La falta de independencia de poderes y de legitimidad de los mismos, viene de provocar una descomposición institucional y una pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado.
18.19.1. Poder judicial a la deriva
Para Alfredo Pinoargote (Vistazo, febrero 2010) la Corte de Justicia de Montecristi ha resultado peor que la tristemente célebre Pichicorte en el Gobierno de Lucio Gutiérez.. Lo ocurrido en la fracasada audiencia de formulación de cargos contra los conjueces que presuntamente cometieron prevaricato, en el más importante caso contra la banca corrupta (Filanbanco), porque el presidente de la sala que los va a juzgar está también enjuiciado por prevaricato, debido a que liberó al capo de los carteles criollos del narcotráfico, es muestra reveladora del colapso judicial.
Esta es la crónica de un descalabro oportunamente anunciado porque la revolución , destaca Pinoargote, prefirió hacerse cargo de los huérfanos de la partidocracia en el poder judicial, por consejo de quien fungió de asistente del ex dueño del país y de mayordomo de la judicatura durante la pasantía que ejerció en la presidencia de la corte vitalicia del régimen partidocrático. Se inventó un régimen transitorio con rifa (tómbola) de magistrados que terminó en la cacería de los suplentes de los suplentes y de los que ni siquiera ganaron los concursos para ser suplentes, además del abogado personal del ex dueño del país que como un rayo se hizo cargo de los principales juicios de la justicia partidizada.
Pinoargote señala, que la revolución al final de cuentas manufacturó su propia corte presidida por el decano de los jueces de la partidocracia, y con un fiscal que fue asistente de la fiscal de la partidocracia. Eso se llama caída y limpia. Cero sobre 10 en justicia para la revolución fallida.
Sin embargo, entre los escombros brotan unos destellos intermitentes indicando que no todo estaría perdido, que algo aún se puede rescatar. Por ejemplo, señala Pinoargote, el fallo de la corte de Pichincha que declara la inconstitucionalidad del cierre temporal de Teleamazonas, cuando el Ejecutivo aplicando la norma subalterna de un reglamento perpetró este abuso.
Pero lo hecho, son luces fugaces. En otra Corte, para contraste, se absuelve a quien sorprendieron en delito flagrante, intentado sobornar a un director regional del SRI para que favorezca a un contratista del Gobierno, o no se toman medidas cautelares contra ex funcionarios y funcionarios del gabinete presidencial acusados de peculado, o la fiscalía omite acusar a allegados al régimen pese a dictaminar manejo irregular.
El germen de la corruptela política que está carcomiendo a la revolución está, en criterio de Pinoargote, en el pisoteo del principio constitucional de la no reelección en órganos de justicia y control. Ahí está la base para detener este descalabro que amenaza petrificarse. La Asamblea tiene que dictar una ley que impida la reelección en el consejo de la judicatura, y que en los concursos para integrar cortes y juzgados no puedan participar quienes hayan sido sancionados en el desempeño judicial.
La crítica situación dio lugar (Diario Hoy, 1 febrero 2010) a que lo que tiene hoy el país es una Corte de Justicia sin ninguna legitimidad, descalificada en términos profesionales y morales, que puede adoptar resoluciones como la reciente de tres conjueces sobre el caso Filanbanco.
La situación de la Función Judicial se vuelve dramática y preocupante (anota Diario Hoy) porque tomará por lo menos un año más la designación de la nueva Corte por el Consejo de Participación y Control Social, que se encuentra recién en formación. En este caso, la Asamblea Constituyente no solo echó a perder un proceso largo y complejo de reorganización de la Función Judicial, sino que además sus experimentos constitucionales han dejado tantos vacíos que hoy el país tiene una Justicia descalabrada.
Quienes llegaron al poder con la famosa proclama de llevar adelante una revolución ciudadana resultaron ser personas sin conciencia de la complejidad que significa iniciar procesos de cambio.
Vale anotar, que la situación empeoró con el actual régimen, destaca Vladimiro Alvarez (Diario Hoy, 7 febrero 2010), luego del asalto al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso para sacar a los diputados de oposición y poner a la de los “manteles”, por parte de garroteros de movimientos y partidos políticos simpatizantes con el Gobierno hasta que esos organismos se sometieron y, por miedo, también las Cortes de Justicia.
Y vale resaltar, que el gran pretexto para que la mayoría oficialista de Montecristi metiera mano en la justicia y echara abajo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron elegidos por concurso de oposición y méritos y con vigilancia internacional, fue la supuesta independencia de esta función del Estado.
Pero, “que va porque va”, fue una premisa de que la "revolución ciudadana está en marcha". Por lo que, señala Diario Hoy (10 febrero 2010) tenían que tumbar todo lo anterior, aunque fuese para repetir las mismas taras pasadas. Exactamente, eso se hizo. El país se quedó sin Corte, y, como había que "hacer algo" para que la ruptura constitucional no fuese tan flagrante, se propició el juego de la “tómbola”, para sortear a los magistrados y constituir lo que es hoy la "Corte de Troya". Total, lo que querían es demostrar que ahora son ellos, los de Alianza País, y no los de antes -los socialcristianos-, los dueños del Ecuador.
18.19.2. Jueces de bolsillo
Eduardo Carmigniani (Expreso, 29 enero 2010) destaca que “Suspendidos como están en sus funciones los conjueces (jueces suplentes) que se pronunciaron recién sobre el caso Filanbanco, se ha formado un guirigay por la designación de quienes deben reemplazarlos, para resolver las impugnaciones presentadas contra ese fallo. No es para menos. No solo por el perverso sistema -aún vigente- que simplificado implica que el nombramiento debe hacerlo a dedo el presidente de la Corte Nacional, doctor Troya, y que los elegidos no serán jueces a tiempo completo sino abogados que ejercen la profesión, sino porque actuar en esas circunstancias, y solo para ese caso, hace imposible que los favorecidos con el dedo del Presidente de la Corte puedan actuar imparcialmente”.
Carmigniani pone un ejemplo: ¿qué tal si los tres nombrados confirman el fallo reciente? ¿qué responsabilidad se imputaría al doctor Troya por haberlos nombrado? Legalmente hablando no tendría en verdad ninguna, pero políticamente de seguro sería descabezado, atribuyéndosele alguna especie de autoría “indirecta”, “intelectual”, o algún otro adefesio de igual laya. ¿Y si lo revocan? ¡Ah pues!, entonces los descontentos dirán que esos jueces fueron nombrados a dedo con la especial consigna de perjudicarlos. No habría en ese caso tampoco responsabilidad legal -ni “política”- del Presidente de la Corte, pero sí fuertes quejas sobre la imparcialidad de los juzgadores.
Veamos ahora el asunto desde el ángulo de los candidatos a la honrosa designación: ¿alguien en su sano juicio y que tenga una pizca de respeto por sí mismo aceptaría el encargo en las actuales circunstancias? Permítanme dudarlo. Es casi imposible que eso pase, insisto, tratándose de personas en su sano juicio y con una pizca de respeto por sí mismas, pues de las otras, de las que ya han tomado partido por uno u otro lado, sin asco habrá más de tres que estén dispuestas a saltar a la cancha, claro está, con decisión cocinada de antemano. La que sea, anota Carmigniani.
Difícil pinta la cosa entonces, mientras siga en pie el maníqueo sistema de que el Presidente de la Corte nombra a dedo a esos conjueces. No dudo del buen deseo del doctor Troya por buscar gente incorruptible, pero ya está visto que de ese grupo casi nadie aceptará. Así que tal vez convenga esperar a que la nueva Corte sea nombrada y que por sorteo se elija a los jueces titulares que resuelvan. Si no, seguirá el manoseo.
Y la justicia seguirá postergada.
De otra parte, de lo que los asambleístas del oficialismo aún no parecen asombrarse es de la conducta de su jefe, el presidente Correa, que "mete mano a la Justicia" en los casos que le interesan.
Diario Hoy destaca (10 febrero 2010) que los gobiernistas no dicen ni pío por la "intervención" en los procesos judiciales, y por eso no han comentado lo que el presidente Correa dijo el sábado respecto del cierre de Teleamazonas y la decisión de los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha respecto al canal y el cierre ordenado por la Superintendencia.
En una insólita intromisión en un país en el que supuestamente hay independencia de las funciones, Correa anticipó que pedirá a la Corte Constitucional (autoconstituida por los vocales sumisos del ex Tribunal Constitucional) decida la suerte de los jueces que osaron dar la razón al canal que fue cerrado al margen de la Ley. Y como si esto no fuese suficiente, se sabe que el Consejo de la Judicatura se apresta a intervenir y sancionar a los jueces. Y los sancionó.
18.19.3. Manipulación y chantaje fiscal
La última semana del mes de febrero, el fiscal de la Nación, Washington Pesántez amenazó con "desnudar" a todo aquel que ose llevarlo a un juicio político en la Asamblea Nacional.
Con eso ha dado a entender que muchos asambleístas del oficialismo y de la oposición tienen trapos sucios ocultos, pero que él, por sus conveniencias e intereses no los ha sacado a la luz a pesar de que pudo hacerlo hace tiempo, por ser esa su responsabilidad.
La vergonzosa posición de Pesántez da lugar a creer, que durante todo este tiempo ha estado encubriendo a personas que probablemente no deberían ocupar las dignidades a las que han llegado y tal vez deberían estar en la cárcel pagando sus cuentas con la justicia.
Frente a esto, Ana Angulo Benavides (Hoy, 28 febrero 2010), cuestiona ¿Tiene calidad moral para ser fiscal de la Nación una persona que, por su propia boca, deja ver que ha tapado posibles actos de corrupción quién sabe de cuántos asambleístas y altos funcionarios?,.. ¿Durante este tiempo ha servido a esos intereses de grupo o a los ciudadanos? Ahora, en una suerte de chantaje, ha salido a amenazar, para evitar ser sacado del cargo.
Angulo destaca que esas son las cuestiones que deberían esclarecerse en caso de producirse el juicio político anunciado por algunos asambleístas de Alianza País, que ya veremos hasta dónde llega luego de que el presidente Rafael Correa, desaprensivamente, la noche del pasado jueves (25 febrero), dijo que no era conveniente encausarlo hasta que termine el caso judicial por el accidente de tránsito en el que se halla involucrada la esposa del fiscal.
En ese caso, anota Angulo, la Fiscalía obró institucionalmente de una forma indigna. Primero fue el comunicado en el que se descalificaba a los testigos y se concluía que el accidente prácticamente fue provocado por la víctima Natalia Emme. Luego, fuentes relacionadas con la investigación "filtraron" un supuesto informe según el cual la fallecida habría estado en estado etílico cuando fue atropellada en la vía exclusiva del Metrobús.
Después, la presidenta de la Asociación de Empleados de la Fiscalía se autoresponsabilizó del comunicado y renunció a esa dignidad (no al cargo). Por último, el fiscal pidió licencia temporal y el subrogante no ha mostrado una actitud imparcial sino que se ha convertido en "abogado" de su jefe.
En medio de todo esto, surge el pronunciamiento del mandatario, lo cual para muchos se interpreta como una orden a su bancada legislativa de parar el anunciado juicio contra el fiscal general.
Es que por más autónomos que se digan los miembros del bloque de Alianza País, hace rato no lo han demostrado en materia de fiscalización, más cuando interfiere Correa. Y no pasar por alto, que el presidente dijo que el ser jefe del Ejecutivo lo convertía también en jefe de las funciones Legislativa y Judicial. Y con “derecho a intervenir”.
18.19.4. Descomposición social y política
A más del colapso institucional, uno de los más graves problemas que el país soporta en estos momentos es la descomposición social y política. Se han disuelto los vínculos que verdaderamente unen a la colectividad y dan sentido a las instituciones que, a su vez, se forman por las leyes vigentes.
Jorge Vivanco destaca (Expreso 19 febrero 2010) que vivimos un proceso de falsificación de las instituciones, un apoderarse de áreas de poder, despreciando los principios morales de la colectividad. Este gobierno aplicó el cambio ofrecido de una manera engañosa, pues el cambio para él había sido la eliminación del sistema democrático con su división de poderes y su alternabilidad; para adoptar el socialismo siglo XXI que es una autocracia que se está derrumbando como castillo en la arena, en su sede principal, Venezuela, cuyo “líder” no puede sostener la avalancha de sus propios errores.
Entre nosotros, señala Vivanco, donde hay una aplicación más inteligente del sistema, sin embargo sobrevino el factor más disolvente: la corrupción que da la impresión que fue planificada, pues se renuncia a la fiscalización en todos los niveles, de modo que el ejercicio de la autoridad y sobre todo el empleo de miles de millones de dólares, no tiene la correspondiente responsabilidad. En esto se refleja un estado de anomia moral.
Los actos de corrupción se cometen de una manera descarada. Las denuncias que se hacen, anota Vivanco, se acallan en la impunidad sistemática. Basta leer la carta del entonces comandante general de Marina, vicealmirante Arellano, cuando fue relevado del cargo, para horrorizarnos no tanto por lo que sucede, cuanto por la impunidad. Este marino le dice al Presidente Correa, que él fue eliminado de sus funciones por un complot de intereses petroleros defendidos por altos jerarcas de la Marina, acompañados de personajes conocidos por el país, a uno de los cuales el propio Presidente de la República calificó de ser capo de una mafia impune.
El descaro oficializado. Y las denuncias sobre “la penetración del narcotráfico en altas esferas; el lavado de dinero hecho en forma pública y notoria; y decenas de asuntos más, son el pan de cada día. Pan amargo, pan contaminado, pan que se nos brinda desde el poder a los ecuatorianos”.
Esa descomposición moral, en auge, es la que está liquidando al país.
18.19.5. Funcionarios corruptos siguen campantes
La denuncia sobre las coimas generalizadas de Invermun, en que constan los nombres de altos funcionarios, está envuelta en el silencio, en manos de jueces cómplices y encubridores; esas coimas se repartían para que no se cierren esos salones donde funcionaban las máquinas tragamonedas, que mueven decenas de millones de dólares; se dio la orden de clausurarlas, pero hoy están funcionando a todo dar.
Jorge Vivanco (Expreso, 4 marzo 2010) hace una referencia al respecto: “al parecer lo único que hice, dice Jaime Solórzano Ycaza -denunciante del caso-, fue entregarle ‘el queso al ratón’, ya que no se ha hecho nada por parte del doctor Washington Pesántez ni por ninguno de los entes de control (SRI, lavados de activos, CAE, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno, Intendencias, etc.), (…) todos salieron como grandes descubridores ‘agua tibia’ aduciendo que estaban atrás de la empresa Invermun S. A., pero nadie dio el paso adelante y fui objeto de una persecución”.
“(...)el 15 de enero de 2010, la ministra de Turismo, Ec. Verónica Sion de Josse, solicitó al doctor Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, que emprenda los operativos de clausura de las salas de juego, decomiso y destrucción de las máquinas tragamonedas; este Ministerio en oficio circular No. 2010-0730-SJ, transmite dicha solicitud a los señores intendentes generales de Policía de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Loja, para que procedan con dicho operativo; tampoco este operativo se llevó a efecto, burlándose una vez más de las órdenes del Presidente, ministros, intendentes, etc.; pero (…) hay dos nombres que (…) constan en el proceso, que habrían ordenado ‘arreglar’ a cualquier precio para que (…) puedan funcionar legalmente en el Ecuador”, esas máquinas tragamonedas.
18.19.6. Participación ciudadana seguirá secuestrada
Cabe un control mayor y seguimiento de los ciudadanos al proceso de selección por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y de las ejecutorias que emprenda este novel organismo, dado que este “todopoderoso” quinto poder del Estado, esta llamado, entre otras atribuciones, a elegir a todas las autoridades de control, electoral y del Consejo de la Judicatura. Esta última, a cargo de la elección de la nueva Corte de Justicia.
Lo cierto es que el CPCCS tenía que estar desprovisto de influencias político-partidistas. La idea de la reforma constitucional fue la de quitarle a la Asamblea Nacional la facultad de nombrar a las más altas autoridades del Estado y a las entidades de control. Para eso, la Ley de Participación Ciudadana que articula este Consejo debía especificar que, para ser candidato, NO se debía tener vínculos con partidos políticos, militancia política o vinculación con el Gobierno actual.
Anunzziata Valdez, subdirectora de la Corporación Participación Ciudadana, considera (El Comercio, 9 marzo 2010) que el CPCCS tenía que ser para los ciudadanos. Lamentablemente en la Ley que crea el Consejo no se pusieron límites. Como resultado, tenemos que las personas que tienen experticia política tienen una ventaja frente al resto de ciudadanos que nunca han participado en estos espacios.
Esto es así, anota Valdez, por cuanto los concursantes más vinculados con los partidos políticos tienen los mejores puntajes. No se establecieron límites para efectos de que el Consejo de Participación Ciudadana sea la expresión de los ciudadanos: la razón para crear un Quinto Poder.
La ciudadanía siente malestar porque este espacio era para ciudadanos y no se lo precauteló en la Ley. Por el contrario, dejó un amplio margen para que participaran personas vinculadas con partidos políticos.
Al menos falta de información no hubo. Nosotros, como Corporación Participación Ciudadana, presentamos esa propuesta a la Comisión Legislativa que tramitaba la Ley. La idea era que se establezca que las personas que concursen no tengan vinculación partidista, al menos cinco años antes de ser candidatos. Esto fue lo que argumentamos y defendimos y no fue tomado en cuenta por motivos claros de que querían el resultado que actualmente tenemos en el proceso.
Debido a esta falencia, el nuevo CPCCS tendrá a integrantes como Fernando Cedeño Rivadeneira, un ex alto funcionario de este Gobierno, que es apadrinado por el canciller Ricardo Patiño, quien a su vez acolita a Hugo Chávez para constituir la V Internacional Socialista (Comunista).
Link: www.ticsdemanabi.net
