18.28. Ejercicio de enajenacion mental para desdolarizar

18.28.1. Un imaginario ejercicio

Ultimas decisiones vinculadas con la liquidez de los bancos ha provocada una alta preocupación en diversos sectores y la potencial amenaza que se cierne respecto de la dolarización.
Frente a estos peligros, Emilio Palacio (El Universo, 18 marzo 2010), aborda el tema sustentándose de un ejercicio mental de uno de los más grandes científicos de la época; y, en una hipótesis derivada de aquella.
Palacio destaca que “Entre las genialidades de Albert Einstein hay una que casi no se menciona: los “experimentos mentales”. Consisten en suponer un acontecimiento hipotético y preguntarse cómo afectaría la realidad. Einstein imaginó por ejemplo qué ocurriría si un astronauta emprendiese un viaje espacial a la velocidad de la luz y volviese a la Tierra varios años después. La respuesta lo ayudó a explicar su Teoría de la Relatividad”.
Relacionado al citado “ejercicio mental”. Palacio formula una suposición, manera de advertencia. “Supongamos, solo supongamos, que llega al poder un demagogo irresponsable dispuesto a acabar con la dolarización para poder imprimir billetes y así comprar la simpatía de los votantes, ya que el dinero de la Caja Fiscal se le está agotando. Imaginemos, también, que este nuevo Mandatario, que ojalá nunca llegue al poder, lo contrata a usted para que diseñe un plan estratégico que permita reventar la dolarización”.
Esto sería un desafío muy grande, ya que si algo no quieren los ecuatorianos de a pie es que salgamos de la dolarización, y al que lo intente muchos estarían tentados a aplicarle la “justicia indígena”, acota Palacio.
Busquemos, pues, la respuesta a esta imaginaria, completamente imaginaria situación, anota Palacio. Lo primero que usted tendría que conseguir es un chico malo a quien echarle la culpa. ¿Y quién es el chico más malo del Ecuador? Los banqueros. Si su cliente lograse culparlos de la quiebra del dólar, todo lo demás sería pan comido.
¿Pero cómo conseguir algo semejante si los banqueros han sido fervientes defensores de la dolarización? Respuesta: “Dejándolos sin liquidez, para que la gente corra a sacar su plata y las imágenes del pánico aparezcan en las pantallas de televisión. Entonces este Presidente irresponsable -que no existe, menos mal- aparecería en televisión para explicar cómo los malvados banqueros quebraron y cómo no le queda más que salir de la dolarización para devaluar y devolverle su dinero a cientos de pequeños depositantes”.
“¿Pero cómo conseguir que los grandes bancos se queden sin liquidez si en estos momentos cargan con miles de millones de dólares ociosos, en su mayoría depositados en cuentas muy seguras en el extranjero?. Respuesta: Obligándolos a depositar ese dinero en el Banco Central, convertido en un agujero negro de cuyas profundidades nadie sabe, ya que hace rato perdió su independencia para transformarse en caja chica del Jefe”.
“Cuando los depositantes se enteren de que sus dólares no están en el banco que ellos eligieron sino en el Banco Central, una pequeña chispa de nerviosismo bastaría para que todo vuele por los aires”.
La conclusión e invocación de Palacio es que: “No permita usted nunca que en el futuro algún demente haga algo así, aunque, por supuesto, hablamos de un peligro inexistente, porque si el Gobierno de Correa no le paga al IESS no es porque no hay plata; y si en los contratos petroleros (caso Ivanhoe) ya se prevé la posibilidad de desdolarizar -como acaba de denunciar León Roldós- es por puro tecnicismo”.

18.28.2. Preferencia por los banqueros que con los burócratas

Con ocasión del debate generado por leyes y regulaciones promovidas por el Gobierno sobre el manejo de reservas de divisas, los ciudadanos hemos podido contemplar a ciertos burócratas y algunos banqueros disputándose el derecho a administrar nuestros dólares.
Frente a ésto, Sebastián Hurtado P. (El Comercio 23 marzo 2010) reflexiona que, “si algún día los ‘padres de la patria’ deciden escuchar la opinión de los depositantes -verdaderos dueños de la mayor parte de los dólares en disputa-, valdría estar preparados para responder a la siguiente pregunta: ¿A quién preferimos confiar nuestros dólares; al burócrata o a los banqueros? Para responderla, Hurtado considera que es conveniente considerar lo siguiente:

1. Mientras nadie nos obliga a entregar nuestros dólares a los banqueros, pues lo hacemos confiados en que saben cómo invertirlos adecuadamente dentro o fuera del país, los burócratas en cambio necesita valerse de un número cada vez mayor de leyes y regulaciones para forzar la inversión de nuestros dólares en el Banco Central, Banco de Fomento, Banco de la Vivienda y otros ‘agujeros negros’ estatales de propiedad de un gobierno que, además, considera ilegítimo devolver el dinero que le han prestado.
2. Los banqueros están obligados a poner aproximadamente USD1 de su capital por cada USD 9 que reciben de los depositantes; los burócratas, en cambio, no solo que tienden a manipular nuestros dólares sin arriesgar ninguno de los suyos, además exigen a la sociedad que le pague un salario -más beneficios- por asignar los recursos que, de otra manera, los mercados financieros asignarían gratuitamente.
3. Mientras los banqueros obtienen ingresos elevados como compensación a sus conocimientos especializados sobre las finanzas, los mercados financieros locales e internacionales y los riesgos; a los burócratas en cambio, nadie los emplearía, excepto el Gobierno.
4. Mientras que los banqueros están obligados a publicar mensualmente sus balances completos; los burócratas, en cambio, no han logrado cuadrar los cuatro sistemas del balance del Banco Central desde hace 14 meses.
5. Mientras los burócratas arruinan el récord crediticio del Estado y sus instituciones, y por ello nadie le presta dinero al país, ahora, pretenden obligar a los banqueros a entregar los dólares de los depositantes para financiar proyectos gubernamentales.
6. Mientras que en un eventual proceso de des-dolarización de la economía banqueros y depositantes veríamos nuestro capital desintegrase, los burócratas en cambio, recuperarían la capacidad de fabricar moneda propia, “soberana” y de ‘reinar’ a su antojo en la nueva realidad monetaria del país.
7. Y es precisamente esta última consideración la que debería impulsarnos a ‘salir corriendo’ cada vez que los ecuatorianos veamos a los burócratas acercarse a nuestros dólares.

Cierto es que los banqueros son oligarcas muy impopulares, pero tomando en cuenta lo aquí mencionado, Hurtado prefiere confiar sus dólares en manos de los profesionales, que en las de cualquier improvisado burócrata.

18.28.3. Gobierno afecta la liquidez de los bancos

La resolución del Banco Central del Ecuador (BCE) que obliga a la banca privada a traer del exterior unos USD 3.284,6 millones, alertó a los banqueros y expertos económicos (El Comercio 17 marzo).
En el pasado mes de febrero, el Directorio del ex instituto emisor dispuso que el 45% de las reservas financieras del país debe calcularse sobre la liquidez total del sector. Por tanto, si esta fue de USD 7.299,2 millones, el porcentaje de Coeficiente de Liquidez Doméstica es de USD 3.284,6 millones.
Esa es la suma que deberá ser repatriada, de acuerdo a una regulación que ordena que el Coeficiente de Liquidez Doméstica debe ser invertido en el país.
Para el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso Mendoza, anota El Comercio, el primer impacto de esta medida va a ser una menor disponibilidad de recursos para el crecimiento del sistema financiero. Esto, debido a que aquellos bancos que no dispongan de liquidez tendrán que captar recursos en el mercado para depositarlos en el BCE.
"Con la decisión tomada por el Banco Central se esta profundizado la intervención estatal en la administración de los bancos, algo que se inició en 2007 y se sigue profundizando", esto va a provocar un menor estimulo para el desarrollo de la producción y generación de empleo, manifiesta Lasso.
Para el ex vocal de la Junta Bancaria, Rodrigo Espinosa Bermeo, la disposición de traer dinero del extranjero no es el único inconveniente, pues el porcentaje es un "atropello".
"La administración de la liquidez bancaria no es competencia del Banco Central; por el contrario, los bancos y su respectiva Superintendencia deben tener esa atribución", añade.
Para el presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, Antonio Acosta, los fondos del Coeficiente de Liquidez Doméstica se sustentan en los depósitos de los clientes de la banca y que estos podrían correr peligro.
De su parte, el analista económico Vicente Albornoz, mira a la medida del BCE como una estrategia política y destaca los cambios que atraviesa el ex instituto emisor. Ahora, “de aprobarse las reformas a la Ley de Régimen Tributario y Banco del Estado, que eliminan de la presentación mensual de balances y los respaldos del BCE, el Ejecutivo podría tomar los fondos del Coeficiente para cubrir problemas de liquidez…..Si se reforma la ley, los sistemas monetarios del BCE ya no deben tener un respaldo del 100% en efectivo".
De otra parte, “los fondos que el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) pretende repatriar hasta el 31 de mayo de mayo próximo, han sido depositados en el exterior por los bancos, por la solvencia que se obtiene con instituciones del extranjero….la inmediatez con la que se puede contar con ese dinero en caso de una emergencia financiera hace aún más seguro dicho respaldo de los depósitos fuera del país … bancos privados ya han actuado de esta forma con anterioridad” manifiesta Albornoz.
Sin embargo, desde marzo del año pasado el BCE, destaca El Comercio, ha venido promoviendo la repatriación de un porcentaje mayor del Coeficiente de Liquidez Doméstica. La explicación del ex presidente del Directorio del Banco Central, Carlos Vallejo fue que "el dinero de los depositantes no puede estar financiando el desarrollo de los Estados Unidos".
Para respaldar dicha postura el Presidente Correa dispuso que USD 1.200 millones que la banca privada tenía en el extranjero debían regresar al Ecuador. De eso regresaron USD 600 millones el año anterior, porque el resto de esos recursos ya se hallaban en el país.
La intención, en ese momento era reactivar los créditos de la banca privada, pero a criterio de Albornoz “el problema de créditos en el país no responde a una negativa en el sector financiero, sino, a la falta de demanda de préstamos por la ciudadanía”.

18.28.4. Atentado a la dolarización, la reserva, la liquidez financiera

León Roldós (El Comercio: 10 y 17 marzo 2010) destaca que el contrato con el que se entregó ilícitamente el bloque 20 de la Amazonía a Ivanhoe Energy Ecuador Inc., emblemático de la corrupción del gobierno, de octubre de 2008. La subcláusula 13.4 establece la posible corrección monetaria y cambiaria a favor de Ivanhoe: “..si se expidieren regulaciones –de entidades del Estado ecuatoriano- que afecten los derechos u obligaciones de la contratista imponiendo cuotas cambiarias o similares, previstos en esta cláusula, en el pago contractual establecido en el contrato, se incluirá un factor de corrección que corrija la afectación económica o financiera de la contratista”.
Sobre esto, Roldós anota que “entre la corrupción de los negocios públicos y la imposición presidencial, el riesgo de forzada desdolarización es preocupante”.
Correa impuso que en la “revolucionaria” Constitución de Montecristi se someta el Banco Central (BCE) a la voluntad presidencial. Y sobre esta base, “aprobada por el pueblo”, se tomaron algunas decisiones antitécnicas que han venido debilitando las reservas en que se sustenta la dolarización.
Una de las inconsultas decisiones, es la reclasificación de la reserva especial de revaluación del oro pasa de ser infracción a la Ley Orgánica de Régimen Monetario -que lo es- a peculado bajo la Ley penal, señala Roldós, la reserva especial debe ser una cuenta contable de ajuste del valor del oro, pero no utilidad, que sólo se produciría si se vende el oro. Y la reserva especial acumulada por años, en noviembre de 2009, llegó a USD 502 millones, lo cual, el Gobierno impuso que se la declare utilidad que terminó transfiriéndosela al Presupuesto y ya se gastaron.
Esto, según Roldós, es “un atraco a la liquidez de las entidades obligadas a depositar sus fondos en el Banco Central, porque el oro no se vendió y el gobierno no podía utilizar su revaluación para apropiarse, complementariamente, de la liquidez de terceros”.
De otra parte, el Instituto de Seguridad Social (IESS), otra dependencia de la voluntad presidencial, que además controla el recién creado Banco del IESS (BIESS), con sus fondos, que son de los trabajadores, son los principales depositantes en el BCE y el mayor adquirente de deuda del Estado de los últimos años.
Pero, desde el 2008 el Estado ha venido acumulando deuda de aportes para la jubilación que sobrepasan los 773,5 millones de dólares, a más de otros ajustes que están en mora.
La política fiscal está arrastrando al IESS, que pasa por minar las reservas de libre disponibilidad.

18.28.5. Ultima reforma daría lugar a falsificación de balances

En la propuesta de reforma a la Ley de Régimen Monetaria que propuso el Presiente Correa se planteaba: “Deróguese el artículo 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado”; lo que significaba la eliminación de los cuatro balances del BCE. Además, en una disposición transitoria se indicaba: “Facúltese al director del BCE para realizar un único balance y fusionar los que se extingan por esta ley”. Algo así como que se trata de “licuar” las cuentas, ocultar encajes y uso de los fondos.
Esta propuesta, anota El Universo (18 marzo 2010), generó alarma en la banca privada, debido a que la fusión de balances presuponía que no se haría un manejo claro del encaje bancario que sirve para compensación entre bancos e incluso para el comercio exterior.
Sin embargo, ayer (17 marzo 2010), el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Borja -visiblemente molesto-, ante la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, negó que se quiera crear un solo balance.
A su vez, las más altas autoridades del Banco Central plantearon una reforma y que está siendo tratada en la Comisión de lo Económico de la Asamblea (El Universo, 18 marzo 2010). El gerente de la entidad, Cristian Ruiz; la subgerente Verónica Legarda y el director general bancario Aráuz presentaron otra propuesta a la Comisión de lo Económico, en la cual se indica: “No se estima conveniente que se apruebe esta reforma del proyecto de ley tal como ha sido propuesto”.
La última propuesta de reforma del Central considera que se deben mantener los balances de canje y reserva financiera tal como están ahora y, en cambio si, fusionar los balances de “operaciones” y de “otras operaciones”, para “eliminar potenciales descalces”.
Con la insustentable propuesta de Correa, otra vez, el PhD en economía se ha “vuelto a equivocar”.

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18.27. Decisiones imprudentes o por soberbiania

De las veces, el presidente Rafael Correa viene de caer en discursos y decisiones que terminan por perjudicar al país.
Marco Arauz Ortega (El Comercio, 7 marzo 2010) destaca, que hay una línea demasiado delgada entre la soberanía y la “soberbianía”, que viene a ser algo así como la apreciación sobredimensionada de las posibilidades y los derechos de un país en el concierto internacional, llevada a extremos de manía. Se expresa en discursos y decisiones que desbordan de consecuencias perjudiciales y que a veces obliga a retractaciones públicas.
La “soberbianía”, anota Arauz, a veces resulta de proyectar los argumentos de política interna en la política internacional, como si esta no fuese un enorme y complejo tejido de intereses económicos y políticos que no se puede administrar con bravatas sino con gestiones concretas. Y cita algunos ejemplos,… los mas representativos:

Parque Yasuní - ITT

Hace unos meses se produjeron declaraciones altisonantes y precipitadas contra los posibles donantes de la Iniciativa ITT. El Presidente después se retractó y dio a entender que actuó sin la suficiente información, y hoy trata de enmendar el producto de una acción motivada por desavenencias internas mal resueltas, pero el proyecto para dejar bajo tierra enormes reservas petrolíferas en el Parque Yasuní sufrió un fuerte golpe en su credibilidad a causa de la “soberbianía”.

TLC con la Unión Europea

Otro ejemplo es el modo en que Ecuador se puso al margen del tratado comercial con la Unión Europea, interesada en negociar en bloque con los andinos. Mientras Perú y Colombia avanzaban, Ecuador decidió mantenerse afuera junto a Bolivia, con el argumento de que estaba pendiente una solución a los aranceles bananeros que, sin embargo, seguía su curso y afectaba también a los colombianos. Una vez que Perú y Colombia cerraron el acuerdo, Ecuador se ha visto forzado a tratar de entrar, pero deberá hacerlo bajo condiciones ya establecidas.

Controversiales relaciones internacionales

Pablo Lucio Paredes pregunta (El Universo, 6 marzo 2010) ¿Tiene sentido una OEA sin Estados Unidos? Sí, claro que lo tiene. ¿Por qué no? ¿Por qué no encontrar un espacio de diálogo solo entre latinoamericanos? Pero a una sola condición: que la OEA con Estados Unidos se mantenga también vigente. Hay que tener abiertas diversas puertas de diálogo. El espacio restringido del Grupo Andino (de los vecinos más cercanos), los diálogos Grupo Andino/Mercosur, la Unasur, esta nueva OEA sin Estados Unidos y también la puerta al diálogo con EE.UU. Diversos sitios, diversos enfoques, pero no olvidando que con Estados Unidos tenemos más temas importantes: comercio, inversión, migración etcétera…
Lucio Paredes agrega: ¿la nueva OEA debe incluir a Cuba? Sí, claro. ¿Por qué no?… pero a una sola condición…para decirle verdades sobre su régimen despótico y antidemocrático, para no avergonzarnos guardando silencio sobre la muerte de disidentes y tantas violaciones a los derechos que se dan allí.
Lo grave de todo esto es que excluir a EE.UU. de los diálogos, termina siendo un acto no de soberana dignidad o de estratégica inserción en el mundo, sino de rebeldía adolescente frente al imperio. Nos creemos dignos porque damos la contra a los grandes, y mantenemos, contra corriente, relaciones con Irán (aunque casi nada ganamos, y nos enredamos en círculos financieros peligrosos, aunque pretendamos lo contrario). O jerarquizar relaciones con la ALBA. O el respaldar a Manuel Zelaya para el retorno al poder de Honduras. O…
Mientras tanto, los que miran al mundo como un espacio de oportunidades, se reúnen en el gran bloque del Pacífico en el que nosotros aún no mostramos siquiera las narices (incluso en Chile y Perú ya se han dado reuniones mundiales de este nuevo bloque). Ahí están todos los que cada vez pesan más en el mundo. Pero no nos interesan porque nuestra mirada es hacia adentro, hacia los vecinos del barrio. Olvidamos dos principios esenciales del comercio internacional: a un país pequeño le conviene abrirse al mundo y le conviene hacerlo en los espacios más amplios.
Desgraciadamente o estúpidamente la visión de nuestros gobernantes, es que: abrirse al mundo es un peligro.

Lucha contra lavado de activos

Arauz señala también, el último episodio de la inclusión de Ecuador en la lista del GAFI, entre los países que no colaboran con la lucha contra el lavado de activos. Más allá de la fortísima reacción política, se evidenció que hubo errores de procedimiento por parte del Ecuador dentro del ente regional (Gafisud).

Incidente con Brasil

Arauz menciona también como un caso de “soberbianía” el hecho de que, en lugar de haber superado capítulos que parecían propios de la inexperiencia como el incidente gratuito e improductivo con Brasil cuando se intentó dejar de pagar unilateralmente una deuda con el Banco de Desarrollo de ese país.

Coca Codo Sinclair

Podemos agregar el manejo de este proyecto: en febrero del 2008, se publicitó que el proyecto Coca Codo Sinclair, con estudios iniciados en los años setenta, se realizaría con la empresa Enarsa de Argentina, sin experiencia alguna en proyectos de magnitud. Vino la Presidenta de Argentina y en Carondelet descubrieron la placa de inicio de obras.
León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que el suceso fue todo un fracaso. En septiembre del 2009, Enarsa por problemas financieros, en especial, se retiró y el gobierno ecuatoriano le entregó USD 5,5 millones, por supuestos aportes tangibles e intangibles e intereses, para encubrir lo que inició y terminó como ilícito.
A inicios del 2009 negociaron con empresas chinas la ejecución de los estudios que faltan y la construcción de la obra, con crédito chino.
Una licitación condicionada a un crédito aparentemente amarrado, anota Roldós, llevó a que sólo haya una oferta, la de Shinohidro, por 1.979,6 millones de dólares, que significa un incremento de más cuatrocientos millones de lo estimado un año atrás, sobreprecio explicado por la empresa china porque todavía no hay estudios confiables.
El 5 de octubre del 2009 se firmó el contrato con Shinohidro, pero en espera del financiamiento del Eximbak de China, cuyas condiciones presentadas en diciembre fueron consideradas inaceptables por el gobierno ecuatoriano. Lo lógico era que no se firme el contrato hasta ajustar las condiciones del crédito.
El presidente Correa anunció que esperará hasta el 15 de marzo. Cumplido el plazo, no se concretó el referido financiamiento. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció hoy (Expreso, 17 marzo 2010) que Ecuador suspendió las negociaciones que mantenía con el Eximbank.
La funcionaria explicó que no se pudo concretar un acuerdo debido a que el banco chino establecía fuertes exigencias. “Nos han pedido condiciones que nunca al país se las habían pedido y no vamos a ceder en nuestra soberanía”, precisó.

Garantías y arbitrajes por nuevos préstamos

Los prestamistas internacionales, al constatar que el Presupuesto Fiscal está desfinanciado en más de USD 3.000 millones, estarán reacios a otorgar créditos al Ecuador.
Miguel Macías Carmigniani (El Comercio, 18 marzo 2010) destaca que “Si el Gobierno no acepta someterse a arbitrajes internacionales y continúa denunciando tratados de protección recíprocos de inversiones celebrados con países amigos y renunciando a organismos como al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) duda que haya muchos bancos internacionales de prestigio que financien la construcción de obras de la importancia del complejo petroquímico El Aromo en Manabí. Lo menos que van a requerir es que Ecuador garantice adecuadamente el préstamo que estarían dispuestos a conceder y que cualquier discrepancia que surja respecto del contrato que suscriban sea sometida a arbitraje internacional.
De paso, “cómo puede una compañía multinacional someterse exclusivamente a la jurisdicción ecuatoriana, cuando nuestra Función Judicial lamentablemente adolece de vicios”, arguye Macías.

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18.26 Secuestro del poder ciudadano

18.26.1. Subordinación de la ciudadanía

El anhelo de amplios sectores ciudadanos que apostaron por una democracia abierta y participativa que superara los vicios de la politiquería del pasado, quedó secuestrada ante las manipulaciones de la “revolución ciudadana” que impulsa el Gobierno de Correa.
Pese a las críticas que todavía se expresan en los medios independientes, el proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es cuestionado por su ilegitimidad.
El Comercio (editorial, 16 marzo 2010), destaca que tres de los siete integrantes titulares del Consejo tienen relación con Ricardo Patiño, uno de los más conspicuos colaboradores del Gobierno y ministro en cuatro carteras diferentes. Además, otra de las vocales se identifica con el Gobierno de turno, lo cual la deslegitima.
El Comercio anota que, otros dos vocales han sido cercanos al Movimiento Popular Democrático, MPD. Y el restante ciudadano fue diputado por Sociedad Patriótica y es asesor parlamentario.
Si de lo que se trataba era de garantizar la independencia de la partidocracia y los grupos de poder, el proceso ha sido un rotundo fracaso.
Una de las funciones de estos vocales es ciertamente delicada, pues tendrán que nominar a las autoridades de control, que a su vez, para poder actuar, deberían tener plena independencia del Poder Ejecutivo.
Una vez más y con un ropaje de legalidad se hipoteca una alta función del Estado al poder político.
Así, el “poder ciudadano” nace subordinado.
Para el Universo (editorial 15 marzo 2010), el CPCC es un grupo de personas vinculadas al Gobierno, que solo se representa a sí mismo y con el que los ecuatorianos, en cambio, no se sienten identificados. Un organismo así no tendrá ninguna autoridad moral ni política, por lo que sus resoluciones solo entrarán en vigencia cuando el Presidente de la República así lo disponga.
El Diario Hoy (15 marzo 2010) concibe, que “el nuevo organismo ha sido seleccionado a la carta o en función del actual Gobierno -algunos de ellos son ex altos funcionarios del régimen- para asegurar el dominio de éste en los organismos de control. ¿O alguien cree que un Consejo de Participación integrado por una mayoría afín al Régimen actuará contra los intereses del poder de turno?”.
Para el analista Roberto López (Expreso, 7 febrero 2010), con la designación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) será otro show para hacernos creer que vivimos en democracia.
Y frente a su integración, con allegados al régimen, en especial al canciller Patiño, López pregunta: ¿Usted cree que personas como quien le habla podrían ser parte del Consejo de Participación? Las personas que van allá serán obsecuentes servidores del Gobierno, los que agachen la cabeza y designen a todas las nuevas autoridades de acuerdo con los lineamientos que salgan de Carondelet. Esa, lamentablemente, es la democracia en la que vivimos.

18.26.2. Pernicioso experimento revolucionario

De las múltiples reivindicaciones constitucionales realizadas por la Asamblea de Montecristi que puso en vigencia la XX Constitución, se cuenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Pero esta innovación resulta probablemente el más engañoso de todas.
Felipe Burbano de Lara destaca (Diario Hoy, 16 marzo 2010) que, “una vez que entre en funcionamiento el citado organismo, los ciudadanos habremos sido despojados de la ciudadanía. Tal es el costo y la paradoja en términos políticos. La invención del Quinto Poder se presentó como una fórmula mágica para contrapesar el poder de los partidos y movimientos políticos en el sistema democrático. Pero lo que hizo Montecristi fue politizar, en el mal sentido del término, a la ciudadanía, convirtiéndola en una extensión más del poder político. Por darle poder a la ciudadanía, terminó convirtiéndola en parte del poder”.
Al darle forma política e institucional a través de un Consejo, anota Burbano, “los asambleístas desvirtuaron la ciudadanía como un concepto amplio y genérico, en el que cabemos todos en nuestras múltiples diversidades. No será más un dispositivo general del cual podemos acogernos para diferenciarnos y tomar distancia del poder, movilizarnos, exigir derechos y transparencia, exigir rendición de cuentas o destituir a los malos gobernantes desde las calles. La ciudadanía pasará a formar parte de la racionalidad del poder político, de sus juegos, de sus maniobras, de sus intereses y negociaciones. Lejos de asegurar transparencia, se volverá parte del mismo juego turbio del poder. El Consejo estará allí para desvirtuar a la ciudadanía, para cooptarla, para tomarse su nombre, para negarla como fundamento crítico de la democracia. En el acto mismo de conformación del Consejo, la ciudadanía quedará limitada; alguien se habrá apropiado de ella para hablar en nombre de todos nosotros; y, al hacerlo, nos dejará sin voz y sin espacio. Los ciudadanos seremos suplantados por una cuota de poder”.
“Si la idea de hacer de los ciudadanos parte del poder era en sí misma mala, creer que el Consejo se formaría con personas independientes, sin intereses corporativos ni políticos, resultaba una gigantesca ingenuidad. El resultado del proceso de selección lo muestra con claridad: llegan al Consejo personas promocionadas por organizaciones con intereses corporativos, partidos y movimientos políticos. El Consejo convirtió a la ciudadanía en un nuevo botín político, en un espacio a ser cooptado. El invento constitucional termina en una fórmula bastante perversa: todo el juego del poder tendrá en el Consejo una instancia de legitimación en la ciudadanía. De ese modo, los ciudadanos perdemos capacidad para diferenciarnos y distanciarnos del poder”, acota Burbano.
La ingenuidad de los asambleístas tiene un enorme costo político para la democracia porque nos deja a los ciudadanos desprovistos de ese espacio desde donde podíamos actuar para demandar transparencia y eficacia a la política. Nos han arrebatado la ciudadanía en nombre de un poder ciudadano manipulador. Quienes proclamaron una revolución en nombre de los ciudadanos han terminado llevando a la ciudadanía a su propio juegos de poder, arguye Burbano.

18.26.3. Manipulador poder contra los medios

El presidente de la República señaló (Carlos Jijón, Diario Hoy, 18 marzo 2010) que como en su opinión la comunicación es un servicio público, los medios de comunicación deben rendir cuenta a la ciudadanía por intermedio del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.
El argumento, anota Jijón, le parece falaz y el razonamiento, un sofisma. Y confiesa que ha buscado otro término para referirse al silogismo utilizado por el presidente, pero no encuentro otro que lo describa de manera más certera.
Jijón destaca que es una falacia sostener que la comunicación es un servicio público. Los restaurantes, por ejemplo, atienden al público pero no son un servicio público o la tercenas, los abogados, los actores en un teatro, los taxistas, todos ellos sirven a la gente, pero no constituyen un servicio público por el sencillo hecho de que para ser considerado tal es necesario que sea ejercido por el Estado.
El presidente es un servidor público. Yo no, puntualiza Jijón. “Yo soy un periodista que ejerzo mi derecho a opinar libremente sin que nadie esté obligado a leerme. El presidente, que recibe un salario que pagamos de nuestros impuestos y a quien hemos elegido para que trabaje por el bien de todos, tiene la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos. Las empresas que manejan medios de comunicación ya son controladas por el Servicio de Rentas Internas, por la Superintendencia de Compañías y por el Ministerio del Trabajo”.
Y le parece descabellado a Jijón, proponer que los medios deben "rendir cuentas" ante un Consejo de Participación Ciudadana afín al Régimen lo que busca es controlar el contenido de dichos medios con la amenaza de una fiscalización latente. Porque el argumento que se trata de vender es que los periodistas realizan una función pública que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar, cuando lo que se está creando es una instancia para que el poder (mediante un Consejo integrado por sus amigos) controle a los propios ciudadanos en el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales. Y el camino que se ha escogido para ello, el del veto presidencial a la ley ya aprobada por la Asamblea, es también una desnaturalización del concepto republicano de que, en una democracia, no es el Ejecutivo el que dicta las leyes, sino el Legislativo.
Dice Jijón, que si bien, el presidente de la República es un colegislador y tiene derecho a vetar o proponer modificaciones a las leyes aprobadas por la Asamblea, el camino que se ha diseñado para que sea en la práctica el Ejecutivo el que imponga su criterio, pese a que no ganó la mayoría de las bancadas legislativas, es una trampa leguleya como las que usaba la “nefasta” partidocracia.
Por lo que Jijón acota que es importante que se advierta del mecanismo: “basta que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto en segunda discusión, por ejemplo, de la Ley de Comunicación, para que el presidente lo modifique a través de un veto, y este se consagre como ley al no existir las dos terceras partes de la Asamblea que puedan oponerse. Lo único que queda entonces es no aprobar los proyectos sino se está completamente seguro de que el Ejecutivo no los va a modificar. No queda otra”.

18.26.4. Control de los medios violará la Constitución

Antonio Rodríguez Vicens (El Comercio 23 marzo 2010) destaca que la Constitución de Montecristi, elaborada, aprobada e impuesta por la ‘revolución ciudadana’, en el numeral 2 del artículo 208, al establecer las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, limita la “rendición de cuentas” a las “instituciones y entidades del sector público”, que son las enumeradas taxativamente en el artículo 225. Nadie puede modificar esos textos. En efecto, la Constitución, según el artículo 424, “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”. Todas “las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica”.
Rodríguez cuestiona que, el Presidente Correa, acostumbrado a manipular impunemente las disposiciones de la Constitución y las leyes, al objetar el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, afirma que considera que en la ‘rendición de cuentas’ debe “incluirse expresamente a los medios de comunicación social, por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación…” ¿Es posible, mediante una ley, proceder a esta ‘inclusión’, que amplía el ámbito fijado por la Constitución? ¿Los medios de comunicación social privados, personas naturales o jurídicas, por prestar el “servicio público de la comunicación”, se transforman en “instituciones y entidades del sector público”?
La Asamblea Nacional, en el proyecto de ley enviado a la presidencia de la República, no incorporó en la ‘rendición de cuentas’ a los medios de comunicación privados. La Constitución, destaca Rodríguez, en el segundo inciso del artículo 138, al regular el trámite de la objeción parcial, prohíbe expresamente al presidente de la República y a la propia Asamblea “incluir materias no contempladas en el proyecto original”. Según este texto constitucional, ¿debemos entender que la inclusión por el dictador de Carondelet de la rendición de cuentas de los medios de comunicación social privados, no aprobada por la Asamblea, no significa ‘incluir’ una materia distinta, no contemplada en el proyecto?
La obsesión por limitar la libertad de expresión -el debate, la oposición y la crítica- lleva al dictador de Carondelet a la contradicción. Rodríguez acota que al objetar el texto del artículo 89 del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define la ‘rendición de cuentas’ como un proceso que involucra a autoridades, funcionarios y representantes legales que estén “obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y (copulativamente) en la administración de recursos públicos”. ¿Cómo incluir en esta definición a los medios de comunicación privados? ¿Son instituciones del sector público? ¿Qué recursos públicos administran?

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18.25. Represion al desarrollo local continua

18.25.1. El reparto de rentas a los gobiernos seccionales

En reiteradas ocasiones el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha realzado que la asignación de fondos a los gobiernos seccionales se han dado de conformidad con los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), de eficiencia y de población, como determina la legislación vigente.
Algunos alcaldes se han mostrado satisfechos porque los recursos subieron. Otros prefieren callar para “no pelearse” con el Gobierno (El Universo 14 febrero 2010).
La rotativa destaca que la distribución de los recursos por habitante es desigual entre los diferentes cantones. Hay ciudades como Arajuno (Pastaza), donde por residente se han asignado USD 508 ; pero en otras, como Portoviejo (Manabí), la cifra llega a USD 62. El Ministerio de Finanzas dice que se aplicó la misma fórmula que en años anteriores, con base en las leyes.
Sin embargo, si se comparan las asignaciones del 2010 con las pasadas, se evidencia que el crecimiento varía mucho de un cantón a otro: entre el 47,73% y el 12,24%, destaca el Municipio de Guayaquil, el que más reclama por las rentas.
Y hay reclamos: “No están considerando la población real. Por ejemplo, dicen que Durán tiene 202.080 habitantes y entregan USD 72 por cada uno, es decir USD 1’734.296; pero estudios nuestros indican que en esta, la ciudad “dormitorio” de Guayaquil, somos 500 mil personas, muchas con necesidades básicas insatisfechas por el crecimiento desordenado a causa de las invasiones”.

Una posición similar es la de Humberto Guillén (SP), alcalde de Portoviejo (Manabí), la ciudad que menos recibe en el país, USD 62 por persona, que equivale a USD 16’880.314 en total, pese a que ¬dice¬ enfrenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), uno de los criterios que se consideran en el reparto, según la legislación.
Por ejemplo, la distribución del agua potable solo llega a 30 mil familias legalizadas en la zona urbana, lo que representa una cobertura del 55%; el otro 45% debe proveerse a través de tanqueros u otros medios.
Guillén, quien dice que le corresponde recibir $ 19’324.000 y que el jueves apoyó la marcha del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, prefiere no comentar sobre posibles criterios políticos en la distribución de recursos (para no pelearse con el régimen).
El trato que se le da a Portoviejo parecido al que se le da a otras ciudades del país.

18.25.2. Guayaquil la urbe más perjudicada

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, manifestó (Expreso, 2 febrero 2010) que los guayaquileños se los trata como ciudadanos de segunda.
Nebot reiteró que el ajuste hecho por el Gobierno, por los reclamos planteados, a las asignaciones correspondiente al año 2010 para los municipios es injusto e irrisorio.
Se “quiere convertir a los guayaquileños en ecuatorianos de segunda categoría”, expresó el mandatario local, tras explicar que en una distribución inicial se pretendía entregar un incremento del 3,80% por igual a todas las ciudades, de lo que recibieron en 2008.
En un segundo cálculo, por la presión ejercida, indicó, el incremento que se realizó no es equitativo para todas, con lo que se perjudica no solo a Guayaquil sino a otras ciudades del país.
En esa segunda asignación, a Guayaquil se le ofrecen USD 175 millones, cifra que el Alcalde calificó de inconstitucional, injusta y una ofensa a los habitantes de esta ciudad.
Reconoció que se eleva la suma, pero de manera desigual y a dedo, en forma discriminatorio y con dedicatoria.
Ciudades como Santa Elena pasan del 3,80% anterior, al 47% de incremento; Quito del 3,80% al 22% de aumento; y Guayaquil, del 3,80% anterior al 14,77%.
Para esa explicación, Nebot se respaldó en un cuadro que muestra las cifras oficiales, entregadas por el Gobierno, mediante las cuales se hace el nuevo cálculo para redistribuir las asignaciones a los municipios.
En ese cuadro se mostró que, pese a ser la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil pasa de USD 158,4 millones a USD 175,1 millones de incremento. Se perjudica aún a la urbe con 17 millones que faltarían para completar los USD 192 millones que por ley le corresponden.

18.25.3. Evidenciada la mayor inequidad

El Ministerio de Finanzas dice (El Universo 14 febrero 2010) que todos los municipios recibirán más este año (2010) respecto al anterior, y es cierto. Pero el aumento ¿es el que debía hacerse?
Sobre esto, la ex asambleísta Martha Roldós (RED) se pregunta: “¿Por qué si, supuestamente, el método de cálculo es igual, las rentas para ciudades como Guayaquil bajaron, comparando la proporcionalidad con los presupuestos de años anteriores?”.
Menciona, por ejemplo, las cifras de las dos publicidades que difundió el propio Gobierno: una sobre las asignaciones a los gobiernos seccionales desde el 2003 al 2010; y la otra, sobre las asignaciones a Guayaquil.
“Según esas cifras, desde el 2005 Guayaquil ha tenido una participación de entre el 16% y el 14% con respecto a la asignación total a los gobiernos seccionales, pero en el 2010 esta participación cae al 8% y tienen el descaro de decir que Guayaquil ha recibido las asignaciones más altas de la historia”, señala.
Por ejemplo, en el 2005, de los USD 694,6 millones transferidos a los gobiernos seccionales, el 16,28% (USD 113,1 millones) se destinó a Guayaquil. Una cifra similar se manejó en los tres primeros años del gobierno de Correa: 2007, 2008 y 2009. En promedio, el actual régimen ha entregado a Guayaquil el 14% de las asignaciones totales de los gobiernos seccionales (un promedio de USD 150 millones de una cifra que ronda los USD 1.000), pero en el 2010 entrega 8,08%: USD 175,2 millones de USD 2.167,6 millones.
La Ley del 15%, vigente desde 1997, señala que se debe asignar este porcentaje de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado a los gobiernos seccionales. Un 70% de ese monto va para los municipios y un 30% para los consejos provinciales. A los cabildos se les entrega el dinero según tres variables macro: un 10% en partes iguales, un 40% según la población y un 50% según las necesidades básicas insatisfechas.
La Constitución señala, en su art. 271, que los gobiernos seccionales participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes del Estado central y de no menos del 5% de los no permanentes, excepto de los de endeudamiento público, destaca Roldós.
El art. 272 añade que la distribución se efectuará según el tamaño y densidad de la población; las NBI, y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, es decir, índice de eficacia.
¿Esto se cumplió en la asignación del Gobierno del 2010? El vicealcalde de Guayaquil, Guillermo Chang, anota la rotativa, cree que no. “Guayaquil es la que más población tiene en todo el país: el 17%. ¿El propio Gobierno no dice que Guayaquil es lo más pobre, lo más inequitativo, lo más desatendido? Si nada ha cambiado en relación a años anteriores en este Gobierno, ¿por qué la participación de Guayaquil con respecto al total cae al 8%?”.
Ante eso, Martha Roldós ironiza: “¿Nos morimos la mitad de los guayaquileños y no nos enteramos? ¿De un año a otro cubrimos las necesidades insatisfechas, aunque el Gobierno promociona lo contrario? Si vamos a jugar con la propaganda que el Gobierno acaba de sacar desde Flor de Bastión, la mujer que aparece allí debe saber que va a majar más lodo si el Gobierno no le da las rentas completas a los municipios”.
Sobre esta materia, León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que si el año 2008 -Correa presidente- a Guayaquil le dio el 14,19% del fondo global de USD 1.074 millones cifras repetidas el 2009, ¿por qué el 2010 le baja a Guayaquil al 8,08% del fondo a repartirse de USD 2.167 millones? La población de Guayaquil es el 17% de la población nacional.
No se trata de Correa y Cordero contra Nebot, o lo contrario, sino del derecho a rentas para Guayaquil.
Si el 2010 el Gobierno al conjunto de gobiernos seccionales le va a dar más del 15% de ingresos permanentes o corrientes y del 5% de no permanentes o de capital, del presupuesto del Estado central, en buena hora, que lo cumpla, pero no a su capricho, sino con las debidas proporciones.

18.25.4. Reliquidación por el año 2009

No se justifica que el 2009 a todos los gobiernos locales se les haya congelado la asignación presupuestaria del 2008, a pesar de que el Presupuesto del 2009 tuvo un importante crecimiento respecto al 2008. Las cifras del 2008 solo eran de garantía mínima, por norma constitucional, destaca León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010).
Si los ingresos del 2009 resultaron superiores, deben reliquidarse los porcentajes ya citados del 15% y del 5%, deduciéndose el endeudamiento externo.
El presupuesto del 2009 se aprobó en diciembre del 2009, transcurridos once meses de ese año.
Roldós reitera que las asignaciones del 2009 deben reliquidarse para todos los gobiernos seccionales, no tienen por qué quedarse en las cifras del 2008, que por la disposición transitoria 14 de la Constitución, solo eran de garantía básica de transferencia, porque los ingresos permanentes o corrientes del 2009 –además hay los no permanentes– fueron superiores a los del 2008, anota León Roldós.
El presupuesto general del Estado del 2009 tuvo ingresos permanentes por USD 9.810,6 millones; e ingresos no permanentes, entre estos el petróleo, excluyendo endeudamiento público, por 3.079 millones de dólares.
Las cifras ajustadas al Estado central, depurando preasignaciones, dan una diferencia por reliquidar de alrededor de USD 500 millones.
¿Van a reclamar los alcaldes y prefectos, o van a mendigar ante Correa para no aparecer coincidiendo con Nebot?
Roldós considera que Guayaquil debe de reclamar de manera altiva sus derechos. Y los que se arrastren pueden ser bonificados, pero al precio de su humillación.

18.25.5. Reforma en pro de la equidad

Frente al maltrato gubernamental que da a Guayaquil en la asignación presupuestaria, Gabriela Calderón de Burgos (El Universo, 10 febrero 2010) considera que el alcalde debe promover una verdadera autonomía, dando respuesta a la interrogante: ¿A dónde debería ir el dinero de los contribuyentes?
Buena parte de las “dádivas” del Gobierno central a los municipios, anota Calderón, son posibles únicamente porque, a través del SRI, primero este recibe dinero de las personas de cada ciudad. De manera que lo que el Gobierno central hace es devolver algo de lo que tomó de cada persona, dándoselo (devolviéndose) al Municipio de su ciudad.
Este sistema ha derivado en que para 2005, de acuerdo a un estudio del Banco Central, los municipios del Ecuador en promedio reciban 67,8% de sus ingresos del Gobierno central.
Los autores del estudio concluyen que esta situación ha resultado en que “la mayor parte de los gobiernos locales no realicen esfuerzos por obtener ingresos propios que les permitan cubrir con sus necesidades de funcionamiento”.
En esto, el economista Martín Krause explica en su libro “Descentralización”, resalta Calderón, que la alta dependencia de las transferencias del Gobierno central convierte a los municipios en “mendigantes de los funcionarios centrales”.
Krause señala, anota Calderón, que en este sistema “los gobiernos locales eluden la políticamente desagradable tarea de recaudar impuestos entre sus votantes; y… evitan también los efectos de la competencia intergubernamental que se originaría en el caso de que financiaran todos sus gastos con sus propios impuestos y mostraran, por lo tanto, distintos niveles de carga fiscal”.
El alcalde podría ser un poco más creativo y liderar una propuesta legislativa que estipule que la mayoría de los impuestos pagados por personas naturales y jurídicas domiciliadas en cada ciudad se gasten en esa ciudad y que sean los municipios de cada cantón los que al principio de cada año le entreguen un porcentaje fijo (e igual para todas las ciudades) al Gobierno central.
El porcentaje de cada municipio tendría que ser fijado de tal manera que siempre la mayoría de lo generado en cada ciudad se quede lo más cerca posible de los ciudadanos.
Las ciudades que generan pocos impuestos podrían recibir fondos extra del presupuesto del Gobierno central para cubrir sus necesidades básicas, siempre y cuando esa transferencia no sea lo suficientemente cuantiosa como para acentuar la relación de dependencia.
Además, se deberían transferir competencias del Gobierno central a los municipios, sobre todo aquellas en las que el Gobierno central ha demostrado su incapacidad (salud, educación, electricidad, generación de empleo, etcétera).
Y cada municipio tendría libertad de decidir qué impuestos necesita para financiar los servicios públicos que sus ciudadanos demandan. Cada municipio recolectaría esos impuestos (incurriendo el costo político de elevarlos si lo hace) y gastaría la mayor parte de lo recaudado en su ciudad, de manera exitosa o no. Los ciudadanos tendrían la libertad de “emigrar” a otro cantón, o en las próximas elecciones elegir a otro alcalde.
El presidente ya no podría tratar como mendigos a los alcaldes ni decir que determinada ciudad ha crecido “gracias al dinero de todos los ecuatorianos”, generando un odio injustificado hacia cualquier ciudad.
Lo dicho sería algo por qué protestar, reclamar y marchar.

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18.24. Represion y eliminacion de la oposicion

He sentido admiración y una sana envidia por la situación de los chilenos, en el terreno político, pues: el candidato oficialista perdedor Eduardo Frei fue a felicitar a su opositor en su sede por el triunfo logrado; Frei prometió públicamente hacer una “oposición constructiva” a lo que el candidato vencedor, Sebastián Piñera, reaccionó pidiéndole “que fiscalice con rigor pero que tenga una actitud constructiva que nos permita avanzar….”

En su primer discurso como presidente electo, Piñera prometió un gobierno de “unidad nacional”. Si esto no era ya demasiado respeto entre opositores, se volvió a cumplir la tradición chilena de que el presidente saliente (o presidenta -Bachelet- en este caso) desayune con el presidente electo en su residencia el día después de las elecciones.

Gabriela Calderón (El Universo, 20 enero 2010), paradógicamente contrasta y señala que “Nada de esto sucede en nuestro país. Aquí pareciera que solo importa la regla de la mayoría. Se aplica la fórmula de 50%+1=100 y 50%-1=0”.

Calderón destaca que la aplicación de esta regla suele menospreciar y, eventualmente, violar los derechos de los individuos que están en la minoría. Sobre esto, Lord Acton decía que “La prueba más segura para juzgar si un país es verdaderamente libre, es el grado de seguridad del que gozan las minorías”. Giovanni Sartori explica que el derecho a cambiar de opinión de cada miembro de la mayoría depende de la libertad de las minorías a disentir sin miedo a ser reprimidas.

Por eso, anota Calderón, es legítimo y saludable que hayan legisladores, periodistas, intelectuales, cantantes, amas de casa, etcétera, que se opongan (incluso públicamente) a leyes propuestas por el oficialismo o que exigen que se fiscalicen los actos del gobierno de turno.

Calderón compara: en Chile hay una nueva minoría –aquellos que apoyan a la Concertación– y el gobierno de la nueva mayoría de la Coalición empieza por reconocerle a esta minoría su derecho a participar en el cambio y a fiscalizar su gobierno. Aquí en el Ecuador, en cambio,si un legislador de oposición fiscaliza al Gobierno, este es descalificado y se le acusa de que está tratando de “desestabilizarlo”.

El ejemplo más drástico del mal trato del Gobierno de Correa para con la oposición se dio hace tres años, recuerda Calderón. Los legisladores de oposición, autoridades elegidas por voto popular al igual que el ejecutivo, fueron destituidos y a la fuerza de manera inconstitucional y con el aval y complacencia del Presidente.

El mensaje, acota Calderón, que se envió a la sociedad, con la eliminación de la oposición en 2007 sumado a los constantes ataques a cualquier miembro u organización de la sociedad civil que no comulga con los criterios del oficialismo es el siguiente: “aquí no se tolera la disidencia, se la elimina incluso violando la ley suprema”.

Y Calderón resume: Mientras que Chile le muestra al mundo la madurez política de un sólido respeto entre fuerzas políticas opositoras, nosotros en el Ecuador, hemos acabado con cualquier indicio de institucionalidad. Esto debería preocuparnos. Sartori decía que “cuanto más sean suplantadas las estructuras constitucionales, tanto más se llega a un poder absoluto en nombre del pueblo”. Pero, agregaba: “Para que el pueblo ‘tenga poder’ (en serio) la condición irrenunciable es que el pueblo impida cualquier poder ilimitado”. ¿Se acuerdan de los plenos poderes que los ecuatorianos le entregaron al gobierno de Rafael Correa por mayoría aplastante en 2007? Me atrevo a decir que Sartori diría que ese día, con ese voto, falló la vocación democrática de una mayoría de los ecuatorianos.

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18.21. Manipulacion perniciosa en la seguridad social

18.21.1. Seguridad social sin perspectiva de cambio
Con la vigencia de la Constitución del 2008, se tomó la decisión histórica, que el Estado asumiría como responsabilidad propia, la de garantizar y hacer efectivo el ejercicio del pleno derecho de la seguridad social, aumentando la cobertura del mismo y la calidad de los servicios que brinde el IESS.
El problema esta, según Tatiana García (El Universo 19 febrero 2010) que no se establece claramente, cómo se financiará la amplia cobertura, pudiendo convertirse en pura demagogia, y perjudicando directamente a quienes con nuestro trabajo hemos realizado las aportaciones que la ley exige.
El punto es, anota García, que tan solo el 25% de las personas en Ecuador están afiliadas al seguro social, y en justo derecho deberían soportar la cobertura de ese 25%. Mas, esto no es así, ya que hay que sumar también la cobertura del Seguro Social Campesino, que al no tener financiamiento previsto desde su creación, llevaría a la quiebra al sistema de seguridad social, si es que no se toman los correctivos necesarios. Esta falta de previsión empeora todavía si se pretende que ese 25% de aportantes actuales financie al 100%. Es decir, empeorarán la prestación de servicios.
El IESS, recuerda El Diario (17 abril 2009) se creó con el objetivo de que el trabajador o empleado ecuatoriano, con un aporte mensual obligatorio descontado de su sueldo, recibiera la atención, inmediata y precisa, en el momento en que su salud se sienta amenazada. O para acudir en ayuda del afiliado brindándole facilidades de préstamos quirografarios o hipotecarios; y, especialmente, hacer de celoso y eficiente guardián de aquella cesantía justa que debe recibir el trabajador cuando le llegue la edad de la jubilación.
Si bien existen dificultades en todas las prestaciones de servicio (anota El Diario) destacan las falencias en la atención a la salud, mal que hasta ahora el IESS no logra superar, a pesar de los constantes reclamos de los afiliados. Es que resulta increíblemente grosero, inverosímil, atentatorio a la misma salud, por ejemplo, que para casos complicados que requieren de atención especializada, le digan al doliente que debe esperar turno de hasta seis meses. Increíble pero cierto.
Se ha dicho que el problema mayor del IESS es la deuda que el gobierno tiene con él, por lo que este gobierno canceló parte de la mora, pero para meter las manos en su administración y destinar los recursos a otros menesteres.
De continuar así, la peregrinación y las dolencias del afiliado seguirán sin cambios, agravada la situación ahora que el IESS es cada vez es menos de los afiliados y mucho más del gobierno.

18.21.2. Empobrecimiento mayor a los pensionistas y afiliados

El gobierno “revolucionario” de Correa, en julio de 2008, en una demostración mediática de “cambio de época” y no una época de cambios, el Gobierno pagó la “deuda histórica” con el IESS, pero después de haber rebajado su monto de USD 3.400 millones a sólo USD 888 millones, lo cual la oposición y los afiliados y jubilados calificaron de injusto e inequitativo.
Después del “gesto” gobiernista, éste dejó de pagar lo que por Ley debe al IESS, y así, la deuda ha venido avanzando hasta llegar ahora a USD 775 millones, es decir casi lo mismo con que pagó la “deuda histórica”. Eso si no se toman en cuenta “otras deudas”, que dicen los expertos está por sobre los USD 1.200 millones.
Jorge Vivanco (Expreso, 18 marzo 2010) contrastando lo sucedido, destaca, que los jubilados y pensionistas del IESS habían venido exigiendo que se aumenten las miserables pensiones y reciben como un bofetón, un incremento de 10 dólares mensuales. La explicación que da el IESS, es que el Gobierno no paga, desde fines de 2008, el 40% de aportes a las pensiones de jubilación y montepío que debe satisfacer porque así lo dispone la ley.
Mientras tanto, anota Vivanco, la directiva del IESS, bajo la presión del “amigazo” (Ramiro González) que preside el Consejo Directivo, ha hecho inversiones por miles de millones en obras del régimen, lo cual teóricamente está bien, pero en la práctica, el asunto se vuelve dudoso e inseguro.
Si hubiese un mecanismo práctico, bueno sería que jubilados y pensionistas rechacen el aumento que denigra y ofende, que demuestra cómo se concibe y se practica la seguridad social en el país.
Vivanco señala que: las dos razones de la existencia de este dispendioso organismo llamado IESS, es establecer un régimen decente de pensiones jubilares, que asegure una vejez decorosa a quienes entregaron su vida al trabajo bajo dependencia (del gobierno especialmente), pero lo que hace en realidad es condenarlos a la miseria, a la indefensión cuando más necesitan.
Y, la otra prestación fundamental del IESS, es la médica, que no existe en realidad; o existe pero como un sarcasmo. Mejor no hablar por ahora de esto, pues quiero decirles, que hay un plan ladino y cobarde para hacer más cuantioso el saqueo de los fondos del IESS.
Por ahora, queda en manos de los jubilados rechazar el humillante incremento de la pensión, de decir ¡basta! a los directivos del IESS, que no pueden entregar el patrimonio de todos a las vehemencias de un gobierno que ha instaurado una autocracia que se basa en el populismo dadivoso y pernicioso.

18.21.3. Demagogia e inequidad sigue en el IESS

Si alguna conclusión real hay que sacar de los tres años de gobierno de la “involución ciudadana”, es sin duda aquella de que en materia legislativa se ha procedido alocada y apuradamente, lo que ha traído un enorme desperdicio de recursos y, en gran parte, un retroceso en el derecho de los ciudadanos.
En materia de seguridad social, destaca Gregory Gines Vinces (El Universo 23 febrero 2010) el asunto es igual de dramático. En marzo del 2009 la Asamblea, sin estudios técnicos, aprobó reformas (propuestas por el Ejecutivo) a la Ley de Seguridad Social, en cuyo artículo 11 se dispone que el incremento anual de las pensiones por jubilación de invalidez, vejez, incapacidad total o absoluta, de riesgos del trabajo y de montepío, sean igual al porcentaje de inflación del año inmediatamente anterior. Para los incrementos del 2010 se tomó como referencia la inflación del 2009 que estuvo en alrededor de 4,5% y, entonces, a los pensionistas que ganan el básico de 218 dólares el incremento llegó a solo 9,81 dólares; estos pensionistas son la mayoría, por lo cual el Consejo Directivo del IESS decidió un incremento de 10 dólares.
La consabida protesta de los jubilados y pensionistas no se hizo esperar. Frente a esto, señala Gines, ahora resulta que unos “salvadores” asambleístas de Alianza PAIS (Panchana, Gagliardo y otros junto a Ramiro González, también del Gobierno), plantean una nueva reforma demagógica, antitécnica e inequitativa. Ahora se promueve, para reformar la Ley, que el incremento considere una tasa mínima que es el porcentaje de inflación y una tasa máxima que es el porcentaje del rendimiento promedio de las inversiones del IESS en el último año; es decir, entre 4,5% y 7,5%, aproximadamente.
Gines da un ejemplo: si el incremento se mantiene en 4,5%, a un pensionista que gana 980 dólares se le incrementaría 44,10 dólares; es decir, 34,29 dólares más que el que gana 218 dólares.
Y si el incremento fuera de 7,5% el que gana 980 dólares obtendría un aumento de 73,50 dólares; el que gana 218 dólares solo obtendría 16,35 dólares; es decir 57,15 dólares menos.
Después de apenas tres años, para ambos casos y las mismas tasas de incremento, el que gana 218 dólares estaría con: 29,43 dólares o 49,05 dólares de incremento; el que gana 980 dólares estaría con: 132,30 o 220,50 dólares de incremento; es decir, 4,5 veces más que el otro.
Con este tratamiento, el gobierno de la “involución ciudadana”, les daría más a los que más ganan y les daría menos a los que menos ganan.

18.21.4. IESS al servicio del Gobierno

El experto Gregory Gines Vinces (El Universo, 31 diciembre 2009) predice que de la perdida de independencia del Central, del Seguro Social, de las cortes, el presidente Correa nos heredará un pais quebrado, donde todo el dinero de estos años de bonanza estarán en pocas manos de amigos del regimen, los pocos que ha logrado contratos y ponerse junto a la gran “teta” del Estado.
El tema de las inversiones del IESS, destaca Gines, es un buen indicador para determinar qué tan legítimas son las actuaciones de un representante al Consejo Directivo del IESS.
Esta que ha sido una entidad autónoma desde hace más de 60 años, la representación del poder Ejecutivo en dicho organismo debe entendérsela como una forma de garantizar imparcialidad y equilibrio frente a la representación patronal, una especie de catalizador de las aspiraciones y derechos de afiliados, jubilados y pensionistas; pero, sobre todo, de garante de ese ahorro del público a la seguridad social y de impulsor de la obtención de los mejores rendimientos de los dineros de los afiliados.
Salvo pocas honrosas excepciones, el representante del Gobierno al Consejo del IESS se ha convertido en un administrador de la institución, contraviniendo las esenciales funciones de dicho organismo que son las de legislar y fiscalizar, a tal punto de convertirla en un apéndice del Gobierno como ocurre hoy.
El IESS se ha convertido en una dependencia más del Gobierno, lo cual es altamente peligroso no solo para afiliados y jubilados sino para el sistema de seguro social obligatorio en su conjunto.
Mantener una representación de ese tipo en un organismo colegiado tripartito es abusar del poder del Estado en contra de los que verdaderamente aportan a la seguridad social. Algunos me dirán, arguye Gines, ¡pero si los recursos de la seguridad social deberían servir para financiar el desarrollo del Estado! La respuesta es: sí, pero desde una óptica independiente, haciendo que el Estado sea un ofertante más de posibles inversiones y no al revés, como ocurre ahora. Chile es el mejor ejemplo de desempeño independiente de las inversiones, y que han dado excelentes resultados.
Afirmamos, entonces, que lo más saludable es que pensemos en la estructuración de un organismo libre de la representación del gobierno de turno, que lo que ha hecho es ensuciar la autonomía institucional y hacer del IESS un botín político burocrático al servicio del partido o movimiento político triunfante en las elecciones.
Por otra parte, la representación de afiliados y jubilados (actual) deja mucho que desear. Empezando porque fue designado con la aplicación de un reglamento expedido por el presidente Rafael Correa, que fue declarado inconstitucional por el ex Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional), nos da claras muestras de su falta de legitimidad e independencia.
Gines anota, que la jugada del Gobierno (como muchas otras en el campo legal) fue reformar dicho reglamento para posibilitar el nombramiento de un representante afín al Gobierno, que aunque posteriormente dicho reglamento fuera declarado inconstitucional, con la aplicación de otra norma (artículo 278 de la anterior Constitución) dicho representante pueda mantenerse.
Pero el mismo ex Tribunal Constitucional mandó al presidente Correa, con fecha 7 de julio del 2008, expedir un nuevo reglamento para designar al vocal de los afiliados y jubilados, aspecto que después de más de un año seis meses no cumple, convirtiéndose en moroso de incumplimiento de una sentencia constitucional de única instancia e inapelable.

18.21.5. IESS en el financiamiento de inversiones riesgosas y de menor rentabilidad
Nos ha sorprendido a los ecuatorianos la reciente inversión de USD 165 millones al Proyecto Pañacocha que impulsa el Gobierno a través de Petroecuador, para explotación petrolera, sobre todo, por el riesgo asumido en esta operación, ya que el IESS acordó financiar este proyecto de forma similar a un crédito, de forma directa, y a medida que genere ingresos se le pagará dividendos, con un rendimiento del 5% anual. Esto es, menos de lo que se paga al crédito de China garantizado con petróleo, por el que se paga el 7,5% anual. Y tres puntos menos que el rendimiento que ofrecen los papeles de firmas privadas.
Y a mediados del próximo mes (abril 2010) se prevé que empiece a operar el Banco del IESS, en principio, como un banco de inversión, aunque hay fuertes presiones para que lo haga como banco de desarrollo, guiado por las necesidades del Gobierno. Este banco administrará recursos por unos USD 6 300 millones durante este año.
César Sosa (El Comercio, 1 marzo 2010) al analizar las inversiones del IESS en el sector público, observa que aquellas han ganado terreno, producto de las necesidades fiscales y de recursos ociosos en el IESS que buscan opciones de inversión. Cerca del 60% de inversiones se canalizaron al sector público hasta 2009, lo cual muestra dos cosas. Hay más necesidades fiscales que no pueden ser cubiertas con el presupuesto del Estado. Y el sector privado, o no tiene proyectos de inversión o estos son muy escasos, lo cual muestra la debilidad del aparato productivo.
Frente al menor protagonismo del sector privado, los recursos de los afiliados pueden concentrarse aún más en el sector público, pues hay un déficit fiscal de USD 4 000 millones que no se los consigue en el exterior. Y el Banco del IESS (el BIESS) tiene dos argumentos para caer en la tentación: la Superintendencia de Bancos amplió a 75% el porcentaje máximo de inversiones en el sector público y, si el Gobierno presiona, puede hacer uso del voto dirimente que tiene en las decisiones del Banco.

18.21.6. Emergente reforma estructural

De otra parte, el Presidente del Directorio del IESS se ufana de que la entidad ha invertido generosamente sus recursos en financiar obras de desarrollo constantes en el plan de gobierno, ponderando cuan benéficas han sido para la entidad. Pero mientras esto sucede, (Editorial Expreso, 2 febrero 2010) los jubilados se quejan amargamente de las pensiones y de los aumentos anuales que reciben, y los afiliados enfermos que acuden a hospitales institucionales en Guayaquil y otras ciudades, a más de ser sometidos al martirio de las interminables colas y de un centralismo, se enteran de que no hay los medicamentos prescritos por el médico. Es necesario acudir a Quito, cumpliendo trámites interminables, mientras los enfermos de males llamados catastróficos como el cáncer, no pueden interrumpir el tratamiento y han de hacer esfuerzos supremos para comprarlos o resignarse a morir.
Sabemos bien, anota Expreso, que el presupuesto del IESS está estructurado orgánicamente, y que las partidas que se dedican a las diferentes áreas son fijas; entre ellas están la de la atención médica y la de las pensiones jubilares. Estas partidas son calculadas con una mezquindad increíble, sin tomar en cuenta que la atención médica a los afiliados enfermos y las pensiones constituyen los dos principales fines de la seguridad social. Estos dos rubros deben ser mucho mayores pues sirven o deben servir para financiar estas prestaciones, con el propósito de volverlas racionales y dignas, lo cual no sucede, con la circunstancia de que últimamente las inversiones en el sector público hacen temer que, dentro de la crisis que vivimos, se vuelvan insuficientes, lo que sería verdaderamente insufrible para un gran sector de afiliados.
Y no se hable tanto de las inversiones, de la “urgencia” de realizarlas para ganar más réditos; háblese mejor de una reforma fundamental del IESS para racionalizarlo, para modernizarlo, para que brinde servicios de calidad y pensiones dignas. Porque en este aspecto, vivimos la edad primitiva, con las reglas que se impusieron a la institución cuando nació por la década del 30 del siglo pasado.
La reforma estructural del sistema y los cambios para bien de los asegurados, serán posibles, si el IESS recobra su autonomía, se maneja con criterios técnicos, de rentabilidad y de seguridad y a la vez, deja de lado el control del Gobierno.

Más sobre el IESS, consulte el numeral 5 “Uso de fondos del IESS” de la serie “Políticas y Acciones que Empeoran la Pobreza del Ecuador”

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18.19. Irrefrenable colapso institucional

La falta de independencia de poderes y de legitimidad de los mismos, viene de provocar una descomposición institucional y una pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado.

18.19.1. Poder judicial a la deriva

Para Alfredo Pinoargote (Vistazo, febrero 2010) la Corte de Justicia de Montecristi ha resultado peor que la tristemente célebre Pichicorte en el Gobierno de Lucio Gutiérez.. Lo ocurrido en la fracasada audiencia de formulación de cargos contra los conjueces que presuntamente cometieron prevaricato, en el más importante caso contra la banca corrupta (Filanbanco), porque el presidente de la sala que los va a juzgar está también enjuiciado por prevaricato, debido a que liberó al capo de los carteles criollos del narcotráfico, es muestra reveladora del colapso judicial.
Esta es la crónica de un descalabro oportunamente anunciado porque la revolución , destaca Pinoargote, prefirió hacerse cargo de los huérfanos de la partidocracia en el poder judicial, por consejo de quien fungió de asistente del ex dueño del país y de mayordomo de la judicatura durante la pasantía que ejerció en la presidencia de la corte vitalicia del régimen partidocrático. Se inventó un régimen transitorio con rifa (tómbola) de magistrados que terminó en la cacería de los suplentes de los suplentes y de los que ni siquiera ganaron los concursos para ser suplentes, además del abogado personal del ex dueño del país que como un rayo se hizo cargo de los principales juicios de la justicia partidizada.
Pinoargote señala, que la revolución al final de cuentas manufacturó su propia corte presidida por el decano de los jueces de la partidocracia, y con un fiscal que fue asistente de la fiscal de la partidocracia. Eso se llama caída y limpia. Cero sobre 10 en justicia para la revolución fallida.
Sin embargo, entre los escombros brotan unos destellos intermitentes indicando que no todo estaría perdido, que algo aún se puede rescatar. Por ejemplo, señala Pinoargote, el fallo de la corte de Pichincha que declara la inconstitucionalidad del cierre temporal de Teleamazonas, cuando el Ejecutivo aplicando la norma subalterna de un reglamento perpetró este abuso.
Pero lo hecho, son luces fugaces. En otra Corte, para contraste, se absuelve a quien sorprendieron en delito flagrante, intentado sobornar a un director regional del SRI para que favorezca a un contratista del Gobierno, o no se toman medidas cautelares contra ex funcionarios y funcionarios del gabinete presidencial acusados de peculado, o la fiscalía omite acusar a allegados al régimen pese a dictaminar manejo irregular.
El germen de la corruptela política que está carcomiendo a la revolución está, en criterio de Pinoargote, en el pisoteo del principio constitucional de la no reelección en órganos de justicia y control. Ahí está la base para detener este descalabro que amenaza petrificarse. La Asamblea tiene que dictar una ley que impida la reelección en el consejo de la judicatura, y que en los concursos para integrar cortes y juzgados no puedan participar quienes hayan sido sancionados en el desempeño judicial.
La crítica situación dio lugar (Diario Hoy, 1 febrero 2010) a que lo que tiene hoy el país es una Corte de Justicia sin ninguna legitimidad, descalificada en términos profesionales y morales, que puede adoptar resoluciones como la reciente de tres conjueces sobre el caso Filanbanco.

La situación de la Función Judicial se vuelve dramática y preocupante (anota Diario Hoy) porque tomará por lo menos un año más la designación de la nueva Corte por el Consejo de Participación y Control Social, que se encuentra recién en formación. En este caso, la Asamblea Constituyente no solo echó a perder un proceso largo y complejo de reorganización de la Función Judicial, sino que además sus experimentos constitucionales han dejado tantos vacíos que hoy el país tiene una Justicia descalabrada.

Quienes llegaron al poder con la famosa proclama de llevar adelante una revolución ciudadana resultaron ser personas sin conciencia de la complejidad que significa iniciar procesos de cambio.
Vale anotar, que la situación empeoró con el actual régimen, destaca Vladimiro Alvarez (Diario Hoy, 7 febrero 2010), luego del asalto al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso para sacar a los diputados de oposición y poner a la de los “manteles”, por parte de garroteros de movimientos y partidos políticos simpatizantes con el Gobierno hasta que esos organismos se sometieron y, por miedo, también las Cortes de Justicia.
Y vale resaltar, que el gran pretexto para que la mayoría oficialista de Montecristi metiera mano en la justicia y echara abajo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron elegidos por concurso de oposición y méritos y con vigilancia internacional, fue la supuesta independencia de esta función del Estado.

Pero, “que va porque va”, fue una premisa de que la "revolución ciudadana está en marcha". Por lo que, señala Diario Hoy (10 febrero 2010) tenían que tumbar todo lo anterior, aunque fuese para repetir las mismas taras pasadas. Exactamente, eso se hizo. El país se quedó sin Corte, y, como había que "hacer algo" para que la ruptura constitucional no fuese tan flagrante, se propició el juego de la “tómbola”, para sortear a los magistrados y constituir lo que es hoy la "Corte de Troya". Total, lo que querían es demostrar que ahora son ellos, los de Alianza País, y no los de antes -los socialcristianos-, los dueños del Ecuador.

18.19.2. Jueces de bolsillo

Eduardo Carmigniani (Expreso, 29 enero 2010) destaca que “Suspendidos como están en sus funciones los conjueces (jueces suplentes) que se pronunciaron recién sobre el caso Filanbanco, se ha formado un guirigay por la designación de quienes deben reemplazarlos, para resolver las impugnaciones presentadas contra ese fallo. No es para menos. No solo por el perverso sistema -aún vigente- que simplificado implica que el nombramiento debe hacerlo a dedo el presidente de la Corte Nacional, doctor Troya, y que los elegidos no serán jueces a tiempo completo sino abogados que ejercen la profesión, sino porque actuar en esas circunstancias, y solo para ese caso, hace imposible que los favorecidos con el dedo del Presidente de la Corte puedan actuar imparcialmente”.
Carmigniani pone un ejemplo: ¿qué tal si los tres nombrados confirman el fallo reciente? ¿qué responsabilidad se imputaría al doctor Troya por haberlos nombrado? Legalmente hablando no tendría en verdad ninguna, pero políticamente de seguro sería descabezado, atribuyéndosele alguna especie de autoría “indirecta”, “intelectual”, o algún otro adefesio de igual laya. ¿Y si lo revocan? ¡Ah pues!, entonces los descontentos dirán que esos jueces fueron nombrados a dedo con la especial consigna de perjudicarlos. No habría en ese caso tampoco responsabilidad legal -ni “política”- del Presidente de la Corte, pero sí fuertes quejas sobre la imparcialidad de los juzgadores.
Veamos ahora el asunto desde el ángulo de los candidatos a la honrosa designación: ¿alguien en su sano juicio y que tenga una pizca de respeto por sí mismo aceptaría el encargo en las actuales circunstancias? Permítanme dudarlo. Es casi imposible que eso pase, insisto, tratándose de personas en su sano juicio y con una pizca de respeto por sí mismas, pues de las otras, de las que ya han tomado partido por uno u otro lado, sin asco habrá más de tres que estén dispuestas a saltar a la cancha, claro está, con decisión cocinada de antemano. La que sea, anota Carmigniani.
Difícil pinta la cosa entonces, mientras siga en pie el maníqueo sistema de que el Presidente de la Corte nombra a dedo a esos conjueces. No dudo del buen deseo del doctor Troya por buscar gente incorruptible, pero ya está visto que de ese grupo casi nadie aceptará. Así que tal vez convenga esperar a que la nueva Corte sea nombrada y que por sorteo se elija a los jueces titulares que resuelvan. Si no, seguirá el manoseo.
Y la justicia seguirá postergada.
De otra parte, de lo que los asambleístas del oficialismo aún no parecen asombrarse es de la conducta de su jefe, el presidente Correa, que "mete mano a la Justicia" en los casos que le interesan.
Diario Hoy destaca (10 febrero 2010) que los gobiernistas no dicen ni pío por la "intervención" en los procesos judiciales, y por eso no han comentado lo que el presidente Correa dijo el sábado respecto del cierre de Teleamazonas y la decisión de los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha respecto al canal y el cierre ordenado por la Superintendencia.
En una insólita intromisión en un país en el que supuestamente hay independencia de las funciones, Correa anticipó que pedirá a la Corte Constitucional (autoconstituida por los vocales sumisos del ex Tribunal Constitucional) decida la suerte de los jueces que osaron dar la razón al canal que fue cerrado al margen de la Ley. Y como si esto no fuese suficiente, se sabe que el Consejo de la Judicatura se apresta a intervenir y sancionar a los jueces. Y los sancionó.

18.19.3. Manipulación y chantaje fiscal

La última semana del mes de febrero, el fiscal de la Nación, Washington Pesántez amenazó con "desnudar" a todo aquel que ose llevarlo a un juicio político en la Asamblea Nacional.
Con eso ha dado a entender que muchos asambleístas del oficialismo y de la oposición tienen trapos sucios ocultos, pero que él, por sus conveniencias e intereses no los ha sacado a la luz a pesar de que pudo hacerlo hace tiempo, por ser esa su responsabilidad.

La vergonzosa posición de Pesántez da lugar a creer, que durante todo este tiempo ha estado encubriendo a personas que probablemente no deberían ocupar las dignidades a las que han llegado y tal vez deberían estar en la cárcel pagando sus cuentas con la justicia.

Frente a esto, Ana Angulo Benavides (Hoy, 28 febrero 2010), cuestiona ¿Tiene calidad moral para ser fiscal de la Nación una persona que, por su propia boca, deja ver que ha tapado posibles actos de corrupción quién sabe de cuántos asambleístas y altos funcionarios?,.. ¿Durante este tiempo ha servido a esos intereses de grupo o a los ciudadanos? Ahora, en una suerte de chantaje, ha salido a amenazar, para evitar ser sacado del cargo.
Angulo destaca que esas son las cuestiones que deberían esclarecerse en caso de producirse el juicio político anunciado por algunos asambleístas de Alianza País, que ya veremos hasta dónde llega luego de que el presidente Rafael Correa, desaprensivamente, la noche del pasado jueves (25 febrero), dijo que no era conveniente encausarlo hasta que termine el caso judicial por el accidente de tránsito en el que se halla involucrada la esposa del fiscal.
En ese caso, anota Angulo, la Fiscalía obró institucionalmente de una forma indigna. Primero fue el comunicado en el que se descalificaba a los testigos y se concluía que el accidente prácticamente fue provocado por la víctima Natalia Emme. Luego, fuentes relacionadas con la investigación "filtraron" un supuesto informe según el cual la fallecida habría estado en estado etílico cuando fue atropellada en la vía exclusiva del Metrobús.

Después, la presidenta de la Asociación de Empleados de la Fiscalía se autoresponsabilizó del comunicado y renunció a esa dignidad (no al cargo). Por último, el fiscal pidió licencia temporal y el subrogante no ha mostrado una actitud imparcial sino que se ha convertido en "abogado" de su jefe.

En medio de todo esto, surge el pronunciamiento del mandatario, lo cual para muchos se interpreta como una orden a su bancada legislativa de parar el anunciado juicio contra el fiscal general.

Es que por más autónomos que se digan los miembros del bloque de Alianza País, hace rato no lo han demostrado en materia de fiscalización, más cuando interfiere Correa. Y no pasar por alto, que el presidente dijo que el ser jefe del Ejecutivo lo convertía también en jefe de las funciones Legislativa y Judicial. Y con “derecho a intervenir”.

18.19.4. Descomposición social y política

A más del colapso institucional, uno de los más graves problemas que el país soporta en estos momentos es la descomposición social y política. Se han disuelto los vínculos que verdaderamente unen a la colectividad y dan sentido a las instituciones que, a su vez, se forman por las leyes vigentes.
Jorge Vivanco destaca (Expreso 19 febrero 2010) que vivimos un proceso de falsificación de las instituciones, un apoderarse de áreas de poder, despreciando los principios morales de la colectividad. Este gobierno aplicó el cambio ofrecido de una manera engañosa, pues el cambio para él había sido la eliminación del sistema democrático con su división de poderes y su alternabilidad; para adoptar el socialismo siglo XXI que es una autocracia que se está derrumbando como castillo en la arena, en su sede principal, Venezuela, cuyo “líder” no puede sostener la avalancha de sus propios errores.
Entre nosotros, señala Vivanco, donde hay una aplicación más inteligente del sistema, sin embargo sobrevino el factor más disolvente: la corrupción que da la impresión que fue planificada, pues se renuncia a la fiscalización en todos los niveles, de modo que el ejercicio de la autoridad y sobre todo el empleo de miles de millones de dólares, no tiene la correspondiente responsabilidad. En esto se refleja un estado de anomia moral.
Los actos de corrupción se cometen de una manera descarada. Las denuncias que se hacen, anota Vivanco, se acallan en la impunidad sistemática. Basta leer la carta del entonces comandante general de Marina, vicealmirante Arellano, cuando fue relevado del cargo, para horrorizarnos no tanto por lo que sucede, cuanto por la impunidad. Este marino le dice al Presidente Correa, que él fue eliminado de sus funciones por un complot de intereses petroleros defendidos por altos jerarcas de la Marina, acompañados de personajes conocidos por el país, a uno de los cuales el propio Presidente de la República calificó de ser capo de una mafia impune.
El descaro oficializado. Y las denuncias sobre “la penetración del narcotráfico en altas esferas; el lavado de dinero hecho en forma pública y notoria; y decenas de asuntos más, son el pan de cada día. Pan amargo, pan contaminado, pan que se nos brinda desde el poder a los ecuatorianos”.
Esa descomposición moral, en auge, es la que está liquidando al país.

18.19.5. Funcionarios corruptos siguen campantes

La denuncia sobre las coimas generalizadas de Invermun, en que constan los nombres de altos funcionarios, está envuelta en el silencio, en manos de jueces cómplices y encubridores; esas coimas se repartían para que no se cierren esos salones donde funcionaban las máquinas tragamonedas, que mueven decenas de millones de dólares; se dio la orden de clausurarlas, pero hoy están funcionando a todo dar.
Jorge Vivanco (Expreso, 4 marzo 2010) hace una referencia al respecto: “al parecer lo único que hice, dice Jaime Solórzano Ycaza -denunciante del caso-, fue entregarle ‘el queso al ratón’, ya que no se ha hecho nada por parte del doctor Washington Pesántez ni por ninguno de los entes de control (SRI, lavados de activos, CAE, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno, Intendencias, etc.), (…) todos salieron como grandes descubridores ‘agua tibia’ aduciendo que estaban atrás de la empresa Invermun S. A., pero nadie dio el paso adelante y fui objeto de una persecución”.
“(...)el 15 de enero de 2010, la ministra de Turismo, Ec. Verónica Sion de Josse, solicitó al doctor Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, que emprenda los operativos de clausura de las salas de juego, decomiso y destrucción de las máquinas tragamonedas; este Ministerio en oficio circular No. 2010-0730-SJ, transmite dicha solicitud a los señores intendentes generales de Policía de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Loja, para que procedan con dicho operativo; tampoco este operativo se llevó a efecto, burlándose una vez más de las órdenes del Presidente, ministros, intendentes, etc.; pero (…) hay dos nombres que (…) constan en el proceso, que habrían ordenado ‘arreglar’ a cualquier precio para que (…) puedan funcionar legalmente en el Ecuador”, esas máquinas tragamonedas.

18.19.6. Participación ciudadana seguirá secuestrada

Cabe un control mayor y seguimiento de los ciudadanos al proceso de selección por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de las ejecutorias que emprenda este novel organismo, dado que este “todopoderoso” quinto poder del Estado, esta llamado, entre otras atribuciones, a elegir a todas las autoridades de control, electoral y del Consejo de la Judicatura. Esta última, a cargo de la elección de la nueva Corte de Justicia.
Lo cierto es que el CPCCS tenía que estar desprovisto de influencias político-partidistas. La idea de la reforma constitucional fue la de quitarle a la Asamblea Nacional la facultad de nombrar a las más altas autoridades del Estado y a las entidades de control. Para eso, la Ley de Participación Ciudadana que articula este Consejo debía especificar que, para ser candidato, NO se debía tener vínculos con partidos políticos, militancia política o vinculación con el Gobierno actual.
Anunzziata Valdez, subdirectora de la Corporación Participación Ciudadana, considera (El Comercio, 9 marzo 2010) que el CPCCS tenía que ser para los ciudadanos. Lamentablemente en la Ley que crea el Consejo no se pusieron límites. Como resultado, tenemos que las personas que tienen experticia política tienen una ventaja frente al resto de ciudadanos que nunca han participado en estos espacios.
Esto es así, anota Valdez, por cuanto los concursantes más vinculados con los partidos políticos tienen los mejores puntajes. No se establecieron límites para efectos de que el Consejo de Participación Ciudadana sea la expresión de los ciudadanos: la razón para crear un Quinto Poder.
La ciudadanía siente malestar porque este espacio era para ciudadanos y no se lo precauteló en la Ley. Por el contrario, dejó un amplio margen para que participaran personas vinculadas con partidos políticos.
Al menos falta de información no hubo. Nosotros, como Corporación Participación Ciudadana, presentamos esa propuesta a la Comisión Legislativa que tramitaba la Ley. La idea era que se establezca que las personas que concursen no tengan vinculación partidista, al menos cinco años antes de ser candidatos. Esto fue lo que argumentamos y defendimos y no fue tomado en cuenta por motivos claros de que querían el resultado que actualmente tenemos en el proceso.
Debido a esta falencia, el nuevo CPCCS tendrá a integrantes como Fernando Cedeño Rivadeneira, un ex alto funcionario de este Gobierno, que es apadrinado por el canciller Ricardo Patiño, quien a su vez acolita a Hugo Chávez para constituir la V Internacional Socialista (Comunista).

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18.18. Subsidios frenan el desarrollo

18.18.1. Validez de los subsidios

Algunos creen que la mejor política fiscal es la que tiene como tarea principal la distribución de la riqueza, para lo cual, estiman necesario impuestos altos y castigadores a los ciudadanos más prósperos para financiar así los gastos en educación, salud, subsidios, transferencias directas o créditos estatales para sectores de alto riesgo, ayudas, etc..
De otra parte, hay quienes creemos que la política fiscal debe tener 2 tareas básicas. La primera es brindar el ambiente adecuado para que los empresarios puedan invertir, aumenten sus demandas por recursos humanos incentivando el empleo y disminuyendo la pobreza. Para esto se necesita una estructura no castigadora de impuestos, que mas bien genere mayores niveles de inversión productiva y en este ambiente de expansión económica –y obviamente de la base tributaria-.
En este segundo escenario Roberto Villacreses L, del Instituto Ecuatoriano de Economìa Polìtica (IEEP), señala (http://www.ieep.org.ec/index) que el Estado tendrá mayores recursos para gastar en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y la segunda tarea de la políticas fiscales es la de administrar y gastar eficientemente los recursos, de forma tal que los dineros que el estado toma de los ciudadanos regrese a nosotros mediante obras y servicios de calidad que beneficien a todos y preferentemente a los que menos tienen (los de extrema pobreza).
Villacreses considera que debe revisarse el principal destino del gasto publico, es decir los principales subsidios, reconociendo los costos que implica mantener esta estructura de transferencias, y lo más importante, observar si se está cumpliendo con el objetivo de beneficiar a los sectores de menores recursos reduciendo así la pobreza o si sólo se los está utilizando para beneficio de unos pocos en desmedro de todos.
Y la revisión que da lugar, de subsidios que más recursos consumen del total del presupuesto del Estado como son los combustibles y el gas, se incorporan algunos otros de menor cuantía, pero de importancia, como los subsidios al crédito que otorgan las financieras nacionales, ni otros de reciente creación, como los subsidios a la urea o a la harina o los créditos no reembolsables que se otorgan,…,
Las situaciones de inequidad, acaparamiento y marginalidad, que se presentan en los sistemas macroeconómicos, da lugar justificativa a la adopción de políticas correctivas.
Villacreses considera que les medidas, en su base conceptual, están para instrumentar mecanismos de transferencias involuntarias desde aquellos que más tienen hacia aquellos que tienen menos o nada. Así surgen los subsidios o transferencias directas. La idea básica es cobrar un impuesto a los que más tienen para distribuirlo entre los que menos tienen.
Esta noción responde, asota Villacreses, a lo que los teóricos de la política fiscal denominan “función de redistribución de ingresos” por parte del Estado, es decir para quienes promueven estas políticas erróneas la riqueza ya está dada y por lo tanto lo único que hay que hacer es repartirla.
Villacreses comenta que “Estos subsidios que otorga el gobierno, pueden canalizarse a través de la oferta o la demanda. En el primer caso, la subvención permite cubrir parte de los costos de producción, y por lo tanto, la gente puede adquirir un bien o servicio por un valor inferior al precio de mercado. En el caso de los subsidios a la demanda, se incrementan los ingresos del receptor para que éste financie la adquisición de ese bien al precio de mercado”.

18.18.2. Mal manejo en el Ecuador

En el caso del Ecuador, señala Villacreses, los subsidios llevan algunas décadas de ser utilizados con el nombre de “inversión social” que, han venido aumentando de forma sistemática cada año, sin embargo no hay una disminución verificable de la pobreza. Al contrario, se han constituido en una forma de perpetuar la miseria y una manera de aumentar la corrupción y los abusos presupuestales al servicio de la burocracia moderna, todo esto bajo la excusa de aumentar la “inversión social”.
El problema, que pasan por alto quienes promueven este tipo de políticas redistributivas, refiere Villacreses, es que esta no genera riqueza, al contrario, en el mediano y largo plazo, tenderìa a que disminuya.
El hecho es, remarca Villacreses, que para destinar recursos hacia estas actividades es necesario primero retirarlos de los sectores más prósperos y eficientes de la sociedad, lo que implica una reducción de parte del capital de estas personas, el mismo que lamentablemente no estarìa disponible para ser reinvertido, ahorrado o consumido, es decir obstaculizando el crecimiento de la producción, que es en última instancia lo único puede mejorar la situación de los ciudadanos.
De igual manera, anota Villacreses, en el Ecuador los subsidios o la “inversión social” han sido utilizados además como forma de ganar adeptos políticos a cambio de dadivas, pues estas “ayudas sociales” son bien acogidas por los grupos de interés. Ejemplo de esto lo encontramos cuando el Presidente Rafael Correa, clientelarmente alentó el consumo subsidiado del gas para los taxistas.

18.18.3. Subsidios alientan el contrabando y la agresividad

Uno de los grandes problemas, por la connotación política que ello conlleva para los regímenes de turno, es el subsidio a los combustibles y al gas licuado de uso doméstico.
En las últimas semanas se ha observado en la frontera con Colombia, la represión al contrabando de combustible hacia Colombia con el consiguiente enfrentamiento de la fuerza pública con los contrabandistas.
Se aprecia, que a consecuencia del desnivel de precios de los combustibles entre el Ecuador y sus vecinos, se genera un intenso contrabando de esos productos, no solo por las fronteras terrestres, sino por la extensa frontera marítima. El Ecuador mantiene desde hace muchos años, un precio altamente subsidiado de los combustibles por razones políticas.
Jorge Vivanco (Expreso, 7 febrero 2010) destaca que si es que ese sacrificio de los ecuatorianos, que son los que pagan el subsidio, favoreciera a los sectores màs pobres, quizá habría una base para mantener este sistema; pero no es así: el precio subsidiado de combustibles constituye un atractivo irresistible para el contrabando. Pero lo peor es que esto produce una distorsión ética, puesto que la Policía y los órganos de control, en actitud sospechosa, no dan la importancia debida a la vigilancia de las fronteras y así no aplican la ley que sí existe en estos casos.
En Tulcán, resalta Vivanco, un hecho asombroso y repudiable tuvo lugar la primera semana de febrero: la Policía localizó un lugar de almacenamiento de combustibles, destinados al contrabando hacia Colombia; al ser descubierto, los dueños de esos combustibles lo derramaron al piso y se produjo un incendio de grandes proporciones. Esta batalla, que es una de tantas, refleja la intensidad de un problema acerca del cual las autoridades respectivas miran para otro lado.

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