dependencia de las transferencias del Gobierno central convierte a los municipios en “mendigantes de los funcionarios centrales”.
Krause señala, anota Calderón, que en este sistema “los gobiernos locales eluden la políticamente desagradable tarea de recaudar impuestos entre sus votantes; y… evitan también los efectos de la competencia intergubernamental que se originaría en el caso de que financiaran todos sus gastos con sus propios impuestos y mostraran, por lo tanto, distintos niveles de carga fiscal”.
El alcalde podría ser un poco más creativo y liderar una propuesta legislativa que estipule que la mayoría de los impuestos pagados por personas naturales y jurídicas domiciliadas en cada ciudad se gasten en esa ciudad y que sean los municipios de cada cantón los que al principio de cada año le entreguen un porcentaje fijo (e igual para todas las ciudades) al Gobierno central.
El porcentaje de cada municipio tendría que ser fijado de tal manera que siempre la mayoría de lo generado en cada ciudad se quede lo más cerca posible de los ciudadanos.
Las ciudades que generan pocos impuestos podrían recibir fondos extra del presupuesto del Gobierno central para cubrir sus necesidades básicas, siempre y cuando esa transferencia no sea lo suficientemente cuantiosa como para acentuar la relación de dependencia.
Además, se deberían transferir competencias del Gobierno central a los municipios, sobre todo aquellas en las que el Gobierno central ha demostrado su incapacidad (salud, educación, electricidad, generación de empleo, etcétera).
Y cada municipio tendría libertad de decidir qué impuestos necesita para financiar los servicios públicos que sus ciudadanos demandan. Cada municipio recolectaría esos impuestos (incurriendo el costo político de elevarlos si lo hace) y gastaría la mayor parte de lo recaudado en su ciudad, de manera exitosa o no. Los ciudadanos tendrían la libertad de “emigrar” a otro cantón, o en las próximas elecciones elegir a otro alcalde.
El presidente ya no podría tratar como mendigos a los alcaldes ni decir que determinada ciudad ha crecido “gracias al dinero de todos los ecuatorianos”, generando un odio injustificado hacia cualquier ciudad.
Lo dicho sería algo por qué protestar, reclamar y marchar.

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18.24. Represion y eliminacion de la oposicion

He sentido admiración y una sana envidia por la situación de los chilenos, en el terreno político, pues: el candidato oficialista perdedor Eduardo Frei fue a felicitar a su opositor en su sede por el triunfo logrado; Frei prometió públicamente hacer una “oposición constructiva” a lo que el candidato vencedor, Sebastián Piñera, reaccionó pidiéndole “que fiscalice con rigor pero que tenga una actitud constructiva que nos permita avanzar….”

En su primer discurso como presidente electo, Piñera prometió un gobierno de “unidad nacional”. Si esto no era ya demasiado respeto entre opositores, se volvió a cumplir la tradición chilena de que el presidente saliente (o presidenta -Bachelet- en este caso) desayune con el presidente electo en su residencia el día después de las elecciones.

Gabriela Calderón (El Universo, 20 enero 2010), paradógicamente contrasta y señala que “Nada de esto sucede en nuestro país. Aquí pareciera que solo importa la regla de la mayoría. Se aplica la fórmula de 50%+1=100 y 50%-1=0”.

Calderón destaca que la aplicación de esta regla suele menospreciar y, eventualmente, violar los derechos de los individuos que están en la minoría. Sobre esto, Lord Acton decía que “La prueba más segura para juzgar si un país es verdaderamente libre, es el grado de seguridad del que gozan las minorías”. Giovanni Sartori explica que el derecho a cambiar de opinión de cada miembro de la mayoría depende de la libertad de las minorías a disentir sin miedo a ser reprimidas.

Por eso, anota Calderón, es legítimo y saludable que hayan legisladores, periodistas, intelectuales, cantantes, amas de casa, etcétera, que se opongan (incluso públicamente) a leyes propuestas por el oficialismo o que exigen que se fiscalicen los actos del gobierno de turno.

Calderón compara: en Chile hay una nueva minoría –aquellos que apoyan a la Concertación– y el gobierno de la nueva mayoría de la Coalición empieza por reconocerle a esta minoría su derecho a participar en el cambio y a fiscalizar su gobierno. Aquí en el Ecuador, en cambio,si un legislador de oposición fiscaliza al Gobierno, este es descalificado y se le acusa de que está tratando de “desestabilizarlo”.

El ejemplo más drástico del mal trato del Gobierno de Correa para con la oposición se dio hace tres años, recuerda Calderón. Los legisladores de oposición, autoridades elegidas por voto popular al igual que el ejecutivo, fueron destituidos y a la fuerza de manera inconstitucional y con el aval y complacencia del Presidente.

El mensaje, acota Calderón, que se envió a la sociedad, con la eliminación de la oposición en 2007 sumado a los constantes ataques a cualquier miembro u organización de la sociedad civil que no comulga con los criterios del oficialismo es el siguiente: “aquí no se tolera la disidencia, se la elimina incluso violando la ley suprema”.

Y Calderón resume: Mientras que Chile le muestra al mundo la madurez política de un sólido respeto entre fuerzas políticas opositoras, nosotros en el Ecuador, hemos acabado con cualquier indicio de institucionalidad. Esto debería preocuparnos. Sartori decía que “cuanto más sean suplantadas las estructuras constitucionales, tanto más se llega a un poder absoluto en nombre del pueblo”. Pero, agregaba: “Para que el pueblo ‘tenga poder’ (en serio) la condición irrenunciable es que el pueblo impida cualquier poder ilimitado”. ¿Se acuerdan de los plenos poderes que los ecuatorianos le entregaron al gobierno de Rafael Correa por mayoría aplastante en 2007? Me atrevo a decir que Sartori diría que ese día, con ese voto, falló la vocación democrática de una mayoría de los ecuatorianos.

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18.23. Alfabetizacion y educacion siguen represadas

Las falencias que tiene la educación en el país, no ha sido superadas. El aumento de algunas partidas de profesores, construcción de aulas escolares, dotación de computadoras o “Escuelas del Milenio”, no ayudan a superar las deficiencias de la educación.

18.23.1. Analfabetismo no se ha reducido

El pasado 8 de septiembre el ministro de Educación, Raúl Vallejo, declaró al Ecuador como una “patria alfabetizada”. Sin embargo, hace pocos días, el INEC reveló que el país no está libre de analfabetismo.

El Ministerio hizo esta declaración basado en un estudio de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO); pero uno de los representantes de la institución asegura que en su informe se advertía que las cifras eran sólo proyecciones.

Juan Ponce Jarrín, Subdirector de la FLACSO destacó (Diario Hoy, 3 febrero 2010) que el Régimen usó cifras de la Flacso, a pesar que se recomendó no hacerlo. Obedeció a un momento político y a una oferta de campaña. El ministro habló sin fundamentos técnicos.

En el informe, anota Ponce, fuimos claros en decir que el 2,7% de analfabetismo se aplicaba a nivel de ciertos cantones y lo mejor era esperar la encuesta de hogares del INEC, que arrojó una tasa del 7,7% a nivel nacional.

En esto, los estudiantes alfabetizadores hicieron su trabajo, pero hubo recursos que no fueron bien canalizados. Muchos “alfabetizados” no son capaces de leer y escribir de forma independiente, lo que demuestra que faltó eficacia.

Para confirmar la ligereza con la que el Gobierno trató el tema -quizás en su premura por exhibir resultados de los tres años de gestión “revolucionaria”-, el propio Instituto de Estadística y Censos (INEC), organismo estatal, reveló hace poco que, al contrario del triunfalismo de las declaraciones oficiales y de Correa a la cabeza, entre 2008 y 2009 antes que bajar el índice, subió, al pasar del 7,62% al 7,79% la tasa de ciudadanos que no saben leer ni escribir (Editorial El Comercio, 3 febrero 2010).

Se trató, entonces, de una negligencia culposa que indujo al engaño y que, al menos, debería merecer una investigación y sanción administrativa a todos quienes lo usaron con fines propagandísticos y proselitistas.

18.23.2. Proceso amañado e ineficiente

Ponce señala que la información que manejaba el Ministerio de Educación nunca fue sistematizada. El Ministerio no era capaz de entregar de forma inmediata las listas de personas que, supuestamente, fueron alfabetizadas y hubo que hacer dos talleres con los técnicos de las direcciones provinciales de Educación para levantar una base de datos.

Allí, los funcionarios entregaron nombres y apellidos, pero en muchos casos no existía la cédula de identidad del alfabetizado lo cual se puede prestar a errores. Además, No hubo control de asistencia, ni seguimiento a las personas que llegaron a alfabetizarse. Tampoco hubo informes de supervisión.

En un análisis de Cordes, (Diario Hoy, 2 febrero 2010) se exponen cinco hipótesis para explicar la errada inferencia de una reducción de la tasa de analfabetismo que no corresponde a la realidad: 1) subcobertura de los programas de alfabetización: de los 700 mil analfabetos, solo 95 mil declaran haber participado en algún programa de alfabetización los últimos tres años según la Encuesta de 2009; 2) en muchos de los programas, participaron personas que ya eran alfabetas: los colegiales obligados a alfabetizar se encargaban de ubicar a los analfabetos, y no se contó con mecanismos para verificar esa condición de las personas seleccionadas; 3) los programas tuvieron altos niveles de deserción; 4) problemas de eficacia de los programas: entre los que los terminaron, solo el 10% declaró poder leer y escribir un párrafo con facilidad; 5) problemas de registro de la información: no se centralizó en una base de datos a escala nacional. La apresurada declaración de "Patria Alfabetizada" exige una explicación que, además, permita reorientar los programas para doblegar el analfabetismo.

Bajar la tasa de analfabetismo, anota a su vez Ponce, un 1% en tres años no significa ningún avance ni nada extraordinario, dado que lo mismo hicieron otros Gobierno. Es verdad que el Régimen ha triplicado la inversión en educación, pero el resultado es el mismo y eso da cuenta de un problema de eficiencia en política educativa.
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18.23.3. Para un proceso alfabetizador efectivo

Ponce acota que para que se den cambios y se elimine el analfabetismo, hay que partir evaluando este último proceso con toda claridad y apertura, reconociendo los errores. Pero este reconocimiento de errores se lo debe hacer con la misma magnitud que se hizo la presentación del error. Que no quepe dudas.

Vallejo presentó la declaratoria con estadio lleno en Manta, luego en los enlaces del presidente y lo más tenaz en el Foro Mundial de la Unesco en París.

Y lo menos que merece la ciudadanía es una cadena nacional en la que digan "nos equivocamos".

Luego vendría la sanción a los responsables del engaño, así como, la formulación de un comprensible Plan Estratégico de Eliminación del Analfabetismo, que cuente con los recursos económicos y técnicos suficientes y con veeduría, como con el “Contrato Social”, por ejemplo.

Lamentablemente, nuevamente el Gobierno ha entrado a manipular la política educacional y a estafar la fe pública de los ecuatorianos. El Ministerio ha adoptado la insólita decisión de dar un paso atrás en su declaratoria de “Patria alfabetizada” y, sin más, cambiar a “Patria alfabetizándose” (El Comercio, 3 febrero 2010). Y las metas, y las estrategias y los presupuestos. Nada

18.23.4. Educación sigue siendo mediocre, especialmente en el ámbito rural

Durante décadas, muchos analistas y políticos demagogos han sostenido que la solución "revolucionaria" para la educación en el Ecuador es solamente cuestión de incrementos presupuestarios, y surgieron así propuestas constitucionales que sonaban lindas, como el del 30% del Presupuesto del Estado para educación.

Nadie discute la importancia de contar con recursos suficientes, pero lo fundamental es alcanzar una educación del mejor nivel, competitiva internacionalmente, moderna y científica.

Con su habitual demagogia, este Gobierno ha hecho un despliegue publicitario enfocándose en el notable incremento de los gastos que ha hecho en el sector social, comparándolos con los menguados aportes brindados por los Gobiernos anteriores.

La cantidad de recursos que el Gobierno de la revolución ciudadana ha recibido por los altos precios del petróleo es incomparable no solamente con los últimos Gobiernos, sino probablemente desde el inicio de esta etapa democrática. Pero, ¿las inversiones en general han sido adecuadod?

Raúl Jervis Simmons (Diario Hoy, 5 febrero 2010) destaca que, luego del show con sus socios de la misma izquierda retrógrada y reaccionaria que ha manejado y sigue manejando la educación pública en el Ecuador, ¿ha cambiado algo que no sea la eliminación de cualquier tipo de pago que involucraba con derechos y obligaciones a la comunidad, mientras que ahora dependen de la voluntad omnímoda de las autoridades y de la "lealtad" que profesores y directores deben tener con el Régimen, práctica muy habitual en el clientelismo de los Gobiernos fascistas?

Jervis anota que es bueno que se tecnifiquen algunas escuelas populares y que, ojalá lleguen a tecnificarse todas: con menos gastos en publicidad. Mientras tanto, la educación privada, a la que accede solo un mínimo de la población, incluidos los hijos del presidente de la República, seguirá siendo infinitamente superior.

De otra parte, acota Jervis, tampoco la calidad de la educación mejorará si se insiste en prácticas antiguas y fracasadas del centralismo y no se propende a la lógica descentralización, por ejemplo hacia los municipios, que por su efectividad ha sido exitosa en los países industrializados o a los éxitos alcanzados por la izquierda progresista, como en Chile o Brasil, y no los fracasos de los pseudoizquierdistas de Venezuela o Cuba.

18.23.5. Educación sigue en espera

Que se ha incrementado el presupuesto y se han dado ciertas transformaciones que apuntan a mejorar la calidad de la educación básica y media, es cierto. Ello, no obstante, van quedando para el futuro -que bien puede ser nunca-, decisiones de una trascendencia tal como que en el futuro sin una fuerte voluntad política -infrecuente entre nosotros-, lo que va lográndose vuelva a lo mismo: el país de nadie, más bien dicho, el de la camarilla gobernante.

Son los pasos pendientes, los angoras, un desafío para el Gobierno. A lo mejor se hallan en el limbo, pues son los que demandan mayor camiseta, decisión y empeño, justamente por las resistencias feroces que pueden levantar.

Rodrigo Fierro Benitez (El Comercio 4 febrero 2010) destaca, por ejemplo, que la situación de nuestro país en cuanto al ingreso a los centros de educación superior debería incluirse en una etapa africana, superada hace décadas por los países civilizados. Los miles de bachilleres que luchan por un cupo a los cursos preuniversitarios ofrecen un espectáculo inaudito, de características primitivas, y tanto como que entre los que no logran tal propósito pueden hallarse los mejor dotados.

El absurdo no queda ahí: universidades y politécnicas que no cuentan con los recursos que se requieren para modernizar sus laboratorios, digamos, derrochan sus energías y sus posibilidades en organizar esos cursos preuniversitarios, con el agravante que el currículo no es el mismo a nivel del pequeño país. En Cartas a la Dirección, de este Diario, un bachiller manifestó su inconformidad al señalar que: “Un amigo de Brasil me contó que existía un solo curso preuniversitario para todas las carreras, y solo los mejores puntuados podían optar por la carrera de Medicina”. Desde luego que a universidades y politécnicas no les queda más recurso que organizar preuniversitarios con el propósito de evitar que bachilleres sin una mínima formación y sin la capacidad necesaria inicien carreras profesionales de nivel superior. Es tal el empeño que ponen las víctimas de los pésimos colegios, que para aprobar el preuniversitario se ven en la necesidad de recibir clases adicionales por ayudantes de cátedra o profesores de institutos particulares que viven de tal actividad. Algunos ni con tales auxilios aprueban el preuniversitario, mejor llamarlo propedéutico, dada la orientación que tiene.

A nadie se le ocurrirá negar que es de responsabilidad del Ministerio de Educación formar bachilleres capaces de iniciar estudios superiores, como también cuestionar lo que es usual en los países civilizados: un examen de aptitudes y conocimientos, organizado por un Estado responsable, al que deben someterse todos los bachilleres que se decidan por una carrera universitaria.

Y mientras no se operen cambios cualitativos significativos, la educación seguirá a la deriva. Niños y jóvenes pasarán por los centros educativos, sin pena ni gloria. Sin los conocimientos y destrezas necesarias para empatar con las demandas de los mercados.

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18.22. Mas obras que se ejecutan sin contratos ni planificacion

Abusando del poder, se ejecutan obras algunas veces sin contratos ni planificaciones, y sin que se cumplan los preceptos que estipula la Ley.

Una investigación de El Universo (8 febrero 2010) dejó establecer en el ámbito de la educación, lo siguiente:

En la escuela fiscal Lucila Araujo, ubicada en Bastión Popular, los niños recibían clases a la intemperie mientras el aula tecnológica, que los padres piden que se habilite, pasa cerrada a la espera de computadoras.

Hay una paradoja. Con jornadas de 20 horas, durante 7 días, se adecuaron las aulas tecnológicas de las escuelas Alfredo Portaluppi, Jaime Nebot Velasco, Remigio Romero y General Luis Molina. El esfuerzo sirvió para que el presidente Rafael Correa las inaugure el 24 de abril pasado.

Pero hasta ese día, las obras se realizaron sin que se firme el contrato. Las adecuaciones estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse). Su director, Édison Vallejo, firmó el contrato el 28 de abril, cuatro días después de la inauguración, con Héctor Iván Zambrano.

En ese compromiso, la Dinse incluyó adecuaciones para otras 10 escuelas. Hoy, nueve meses más tarde, las obras aún no han concluído.

Ese día (28 de abril), Vallejo firmó otro contrato de la misma naturaleza con Luis Cevallos, ex asesor en la construcción de las aulas inauguradas por Correa. Se le adjudicaron 17 escuelas, donde las obras tampoco han concluido. Los dos contratos suman USD 235.050.

Los constructores Zambrano y Cevallos narran, en dos oficios enviados a la Dinse del Guayas, que el 16 de abril, el director de la Dinse, Édison Vallejo les envió una carta de invitación y que al día siguiente empezaron a trabajar.

Lo hicieron pese a que el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que “en ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización de los instrumentos expuestos en este artículo (como la suscripción del contrato)”.

Además, según el Código Civil, el contrato es el único instrumento que responsabiliza a las partes. “Antes de eso el contratista no está obligado a hacer la obra ni el contratante a exigir nada”, dijo un experto en contratación pública que pidió la reserva.

Un caso: en la escuela Lucila Araujo García, en Flor de Bastión, los trabajos no han concluido. En el patio, cuatro troncos sostienen una hoja de zinc y una franela que cubren 35 pupitres y un pizarrón.

Era el paralelo B del 4º año de básica, que se llenaba de tierra porque los niños jugaban fútbol a poco metros.

“El polvo, el sol y el viento enfermaron a mi niña”, se quejó Loren Bravo, madre de familia, el mes pasado. Ella contó que Diana, de 10 años, llegó un día a casa con vómito y que el médico sospecha de las condiciones del aula.

La señora dice que su hija podía haber recibido clases en el cuarto pequeño y sin ventanas que la Dinse eligió para instalar el aula tecnológica, y que pasa actualmente cerrado.

Las adecuaciones de ese cuarto, explica la directora, Marisol Castilla, se iniciaron en junio pasado y se detuvieron en noviembre. Como en todas las aulas tecnológicas de la Dinse pertenecientes a estos contratos, aún no hay aire acondicionado, computadoras, proyector ni pizarras electrónicas.

La falta de espacio y la demora se repiten en las escuelas Maritza Thalía Albán y María Ribadeneira de Febres Cordero.

Según el director de la Dinse del Guayas, Andrés Donoso, “las aulas están listas el 95%, por no decir 99... Solo falta hacer adecuaciones pequeñitas para que el cableado se adapte al tipo de tecnología que va a adquirir el Ministerio de Educación”.

Las cláusulas contractuales estipulan 120 días, desde la entrega del anticipo, para que los ingenieros Zambrano y Cevallos entreguen las obras. El pago se efectuó el 7 de mayo, 13 días después de que Correa inauguró las aulas. Los trabajos debieron concluir el 26 de agosto.

El contrato contempla multas por cada día de retraso, pero estas nunca se ejecutaron porque, según Donoso, la demora fue causada por la Dinse.

El funcionario explicó que los contratistas necesitaban que las mesas estén instaladas para calcular en qué lugar iban los enchufes. Pero la compra de esos muebles (otro contrato de la Dinse) se concretó cuando el plazo ya había terminado.

La Dinse también incluyó en la lista de las obras adecuaciones en cuatro escuelas que no tenían aulas disponibles y en tres que ya tenían aulas tecnológicas.

Frente a ello, el 7 y 8 de enero de este año, la Dinse decidió firmar dos contratos complementarios modificatorios que cambiaron el objeto de los compromisos originales. Así, las 14 escuelas adjudicadas a Zambrano se redujeron a 12. Mientras que a Cevallos, que tenía 17, le quitaron 5 y le pusieron 2 diferentes. En total, le quedaron 14.

Un especialista en contratación pública anotó que no existe la figura de “contrato complementario modificatorio”.

Explicó que los contratos modificatorios sirven para rectificar un error de hecho, de transcripción o de cálculo; y los complementarios, para ampliar, modificar o complementar una obra. “Lo que se debió hacer es anular el contrato original e iniciar otro proceso de adjudicación... Es otra obra”, dijo, al tiempo que recordó que la falta de estudios es una causa para declarar nulidad del contrato.

Según la Dinse, la compra de equipos de aire acondicionado está por concretarse. No obstante, en el portal www.compraspublicas.gov.ec no existe ningún proceso de ese tipo.

La compra de computadoras, proyectores (in focus) y pizarras electrónicas está en manos del Ministerio de Educación, que prevé hacerlo entre febrero y marzo

La obra adjudicada al contratista Iván Zambrano ascendió a USD 109.200. En el contrato complementario modificatorio se le aumentaron USD 24.985. Los trabajos de Luis Cevallos costaron USD 125.850.

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18.21. Manipulacion perniciosa en la seguridad social

18.21.1. Seguridad social sin perspectiva de cambio
Con la vigencia de la Constitución del 2008, se tomó la decisión histórica, que el Estado asumiría como responsabilidad propia, la de garantizar y hacer efectivo el ejercicio del pleno derecho de la seguridad social, aumentando la cobertura del mismo y la calidad de los servicios que brinde el IESS.
El problema esta, según Tatiana García (El Universo 19 febrero 2010) que no se establece claramente, cómo se financiará la amplia cobertura, pudiendo convertirse en pura demagogia, y perjudicando directamente a quienes con nuestro trabajo hemos realizado las aportaciones que la ley exige.
El punto es, anota García, que tan solo el 25% de las personas en Ecuador están afiliadas al seguro social, y en justo derecho deberían soportar la cobertura de ese 25%. Mas, esto no es así, ya que hay que sumar también la cobertura del Seguro Social Campesino, que al no tener financiamiento previsto desde su creación, llevaría a la quiebra al sistema de seguridad social, si es que no se toman los correctivos necesarios. Esta falta de previsión empeora todavía si se pretende que ese 25% de aportantes actuales financie al 100%. Es decir, empeorarán la prestación de servicios.
El IESS, recuerda El Diario (17 abril 2009) se creó con el objetivo de que el trabajador o empleado ecuatoriano, con un aporte mensual obligatorio descontado de su sueldo, recibiera la atención, inmediata y precisa, en el momento en que su salud se sienta amenazada. O para acudir en ayuda del afiliado brindándole facilidades de préstamos quirografarios o hipotecarios; y, especialmente, hacer de celoso y eficiente guardián de aquella cesantía justa que debe recibir el trabajador cuando le llegue la edad de la jubilación.
Si bien existen dificultades en todas las prestaciones de servicio (anota El Diario) destacan las falencias en la atención a la salud, mal que hasta ahora el IESS no logra superar, a pesar de los constantes reclamos de los afiliados. Es que resulta increíblemente grosero, inverosímil, atentatorio a la misma salud, por ejemplo, que para casos complicados que requieren de atención especializada, le digan al doliente que debe esperar turno de hasta seis meses. Increíble pero cierto.
Se ha dicho que el problema mayor del IESS es la deuda que el gobierno tiene con él, por lo que este gobierno canceló parte de la mora, pero para meter las manos en su administración y destinar los recursos a otros menesteres.
De continuar así, la peregrinación y las dolencias del afiliado seguirán sin cambios, agravada la situación ahora que el IESS es cada vez es menos de los afiliados y mucho más del gobierno.

18.21.2. Empobrecimiento mayor a los pensionistas y afiliados

El gobierno “revolucionario” de Correa, en julio de 2008, en una demostración mediática de “cambio de época” y no una época de cambios, el Gobierno pagó la “deuda histórica” con el IESS, pero después de haber rebajado su monto de USD 3.400 millones a sólo USD 888 millones, lo cual la oposición y los afiliados y jubilados calificaron de injusto e inequitativo.
Después del “gesto” gobiernista, éste dejó de pagar lo que por Ley debe al IESS, y así, la deuda ha venido avanzando hasta llegar ahora a USD 775 millones, es decir casi lo mismo con que pagó la “deuda histórica”. Eso si no se toman en cuenta “otras deudas”, que dicen los expertos está por sobre los USD 1.200 millones.
Jorge Vivanco (Expreso, 18 marzo 2010) contrastando lo sucedido, destaca, que los jubilados y pensionistas del IESS habían venido exigiendo que se aumenten las miserables pensiones y reciben como un bofetón, un incremento de 10 dólares mensuales. La explicación que da el IESS, es que el Gobierno no paga, desde fines de 2008, el 40% de aportes a las pensiones de jubilación y montepío que debe satisfacer porque así lo dispone la ley.
Mientras tanto, anota Vivanco, la directiva del IESS, bajo la presión del “amigazo” (Ramiro González) que preside el Consejo Directivo, ha hecho inversiones por miles de millones en obras del régimen, lo cual teóricamente está bien, pero en la práctica, el asunto se vuelve dudoso e inseguro.
Si hubiese un mecanismo práctico, bueno sería que jubilados y pensionistas rechacen el aumento que denigra y ofende, que demuestra cómo se concibe y se practica la seguridad social en el país.
Vivanco señala que: las dos razones de la existencia de este dispendioso organismo llamado IESS, es establecer un régimen decente de pensiones jubilares, que asegure una vejez decorosa a quienes entregaron su vida al trabajo bajo dependencia (del gobierno especialmente), pero lo que hace en realidad es condenarlos a la miseria, a la indefensión cuando más necesitan.
Y, la otra prestación fundamental del IESS, es la médica, que no existe en realidad; o existe pero como un sarcasmo. Mejor no hablar por ahora de esto, pues quiero decirles, que hay un plan ladino y cobarde para hacer más cuantioso el saqueo de los fondos del IESS.
Por ahora, queda en manos de los jubilados rechazar el humillante incremento de la pensión, de decir ¡basta! a los directivos del IESS, que no pueden entregar el patrimonio de todos a las vehemencias de un gobierno que ha instaurado una autocracia que se basa en el populismo dadivoso y pernicioso.

18.21.3. Demagogia e inequidad sigue en el IESS

Si alguna conclusión real hay que sacar de los tres años de gobierno de la “involución ciudadana”, es sin duda aquella de que en materia legislativa se ha procedido alocada y apuradamente, lo que ha traído un enorme desperdicio de recursos y, en gran parte, un retroceso en el derecho de los ciudadanos.
En materia de seguridad social, destaca Gregory Gines Vinces (El Universo 23 febrero 2010) el asunto es igual de dramático. En marzo del 2009 la Asamblea, sin estudios técnicos, aprobó reformas (propuestas por el Ejecutivo) a la Ley de Seguridad Social, en cuyo artículo 11 se dispone que el incremento anual de las pensiones por jubilación de invalidez, vejez, incapacidad total o absoluta, de riesgos del trabajo y de montepío, sean igual al porcentaje de inflación del año inmediatamente anterior. Para los incrementos del 2010 se tomó como referencia la inflación del 2009 que estuvo en alrededor de 4,5% y, entonces, a los pensionistas que ganan el básico de 218 dólares el incremento llegó a solo 9,81 dólares; estos pensionistas son la mayoría, por lo cual el Consejo Directivo del IESS decidió un incremento de 10 dólares.
La consabida protesta de los jubilados y pensionistas no se hizo esperar. Frente a esto, señala Gines, ahora resulta que unos “salvadores” asambleístas de Alianza PAIS (Panchana, Gagliardo y otros junto a Ramiro González, también del Gobierno), plantean una nueva reforma demagógica, antitécnica e inequitativa. Ahora se promueve, para reformar la Ley, que el incremento considere una tasa mínima que es el porcentaje de inflación y una tasa máxima que es el porcentaje del rendimiento promedio de las inversiones del IESS en el último año; es decir, entre 4,5% y 7,5%, aproximadamente.
Gines da un ejemplo: si el incremento se mantiene en 4,5%, a un pensionista que gana 980 dólares se le incrementaría 44,10 dólares; es decir, 34,29 dólares más que el que gana 218 dólares.
Y si el incremento fuera de 7,5% el que gana 980 dólares obtendría un aumento de 73,50 dólares; el que gana 218 dólares solo obtendría 16,35 dólares; es decir 57,15 dólares menos.
Después de apenas tres años, para ambos casos y las mismas tasas de incremento, el que gana 218 dólares estaría con: 29,43 dólares o 49,05 dólares de incremento; el que gana 980 dólares estaría con: 132,30 o 220,50 dólares de incremento; es decir, 4,5 veces más que el otro.
Con este tratamiento, el gobierno de la “involución ciudadana”, les daría más a los que más ganan y les daría menos a los que menos ganan.

18.21.4. IESS al servicio del Gobierno

El experto Gregory Gines Vinces (El Universo, 31 diciembre 2009) predice que de la perdida de independencia del Central, del Seguro Social, de las cortes, el presidente Correa nos heredará un pais quebrado, donde todo el dinero de estos años de bonanza estarán en pocas manos de amigos del regimen, los pocos que ha logrado contratos y ponerse junto a la gran “teta” del Estado.
El tema de las inversiones del IESS, destaca Gines, es un buen indicador para determinar qué tan legítimas son las actuaciones de un representante al Consejo Directivo del IESS.
Esta que ha sido una entidad autónoma desde hace más de 60 años, la representación del poder Ejecutivo en dicho organismo debe entendérsela como una forma de garantizar imparcialidad y equilibrio frente a la representación patronal, una especie de catalizador de las aspiraciones y derechos de afiliados, jubilados y pensionistas; pero, sobre todo, de garante de ese ahorro del público a la seguridad social y de impulsor de la obtención de los mejores rendimientos de los dineros de los afiliados.
Salvo pocas honrosas excepciones, el representante del Gobierno al Consejo del IESS se ha convertido en un administrador de la institución, contraviniendo las esenciales funciones de dicho organismo que son las de legislar y fiscalizar, a tal punto de convertirla en un apéndice del Gobierno como ocurre hoy.
El IESS se ha convertido en una dependencia más del Gobierno, lo cual es altamente peligroso no solo para afiliados y jubilados sino para el sistema de seguro social obligatorio en su conjunto.
Mantener una representación de ese tipo en un organismo colegiado tripartito es abusar del poder del Estado en contra de los que verdaderamente aportan a la seguridad social. Algunos me dirán, arguye Gines, ¡pero si los recursos de la seguridad social deberían servir para financiar el desarrollo del Estado! La respuesta es: sí, pero desde una óptica independiente, haciendo que el Estado sea un ofertante más de posibles inversiones y no al revés, como ocurre ahora. Chile es el mejor ejemplo de desempeño independiente de las inversiones, y que han dado excelentes resultados.
Afirmamos, entonces, que lo más saludable es que pensemos en la estructuración de un organismo libre de la representación del gobierno de turno, que lo que ha hecho es ensuciar la autonomía institucional y hacer del IESS un botín político burocrático al servicio del partido o movimiento político triunfante en las elecciones.
Por otra parte, la representación de afiliados y jubilados (actual) deja mucho que desear. Empezando porque fue designado con la aplicación de un reglamento expedido por el presidente Rafael Correa, que fue declarado inconstitucional por el ex Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional), nos da claras muestras de su falta de legitimidad e independencia.
Gines anota, que la jugada del Gobierno (como muchas otras en el campo legal) fue reformar dicho reglamento para posibilitar el nombramiento de un representante afín al Gobierno, que aunque posteriormente dicho reglamento fuera declarado inconstitucional, con la aplicación de otra norma (artículo 278 de la anterior Constitución) dicho representante pueda mantenerse.
Pero el mismo ex Tribunal Constitucional mandó al presidente Correa, con fecha 7 de julio del 2008, expedir un nuevo reglamento para designar al vocal de los afiliados y jubilados, aspecto que después de más de un año seis meses no cumple, convirtiéndose en moroso de incumplimiento de una sentencia constitucional de única instancia e inapelable.

18.21.5. IESS en el financiamiento de inversiones riesgosas y de menor rentabilidad
Nos ha sorprendido a los ecuatorianos la reciente inversión de USD 165 millones al Proyecto Pañacocha que impulsa el Gobierno a través de Petroecuador, para explotación petrolera, sobre todo, por el riesgo asumido en esta operación, ya que el IESS acordó financiar este proyecto de forma similar a un crédito, de forma directa, y a medida que genere ingresos se le pagará dividendos, con un rendimiento del 5% anual. Esto es, menos de lo que se paga al crédito de China garantizado con petróleo, por el que se paga el 7,5% anual. Y tres puntos menos que el rendimiento que ofrecen los papeles de firmas privadas.
Y a mediados del próximo mes (abril 2010) se prevé que empiece a operar el Banco del IESS, en principio, como un banco de inversión, aunque hay fuertes presiones para que lo haga como banco de desarrollo, guiado por las necesidades del Gobierno. Este banco administrará recursos por unos USD 6 300 millones durante este año.
César Sosa (El Comercio, 1 marzo 2010) al analizar las inversiones del IESS en el sector público, observa que aquellas han ganado terreno, producto de las necesidades fiscales y de recursos ociosos en el IESS que buscan opciones de inversión. Cerca del 60% de inversiones se canalizaron al sector público hasta 2009, lo cual muestra dos cosas. Hay más necesidades fiscales que no pueden ser cubiertas con el presupuesto del Estado. Y el sector privado, o no tiene proyectos de inversión o estos son muy escasos, lo cual muestra la debilidad del aparato productivo.
Frente al menor protagonismo del sector privado, los recursos de los afiliados pueden concentrarse aún más en el sector público, pues hay un déficit fiscal de USD 4 000 millones que no se los consigue en el exterior. Y el Banco del IESS (el BIESS) tiene dos argumentos para caer en la tentación: la Superintendencia de Bancos amplió a 75% el porcentaje máximo de inversiones en el sector público y, si el Gobierno presiona, puede hacer uso del voto dirimente que tiene en las decisiones del Banco.

18.21.6. Emergente reforma estructural

De otra parte, el Presidente del Directorio del IESS se ufana de que la entidad ha invertido generosamente sus recursos en financiar obras de desarrollo constantes en el plan de gobierno, ponderando cuan benéficas han sido para la entidad. Pero mientras esto sucede, (Editorial Expreso, 2 febrero 2010) los jubilados se quejan amargamente de las pensiones y de los aumentos anuales que reciben, y los afiliados enfermos que acuden a hospitales institucionales en Guayaquil y otras ciudades, a más de ser sometidos al martirio de las interminables colas y de un centralismo, se enteran de que no hay los medicamentos prescritos por el médico. Es necesario acudir a Quito, cumpliendo trámites interminables, mientras los enfermos de males llamados catastróficos como el cáncer, no pueden interrumpir el tratamiento y han de hacer esfuerzos supremos para comprarlos o resignarse a morir.
Sabemos bien, anota Expreso, que el presupuesto del IESS está estructurado orgánicamente, y que las partidas que se dedican a las diferentes áreas son fijas; entre ellas están la de la atención médica y la de las pensiones jubilares. Estas partidas son calculadas con una mezquindad increíble, sin tomar en cuenta que la atención médica a los afiliados enfermos y las pensiones constituyen los dos principales fines de la seguridad social. Estos dos rubros deben ser mucho mayores pues sirven o deben servir para financiar estas prestaciones, con el propósito de volverlas racionales y dignas, lo cual no sucede, con la circunstancia de que últimamente las inversiones en el sector público hacen temer que, dentro de la crisis que vivimos, se vuelvan insuficientes, lo que sería verdaderamente insufrible para un gran sector de afiliados.
Y no se hable tanto de las inversiones, de la “urgencia” de realizarlas para ganar más réditos; háblese mejor de una reforma fundamental del IESS para racionalizarlo, para modernizarlo, para que brinde servicios de calidad y pensiones dignas. Porque en este aspecto, vivimos la edad primitiva, con las reglas que se impusieron a la institución cuando nació por la década del 30 del siglo pasado.
La reforma estructural del sistema y los cambios para bien de los asegurados, serán posibles, si el IESS recobra su autonomía, se maneja con criterios técnicos, de rentabilidad y de seguridad y a la vez, deja de lado el control del Gobierno.

Más sobre el IESS, consulte el numeral 5 “Uso de fondos del IESS” de la serie “Políticas y Acciones que Empeoran la Pobreza del Ecuador”

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18.20. Pirrico apoyo a los sectores productivos

18.20.1. El socialista reparto de tierras

El Ministerio de Agricultura anunció que las haciendas bajo el poder de la AGD pasarán a asociaciones.
Por esta razón el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) realizó, ayer (El Telégrafo, 19 octubre 2009) el lanzamiento de la política de “Redistribución de Tierras” para pequeños productores, cuyo objetivo es entregar títulos de propiedad a los ocupantes de las haciendas incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
En este marco, el titular del Magap, Ramón Espinel, anunció la creación de brigadas que analizarán cada caso de las 26 haciendas de Guayas, Los Ríos y Manabí, unificadas en la Organización Unión de Pequeños Productores de la Costa, Tierra y Vida.
El acto se realizó en la hacienda La Leopoldina, ubicada en el recinto Puerto Rico, cantón Colimes, sitio en el que se dieron cita cientos de personas que celebraron los anuncios de Espinel.
“Lo primero que haremos es revisar la ley constitutiva del Banco Nacional de Fomento (BNF), para que tenga la representación campesina y deje de ser un ente que financie a la gran hacienda”, manifestó el funcionario.
Además, aseguró que para desarrollar este plan de redistribución decidió saltarse toda la tramitología que se hace en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), organismo que -según su percepción y por la denuncia de los campesinos- necesita reestructurarse.
“Para cambiar el INDA hay que hacer nuevas políticas y eso lleva tiempo, por eso trabajaremos paralelamente y buscaremos la forma de hacer una legalización automática”, dijo Espinel.
.Las propiedades estaban en manos de instituciones financieras actualmente cerradas. “Por ejemplo: La Leopoldina, que está en manos de los campesinos agrupados en la Asociación de Montubios del cantón Colimes, estaba hipotecada al Banco Unión. Ahora se cumplió con todos los trámites y se espera la entrega de títulos”, señaló Milton Yulán, dirigente de la organización campesina.
Los campesinos aclararon que las tierras que les adjudicarán no serán regaladas, sino que pagarán un precio justo por ellas.
Uno de los grandes inconvenientes que tienen los posesionarios de estas tierras es la falta de créditos. Para solucionar este inconveniente el Ministro aseguró que no se esperará a que termine la entrega de títulos (proceso que no tiene fecha definida), sino que se buscará la forma de que los campesinos reciban los créditos sin necesidad de presentar los papeles de propiedad.

Y son alrededor de 100.000 hectáreas serían redistribuidas -en primera instancia- entre las agrupaciones campesinas de la región Costa que se beneficiarán de esta política, manifestó el subsecretario de Agricultura del Litoral, Rafael Guerrero.

18.20.2. Peligros del reparto de tierras

Sergio Seminario V, (El Telégrafo, 1 febrero 2010) de su parte considera que hay peligros en el reparto de tierras y éstos son de que puedan transformarse en minifundios, que se haga un retaceo y que no se le entregue al individuo los instrumentos adecuados.
¿A qué me refiero con esto?, anotó Seminario. En el país hay más de un millón de agricultores que no tienen títulos de propiedad, al no tenerlos no son sujeto de crédito, no entran al sistema productivo nacional, eso debemos evitar, y sería un peligro repartir por repartir sin dar ese instrumento de trabajo.
Seminario destaca que debemos ser muy claros en el sistema, es decir, que no lo tomemos por el lado demagógico, que sería aquí está señores, tienen sus tierras.
Cuando usted entrega tierras tiene que ser otorgadas con un total de elementos, el instrumento principal es lógicamente su título de propiedad. Luego tengo que dar herramientas para que trabaje, no es que le voy a regalar el dinero, pero le voy a dar un crédito con suficiente plazo, en el momento oportuno, para que pueda hacer los trabajos.
Además, hay que preguntarle qué cultivará, ya es hora de que el país comience a racionalizar el uso de las tierras.
Entonces, deberían dirigir, hacer un crédito para los cultivos que el país necesita. Por ejemplo, el trigo, maíz, soya,…
Seminario destaca que “Estamos en redistribución de tierras pero no estamos hablando de una reforma agraria. Creo que la reforma agraria, que se hizo en 1964, fue una iniciativa que trató de hacer algo, pero se olvidó justamente de las herramientas y lo único que hizo fue repartir pobreza”.

18.20.3. Agricultura sigue postergada

La distribución de la tierra no puede ser simplemente la entrega de terrenos para los agricultores, que es lo que precisamente esta ocurriendo con el “Plan Tierras” concebido por el actual Gobierno.
Abel Navas (El Telégrafo, 1 febrero 2010) señala que “El plan Tierras debería significar que entregarán tierras a los campesinos sin tierras. Para eso es necesario hacer un catastro de los agricultores, en el que hay que organizar modelos de desarrollo productivos diferentes a los que se han aplicado hasta ahora. Hay terrenos que -por ejemplo- pueden ser convertidos en unidades de producción, y establecerlas de manera comunitaria para que la gente no las pueda vender”.
Adicionalmente, “a los campesinos hay que organizarlos de manera adecuada y ver los suelos para qué sirven, si son aptos para ganadería, pasto o para cultivar arroz, cacao, café, etc., y adoptar medidas de comercialización justas” destaca Navas.
Considerando que los que gobiernan son “revolucionarios”, Navas considera que debería determinarse la extensión de terreno que requiere un campesino para que sea productivo y genere una rentabilidad justa. Es decir, este programa debe tener esos componentes. Y sobre todo, que esos terrenos lleguen a manos de asociaciones legalmente constituidas para que generen una producción sostenible y sustentable, donde tengan el crédito oportuno, semillas, insumos, asistencia técnica,...
El plan debe funcionar de manera planificada, arguye Navas, porque debe hacerse una redistribución racional, justa y equitativa, pero así mismo, para que la tierra funcione adecuadamente, tiene que pasar por un proceso de organizar a los beneficiarios en unidades que cuiden la producción, la biodiversidad, gente que preserve los ecosistemas, la vida.
Para este fin, será necesario establecer un “Fondo Nacional de Tierras”, que tiene que ser financiado con recursos del Estado.
Mas, si es la entrega de la tierra a cualquier persona y sin ayuda posterior, eso será un desastre.
Por su parte, Sergio Seminario V, (El Telégrafo, 1 febrero 2010) considera que el Estado, que puede promover el ingreso al sistema productivo del país, porque ello permitirá al país garantizar su seguridad alimentaria, al ser entregadas a los pequeños productores, para que ellos a su vez tengan su medio de trabajo.
Indudablemente, acota Seminario, lo que este país tiene es un porvenir agrícola. Tenemos una tierra de primer orden, el clima, un entorno favorable y una cultura de agricultores y eso es importante. Cuando hablo de cultura, hablo de gente que le gusta y sabe de agricultura. Y que necesita, no obstante que se le brinde facilidades para producir.

18.20.4. Círculo vicioso en otorgamiento de crédito

La cartera de créditos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) creció, entre enero del 2009 y enero del 2010, en 48,7% al pasar de $ 422,4 millones a $ 628,5 millones (El Universo, 8 marzo 2010).
La mayor parte de la cartera del 2010, según datos de la Superintendencia de Bancos (unos $ 559,2 millones), fueron para créditos comerciales.
Para Mauricio Peña, viceministro coordinador de la Producción, existe un círculo vicioso en la entrega de recursos de la banca pública, por el cual solo se entregan créditos a quienes tienen activos con los cuales responder al pago. Quien no los tiene, es decir la gente que necesita financiarse, no puede acceder a dicho financiamiento, cuestionó el funcionario.
Una de las prácticas arraigadas es la de ser prudentes en la entrega de recursos y no se presta a aquellos que no tienen garantías y no pueden pagar.
Peña explicó que la idea del Gobierno es implementar herramientas que permitan el acceso con garantías de pago. De hecho lo tiene: hay una línea de “Crédito Asociativo”, para otorgarlo a pequeños productores con garantías quirografarias, cruzadas y solidarias. Pero, al parecer de poco sirve la “facilidad”, porque los créditos disponibles se dirigen al comercio antes que a la producción, y dentro de esta última, llega muy poco a la gran masa de pequeños productores.
Por lo que, es un capítulo pendiente, el articular un estratégico y coherente programa que permita ampliar y maximizar la línea de crédito asociativa. Caso contrario, no se estará facilitando que llegue el cambio al campo. Y la “revolución” no pasará de ser un simple cuento.

18.20.5. Por una auténtica revolución en el agro

Para conmemorar sus 25 años ofreciendo asistencia financiera y becas a bachilleres ecuatorianos de escasos recursos, que aprueben los exámenes de admisión en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, la Fundación Privada Wilson Popenoe trajo al Ecuador al experto Polan Lacki, extensionista en Brasil, ex funcionario de la FAO.
En la conferencia dictada por el experto, el jueves anterior (El Universo, 6 marzo 2010), señaló que: “Nosotros somos unos privilegiados en América Latina porque tenemos gran potencial para generar riqueza y, sin embargo, las desaprovechamos, tenemos grandes tierras, capacidad para generar comida pero no sabemos aprovechar esas potencialidades porque no tenemos conocimiento para aumentar los rendimientos, nadie nos ha enseñado a organizarnos, ni a vender las cosechas y no es culpa del agricultor. Los problemas no hay que resolverlos por vía política, sino por la vía de la ciencia”, dijo Lacki.
Para el especialista agrícola las soluciones de los agricultores no están en las ventanillas de un banco o de una entidad burocrática, sino en los pupitres de una escuela.
“En América Latina los gobiernos siempre han cometido el error de entregar regalos y por mejor que sea su intención están destruyendo la dignidad de los pobres rurales porque les quita la voluntad de solucionar sus problemas con su propio esfuerzo. Los fertilizantes, los créditos, las semillas, las tierras,…si no vienen precedidos de capacitación y educación es un gasto que no funciona y se debe hacer año tras año, y eso se ha venido haciendo por más de 50 años, y por eso no hay presupuestos en los ministerios, porque estamos ofreciendo apoyos perpetualizadores de dependencia cuando deberíamos capacitarlos para aislarlos del paternalismo del gobierno”, recalcó el extensionista.
Recomendó a los productores reclamar por la dotación de una educación de calidad y capacitación de acuerdo a sus necesidades.

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