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viernes, 22 de enero de 2010

6.3. Desautorizado perdón a morosos


El presidente Rafael Correa (Diario Hoy, 1 sept 2009) justificó la Resolución 1269 del 24 de marzo del 2009 de la Junta Bancaria, que contempla la "amnistía" -en cuanto al costo financiero de los bancos en liquidación-, por cuanto no se ha hecho nada o casi nada en los últimos 10 años -desde la crisis bancaria- para recuperar las deudas pendientes.

La amnistía del 100% del capital adeudado, les permitirá beneficiarse del no pago de los intereses, costos y gastos adeudados. Sobre la base de un acuerdo de deudas, la resolución fijó cinco rangos.

Uno de los críticos de esa resolución fue el ex asambleísta León Roldós, quien presentó una demanda de inconstitucionalidad a la referida Resolución bajo el argumento de que se estaba disponiendo de activos de terceros sin tener competencias para hacerlo. La resolución también permite a los deudores vinculados plantear un plan de pago en el marco de lo que se llamó "mecanismo extraordinario para la negociación o rebaja de deudas malas o dudosas de las entidades en liquidación".

Hasta abril pasado, los deudores de la banca cerrada sumaban 4 512 personas que tenían obligaciones por USD 1 200 millones. Es decir, el 11% de los posibles beneficiarios que concentraban el 59 % de la deuda total de USD 2 035 millones.

Por eso, Roldós afirmó que quienes "controlaban los bancos y la pillería (deudores vinculados) ahora quedarán liberados de sus responsabilidades... no pagarán intereses corrientes ni de mora pese a que han transcurrido más de 10 años".

Filanbanco registró USD 1 124 millones en costo financiero por intereses no cobrados. En una carta de junio del ex gerente de la AGD, Carlos Bravo a la liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña señaló que, dentro de las cuentas por cobrar a favor de la AGD, estaban los USD 1 124 millones registrados hasta el 31 de diciembre de 2008.
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6.2. Atraco bancario queda en la impunidad


Quienes apoyamos la elección de este Gobierno aspirábamos a que la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional y la Fiscalía, Contraloría y Función Judicial investigaran y sancionaran los frecuentes actos de corrupción, el uso mafioso del poder y las graves violaciones a los derechos humanos protagonizadas por los líderes que gobernaron a escala nacional y local.
Ocurre, que las confusas acciones gubernamentales contra la corrupción afectan seriamente a la credibilidad del Gobierno (Victor Granda, El Comercio, 17 oct 2009):
“Aspirábamos a un nuevo liderazgo para que los noveles personajes de la ‘revolución ciudadana’ no incurrieran en iguales o peores delitos.
Acabar con la impunidad es una necesidad histórica para erradicar la corrupción de siempre. Sin embargo, los responsables del feriado y peculado bancarios de 1999, que perjudicaron al Estado en más de USD 8 000 millones y en cuantiosas sumas a los clientes, no han sido sancionados.
Las bulladas extradiciones han quedado en el olvido. La comisión designada por el Presidente para investigar el descomunal atraco no los identificó, pero aseguró haber entregado abundante información a la Fiscalía, Esta emitió un dictamen en octubre de 2008 contra Jamil Mahuad, pero nada dijo de sus colaboradores y los banqueros beneficiados. Y todos están a buen recaudo.
Los máximos personeros de la Función Judicial han prolongado por más de 10 años el proceso penal, no han contribuido a su esclarecimiento y han eludido establecer responsabilidades y sancionar los ilícitos”.
Por lo que cabe insistir: ¿Dónde esta el gobierno de la “revolución ciudadana” que en 3 años no ha impulsado el cierre del episodio de la quiebra bancaria? ¡Dónde están los culpables y la recuperación del atraco?.
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6.1. Encubrimiento del fraude financiero - caso CFN


La descapitalización de la Corporación Financiera Nacional (CFN) se dio luego de la vigencia del Decreto Ejecutivo 1492, del 17 de noviembre de 1999, firmado en el gobierno de Jamil Mahuad, con el que se la obligó a recibir Certificados de Depósito Reprogramables (CDR) y Certificados de Pasivos Garantizados (CPG). Es decir, papeles como pago de deudas vencidas y por vencer de sus acreedores. Esos papeles están en el Ministerio de Economía.
Los CDR utilizados fueron instrumentos a los que apeló el Gobierno de Mahuad, para facilitar el fraude bancario. Los CDRs, emitidos por los bancos quebrados por adminis-traciones corruptas durante la crisis de 1999-2000, papeles que la CFN se vio obligada a aceptar al precio nominal, cuando en el mercado de la calle estaban al 40 y al 50%. Así se acrecentaron fortunas inmensas y dejaron a la CFN en soletas.
La CFN, como lo señala Jorge Vivanco (Diario Expreso, 26 agosto 2009) fue obligada a comprar esos “papeles sucios”, que a su debido tiempo los entregó al Ministerio de Economía, como era natural, pero con ello, se perfeccionó la gran pillería, cargándole al pueblo ecuatoriano la gran pérdida.
Claro que la CFN fue constreñida a cumplir las reglas torcidas que se dictaron, pero no se ha preocupado de denunciar por lo menos a quienes participaron en el saqueo, y más que todo, a quienes lo hicieron posible propiciando reformas a la ley y a los reglamentos, para permitirlo, tomando decisiones increíbles que constan en documentos oficiales que reposan en los archivos de la CFN.
El Gobierno de Rafael Correa nombró una comisión presidida por el titular de la CFN, Eduardo Valencia, con Jorge Vivanco, Ramiro Larrea y otros ciudadanos, para que estudie el caso y luego los tribunales castiguen el asalto a la CFN. Esta comisión emitió un estudio altamente técnico en lo económico, pero no tuvo repercusión alguna porque no se concretó ningún nombre de los cientos que participaron, nombres que danzan, que manipulan, que convocan a los alegres compañeros de “afuera”, a los que, en caso necesario, amparan. Su entusiasmo fue invasor, comprometieron a los bancos privados a entrar en la feria de compraventa de estos papeles.
En los bancos que pasaron a la AGD, los depositantes fueron perjudicados con los CDR. Se formaron “bandas” que compraban certificados con elevados descuentos porque pactaron con la Corporación Financiera Nacional (CFN) que los recibiera a su valor nominal y con la Superintendencia de Bancos que obligara a hacerlo a los Bancos privados.

El informe, recuerda León Roldós (El Comercio 26 agosto 2009) fue declarado reservado y se lo envió a la Fiscalía. Y ya son dos años de estar oculto. Para tapar el hueco financiero en la CFN, Correa, dentro del festín de los recursos petroleros de 2008, ordenó que el Estado -con recursos de todos los ecuatorianos- le compre la basura a la CFN. ‘Colorín colorado’ a la pillería el Presidente cree ha ocultado.
Por su parte, Jorge Vivanco (Expreso, 27 noviembre 2009) reclama que “aún duerme en la Corporación Financiera Nacional -CFN- el informe que conoció la manera en que fue saqueada la entidad con más de mil millones de dólares, utilizando métodos de mala fe, como reformas legales y reglamentarias que siguen el modelo de las que se aplicó al sistema bancario y financiero, que propició la gran crisis de fin de siglo”….”En ese informe danzan nombres y hacen cabriolas personajes políticos influyentes que aún siguen en altas funciones”. Y cuando se procese penalmente y con seriedad los casos “Invermun” y “Angostura” algunos políticos del actual gobierno y de los anteriores quedarán “fulminados”.
Mientras no se destapen estas “Cajas de Pandora”, en el Gobierno paradógicamente seguirán vociferando que obran con “manos limpias” y “corazones ardientes”.
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