18.20. Pirrico apoyo a los sectores productivos

18.20.1. El socialista reparto de tierras

El Ministerio de Agricultura anunció que las haciendas bajo el poder de la AGD pasarán a asociaciones.
Por esta razón el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) realizó, ayer (El Telégrafo, 19 octubre 2009) el lanzamiento de la política de “Redistribución de Tierras” para pequeños productores, cuyo objetivo es entregar títulos de propiedad a los ocupantes de las haciendas incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
En este marco, el titular del Magap, Ramón Espinel, anunció la creación de brigadas que analizarán cada caso de las 26 haciendas de Guayas, Los Ríos y Manabí, unificadas en la Organización Unión de Pequeños Productores de la Costa, Tierra y Vida.
El acto se realizó en la hacienda La Leopoldina, ubicada en el recinto Puerto Rico, cantón Colimes, sitio en el que se dieron cita cientos de personas que celebraron los anuncios de Espinel.
“Lo primero que haremos es revisar la ley constitutiva del Banco Nacional de Fomento (BNF), para que tenga la representación campesina y deje de ser un ente que financie a la gran hacienda”, manifestó el funcionario.
Además, aseguró que para desarrollar este plan de redistribución decidió saltarse toda la tramitología que se hace en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), organismo que -según su percepción y por la denuncia de los campesinos- necesita reestructurarse.
“Para cambiar el INDA hay que hacer nuevas políticas y eso lleva tiempo, por eso trabajaremos paralelamente y buscaremos la forma de hacer una legalización automática”, dijo Espinel.
.Las propiedades estaban en manos de instituciones financieras actualmente cerradas. “Por ejemplo: La Leopoldina, que está en manos de los campesinos agrupados en la Asociación de Montubios del cantón Colimes, estaba hipotecada al Banco Unión. Ahora se cumplió con todos los trámites y se espera la entrega de títulos”, señaló Milton Yulán, dirigente de la organización campesina.
Los campesinos aclararon que las tierras que les adjudicarán no serán regaladas, sino que pagarán un precio justo por ellas.
Uno de los grandes inconvenientes que tienen los posesionarios de estas tierras es la falta de créditos. Para solucionar este inconveniente el Ministro aseguró que no se esperará a que termine la entrega de títulos (proceso que no tiene fecha definida), sino que se buscará la forma de que los campesinos reciban los créditos sin necesidad de presentar los papeles de propiedad.

Y son alrededor de 100.000 hectáreas serían redistribuidas -en primera instancia- entre las agrupaciones campesinas de la región Costa que se beneficiarán de esta política, manifestó el subsecretario de Agricultura del Litoral, Rafael Guerrero.

18.20.2. Peligros del reparto de tierras

Sergio Seminario V, (El Telégrafo, 1 febrero 2010) de su parte considera que hay peligros en el reparto de tierras y éstos son de que puedan transformarse en minifundios, que se haga un retaceo y que no se le entregue al individuo los instrumentos adecuados.
¿A qué me refiero con esto?, anotó Seminario. En el país hay más de un millón de agricultores que no tienen títulos de propiedad, al no tenerlos no son sujeto de crédito, no entran al sistema productivo nacional, eso debemos evitar, y sería un peligro repartir por repartir sin dar ese instrumento de trabajo.
Seminario destaca que debemos ser muy claros en el sistema, es decir, que no lo tomemos por el lado demagógico, que sería aquí está señores, tienen sus tierras.
Cuando usted entrega tierras tiene que ser otorgadas con un total de elementos, el instrumento principal es lógicamente su título de propiedad. Luego tengo que dar herramientas para que trabaje, no es que le voy a regalar el dinero, pero le voy a dar un crédito con suficiente plazo, en el momento oportuno, para que pueda hacer los trabajos.
Además, hay que preguntarle qué cultivará, ya es hora de que el país comience a racionalizar el uso de las tierras.
Entonces, deberían dirigir, hacer un crédito para los cultivos que el país necesita. Por ejemplo, el trigo, maíz, soya,…
Seminario destaca que “Estamos en redistribución de tierras pero no estamos hablando de una reforma agraria. Creo que la reforma agraria, que se hizo en 1964, fue una iniciativa que trató de hacer algo, pero se olvidó justamente de las herramientas y lo único que hizo fue repartir pobreza”.

18.20.3. Agricultura sigue postergada

La distribución de la tierra no puede ser simplemente la entrega de terrenos para los agricultores, que es lo que precisamente esta ocurriendo con el “Plan Tierras” concebido por el actual Gobierno.
Abel Navas (El Telégrafo, 1 febrero 2010) señala que “El plan Tierras debería significar que entregarán tierras a los campesinos sin tierras. Para eso es necesario hacer un catastro de los agricultores, en el que hay que organizar modelos de desarrollo productivos diferentes a los que se han aplicado hasta ahora. Hay terrenos que -por ejemplo- pueden ser convertidos en unidades de producción, y establecerlas de manera comunitaria para que la gente no las pueda vender”.
Adicionalmente, “a los campesinos hay que organizarlos de manera adecuada y ver los suelos para qué sirven, si son aptos para ganadería, pasto o para cultivar arroz, cacao, café, etc., y adoptar medidas de comercialización justas” destaca Navas.
Considerando que los que gobiernan son “revolucionarios”, Navas considera que debería determinarse la extensión de terreno que requiere un campesino para que sea productivo y genere una rentabilidad justa. Es decir, este programa debe tener esos componentes. Y sobre todo, que esos terrenos lleguen a manos de asociaciones legalmente constituidas para que generen una producción sostenible y sustentable, donde tengan el crédito oportuno, semillas, insumos, asistencia técnica,...
El plan debe funcionar de manera planificada, arguye Navas, porque debe hacerse una redistribución racional, justa y equitativa, pero así mismo, para que la tierra funcione adecuadamente, tiene que pasar por un proceso de organizar a los beneficiarios en unidades que cuiden la producción, la biodiversidad, gente que preserve los ecosistemas, la vida.
Para este fin, será necesario establecer un “Fondo Nacional de Tierras”, que tiene que ser financiado con recursos del Estado.
Mas, si es la entrega de la tierra a cualquier persona y sin ayuda posterior, eso será un desastre.
Por su parte, Sergio Seminario V, (El Telégrafo, 1 febrero 2010) considera que el Estado, que puede promover el ingreso al sistema productivo del país, porque ello permitirá al país garantizar su seguridad alimentaria, al ser entregadas a los pequeños productores, para que ellos a su vez tengan su medio de trabajo.
Indudablemente, acota Seminario, lo que este país tiene es un porvenir agrícola. Tenemos una tierra de primer orden, el clima, un entorno favorable y una cultura de agricultores y eso es importante. Cuando hablo de cultura, hablo de gente que le gusta y sabe de agricultura. Y que necesita, no obstante que se le brinde facilidades para producir.

18.20.4. Círculo vicioso en otorgamiento de crédito

La cartera de créditos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) creció, entre enero del 2009 y enero del 2010, en 48,7% al pasar de $ 422,4 millones a $ 628,5 millones (El Universo, 8 marzo 2010).
La mayor parte de la cartera del 2010, según datos de la Superintendencia de Bancos (unos $ 559,2 millones), fueron para créditos comerciales.
Para Mauricio Peña, viceministro coordinador de la Producción, existe un círculo vicioso en la entrega de recursos de la banca pública, por el cual solo se entregan créditos a quienes tienen activos con los cuales responder al pago. Quien no los tiene, es decir la gente que necesita financiarse, no puede acceder a dicho financiamiento, cuestionó el funcionario.
Una de las prácticas arraigadas es la de ser prudentes en la entrega de recursos y no se presta a aquellos que no tienen garantías y no pueden pagar.
Peña explicó que la idea del Gobierno es implementar herramientas que permitan el acceso con garantías de pago. De hecho lo tiene: hay una línea de “Crédito Asociativo”, para otorgarlo a pequeños productores con garantías quirografarias, cruzadas y solidarias. Pero, al parecer de poco sirve la “facilidad”, porque los créditos disponibles se dirigen al comercio antes que a la producción, y dentro de esta última, llega muy poco a la gran masa de pequeños productores.
Por lo que, es un capítulo pendiente, el articular un estratégico y coherente programa que permita ampliar y maximizar la línea de crédito asociativa. Caso contrario, no se estará facilitando que llegue el cambio al campo. Y la “revolución” no pasará de ser un simple cuento.

18.20.5. Por una auténtica revolución en el agro

Para conmemorar sus 25 años ofreciendo asistencia financiera y becas a bachilleres ecuatorianos de escasos recursos, que aprueben los exámenes de admisión en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, la Fundación Privada Wilson Popenoe trajo al Ecuador al experto Polan Lacki, extensionista en Brasil, ex funcionario de la FAO.
En la conferencia dictada por el experto, el jueves anterior (El Universo, 6 marzo 2010), señaló que: “Nosotros somos unos privilegiados en América Latina porque tenemos gran potencial para generar riqueza y, sin embargo, las desaprovechamos, tenemos grandes tierras, capacidad para generar comida pero no sabemos aprovechar esas potencialidades porque no tenemos conocimiento para aumentar los rendimientos, nadie nos ha enseñado a organizarnos, ni a vender las cosechas y no es culpa del agricultor. Los problemas no hay que resolverlos por vía política, sino por la vía de la ciencia”, dijo Lacki.
Para el especialista agrícola las soluciones de los agricultores no están en las ventanillas de un banco o de una entidad burocrática, sino en los pupitres de una escuela.
“En América Latina los gobiernos siempre han cometido el error de entregar regalos y por mejor que sea su intención están destruyendo la dignidad de los pobres rurales porque les quita la voluntad de solucionar sus problemas con su propio esfuerzo. Los fertilizantes, los créditos, las semillas, las tierras,…si no vienen precedidos de capacitación y educación es un gasto que no funciona y se debe hacer año tras año, y eso se ha venido haciendo por más de 50 años, y por eso no hay presupuestos en los ministerios, porque estamos ofreciendo apoyos perpetualizadores de dependencia cuando deberíamos capacitarlos para aislarlos del paternalismo del gobierno”, recalcó el extensionista.
Recomendó a los productores reclamar por la dotación de una educación de calidad y capacitación de acuerdo a sus necesidades.

Link: www.ticsdemanabi.net

18.18. Subsidios frenan el desarrollo

18.18.1. Validez de los subsidios

Algunos creen que la mejor política fiscal es la que tiene como tarea principal la distribución de la riqueza, para lo cual, estiman necesario impuestos altos y castigadores a los ciudadanos más prósperos para financiar así los gastos en educación, salud, subsidios, transferencias directas o créditos estatales para sectores de alto riesgo, ayudas, etc..
De otra parte, hay quienes creemos que la política fiscal debe tener 2 tareas básicas. La primera es brindar el ambiente adecuado para que los empresarios puedan invertir, aumenten sus demandas por recursos humanos incentivando el empleo y disminuyendo la pobreza. Para esto se necesita una estructura no castigadora de impuestos, que mas bien genere mayores niveles de inversión productiva y en este ambiente de expansión económica –y obviamente de la base tributaria-.
En este segundo escenario Roberto Villacreses L, del Instituto Ecuatoriano de Economìa Polìtica (IEEP), señala (http://www.ieep.org.ec/index) que el Estado tendrá mayores recursos para gastar en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y la segunda tarea de la políticas fiscales es la de administrar y gastar eficientemente los recursos, de forma tal que los dineros que el estado toma de los ciudadanos regrese a nosotros mediante obras y servicios de calidad que beneficien a todos y preferentemente a los que menos tienen (los de extrema pobreza).
Villacreses considera que debe revisarse el principal destino del gasto publico, es decir los principales subsidios, reconociendo los costos que implica mantener esta estructura de transferencias, y lo más importante, observar si se está cumpliendo con el objetivo de beneficiar a los sectores de menores recursos reduciendo así la pobreza o si sólo se los está utilizando para beneficio de unos pocos en desmedro de todos.
Y la revisión que da lugar, de subsidios que más recursos consumen del total del presupuesto del Estado como son los combustibles y el gas, se incorporan algunos otros de menor cuantía, pero de importancia, como los subsidios al crédito que otorgan las financieras nacionales, ni otros de reciente creación, como los subsidios a la urea o a la harina o los créditos no reembolsables que se otorgan,…,
Las situaciones de inequidad, acaparamiento y marginalidad, que se presentan en los sistemas macroeconómicos, da lugar justificativa a la adopción de políticas correctivas.
Villacreses considera que les medidas, en su base conceptual, están para instrumentar mecanismos de transferencias involuntarias desde aquellos que más tienen hacia aquellos que tienen menos o nada. Así surgen los subsidios o transferencias directas. La idea básica es cobrar un impuesto a los que más tienen para distribuirlo entre los que menos tienen.
Esta noción responde, asota Villacreses, a lo que los teóricos de la política fiscal denominan “función de redistribución de ingresos” por parte del Estado, es decir para quienes promueven estas políticas erróneas la riqueza ya está dada y por lo tanto lo único que hay que hacer es repartirla.
Villacreses comenta que “Estos subsidios que otorga el gobierno, pueden canalizarse a través de la oferta o la demanda. En el primer caso, la subvención permite cubrir parte de los costos de producción, y por lo tanto, la gente puede adquirir un bien o servicio por un valor inferior al precio de mercado. En el caso de los subsidios a la demanda, se incrementan los ingresos del receptor para que éste financie la adquisición de ese bien al precio de mercado”.

18.18.2. Mal manejo en el Ecuador

En el caso del Ecuador, señala Villacreses, los subsidios llevan algunas décadas de ser utilizados con el nombre de “inversión social” que, han venido aumentando de forma sistemática cada año, sin embargo no hay una disminución verificable de la pobreza. Al contrario, se han constituido en una forma de perpetuar la miseria y una manera de aumentar la corrupción y los abusos presupuestales al servicio de la burocracia moderna, todo esto bajo la excusa de aumentar la “inversión social”.
El problema, que pasan por alto quienes promueven este tipo de políticas redistributivas, refiere Villacreses, es que esta no genera riqueza, al contrario, en el mediano y largo plazo, tenderìa a que disminuya.
El hecho es, remarca Villacreses, que para destinar recursos hacia estas actividades es necesario primero retirarlos de los sectores más prósperos y eficientes de la sociedad, lo que implica una reducción de parte del capital de estas personas, el mismo que lamentablemente no estarìa disponible para ser reinvertido, ahorrado o consumido, es decir obstaculizando el crecimiento de la producción, que es en última instancia lo único puede mejorar la situación de los ciudadanos.
De igual manera, anota Villacreses, en el Ecuador los subsidios o la “inversión social” han sido utilizados además como forma de ganar adeptos políticos a cambio de dadivas, pues estas “ayudas sociales” son bien acogidas por los grupos de interés. Ejemplo de esto lo encontramos cuando el Presidente Rafael Correa, clientelarmente alentó el consumo subsidiado del gas para los taxistas.

18.18.3. Subsidios alientan el contrabando y la agresividad

Uno de los grandes problemas, por la connotación política que ello conlleva para los regímenes de turno, es el subsidio a los combustibles y al gas licuado de uso doméstico.
En las últimas semanas se ha observado en la frontera con Colombia, la represión al contrabando de combustible hacia Colombia con el consiguiente enfrentamiento de la fuerza pública con los contrabandistas.
Se aprecia, que a consecuencia del desnivel de precios de los combustibles entre el Ecuador y sus vecinos, se genera un intenso contrabando de esos productos, no solo por las fronteras terrestres, sino por la extensa frontera marítima. El Ecuador mantiene desde hace muchos años, un precio altamente subsidiado de los combustibles por razones políticas.
Jorge Vivanco (Expreso, 7 febrero 2010) destaca que si es que ese sacrificio de los ecuatorianos, que son los que pagan el subsidio, favoreciera a los sectores màs pobres, quizá habría una base para mantener este sistema; pero no es así: el precio subsidiado de combustibles constituye un atractivo irresistible para el contrabando. Pero lo peor es que esto produce una distorsión ética, puesto que la Policía y los órganos de control, en actitud sospechosa, no dan la importancia debida a la vigilancia de las fronteras y así no aplican la ley que sí existe en estos casos.
En Tulcán, resalta Vivanco, un hecho asombroso y repudiable tuvo lugar la primera semana de febrero: la Policía localizó un lugar de almacenamiento de combustibles, destinados al contrabando hacia Colombia; al ser descubierto, los dueños de esos combustibles lo derramaron al piso y se produjo un incendio de grandes proporciones. Esta batalla, que es una de tantas, refleja la intensidad de un problema acerca del cual las autoridades respectivas miran para otro lado.

Link: www.ticsdemanabi.net

11.3. Salir del estatismo para entrar a una economia de mercado

Nicolás Parducci (Universo, 1 julio 2009), en el contexto de su serie “Nuevas Empresas Públicas”, en base a críticas y aportes de algunas personas que dieron su opinión sobre dichos artículos periodísticos, a propósito de la promoción de varias empresas que viene de impulsar el Gobierno, concluye entre otros considerandos que “Hay que eliminar todas las empresas públicas y acabar con este jueguito de corrupción del Estado empresario, fuente de todos los negociados”.

Parducci señala que:

1) La conformación del Directorio de las empresas públicas constituiría un retorno al centralismo, al estar conformado por el Ministro del ramo correspondiente o un alterno permanente, designado por aquél.
2) No debe existir discrecionalidad de criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales en la toma de decisiones, ni en las normas y reglas de juego para conformar directorios, al tiempo que parecen prácticamente inexistentes los organismos de control.
3) Hay mucha facilidad para que el Gerente General tome decisiones de endeudamiento de la empresa que administra, sin ningún tipo de control.
4) Las normativas de índole laboral son totalmente especiales. En ellas se crean privilegios al sector patronal en desmedro de los derechos laborales.
5) Se prevé tan amplia capacidad asociativa que permitiría a las empresas públicas asociaciones o alianzas estratégicas sin que se haya previsto ningún tipo de procedimiento para acordarlas, ni mecanismos de rendición de cuentas.
6) Desde la experiencia, ha ocurrido que en este tipo de empresas se nombra a personas no técnicas para cargos de administración y de control, lo que les ha permitido operar con pérdidas y con serios perjuicios para el fisco. En el proyecto no se ha previsto cómo evitar este grave problema, ni correctivos, si se presentan.
7) La transformación de las empresas públicas, para que sean exitosas, no reside tanto en la “forma” que deban adoptar sino en fórmulas que ayuden a desterrar la corrupción y estas no aparecen.
8) La ley propuesta no debería ser orgánica y habría que establecer claramente el control de la Contraloría General del Estado.
9) Los gerentes generales de las empresas públicas no deberían estar sometidos al régimen del mandato civil, porque eso contraría los principios del Derecho Público.

Fundamentos para entrar en la Economía de Mercado

Viéndonos obligados a dejar de lado la formación de nuevas, ineficientes y corruptas empresas estatales, como máxima expresión del estatismo y por lo que puja el Presidente Correa, hay fundamentos más bien para promover y trabajar por la instauración de la economía de mercado.

Según Wikipedia, tenemos lo siguiente:

Por economía de mercado se entiende la organización explícita y asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge básicamente del juego entre la oferta y la demanda y una determinada participación del Estado que puede intervenir para garantizar el acceso de bienes, imponer precios en determinados productos considerados de primera necesidad, imponer tasas y tributos. También se utiliza para designar al país y sobre todo al conjunto de los países que la adoptan, habitualmente en plural: economías de mercado.
Aunque desde la perspectiva occidental hay una tendencia a identificar los términos economía de mercado, Libre mercado y Capitalismo es conveniente hacer algunas puntualizaciones.
Así, una economía de mercado no necesariamente va asociada a un libre mercado ya que el Estado puede intervenir tanto para regular precios básicos como orientar la producción y por tanto el consumo.
El libre mercado, desde el punto de vista liberal supone la absoluta libertad de oferta y la demanda tolerando la única intervención estatal para garantizar mercados abiertos y ausencia de monopolios.
Tampoco la Economía de mercado tiene por que ir asociada necesariamente al capitalismo, entendido éste como un sistema de acumulación de capital en un sistema productivo. Históricamente la creación de economías de mercado en el mundo solamente ha ido asociada al capitalismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa y más concretamente en Gran Bretaña y Estados Unidos. En el siglo XVIII la mayor economía de mercado -no capitalista- se encontraba en China.
En una economía de mercado, productores y consumidores pueden interactuar en el mercado. Se supone que ambos tipos de agentes económicos asumen el precio de los bienes como un dato dado y, a partir de allí, toman sus decisiones de producción y consumo, maximizando la ganancia en el caso de los ofertantes y maximizando la función de utilidad (satisfacción) en el caso de los consumidores.
La participación de ellos, ofreciendo y demandando cantidades de bienes y servicios, a su vez altera las condiciones del mercado afectando la evolución de los precios. Este proceso ha sido denominado por Adam Smith, como la “mano invisible”.
Desde el liberalismo económico, la economía de mercado es un orden económico en el que todos los procesos económicos, es decir producción, distribución y consumo; así como los precios y las condiciones de intercambio, se determinan exclusivamente a través de la oferta y la demanda. Así, una verdadera economía de mercado que funciona como un libre mercado es definida como el sistema más eficiente y justo de suministro y distribución de bienes, al basarse en la mutualidad y la igualdad.
En este orden económico, en el que las inversiones tienen un crucial rol para financiar la generación de nuevas y competitivas producciones, se encuentran todos los países industrializados. En la otra orilla, del estatismo (socialismo) están los países más atrasados y corruptos del planeta

www.ticsdemanabi.net

11.2. Desarrollo hacia adentro es un nuevo fiasco

En la Senplades, con el actual Gobierno se levantó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (actualizado después para el período 2009-2014) de 517 páginas, que es mandatario para el sector público y referencial para el sector privado, se establecen las directrices del quehacer futuro para impulsar el desarrollo ordenado y planificado.

Las premisas que animan a los planificados de la Senplades es de que: “ se rescata la planificación”, que “el Estado planifica nuestro futuro del buen vivir”, que se ha producido la “ruptura de la improvisación”, etc.

Más, contra la planificación central y el desarrollo hacia adentro, que ya lo vivimos en los años 80s, diversos criterios se han vertido.

Gabriela Calderón (El Universo 22 julio 2009), por ejemplo, entre otros considerandos, señala que el Gobierno pretende decirnos qué se debe estudiar en la universidad, qué producir cuando trabaje, qué debe consumir y cómo ser solidario (a la fuerza, lo cual ya no es solidaridad), etcétera.

Calderón acota que hay un desconocimiento de la historia reciente del Ecuador. Si analizamos, dice Calderón, siquiera superficialmente, las dictaduras militares de los años 70s y los primeros gobiernos democráticos de los 80s, veremos que todos fueron profundamente “revolucionarios” y planificadores. Casi todos los ministerios que existen hoy fueron creados en esos gobiernos. El sistema de planificación central colapsó a fines de los 80s cuando cayó el precio del petróleo y fue imposible mantener los altos niveles de gasto público. Luego se generaría una población empobrecida por décadas de planificación central. Se habían despilfarrado el primer “boom petrolero” así como en el nuevo milenio, otro gobierno “revolucionario” -de Correa- que se acaba de gastar la segunda bonanza.

Calderón considera que la planificación de desarrollo hacia adentro, que es en lo principal lo que se preconiza, se le da al “Estado mucho espacio para fabricar otra década perdida como la de los años 80s”.

www.ticsdemanabi.net

11.1. La economia solidaria tiene impacto marginal

Desgraciadamente, el Gobierno actual olvidó que crecer es importante. Por eso ha ahuyentado a todo aquel que podría haber invertido en nuestro país. Las empresas telefónicas, mineras, petroleras, los bancos, los medios de comunicación, los importadores, todos ellos han recibido el claro mensaje que sus inversiones no son bienvenidas. Y la expresión ‘reforma agraria’ hizo lo propio en la agricultura.
Pero, la novedad es de que, sin inversión privada el país dejó de crecer. El año 2007 tuvo el peor crecimiento desde que nos dolarizamos; 2008 tuvo un crecimiento aceptable gracias a un disparo del precio del petróleo y del gasto público. En el 2009 (a pesar del petróleo en más de USD 60) la economía no va a crecer. Así lo vaticinan los organismos internacionales de cooperación. No obstante, no han faltado anuncios de nuevas inversiones, pero desde iniciativas que surgen en el Gobierno: hidráulicas, refinería, vías, de economía solidaria,…
De otra parte, en el 2010, el panorama seguirá siendo sombrío, debido al bajo protagonismo del sector privado. Esto, a causa de la represión que aplica el Gobierno Central.
De acuerdo con la política económica que gesta el ministro coordinador Diego Borja, “no hay cabida de apoyo para las empresas de capital privado”. En reciente entrevista para la revista Vanguardia (N. 212, del 26 octubre 2009), indicó que cuando el Gobierno se refiere al sector privado “estamos pensando en las cooperativas de producción, de consumo, de vivienda”; las empresas de mayor envergadura, agrupadas en las cámaras, “no es el sector privado para nosotros”.
La posibilidad de escuchar las propuestas de las empresas de capital privado es nula. Para ese sector no hay propuestas.
Otros interlocutores, serán las organizaciones comunitarias y solidarias que se constituirán, cuya normativa se viene de “socializar” en el país y que estarían amparadas en la nueva Ley de Economía Solidaria. La novel ley es alentada por Senplades y socializada por el MIES y el IEPS (ex - Proder). Más adelante, el Gobierno propondrá el correspondiente proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, para su discusión y sanción. Esto, por cuanto esta de moda el apoyo gubernamental a las empresas: estatales, cooperativas y comunitarias.
Sobre esto, María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. sostuvo (El Comercio, 3 diciembre 2009) que la empresa privada y la inversión no son consideradas como la base del desarrollo del país. “Cada vez limitan las iniciativas del sector con más reformas y exclusiones”.

Walter Spurrier, analista económico, de su parte considera (El Comercio 3 diciembre 2009) que el Gobierno tiene una política muy agresiva en contra de las empresas privadas. Las desplaza de sus actividades y favorece a sectores como el cooperativismo y los pequeños propietarios. “Puede ser positivo, pero comienza a obstaculizar el funcionamiento de las empresas que ya están en medio del camino”.

www.ticsdemanabi.net