18.25. Represion al desarrollo local continua

18.25.1. El reparto de rentas a los gobiernos seccionales

En reiteradas ocasiones el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha realzado que la asignación de fondos a los gobiernos seccionales se han dado de conformidad con los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), de eficiencia y de población, como determina la legislación vigente.
Algunos alcaldes se han mostrado satisfechos porque los recursos subieron. Otros prefieren callar para “no pelearse” con el Gobierno (El Universo 14 febrero 2010).
La rotativa destaca que la distribución de los recursos por habitante es desigual entre los diferentes cantones. Hay ciudades como Arajuno (Pastaza), donde por residente se han asignado USD 508 ; pero en otras, como Portoviejo (Manabí), la cifra llega a USD 62. El Ministerio de Finanzas dice que se aplicó la misma fórmula que en años anteriores, con base en las leyes.
Sin embargo, si se comparan las asignaciones del 2010 con las pasadas, se evidencia que el crecimiento varía mucho de un cantón a otro: entre el 47,73% y el 12,24%, destaca el Municipio de Guayaquil, el que más reclama por las rentas.
Y hay reclamos: “No están considerando la población real. Por ejemplo, dicen que Durán tiene 202.080 habitantes y entregan USD 72 por cada uno, es decir USD 1’734.296; pero estudios nuestros indican que en esta, la ciudad “dormitorio” de Guayaquil, somos 500 mil personas, muchas con necesidades básicas insatisfechas por el crecimiento desordenado a causa de las invasiones”.

Una posición similar es la de Humberto Guillén (SP), alcalde de Portoviejo (Manabí), la ciudad que menos recibe en el país, USD 62 por persona, que equivale a USD 16’880.314 en total, pese a que ¬dice¬ enfrenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), uno de los criterios que se consideran en el reparto, según la legislación.
Por ejemplo, la distribución del agua potable solo llega a 30 mil familias legalizadas en la zona urbana, lo que representa una cobertura del 55%; el otro 45% debe proveerse a través de tanqueros u otros medios.
Guillén, quien dice que le corresponde recibir $ 19’324.000 y que el jueves apoyó la marcha del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, prefiere no comentar sobre posibles criterios políticos en la distribución de recursos (para no pelearse con el régimen).
El trato que se le da a Portoviejo parecido al que se le da a otras ciudades del país.

18.25.2. Guayaquil la urbe más perjudicada

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, manifestó (Expreso, 2 febrero 2010) que los guayaquileños se los trata como ciudadanos de segunda.
Nebot reiteró que el ajuste hecho por el Gobierno, por los reclamos planteados, a las asignaciones correspondiente al año 2010 para los municipios es injusto e irrisorio.
Se “quiere convertir a los guayaquileños en ecuatorianos de segunda categoría”, expresó el mandatario local, tras explicar que en una distribución inicial se pretendía entregar un incremento del 3,80% por igual a todas las ciudades, de lo que recibieron en 2008.
En un segundo cálculo, por la presión ejercida, indicó, el incremento que se realizó no es equitativo para todas, con lo que se perjudica no solo a Guayaquil sino a otras ciudades del país.
En esa segunda asignación, a Guayaquil se le ofrecen USD 175 millones, cifra que el Alcalde calificó de inconstitucional, injusta y una ofensa a los habitantes de esta ciudad.
Reconoció que se eleva la suma, pero de manera desigual y a dedo, en forma discriminatorio y con dedicatoria.
Ciudades como Santa Elena pasan del 3,80% anterior, al 47% de incremento; Quito del 3,80% al 22% de aumento; y Guayaquil, del 3,80% anterior al 14,77%.
Para esa explicación, Nebot se respaldó en un cuadro que muestra las cifras oficiales, entregadas por el Gobierno, mediante las cuales se hace el nuevo cálculo para redistribuir las asignaciones a los municipios.
En ese cuadro se mostró que, pese a ser la ciudad más poblada del Ecuador, Guayaquil pasa de USD 158,4 millones a USD 175,1 millones de incremento. Se perjudica aún a la urbe con 17 millones que faltarían para completar los USD 192 millones que por ley le corresponden.

18.25.3. Evidenciada la mayor inequidad

El Ministerio de Finanzas dice (El Universo 14 febrero 2010) que todos los municipios recibirán más este año (2010) respecto al anterior, y es cierto. Pero el aumento ¿es el que debía hacerse?
Sobre esto, la ex asambleísta Martha Roldós (RED) se pregunta: “¿Por qué si, supuestamente, el método de cálculo es igual, las rentas para ciudades como Guayaquil bajaron, comparando la proporcionalidad con los presupuestos de años anteriores?”.
Menciona, por ejemplo, las cifras de las dos publicidades que difundió el propio Gobierno: una sobre las asignaciones a los gobiernos seccionales desde el 2003 al 2010; y la otra, sobre las asignaciones a Guayaquil.
“Según esas cifras, desde el 2005 Guayaquil ha tenido una participación de entre el 16% y el 14% con respecto a la asignación total a los gobiernos seccionales, pero en el 2010 esta participación cae al 8% y tienen el descaro de decir que Guayaquil ha recibido las asignaciones más altas de la historia”, señala.
Por ejemplo, en el 2005, de los USD 694,6 millones transferidos a los gobiernos seccionales, el 16,28% (USD 113,1 millones) se destinó a Guayaquil. Una cifra similar se manejó en los tres primeros años del gobierno de Correa: 2007, 2008 y 2009. En promedio, el actual régimen ha entregado a Guayaquil el 14% de las asignaciones totales de los gobiernos seccionales (un promedio de USD 150 millones de una cifra que ronda los USD 1.000), pero en el 2010 entrega 8,08%: USD 175,2 millones de USD 2.167,6 millones.
La Ley del 15%, vigente desde 1997, señala que se debe asignar este porcentaje de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado a los gobiernos seccionales. Un 70% de ese monto va para los municipios y un 30% para los consejos provinciales. A los cabildos se les entrega el dinero según tres variables macro: un 10% en partes iguales, un 40% según la población y un 50% según las necesidades básicas insatisfechas.
La Constitución señala, en su art. 271, que los gobiernos seccionales participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes del Estado central y de no menos del 5% de los no permanentes, excepto de los de endeudamiento público, destaca Roldós.
El art. 272 añade que la distribución se efectuará según el tamaño y densidad de la población; las NBI, y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida, es decir, índice de eficacia.
¿Esto se cumplió en la asignación del Gobierno del 2010? El vicealcalde de Guayaquil, Guillermo Chang, anota la rotativa, cree que no. “Guayaquil es la que más población tiene en todo el país: el 17%. ¿El propio Gobierno no dice que Guayaquil es lo más pobre, lo más inequitativo, lo más desatendido? Si nada ha cambiado en relación a años anteriores en este Gobierno, ¿por qué la participación de Guayaquil con respecto al total cae al 8%?”.
Ante eso, Martha Roldós ironiza: “¿Nos morimos la mitad de los guayaquileños y no nos enteramos? ¿De un año a otro cubrimos las necesidades insatisfechas, aunque el Gobierno promociona lo contrario? Si vamos a jugar con la propaganda que el Gobierno acaba de sacar desde Flor de Bastión, la mujer que aparece allí debe saber que va a majar más lodo si el Gobierno no le da las rentas completas a los municipios”.
Sobre esta materia, León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010) destaca que si el año 2008 -Correa presidente- a Guayaquil le dio el 14,19% del fondo global de USD 1.074 millones cifras repetidas el 2009, ¿por qué el 2010 le baja a Guayaquil al 8,08% del fondo a repartirse de USD 2.167 millones? La población de Guayaquil es el 17% de la población nacional.
No se trata de Correa y Cordero contra Nebot, o lo contrario, sino del derecho a rentas para Guayaquil.
Si el 2010 el Gobierno al conjunto de gobiernos seccionales le va a dar más del 15% de ingresos permanentes o corrientes y del 5% de no permanentes o de capital, del presupuesto del Estado central, en buena hora, que lo cumpla, pero no a su capricho, sino con las debidas proporciones.

18.25.4. Reliquidación por el año 2009

No se justifica que el 2009 a todos los gobiernos locales se les haya congelado la asignación presupuestaria del 2008, a pesar de que el Presupuesto del 2009 tuvo un importante crecimiento respecto al 2008. Las cifras del 2008 solo eran de garantía mínima, por norma constitucional, destaca León Roldós (El Universo, 3 marzo 2010).
Si los ingresos del 2009 resultaron superiores, deben reliquidarse los porcentajes ya citados del 15% y del 5%, deduciéndose el endeudamiento externo.
El presupuesto del 2009 se aprobó en diciembre del 2009, transcurridos once meses de ese año.
Roldós reitera que las asignaciones del 2009 deben reliquidarse para todos los gobiernos seccionales, no tienen por qué quedarse en las cifras del 2008, que por la disposición transitoria 14 de la Constitución, solo eran de garantía básica de transferencia, porque los ingresos permanentes o corrientes del 2009 –además hay los no permanentes– fueron superiores a los del 2008, anota León Roldós.
El presupuesto general del Estado del 2009 tuvo ingresos permanentes por USD 9.810,6 millones; e ingresos no permanentes, entre estos el petróleo, excluyendo endeudamiento público, por 3.079 millones de dólares.
Las cifras ajustadas al Estado central, depurando preasignaciones, dan una diferencia por reliquidar de alrededor de USD 500 millones.
¿Van a reclamar los alcaldes y prefectos, o van a mendigar ante Correa para no aparecer coincidiendo con Nebot?
Roldós considera que Guayaquil debe de reclamar de manera altiva sus derechos. Y los que se arrastren pueden ser bonificados, pero al precio de su humillación.

18.25.5. Reforma en pro de la equidad

Frente al maltrato gubernamental que da a Guayaquil en la asignación presupuestaria, Gabriela Calderón de Burgos (El Universo, 10 febrero 2010) considera que el alcalde debe promover una verdadera autonomía, dando respuesta a la interrogante: ¿A dónde debería ir el dinero de los contribuyentes?
Buena parte de las “dádivas” del Gobierno central a los municipios, anota Calderón, son posibles únicamente porque, a través del SRI, primero este recibe dinero de las personas de cada ciudad. De manera que lo que el Gobierno central hace es devolver algo de lo que tomó de cada persona, dándoselo (devolviéndose) al Municipio de su ciudad.
Este sistema ha derivado en que para 2005, de acuerdo a un estudio del Banco Central, los municipios del Ecuador en promedio reciban 67,8% de sus ingresos del Gobierno central.
Los autores del estudio concluyen que esta situación ha resultado en que “la mayor parte de los gobiernos locales no realicen esfuerzos por obtener ingresos propios que les permitan cubrir con sus necesidades de funcionamiento”.
En esto, el economista Martín Krause explica en su libro “Descentralización”, resalta Calderón, que la alta dependencia de las transferencias del Gobierno central convierte a los municipios en “mendigantes de los funcionarios centrales”.
Krause señala, anota Calderón, que en este sistema “los gobiernos locales eluden la políticamente desagradable tarea de recaudar impuestos entre sus votantes; y… evitan también los efectos de la competencia intergubernamental que se originaría en el caso de que financiaran todos sus gastos con sus propios impuestos y mostraran, por lo tanto, distintos niveles de carga fiscal”.
El alcalde podría ser un poco más creativo y liderar una propuesta legislativa que estipule que la mayoría de los impuestos pagados por personas naturales y jurídicas domiciliadas en cada ciudad se gasten en esa ciudad y que sean los municipios de cada cantón los que al principio de cada año le entreguen un porcentaje fijo (e igual para todas las ciudades) al Gobierno central.
El porcentaje de cada municipio tendría que ser fijado de tal manera que siempre la mayoría de lo generado en cada ciudad se quede lo más cerca posible de los ciudadanos.
Las ciudades que generan pocos impuestos podrían recibir fondos extra del presupuesto del Gobierno central para cubrir sus necesidades básicas, siempre y cuando esa transferencia no sea lo suficientemente cuantiosa como para acentuar la relación de dependencia.
Además, se deberían transferir competencias del Gobierno central a los municipios, sobre todo aquellas en las que el Gobierno central ha demostrado su incapacidad (salud, educación, electricidad, generación de empleo, etcétera).
Y cada municipio tendría libertad de decidir qué impuestos necesita para financiar los servicios públicos que sus ciudadanos demandan. Cada municipio recolectaría esos impuestos (incurriendo el costo político de elevarlos si lo hace) y gastaría la mayor parte de lo recaudado en su ciudad, de manera exitosa o no. Los ciudadanos tendrían la libertad de “emigrar” a otro cantón, o en las próximas elecciones elegir a otro alcalde.
El presidente ya no podría tratar como mendigos a los alcaldes ni decir que determinada ciudad ha crecido “gracias al dinero de todos los ecuatorianos”, generando un odio injustificado hacia cualquier ciudad.
Lo dicho sería algo por qué protestar, reclamar y marchar.

Link: www.ticsdemanabi.net

18.24. Represion y eliminacion de la oposicion

He sentido admiración y una sana envidia por la situación de los chilenos, en el terreno político, pues: el candidato oficialista perdedor Eduardo Frei fue a felicitar a su opositor en su sede por el triunfo logrado; Frei prometió públicamente hacer una “oposición constructiva” a lo que el candidato vencedor, Sebastián Piñera, reaccionó pidiéndole “que fiscalice con rigor pero que tenga una actitud constructiva que nos permita avanzar….”

En su primer discurso como presidente electo, Piñera prometió un gobierno de “unidad nacional”. Si esto no era ya demasiado respeto entre opositores, se volvió a cumplir la tradición chilena de que el presidente saliente (o presidenta -Bachelet- en este caso) desayune con el presidente electo en su residencia el día después de las elecciones.

Gabriela Calderón (El Universo, 20 enero 2010), paradógicamente contrasta y señala que “Nada de esto sucede en nuestro país. Aquí pareciera que solo importa la regla de la mayoría. Se aplica la fórmula de 50%+1=100 y 50%-1=0”.

Calderón destaca que la aplicación de esta regla suele menospreciar y, eventualmente, violar los derechos de los individuos que están en la minoría. Sobre esto, Lord Acton decía que “La prueba más segura para juzgar si un país es verdaderamente libre, es el grado de seguridad del que gozan las minorías”. Giovanni Sartori explica que el derecho a cambiar de opinión de cada miembro de la mayoría depende de la libertad de las minorías a disentir sin miedo a ser reprimidas.

Por eso, anota Calderón, es legítimo y saludable que hayan legisladores, periodistas, intelectuales, cantantes, amas de casa, etcétera, que se opongan (incluso públicamente) a leyes propuestas por el oficialismo o que exigen que se fiscalicen los actos del gobierno de turno.

Calderón compara: en Chile hay una nueva minoría –aquellos que apoyan a la Concertación– y el gobierno de la nueva mayoría de la Coalición empieza por reconocerle a esta minoría su derecho a participar en el cambio y a fiscalizar su gobierno. Aquí en el Ecuador, en cambio,si un legislador de oposición fiscaliza al Gobierno, este es descalificado y se le acusa de que está tratando de “desestabilizarlo”.

El ejemplo más drástico del mal trato del Gobierno de Correa para con la oposición se dio hace tres años, recuerda Calderón. Los legisladores de oposición, autoridades elegidas por voto popular al igual que el ejecutivo, fueron destituidos y a la fuerza de manera inconstitucional y con el aval y complacencia del Presidente.

El mensaje, acota Calderón, que se envió a la sociedad, con la eliminación de la oposición en 2007 sumado a los constantes ataques a cualquier miembro u organización de la sociedad civil que no comulga con los criterios del oficialismo es el siguiente: “aquí no se tolera la disidencia, se la elimina incluso violando la ley suprema”.

Y Calderón resume: Mientras que Chile le muestra al mundo la madurez política de un sólido respeto entre fuerzas políticas opositoras, nosotros en el Ecuador, hemos acabado con cualquier indicio de institucionalidad. Esto debería preocuparnos. Sartori decía que “cuanto más sean suplantadas las estructuras constitucionales, tanto más se llega a un poder absoluto en nombre del pueblo”. Pero, agregaba: “Para que el pueblo ‘tenga poder’ (en serio) la condición irrenunciable es que el pueblo impida cualquier poder ilimitado”. ¿Se acuerdan de los plenos poderes que los ecuatorianos le entregaron al gobierno de Rafael Correa por mayoría aplastante en 2007? Me atrevo a decir que Sartori diría que ese día, con ese voto, falló la vocación democrática de una mayoría de los ecuatorianos.

Link: www.ticsdemanabi.net

18.23. Alfabetizacion y educacion siguen represadas

Las falencias que tiene la educación en el país, no ha sido superadas. El aumento de algunas partidas de profesores, construcción de aulas escolares, dotación de computadoras o “Escuelas del Milenio”, no ayudan a superar las deficiencias de la educación.

18.23.1. Analfabetismo no se ha reducido

El pasado 8 de septiembre el ministro de Educación, Raúl Vallejo, declaró al Ecuador como una “patria alfabetizada”. Sin embargo, hace pocos días, el INEC reveló que el país no está libre de analfabetismo.

El Ministerio hizo esta declaración basado en un estudio de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO); pero uno de los representantes de la institución asegura que en su informe se advertía que las cifras eran sólo proyecciones.

Juan Ponce Jarrín, Subdirector de la FLACSO destacó (Diario Hoy, 3 febrero 2010) que el Régimen usó cifras de la Flacso, a pesar que se recomendó no hacerlo. Obedeció a un momento político y a una oferta de campaña. El ministro habló sin fundamentos técnicos.

En el informe, anota Ponce, fuimos claros en decir que el 2,7% de analfabetismo se aplicaba a nivel de ciertos cantones y lo mejor era esperar la encuesta de hogares del INEC, que arrojó una tasa del 7,7% a nivel nacional.

En esto, los estudiantes alfabetizadores hicieron su trabajo, pero hubo recursos que no fueron bien canalizados. Muchos “alfabetizados” no son capaces de leer y escribir de forma independiente, lo que demuestra que faltó eficacia.

Para confirmar la ligereza con la que el Gobierno trató el tema -quizás en su premura por exhibir resultados de los tres años de gestión “revolucionaria”-, el propio Instituto de Estadística y Censos (INEC), organismo estatal, reveló hace poco que, al contrario del triunfalismo de las declaraciones oficiales y de Correa a la cabeza, entre 2008 y 2009 antes que bajar el índice, subió, al pasar del 7,62% al 7,79% la tasa de ciudadanos que no saben leer ni escribir (Editorial El Comercio, 3 febrero 2010).

Se trató, entonces, de una negligencia culposa que indujo al engaño y que, al menos, debería merecer una investigación y sanción administrativa a todos quienes lo usaron con fines propagandísticos y proselitistas.

18.23.2. Proceso amañado e ineficiente

Ponce señala que la información que manejaba el Ministerio de Educación nunca fue sistematizada. El Ministerio no era capaz de entregar de forma inmediata las listas de personas que, supuestamente, fueron alfabetizadas y hubo que hacer dos talleres con los técnicos de las direcciones provinciales de Educación para levantar una base de datos.

Allí, los funcionarios entregaron nombres y apellidos, pero en muchos casos no existía la cédula de identidad del alfabetizado lo cual se puede prestar a errores. Además, No hubo control de asistencia, ni seguimiento a las personas que llegaron a alfabetizarse. Tampoco hubo informes de supervisión.

En un análisis de Cordes, (Diario Hoy, 2 febrero 2010) se exponen cinco hipótesis para explicar la errada inferencia de una reducción de la tasa de analfabetismo que no corresponde a la realidad: 1) subcobertura de los programas de alfabetización: de los 700 mil analfabetos, solo 95 mil declaran haber participado en algún programa de alfabetización los últimos tres años según la Encuesta de 2009; 2) en muchos de los programas, participaron personas que ya eran alfabetas: los colegiales obligados a alfabetizar se encargaban de ubicar a los analfabetos, y no se contó con mecanismos para verificar esa condición de las personas seleccionadas; 3) los programas tuvieron altos niveles de deserción; 4) problemas de eficacia de los programas: entre los que los terminaron, solo el 10% declaró poder leer y escribir un párrafo con facilidad; 5) problemas de registro de la información: no se centralizó en una base de datos a escala nacional. La apresurada declaración de "Patria Alfabetizada" exige una explicación que, además, permita reorientar los programas para doblegar el analfabetismo.

Bajar la tasa de analfabetismo, anota a su vez Ponce, un 1% en tres años no significa ningún avance ni nada extraordinario, dado que lo mismo hicieron otros Gobierno. Es verdad que el Régimen ha triplicado la inversión en educación, pero el resultado es el mismo y eso da cuenta de un problema de eficiencia en política educativa.
.
18.23.3. Para un proceso alfabetizador efectivo

Ponce acota que para que se den cambios y se elimine el analfabetismo, hay que partir evaluando este último proceso con toda claridad y apertura, reconociendo los errores. Pero este reconocimiento de errores se lo debe hacer con la misma magnitud que se hizo la presentación del error. Que no quepe dudas.

Vallejo presentó la declaratoria con estadio lleno en Manta, luego en los enlaces del presidente y lo más tenaz en el Foro Mundial de la Unesco en París.

Y lo menos que merece la ciudadanía es una cadena nacional en la que digan "nos equivocamos".

Luego vendría la sanción a los responsables del engaño, así como, la formulación de un comprensible Plan Estratégico de Eliminación del Analfabetismo, que cuente con los recursos económicos y técnicos suficientes y con veeduría, como con el “Contrato Social”, por ejemplo.

Lamentablemente, nuevamente el Gobierno ha entrado a manipular la política educacional y a estafar la fe pública de los ecuatorianos. El Ministerio ha adoptado la insólita decisión de dar un paso atrás en su declaratoria de “Patria alfabetizada” y, sin más, cambiar a “Patria alfabetizándose” (El Comercio, 3 febrero 2010). Y las metas, y las estrategias y los presupuestos. Nada

18.23.4. Educación sigue siendo mediocre, especialmente en el ámbito rural

Durante décadas, muchos analistas y políticos demagogos han sostenido que la solución "revolucionaria" para la educación en el Ecuador es solamente cuestión de incrementos presupuestarios, y surgieron así propuestas constitucionales que sonaban lindas, como el del 30% del Presupuesto del Estado para educación.

Nadie discute la importancia de contar con recursos suficientes, pero lo fundamental es alcanzar una educación del mejor nivel, competitiva internacionalmente, moderna y científica.

Con su habitual demagogia, este Gobierno ha hecho un despliegue publicitario enfocándose en el notable incremento de los gastos que ha hecho en el sector social, comparándolos con los menguados aportes brindados por los Gobiernos anteriores.

La cantidad de recursos que el Gobierno de la revolución ciudadana ha recibido por los altos precios del petróleo es incomparable no solamente con los últimos Gobiernos, sino probablemente desde el inicio de esta etapa democrática. Pero, ¿las inversiones en general han sido adecuadod?

Raúl Jervis Simmons (Diario Hoy, 5 febrero 2010) destaca que, luego del show con sus socios de la misma izquierda retrógrada y reaccionaria que ha manejado y sigue manejando la educación pública en el Ecuador, ¿ha cambiado algo que no sea la eliminación de cualquier tipo de pago que involucraba con derechos y obligaciones a la comunidad, mientras que ahora dependen de la voluntad omnímoda de las autoridades y de la "lealtad" que profesores y directores deben tener con el Régimen, práctica muy habitual en el clientelismo de los Gobiernos fascistas?

Jervis anota que es bueno que se tecnifiquen algunas escuelas populares y que, ojalá lleguen a tecnificarse todas: con menos gastos en publicidad. Mientras tanto, la educación privada, a la que accede solo un mínimo de la población, incluidos los hijos del presidente de la República, seguirá siendo infinitamente superior.

De otra parte, acota Jervis, tampoco la calidad de la educación mejorará si se insiste en prácticas antiguas y fracasadas del centralismo y no se propende a la lógica descentralización, por ejemplo hacia los municipios, que por su efectividad ha sido exitosa en los países industrializados o a los éxitos alcanzados por la izquierda progresista, como en Chile o Brasil, y no los fracasos de los pseudoizquierdistas de Venezuela o Cuba.

18.23.5. Educación sigue en espera

Que se ha incrementado el presupuesto y se han dado ciertas transformaciones que apuntan a mejorar la calidad de la educación básica y media, es cierto. Ello, no obstante, van quedando para el futuro -que bien puede ser nunca-, decisiones de una trascendencia tal como que en el futuro sin una fuerte voluntad política -infrecuente entre nosotros-, lo que va lográndose vuelva a lo mismo: el país de nadie, más bien dicho, el de la camarilla gobernante.

Son los pasos pendientes, los angoras, un desafío para el Gobierno. A lo mejor se hallan en el limbo, pues son los que demandan mayor camiseta, decisión y empeño, justamente por las resistencias feroces que pueden levantar.

Rodrigo Fierro Benitez (El Comercio 4 febrero 2010) destaca, por ejemplo, que la situación de nuestro país en cuanto al ingreso a los centros de educación superior debería incluirse en una etapa africana, superada hace décadas por los países civilizados. Los miles de bachilleres que luchan por un cupo a los cursos preuniversitarios ofrecen un espectáculo inaudito, de características primitivas, y tanto como que entre los que no logran tal propósito pueden hallarse los mejor dotados.

El absurdo no queda ahí: universidades y politécnicas que no cuentan con los recursos que se requieren para modernizar sus laboratorios, digamos, derrochan sus energías y sus posibilidades en organizar esos cursos preuniversitarios, con el agravante que el currículo no es el mismo a nivel del pequeño país. En Cartas a la Dirección, de este Diario, un bachiller manifestó su inconformidad al señalar que: “Un amigo de Brasil me contó que existía un solo curso preuniversitario para todas las carreras, y solo los mejores puntuados podían optar por la carrera de Medicina”. Desde luego que a universidades y politécnicas no les queda más recurso que organizar preuniversitarios con el propósito de evitar que bachilleres sin una mínima formación y sin la capacidad necesaria inicien carreras profesionales de nivel superior. Es tal el empeño que ponen las víctimas de los pésimos colegios, que para aprobar el preuniversitario se ven en la necesidad de recibir clases adicionales por ayudantes de cátedra o profesores de institutos particulares que viven de tal actividad. Algunos ni con tales auxilios aprueban el preuniversitario, mejor llamarlo propedéutico, dada la orientación que tiene.

A nadie se le ocurrirá negar que es de responsabilidad del Ministerio de Educación formar bachilleres capaces de iniciar estudios superiores, como también cuestionar lo que es usual en los países civilizados: un examen de aptitudes y conocimientos, organizado por un Estado responsable, al que deben someterse todos los bachilleres que se decidan por una carrera universitaria.

Y mientras no se operen cambios cualitativos significativos, la educación seguirá a la deriva. Niños y jóvenes pasarán por los centros educativos, sin pena ni gloria. Sin los conocimientos y destrezas necesarias para empatar con las demandas de los mercados.

Link: www.ticsdemanabi.net