18.28. Ejercicio de enajenacion mental para desdolarizar

18.28.1. Un imaginario ejercicio

Ultimas decisiones vinculadas con la liquidez de los bancos ha provocada una alta preocupación en diversos sectores y la potencial amenaza que se cierne respecto de la dolarización.
Frente a estos peligros, Emilio Palacio (El Universo, 18 marzo 2010), aborda el tema sustentándose de un ejercicio mental de uno de los más grandes científicos de la época; y, en una hipótesis derivada de aquella.
Palacio destaca que “Entre las genialidades de Albert Einstein hay una que casi no se menciona: los “experimentos mentales”. Consisten en suponer un acontecimiento hipotético y preguntarse cómo afectaría la realidad. Einstein imaginó por ejemplo qué ocurriría si un astronauta emprendiese un viaje espacial a la velocidad de la luz y volviese a la Tierra varios años después. La respuesta lo ayudó a explicar su Teoría de la Relatividad”.
Relacionado al citado “ejercicio mental”. Palacio formula una suposición, manera de advertencia. “Supongamos, solo supongamos, que llega al poder un demagogo irresponsable dispuesto a acabar con la dolarización para poder imprimir billetes y así comprar la simpatía de los votantes, ya que el dinero de la Caja Fiscal se le está agotando. Imaginemos, también, que este nuevo Mandatario, que ojalá nunca llegue al poder, lo contrata a usted para que diseñe un plan estratégico que permita reventar la dolarización”.
Esto sería un desafío muy grande, ya que si algo no quieren los ecuatorianos de a pie es que salgamos de la dolarización, y al que lo intente muchos estarían tentados a aplicarle la “justicia indígena”, acota Palacio.
Busquemos, pues, la respuesta a esta imaginaria, completamente imaginaria situación, anota Palacio. Lo primero que usted tendría que conseguir es un chico malo a quien echarle la culpa. ¿Y quién es el chico más malo del Ecuador? Los banqueros. Si su cliente lograse culparlos de la quiebra del dólar, todo lo demás sería pan comido.
¿Pero cómo conseguir algo semejante si los banqueros han sido fervientes defensores de la dolarización? Respuesta: “Dejándolos sin liquidez, para que la gente corra a sacar su plata y las imágenes del pánico aparezcan en las pantallas de televisión. Entonces este Presidente irresponsable -que no existe, menos mal- aparecería en televisión para explicar cómo los malvados banqueros quebraron y cómo no le queda más que salir de la dolarización para devaluar y devolverle su dinero a cientos de pequeños depositantes”.
“¿Pero cómo conseguir que los grandes bancos se queden sin liquidez si en estos momentos cargan con miles de millones de dólares ociosos, en su mayoría depositados en cuentas muy seguras en el extranjero?. Respuesta: Obligándolos a depositar ese dinero en el Banco Central, convertido en un agujero negro de cuyas profundidades nadie sabe, ya que hace rato perdió su independencia para transformarse en caja chica del Jefe”.
“Cuando los depositantes se enteren de que sus dólares no están en el banco que ellos eligieron sino en el Banco Central, una pequeña chispa de nerviosismo bastaría para que todo vuele por los aires”.
La conclusión e invocación de Palacio es que: “No permita usted nunca que en el futuro algún demente haga algo así, aunque, por supuesto, hablamos de un peligro inexistente, porque si el Gobierno de Correa no le paga al IESS no es porque no hay plata; y si en los contratos petroleros (caso Ivanhoe) ya se prevé la posibilidad de desdolarizar -como acaba de denunciar León Roldós- es por puro tecnicismo”.

18.28.2. Preferencia por los banqueros que con los burócratas

Con ocasión del debate generado por leyes y regulaciones promovidas por el Gobierno sobre el manejo de reservas de divisas, los ciudadanos hemos podido contemplar a ciertos burócratas y algunos banqueros disputándose el derecho a administrar nuestros dólares.
Frente a ésto, Sebastián Hurtado P. (El Comercio 23 marzo 2010) reflexiona que, “si algún día los ‘padres de la patria’ deciden escuchar la opinión de los depositantes -verdaderos dueños de la mayor parte de los dólares en disputa-, valdría estar preparados para responder a la siguiente pregunta: ¿A quién preferimos confiar nuestros dólares; al burócrata o a los banqueros? Para responderla, Hurtado considera que es conveniente considerar lo siguiente:

1. Mientras nadie nos obliga a entregar nuestros dólares a los banqueros, pues lo hacemos confiados en que saben cómo invertirlos adecuadamente dentro o fuera del país, los burócratas en cambio necesita valerse de un número cada vez mayor de leyes y regulaciones para forzar la inversión de nuestros dólares en el Banco Central, Banco de Fomento, Banco de la Vivienda y otros ‘agujeros negros’ estatales de propiedad de un gobierno que, además, considera ilegítimo devolver el dinero que le han prestado.
2. Los banqueros están obligados a poner aproximadamente USD1 de su capital por cada USD 9 que reciben de los depositantes; los burócratas, en cambio, no solo que tienden a manipular nuestros dólares sin arriesgar ninguno de los suyos, además exigen a la sociedad que le pague un salario -más beneficios- por asignar los recursos que, de otra manera, los mercados financieros asignarían gratuitamente.
3. Mientras los banqueros obtienen ingresos elevados como compensación a sus conocimientos especializados sobre las finanzas, los mercados financieros locales e internacionales y los riesgos; a los burócratas en cambio, nadie los emplearía, excepto el Gobierno.
4. Mientras que los banqueros están obligados a publicar mensualmente sus balances completos; los burócratas, en cambio, no han logrado cuadrar los cuatro sistemas del balance del Banco Central desde hace 14 meses.
5. Mientras los burócratas arruinan el récord crediticio del Estado y sus instituciones, y por ello nadie le presta dinero al país, ahora, pretenden obligar a los banqueros a entregar los dólares de los depositantes para financiar proyectos gubernamentales.
6. Mientras que en un eventual proceso de des-dolarización de la economía banqueros y depositantes veríamos nuestro capital desintegrase, los burócratas en cambio, recuperarían la capacidad de fabricar moneda propia, “soberana” y de ‘reinar’ a su antojo en la nueva realidad monetaria del país.
7. Y es precisamente esta última consideración la que debería impulsarnos a ‘salir corriendo’ cada vez que los ecuatorianos veamos a los burócratas acercarse a nuestros dólares.

Cierto es que los banqueros son oligarcas muy impopulares, pero tomando en cuenta lo aquí mencionado, Hurtado prefiere confiar sus dólares en manos de los profesionales, que en las de cualquier improvisado burócrata.

18.28.3. Gobierno afecta la liquidez de los bancos

La resolución del Banco Central del Ecuador (BCE) que obliga a la banca privada a traer del exterior unos USD 3.284,6 millones, alertó a los banqueros y expertos económicos (El Comercio 17 marzo).
En el pasado mes de febrero, el Directorio del ex instituto emisor dispuso que el 45% de las reservas financieras del país debe calcularse sobre la liquidez total del sector. Por tanto, si esta fue de USD 7.299,2 millones, el porcentaje de Coeficiente de Liquidez Doméstica es de USD 3.284,6 millones.
Esa es la suma que deberá ser repatriada, de acuerdo a una regulación que ordena que el Coeficiente de Liquidez Doméstica debe ser invertido en el país.
Para el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso Mendoza, anota El Comercio, el primer impacto de esta medida va a ser una menor disponibilidad de recursos para el crecimiento del sistema financiero. Esto, debido a que aquellos bancos que no dispongan de liquidez tendrán que captar recursos en el mercado para depositarlos en el BCE.
"Con la decisión tomada por el Banco Central se esta profundizado la intervención estatal en la administración de los bancos, algo que se inició en 2007 y se sigue profundizando", esto va a provocar un menor estimulo para el desarrollo de la producción y generación de empleo, manifiesta Lasso.
Para el ex vocal de la Junta Bancaria, Rodrigo Espinosa Bermeo, la disposición de traer dinero del extranjero no es el único inconveniente, pues el porcentaje es un "atropello".
"La administración de la liquidez bancaria no es competencia del Banco Central; por el contrario, los bancos y su respectiva Superintendencia deben tener esa atribución", añade.
Para el presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, Antonio Acosta, los fondos del Coeficiente de Liquidez Doméstica se sustentan en los depósitos de los clientes de la banca y que estos podrían correr peligro.
De su parte, el analista económico Vicente Albornoz, mira a la medida del BCE como una estrategia política y destaca los cambios que atraviesa el ex instituto emisor. Ahora, “de aprobarse las reformas a la Ley de Régimen Tributario y Banco del Estado, que eliminan de la presentación mensual de balances y los respaldos del BCE, el Ejecutivo podría tomar los fondos del Coeficiente para cubrir problemas de liquidez…..Si se reforma la ley, los sistemas monetarios del BCE ya no deben tener un respaldo del 100% en efectivo".
De otra parte, “los fondos que el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) pretende repatriar hasta el 31 de mayo de mayo próximo, han sido depositados en el exterior por los bancos, por la solvencia que se obtiene con instituciones del extranjero….la inmediatez con la que se puede contar con ese dinero en caso de una emergencia financiera hace aún más seguro dicho respaldo de los depósitos fuera del país … bancos privados ya han actuado de esta forma con anterioridad” manifiesta Albornoz.
Sin embargo, desde marzo del año pasado el BCE, destaca El Comercio, ha venido promoviendo la repatriación de un porcentaje mayor del Coeficiente de Liquidez Doméstica. La explicación del ex presidente del Directorio del Banco Central, Carlos Vallejo fue que "el dinero de los depositantes no puede estar financiando el desarrollo de los Estados Unidos".
Para respaldar dicha postura el Presidente Correa dispuso que USD 1.200 millones que la banca privada tenía en el extranjero debían regresar al Ecuador. De eso regresaron USD 600 millones el año anterior, porque el resto de esos recursos ya se hallaban en el país.
La intención, en ese momento era reactivar los créditos de la banca privada, pero a criterio de Albornoz “el problema de créditos en el país no responde a una negativa en el sector financiero, sino, a la falta de demanda de préstamos por la ciudadanía”.

18.28.4. Atentado a la dolarización, la reserva, la liquidez financiera

León Roldós (El Comercio: 10 y 17 marzo 2010) destaca que el contrato con el que se entregó ilícitamente el bloque 20 de la Amazonía a Ivanhoe Energy Ecuador Inc., emblemático de la corrupción del gobierno, de octubre de 2008. La subcláusula 13.4 establece la posible corrección monetaria y cambiaria a favor de Ivanhoe: “..si se expidieren regulaciones –de entidades del Estado ecuatoriano- que afecten los derechos u obligaciones de la contratista imponiendo cuotas cambiarias o similares, previstos en esta cláusula, en el pago contractual establecido en el contrato, se incluirá un factor de corrección que corrija la afectación económica o financiera de la contratista”.
Sobre esto, Roldós anota que “entre la corrupción de los negocios públicos y la imposición presidencial, el riesgo de forzada desdolarización es preocupante”.
Correa impuso que en la “revolucionaria” Constitución de Montecristi se someta el Banco Central (BCE) a la voluntad presidencial. Y sobre esta base, “aprobada por el pueblo”, se tomaron algunas decisiones antitécnicas que han venido debilitando las reservas en que se sustenta la dolarización.
Una de las inconsultas decisiones, es la reclasificación de la reserva especial de revaluación del oro pasa de ser infracción a la Ley Orgánica de Régimen Monetario -que lo es- a peculado bajo la Ley penal, señala Roldós, la reserva especial debe ser una cuenta contable de ajuste del valor del oro, pero no utilidad, que sólo se produciría si se vende el oro. Y la reserva especial acumulada por años, en noviembre de 2009, llegó a USD 502 millones, lo cual, el Gobierno impuso que se la declare utilidad que terminó transfiriéndosela al Presupuesto y ya se gastaron.
Esto, según Roldós, es “un atraco a la liquidez de las entidades obligadas a depositar sus fondos en el Banco Central, porque el oro no se vendió y el gobierno no podía utilizar su revaluación para apropiarse, complementariamente, de la liquidez de terceros”.
De otra parte, el Instituto de Seguridad Social (IESS), otra dependencia de la voluntad presidencial, que además controla el recién creado Banco del IESS (BIESS), con sus fondos, que son de los trabajadores, son los principales depositantes en el BCE y el mayor adquirente de deuda del Estado de los últimos años.
Pero, desde el 2008 el Estado ha venido acumulando deuda de aportes para la jubilación que sobrepasan los 773,5 millones de dólares, a más de otros ajustes que están en mora.
La política fiscal está arrastrando al IESS, que pasa por minar las reservas de libre disponibilidad.

18.28.5. Ultima reforma daría lugar a falsificación de balances

En la propuesta de reforma a la Ley de Régimen Monetaria que propuso el Presiente Correa se planteaba: “Deróguese el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado”; lo que significaba la eliminación de los cuatro balances del BCE. Además, en una disposición transitoria se indicaba: “Facúltese al director del BCE para realizar un único balance y fusionar los que se extingan por esta ley”. Algo así como que se trata de “licuar” las cuentas, ocultar encajes y uso de los fondos.
Esta propuesta, anota El Universo (18 marzo 2010), generó alarma en la banca privada, debido a que la fusión de balances presuponía que no se haría un manejo claro del encaje bancario que sirve para compensación entre bancos e incluso para el comercio exterior.
Sin embargo, ayer (17 marzo 2010), el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Borja -visiblemente molesto-, ante la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, negó que se quiera crear un solo balance.
A su vez, las más altas autoridades del Banco Central plantearon una reforma y que está siendo tratada en la Comisión de lo Económico de la Asamblea (El Universo, 18 marzo 2010). El gerente de la entidad, Cristian Ruiz; la subgerente Verónica Legarda y el director general bancario Aráuz presentaron otra propuesta a la Comisión de lo Económico, en la cual se indica: “No se estima conveniente que se apruebe esta reforma del proyecto de ley tal como ha sido propuesto”.
La última propuesta de reforma del Central considera que se deben mantener los balances de canje y reserva financiera tal como están ahora y, en cambio si, fusionar los balances de “operaciones” y de “otras operaciones”, para “eliminar potenciales descalces”.
Con la insustentable propuesta de Correa, otra vez, el PhD en economía se ha “vuelto a equivocar”.

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18.27. Decisiones imprudentes o por soberbiania

De las veces, el presidente Rafael Correa viene de caer en discursos y decisiones que terminan por perjudicar al país.
Marco Arauz Ortega (El Comercio, 7 marzo 2010) destaca, que hay una línea demasiado delgada entre la soberanía y la “soberbianía”, que viene a ser algo así como la apreciación sobredimensionada de las posibilidades y los derechos de un país en el concierto internacional, llevada a extremos de manía. Se expresa en discursos y decisiones que desbordan de consecuencias perjudiciales y que a veces obliga a retractaciones públicas.
La “soberbianía”, anota Arauz, a veces resulta de proyectar los argumentos de política interna en la política internacional, como si esta no fuese un enorme y complejo tejido de intereses económicos y políticos que no se puede administrar con bravatas sino con gestiones concretas. Y cita algunos ejemplos,… los mas representativos:

Parque Yasuní - ITT

Hace unos meses se produjeron declaraciones altisonantes y precipitadas contra los posibles donantes de la Iniciativa ITT. El Presidente después se retractó y dio a entender que actuó sin la suficiente información, y hoy trata de enmendar el producto de una acción motivada por desavenencias internas mal resueltas, pero el proyecto para dejar bajo tierra enormes reservas petrolíferas en el Parque Yasuní sufrió un fuerte golpe en su credibilidad a causa de la “soberbianía”.

TLC con la Unión Europea

Otro ejemplo es el modo en que Ecuador se puso al margen del tratado comercial con la Unión Europea, interesada en negociar en bloque con los andinos. Mientras Perú y Colombia avanzaban, Ecuador decidió mantenerse afuera junto a Bolivia, con el argumento de que estaba pendiente una solución a los aranceles bananeros que, sin embargo, seguía su curso y afectaba también a los colombianos. Una vez que Perú y Colombia cerraron el acuerdo, Ecuador se ha visto forzado a tratar de entrar, pero deberá hacerlo bajo condiciones ya establecidas.

Controversiales relaciones internacionales

Pablo Lucio Paredes pregunta (El Universo, 6 marzo 2010) ¿Tiene sentido una OEA sin Estados Unidos? Sí, claro que lo tiene. ¿Por qué no? ¿Por qué no encontrar un espacio de diálogo solo entre latinoamericanos? Pero a una sola condición: que la OEA con Estados Unidos se mantenga también vigente. Hay que tener abiertas diversas puertas de diálogo. El espacio restringido del Grupo Andino (de los vecinos más cercanos), los diálogos Grupo Andino/Mercosur, la Unasur, esta nueva OEA sin Estados Unidos y también la puerta al diálogo con EE.UU. Diversos sitios, diversos enfoques, pero no olvidando que con Estados Unidos tenemos más temas importantes: comercio, inversión, migración etcétera…
Lucio Paredes agrega: ¿la nueva OEA debe incluir a Cuba? Sí, claro. ¿Por qué no?… pero a una sola condición…para decirle verdades sobre su régimen despótico y antidemocrático, para no avergonzarnos guardando silencio sobre la muerte de disidentes y tantas violaciones a los derechos que se dan allí.
Lo grave de todo esto es que excluir a EE.UU. de los diálogos, termina siendo un acto no de soberana dignidad o de estratégica inserción en el mundo, sino de rebeldía adolescente frente al imperio. Nos creemos dignos porque damos la contra a los grandes, y mantenemos, contra corriente, relaciones con Irán (aunque casi nada ganamos, y nos enredamos en círculos financieros peligrosos, aunque pretendamos lo contrario). O jerarquizar relaciones con la ALBA. O el respaldar a Manuel Zelaya para el retorno al poder de Honduras. O…
Mientras tanto, los que miran al mundo como un espacio de oportunidades, se reúnen en el gran bloque del Pacífico en el que nosotros aún no mostramos siquiera las narices (incluso en Chile y Perú ya se han dado reuniones mundiales de este nuevo bloque). Ahí están todos los que cada vez pesan más en el mundo. Pero no nos interesan porque nuestra mirada es hacia adentro, hacia los vecinos del barrio. Olvidamos dos principios esenciales del comercio internacional: a un país pequeño le conviene abrirse al mundo y le conviene hacerlo en los espacios más amplios.
Desgraciadamente o estúpidamente la visión de nuestros gobernantes, es que: abrirse al mundo es un peligro.

Lucha contra lavado de activos

Arauz señala también, el último episodio de la inclusión de Ecuador en la lista del GAFI, entre los países que no colaboran con la lucha contra el lavado de activos. Más allá de la fortísima reacción política, se evidenció que hubo errores de procedimiento por parte del Ecuador dentro del ente regional (Gafisud).

Incidente con Brasil

Arauz menciona también como un caso de “soberbianía” el hecho de que, en lugar de haber superado capítulos que parecían propios de la inexperiencia como el incidente gratuito e improductivo con Brasil cuando se intentó dejar de pagar unilateralmente una deuda con el Banco de Desarrollo de ese país.

Coca Codo Sinclair

Podemos agregar el manejo de este proyecto: en febrero del 2008, se publicitó que el proyecto Coca Codo Sinclair, con estudios iniciados en los años setenta, se realizaría con la empresa Enarsa de Argentina, sin experiencia alguna en proyectos de magnitud. Vino la Presidenta de Argentina y en Carondelet descubrieron la placa de inicio de obras.
León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que el suceso fue todo un fracaso. En septiembre del 2009, Enarsa por problemas financieros, en especial, se retiró y el gobierno ecuatoriano le entregó USD 5,5 millones, por supuestos aportes tangibles e intangibles e intereses, para encubrir lo que inició y terminó como ilícito.
A inicios del 2009 negociaron con empresas chinas la ejecución de los estudios que faltan y la construcción de la obra, con crédito chino.
Una licitación condicionada a un crédito aparentemente amarrado, anota Roldós, llevó a que sólo haya una oferta, la de Shinohidro, por 1.979,6 millones de dólares, que significa un incremento de más cuatrocientos millones de lo estimado un año atrás, sobreprecio explicado por la empresa china porque todavía no hay estudios confiables.
El 5 de octubre del 2009 se firmó el contrato con Shinohidro, pero en espera del financiamiento del Eximbak de China, cuyas condiciones presentadas en diciembre fueron consideradas inaceptables por el gobierno ecuatoriano. Lo lógico era que no se firme el contrato hasta ajustar las condiciones del crédito.
El presidente Correa anunció que esperará hasta el 15 de marzo. Cumplido el plazo, no se concretó el referido financiamiento. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció hoy (Expreso, 17 marzo 2010) que Ecuador suspendió las negociaciones que mantenía con el Eximbank.
La funcionaria explicó que no se pudo concretar un acuerdo debido a que el banco chino establecía fuertes exigencias. “Nos han pedido condiciones que nunca al país se las habían pedido y no vamos a ceder en nuestra soberanía”, precisó.

Garantías y arbitrajes por nuevos préstamos

Los prestamistas internacionales, al constatar que el Presupuesto Fiscal está desfinanciado en más de USD 3.000 millones, estarán reacios a otorgar créditos al Ecuador.
Miguel Macías Carmigniani (El Comercio, 18 marzo 2010) destaca que “Si el Gobierno no acepta someterse a arbitrajes internacionales y continúa denunciando tratados de protección recíprocos de inversiones celebrados con países amigos y renunciando a organismos como al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) duda que haya muchos bancos internacionales de prestigio que financien la construcción de obras de la importancia del complejo petroquímico El Aromo en Manabí. Lo menos que van a requerir es que Ecuador garantice adecuadamente el préstamo que estarían dispuestos a conceder y que cualquier discrepancia que surja respecto del contrato que suscriban sea sometida a arbitraje internacional.
De paso, “cómo puede una compañía multinacional someterse exclusivamente a la jurisdicción ecuatoriana, cuando nuestra Función Judicial lamentablemente adolece de vicios”, arguye Macías.

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18.26 Secuestro del poder ciudadano

18.26.1. Subordinación de la ciudadanía

El anhelo de amplios sectores ciudadanos que apostaron por una democracia abierta y participativa que superara los vicios de la politiquería del pasado, quedó secuestrada ante las manipulaciones de la “revolución ciudadana” que impulsa el Gobierno de Correa.
Pese a las críticas que todavía se expresan en los medios independientes, el proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es cuestionado por su ilegitimidad.
El Comercio (editorial, 16 marzo 2010), destaca que tres de los siete integrantes titulares del Consejo tienen relación con Ricardo Patiño, uno de los más conspicuos colaboradores del Gobierno y ministro en cuatro carteras diferentes. Además, otra de las vocales se identifica con el Gobierno de turno, lo cual la deslegitima.
El Comercio anota que, otros dos vocales han sido cercanos al Movimiento Popular Democrático, MPD. Y el restante ciudadano fue diputado por Sociedad Patriótica y es asesor parlamentario.
Si de lo que se trataba era de garantizar la independencia de la partidocracia y los grupos de poder, el proceso ha sido un rotundo fracaso.
Una de las funciones de estos vocales es ciertamente delicada, pues tendrán que nominar a las autoridades de control, que a su vez, para poder actuar, deberían tener plena independencia del Poder Ejecutivo.
Una vez más y con un ropaje de legalidad se hipoteca una alta función del Estado al poder político.
Así, el “poder ciudadano” nace subordinado.
Para el Universo (editorial 15 marzo 2010), el CPCC es un grupo de personas vinculadas al Gobierno, que solo se representa a sí mismo y con el que los ecuatorianos, en cambio, no se sienten identificados. Un organismo así no tendrá ninguna autoridad moral ni política, por lo que sus resoluciones solo entrarán en vigencia cuando el Presidente de la República así lo disponga.
El Diario Hoy (15 marzo 2010) concibe, que “el nuevo organismo ha sido seleccionado a la carta o en función del actual Gobierno -algunos de ellos son ex altos funcionarios del régimen- para asegurar el dominio de éste en los organismos de control. ¿O alguien cree que un Consejo de Participación integrado por una mayoría afín al Régimen actuará contra los intereses del poder de turno?”.
Para el analista Roberto López (Expreso, 7 febrero 2010), con la designación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) será otro show para hacernos creer que vivimos en democracia.
Y frente a su integración, con allegados al régimen, en especial al canciller Patiño, López pregunta: ¿Usted cree que personas como quien le habla podrían ser parte del Consejo de Participación? Las personas que van allá serán obsecuentes servidores del Gobierno, los que agachen la cabeza y designen a todas las nuevas autoridades de acuerdo con los lineamientos que salgan de Carondelet. Esa, lamentablemente, es la democracia en la que vivimos.

18.26.2. Pernicioso experimento revolucionario

De las múltiples reivindicaciones constitucionales realizadas por la Asamblea de Montecristi que puso en vigencia la XX Constitución, se cuenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Pero esta innovación resulta probablemente el más engañoso de todas.
Felipe Burbano de Lara destaca (Diario Hoy, 16 marzo 2010) que, “una vez que entre en funcionamiento el citado organismo, los ciudadanos habremos sido despojados de la ciudadanía. Tal es el costo y la paradoja en términos políticos. La invención del Quinto Poder se presentó como una fórmula mágica para contrapesar el poder de los partidos y movimientos políticos en el sistema democrático. Pero lo que hizo Montecristi fue politizar, en el mal sentido del término, a la ciudadanía, convirtiéndola en una extensión más del poder político. Por darle poder a la ciudadanía, terminó convirtiéndola en parte del poder”.
Al darle forma política e institucional a través de un Consejo, anota Burbano, “los asambleístas desvirtuaron la ciudadanía como un concepto amplio y genérico, en el que cabemos todos en nuestras múltiples diversidades. No será más un dispositivo general del cual podemos acogernos para diferenciarnos y tomar distancia del poder, movilizarnos, exigir derechos y transparencia, exigir rendición de cuentas o destituir a los malos gobernantes desde las calles. La ciudadanía pasará a formar parte de la racionalidad del poder político, de sus juegos, de sus maniobras, de sus intereses y negociaciones. Lejos de asegurar transparencia, se volverá parte del mismo juego turbio del poder. El Consejo estará allí para desvirtuar a la ciudadanía, para cooptarla, para tomarse su nombre, para negarla como fundamento crítico de la democracia. En el acto mismo de conformación del Consejo, la ciudadanía quedará limitada; alguien se habrá apropiado de ella para hablar en nombre de todos nosotros; y, al hacerlo, nos dejará sin voz y sin espacio. Los ciudadanos seremos suplantados por una cuota de poder”.
“Si la idea de hacer de los ciudadanos parte del poder era en sí misma mala, creer que el Consejo se formaría con personas independientes, sin intereses corporativos ni políticos, resultaba una gigantesca ingenuidad. El resultado del proceso de selección lo muestra con claridad: llegan al Consejo personas promocionadas por organizaciones con intereses corporativos, partidos y movimientos políticos. El Consejo convirtió a la ciudadanía en un nuevo botín político, en un espacio a ser cooptado. El invento constitucional termina en una fórmula bastante perversa: todo el juego del poder tendrá en el Consejo una instancia de legitimación en la ciudadanía. De ese modo, los ciudadanos perdemos capacidad para diferenciarnos y distanciarnos del poder”, acota Burbano.
La ingenuidad de los asambleístas tiene un enorme costo político para la democracia porque nos deja a los ciudadanos desprovistos de ese espacio desde donde podíamos actuar para demandar transparencia y eficacia a la política. Nos han arrebatado la ciudadanía en nombre de un poder ciudadano manipulador. Quienes proclamaron una revolución en nombre de los ciudadanos han terminado llevando a la ciudadanía a su propio juegos de poder, arguye Burbano.

18.26.3. Manipulador poder contra los medios

El presidente de la República señaló (Carlos Jijón, Diario Hoy, 18 marzo 2010) que como en su opinión la comunicación es un servicio público, los medios de comunicación deben rendir cuenta a la ciudadanía por intermedio del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.
El argumento, anota Jijón, le parece falaz y el razonamiento, un sofisma. Y confiesa que ha buscado otro término para referirse al silogismo utilizado por el presidente, pero no encuentro otro que lo describa de manera más certera.
Jijón destaca que es una falacia sostener que la comunicación es un servicio público. Los restaurantes, por ejemplo, atienden al público pero no son un servicio público o la tercenas, los abogados, los actores en un teatro, los taxistas, todos ellos sirven a la gente, pero no constituyen un servicio público por el sencillo hecho de que para ser considerado tal es necesario que sea ejercido por el Estado.
El presidente es un servidor público. Yo no, puntualiza Jijón. “Yo soy un periodista que ejerzo mi derecho a opinar libremente sin que nadie esté obligado a leerme. El presidente, que recibe un salario que pagamos de nuestros impuestos y a quien hemos elegido para que trabaje por el bien de todos, tiene la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Las empresas que manejan medios de comunicación ya son controladas por el Servicio de Rentas Internas, por la Superintendencia de Compañías y por el Ministerio del Trabajo”.
Y le parece descabellado a Jijón, proponer que los medios deben "rendir cuentas" ante un Consejo de Participación Ciudadana afín al Régimen lo que busca es controlar el contenido de dichos medios con la amenaza de una fiscalización latente. Porque el argumento que se trata de vender es que los periodistas realizan una función pública que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar, cuando lo que se está creando es una instancia para que el poder (mediante un Consejo integrado por sus amigos) controle a los propios ciudadanos en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales. Y el camino que se ha escogido para ello, el del veto presidencial a la ley ya aprobada por la Asamblea, es también una desnaturalización del concepto republicano de que, en una democracia, no es el Ejecutivo el que dicta las leyes, sino el Legislativo.
Dice Jijón, que si bien, el presidente de la República es un colegislador y tiene derecho a vetar o proponer modificaciones a las leyes aprobadas por la Asamblea, el camino que se ha diseñado para que sea en la práctica el Ejecutivo el que imponga su criterio, pese a que no ganó la mayoría de las bancadas legislativas, es una trampa leguleya como las que usaba la “nefasta” partidocracia.
Por lo que Jijón acota que es importante que se advierta del mecanismo: “basta que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto en segunda discusión, por ejemplo, de la Ley de Comunicación, para que el presidente lo modifique a través de un veto, y este se consagre como ley al no existir las dos terceras partes de la Asamblea que puedan oponerse. Lo único que queda entonces es no aprobar los proyectos sino se está completamente seguro de que el Ejecutivo no los va a modificar. No queda otra”.

18.26.4. Control de los medios violará la Constitución

Antonio Rodríguez Vicens (El Comercio 23 marzo 2010) destaca que la Constitución de Montecristi, elaborada, aprobada e impuesta por la ‘revolución ciudadana’, en el numeral 2 del artículo 208, al establecer las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, limita la “rendición de cuentas” a las “instituciones y entidades del sector público”, que son las enumeradas taxativamente en el artículo 225. Nadie puede modificar esos textos. En efecto, la Constitución, según el artículo 424, “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”. Todas “las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica”.
Rodríguez cuestiona que, el Presidente Correa, acostumbrado a manipular impunemente las disposiciones de la Constitución y las leyes, al objetar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, afirma que considera que en la ‘rendición de cuentas’ debe “incluirse expresamente a los medios de comunicación social, por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación…” ¿Es posible, mediante una ley, proceder a esta ‘inclusión’, que amplía el ámbito fijado por la Constitución? ¿Los medios de comunicación social privados, personas naturales o jurídicas, por prestar el “servicio público de la comunicación”, se transforman en “instituciones y entidades del sector público”?
La Asamblea Nacional, en el proyecto de ley enviado a la presidencia de la República, no incorporó en la ‘rendición de cuentas’ a los medios de comunicación privados. La Constitución, destaca Rodríguez, en el segundo inciso del artículo 138, al regular el trámite de la objeción parcial, prohíbe expresamente al presidente de la República y a la propia Asamblea “incluir materias no contempladas en el proyecto original”. Según este texto constitucional, ¿debemos entender que la inclusión por el dictador de Carondelet de la rendición de cuentas de los medios de comunicación social privados, no aprobada por la Asamblea, no significa ‘incluir’ una materia distinta, no contemplada en el proyecto?
La obsesión por limitar la libertad de expresión -el debate, la oposición y la crítica- lleva al dictador de Carondelet a la contradicción. Rodríguez acota que al objetar el texto del artículo 89 del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define la ‘rendición de cuentas’ como un proceso que involucra a autoridades, funcionarios y representantes legales que estén “obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y (copulativamente) en la administración de recursos públicos”. ¿Cómo incluir en esta definición a los medios de comunicación privados? ¿Son instituciones del sector público? ¿Qué recursos públicos administran?

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