8.12. Yasuni-ITT una negociación petrolera que no encaja

8.12.1. Una ambiciosa propuesta ambiental que se frustra

La protección del Parque Nacional Yasuní y su riqueza que incluye su única biodiversidad y casi 900 millones de barriles de petróleo, superó al interés nacional y esta por concretarse en un compromiso mundial.
Seguro que el Ecuador requiere una compensación (posiblemente del 50%) de apoyo a la infraestructura que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos -fuentes no contaminantes de energía, mantenimiento de bosques y otros proyectos- y ése es el mérito de la propuesta generada desde los sectores sociales.
Los pormenores del Yasuni que llegó a frustrase, los resume León Roldós (El Comercio 20 enero 2010), así:
Lo imaginativo de la iniciativa hacía pensar que se alcanzaría lo que podía parecer imposible. Mientras los certificados por carbono autorizados en Kioto fueron establecidos para castigar a los que se habían excedidos en emanaciones contaminantes y gratificar a los que las disminuían, la propuesta ecuatoriana fue que se compense la no emanación de contaminantes, preservando el ambiente. Esto habría sido lo más significativo de Copenhague, diciembre del 2009.
En su momento, Acosta, Falconí y otros impulsaron la propuesta. No hubo ecuatoriano que disienta de la iniciativa Yasuní.
Correa, por ser efe de Estado, asumió el encargo de liderar la demanda internacional y se produjo lo impensable.
Cuando sólo faltaba formalizar el instrumento de fideicomiso que amarraría a los cooperadores internacionales - bajo la gestión y veeduría de un Comité del Fideicomiso, que a todos, a los ecuatorianos y a los aportantes financieros, den seguridad del correcto uso del dinero, vino lo peor, Correa prohibió firmar el instrumento.
Luego agravió en palabras a los comprometidos a aportar “métanse los centavitos por las orejas”, y sumó la amenaza de que aun cuando se deprede la reserva natural y humana extraerá el petróleo del área protegida del Yasuní, si los aportantes financieros pretenden estar en el Comité del Fideicomiso.

8.12.2. Sólo Correa manejaría la chequera

En otras palabras, destaca Roldós, como en la publicidad del lotto, el mensaje de Correa parece ser “ yo solito manejo la chequera y si no me lo aceptan depredo la reserva del Yasuní y extraigo los 846 millones de barriles de petróleo”.
No sólo creo en el temor de Acosta y Falconí acerca de que hayan intereses para explotar 846 millones de barriles de petróleo a cualquier costo social y humano, sino que estoy seguro que atrás de lo dicho por Correa están los que manejan la contratación pública que en el gobierno de Correa han multiplicado los sobreprecios y los fraudes contractuales y sienten que los perderán si ellos no deciden los contratos. Los ejemplos son numerosos.
Los honestos ningún temor deben tener a los fideicomisos que aseguren la rectitud de todos los procedimientos. Correa en cambio los rechaza.


8.12.3. Pensándolo bien y sin caridad se retoma el proyecto

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró hoy (Expreso, 23 enero 2010) que con la iniciativa Yasuní-ITT para mantener el petróleo en tierra no pide "caridad", y recalcó que el Ecuador es la que más aporta en el proceso ambiental.
Correa subrayó que se retomará "con fuerza" el proyecto ambientalista que pretende dejar sin explotar el petróleo de los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini, que están en la zona del Yasuní, una reserva de alta biodiversidad.
Ecuador calcula que la explotación de esos campos podría significar ingresos por unos 7.000 millones de dólares, pero ha ofrecido mantener el petróleo en tierra si la comunidad internacional contribuye con al menos la mitad de esa cifra.
En caso de concretarse la iniciativa, ese dinero se aglutinará en un fideicomiso que aún está en proceso de constitución.
Precisamente la negociación para la constitución de ese fideicomiso afectó hace 15 días la iniciativa, pues Correa aseguró que se trataba de imponer condiciones "vergonzosas".
Las críticas del gobernante derivaron en la renuncia del comité gubernamental creado para impulsar la iniciativa, así como la del entonces canciller Fánder Falconí.
Correa explicó que el error de la negociación está en los términos de referencia del fideicomiso presentado por el equipo negociador, en el que se califica de "donantes" a quienes entreguen el dinero cuando, a su criterio, son "contribuyentes".
"Somos nosotros los que tenemos que poner condiciones, no recibir condiciones. Esa plata (dinero) es nuestra y debió ingresar directamente al presupuesto del Estado", dijo.
Indicó que no tiene problema con que la compensación sea administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero sí exige que Ecuador tenga mayoría en el directorio.
"Que seamos nosotros quienes programemos los proyectos y los pagos, pero no es que nos van a dar caridad", subrayó.
El proyecto ITT prevé evitar la producción de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por la no explotación del petróleo y por lo cual Ecuador pide a la comunidad internacional una compensación económica.
La ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, Fernanda Espinosa, quien lidera desde esta semana la iniciativa, anunció ayer que el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), el ecuatoriano Freddy Ehlers, formará parte del equipo negociador del proyecto.

8.12.4. Relanzamiento del proyecto

Germánico Pinto (Ministro de Energia), René Ramírez (Secretario General de Senplades) y María Fernanda Espinosa (Ministra de Patrimonio), presentaron ayer (22 de enero del 2010) la estrategia para impulsar el proyecto ITT, reafirmando con ello, la voluntad política de dejar 860 millones de barriles de crudo bajo tierra.
La ministra María Fernanda Espinosa, en su calidad de nueva coordinadora de la Iniciativa Yasuní ITT, anunció ayer la estrategia con la que se negociará el proyecto.
Habrá tres equipos o cuerpos para alcanzar los objetivos trazados. El primero es el Comité Técnico, que se encargará de hacer la propuesta más viable y eficiente. El segundo cuerpo es el Comité Político que acompañará todo el proceso. El tercer equipo será el Comité Negociador, que articulará los anteriores cuerpos y se encargará de concretar los acuerdos con los países aportantes.
Todos los equipos participarán en la negociación con el PNUD sobre el mecanismo financiero, incluidos los términos del fideicomiso.
Queda claro que el poder de decisión sobre el mecanismo financiero estará a cargo del Gobierno Nacional, que tendrá tres representantes en el consejo directivo. Este ente contará, además, con dos representantes de los aportantes y un delegado de la sociedad civil que será deliberante.

8.12.5. Marcha hacia una economía pospetrolera

René Ramírez, secretario de Senplades, destacó que el proyecto ITT marca la búsqueda de una economía pospetrolera, como opción productiva. “Esto implica ir hacia una economía de servicios”, pues en el último Plan Nacional del Buen Vivir, se busca construir “una biópolis ecoturística y comunitaria, que será la nueva forma de generación de riqueza para el país”, explicó.
Según Ramírez, en este plan se contempla una inversión más fuerte en ciencia y tecnología, que se sustente en el paradigma del bioconocimiento, tomando en cuenta que menos del 1% de lo que tenemos como biodiversidad sabemos que existe. Precisó que la Iniciativa ITT “es el proyecto más importante del Gobierno”, ya que convertirá al Ecuador en una potencia mundial ambiental, porque impulsa proyectos que aún no existen en ningún lugar del mundo.

8.12.6. Incongruencia y conflictividad gubernamental

El caso Yasuní provocó un profundo resquebrajamiento en el régimen de Correa, a propósito de los exabruptos presidenciales referidos a la conducta de su equipo en las negociaciones para dejar el crudo bajo tierra
Julio Echeverría destaca la división (El Comercio 24 enero 2010) así: El Presidente acusa ser engañado por la agenda oculta de su propio canciller, que dejó infiltrar las perversas intenciones de los “ecologistas infantiles”. Los miembros del equipo de negociaciones, en cambio, denuncian el débil compromiso presidencial con una propuesta que se convirtió en emblemática del país y que bien podía contribuir a diseñar soluciones novedosas para la problemática ambiental global.
Estas mutuas acusaciones ocultan un problema de fondo: la existencia de una amalgama de posiciones no suficientemente trabajadas en términos programáticos, contradicción que ya aparece en el diseño de la Constitución elaborada en Montecristi, la cual es reivindicada por Alianza País como su programa político.
Por un lado, la ampliación de derechos que solo pueden ser satisfechos por la intervención dadivosa del Estado que requiere de altos índices de crecimiento de la economía, y que, en las condiciones del modelo económico de la revolución ciudadana, solo puede darse gracias a la sobreexplotación de la renta de la naturaleza. Y por otro, el principio del sumak kausai que en cambio plantea al decrecimiento económico como su orientación fundamental. Esta contradicción se expresa ahora como conflicto al interior del partido de gobierno.
En el un caso, el desarrollo es visto como crecimiento económico en el corto plazo, y los impactos ambientales como un daño colateral no deseado pero justificable frente a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, generar más servicios sociales y reducir la pobreza. En el otro, el enfoque de los “ecologistas infantiles” (Acosta y Falconí como figuras visibles) el desarrollo no necesariamente equivale a crecimiento, sino que se expresa en bienestar humano y sustentabilidad social y ambiental. A pesar de las diferencias sustanciales, ambas líneas se mantienen y se necesitan porque ambas reivindican el rol central del Estado en la construcción del modelo.
La pugna no es explicable en el campo de la moralidad pública, como conflicto o deslealtad de amigos o de compadres; refleja una contradicción política de fondo que no fue suficientemente elaborada y trabajada porque la intención al construir Alianza País no fue la de configurar un programa de gobierno, sino simplemente la de acumular adhesiones para una contienda electoral.

8.12.7. Rebelión ambientalista

El Gobierno de Correa podría verse enfrentado a un posible desafiante frente de asambleístas de su tendencia.
Walter Spurrier (El Universo, 24 enero 2010) destaca que, Alianza PAIS tiene vocación ecologista. La Constitución está dedicada a la Pacha Mama. El Plan del Sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza proponen el gradual desmantelamiento de la agricultura y acuacultura de exportación, y su reemplazo por el turismo ecológico y cultural exótico.
Ambientalistas y Gobierno incialmente coincidieron en poner la temática ambiental en primer plano. Ecuador propuso al mundo abstenerse de explotar la zona petrolera ITT y preservar la riqueza natural de parte del Yasuní.
Mas, al paso del tiempo, las posiciones de ambientalistas y Gobierno han venido chocando.
Para el Presidente, la no explotación del ITT es un sacrificio. Cabe que los países ricos, los que causan el problema de calentamiento de la Tierra y que destruyeron su diversidad en el proceso de desarrollarse, cubran la cuenta, monetariamente, al menos parcialmente.
El Presidente planteó que los países ricos constituyan un fondo del que se pueda girar al menos 350 millones de dólares anuales, valor equivalente a la mitad de lo que generaría la explotación del ITT. El dinero iría a engrosar las arcas fiscales y serían manejados por el Ejecutivo.
De otra parte, un estudio sobre la Refinería del Pacífico, demanda que se incluya la explotación del ITT para suministrar el crudo, dado que sólo así la Refinería se tornaría atractiva.
El interés del Gobierno por la Refinería le hace ser sensible a la explotación del ITT y a ceder a las presiones de las petroleras. De prevalecer esta tendencia, el Gobierno podría encontrarse con una rebelión de los ambientalistas de Alianza PAIS.

8.12.8. Iniciativa acaban de matarla

Roque Sevilla, ahora ex - presidente de la Comisión para negociar el Yasuni-ITT, destaca (El Comercio, 25 enero 2010) que, para nadie era secreto que el Gobierno tenía dos agendas respecto al petróleo del ITT. La una, extraer el crudo pesado y abastecer un tercio de la capacidad de la Refinería del Pacífico. Y la otra, dejar el crudo bajo tierra y buscar en el mundo desarrollado una compensación equivalente al valor del petróleo no explotado.

Sevilla señala que, a los ingenuos ecologistas infantiles nos habían asegurado que el objetivo prioritario era no extraer el petróleo y con ello garantizar la supervivencia de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador y evitar un daño irreparable a la mayor biodiversidad del mundo.
La comisión recibió el aplauso y los mayores elogios cuando propuso que con esos ingresos se financie lo que el propio Gobierno había establecido en su Plan Nacional de Desarrollo: la protección de los Parques Nacionales, la contribución para el manejo sustentable de los bosques tropicales en manos de las comunidades indígenas y afroecuatorianas, el cambio de la matriz energética para producir con energías renovables suficiente electricidad y no vivir de apagón en apagón, reforestar el país, proteger las cuencas hidrográficas y contribuir con educación, capacitación, salud y aportes económicos actividades sustentables para los sectores rurales mas pobres del país.

Sevilla anota que, “la comisión de ecologistas infantiles se planteó recorrer el mundo proponiendo imposibles. Cuando regresen, agotados y fracasados, anunciamos que esta maravillosa iniciativa no ha tenido acogida en el mundo desarrollado por su visión egoísta y abusiva. Conste que el Ecuador estuvo dispuesto al sacrificio, pero no encontró la menor solidaridad entre los países ricos”.
Dadas estas tristes circunstancias, y con mucha pena, al país no le queda más que explotar el maldito y pesado petróleo.

¡Pero, gran sorpresa, la comisión infantil tuvo éxito!

En seis meses negoció aportes posibles y probables por 1.7 mil millones de dólares, o sea el 50% del objetivo mínimo. Quedaban todavía 12 meses para concretar el resto. Este logro no estaba en el plan estratégico petrolero del Gobierno. Por lo que, había que desmontar el éxito.

Entonces, se fijó como propicio un tradicional enlace sabatino, para anunciar la reducción del plazo a la mitad, denunciar los atentados contra la soberanía y hacer la recomendación de que los aportantes se “metan los centavitos por las orejas”.

Así, a la iniciativa lograron matarla, concluye Sevilla..

www.ticsdemanabi.net

8.11. Campo Palo Azul, otro icono de atraco petrolero

8.11.1. Instrucción Fiscal
El caso del Bloque 18 y el Campo Palo Azul, se van a convertir en íconos en el atraco al Estado ecuatoriano, dado que hay una treintena de funcionarios que están bajo investigación de la Fiscalía, entre los cuales se cuenta el ex presidente Gustavo Noboa (dirigió la política petrolera) fue señalado por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, entre una treintena de responsables por la entrega "ilegal" del campo Palo Azul al sector privado, cuyas reservas estarían por encima de los 100 millones de barriles de petróleo y más de USD 6.000 millones de ingresos.

Entre otros motivos, el fiscal cuestiona los procesos seguidos en esa administración tras la cesión de derechos en 1997. También desestima los informes de Contraloría que posteriormente se emitieron tras denunciarse una adjudicación ilegal del campo, en 2001, al consorcio Cayman y Petromanabí (Hnos Isaías Dassun). Por ello, entre los imputados aparece el ex contralor Genaro Peña. En base a ese informe, la Fiscalía desestimó el caso y lo archivó en 2006.

El caso fue reabierto en junio de 2007, tras conocerse el informe de la comisión conformada por el ex ministro Alberto Acosta, que determinó un fraude técnico al haberse calificado como unificado al campo Palo Azul, pese a no existir el yacimiento común.

Con ese antecedente, el fiscal señala que hubo vicios en las transferencias de derechos y obligaciones al no cumplir aspectos técnicos, económicos, legales, la existencia de informes con interpretaciones erróneas y tergiversadas.

Y para “completar la obra” y que se no haga una gestión con sesgo político, el analista petrolero Fernando Villavicencio anunció el 11 de enero de 2010 en Teleamazonas, la presentación, de un pedido a la Fiscalía para que se ”amplíe la instrucción fiscal” y extienda las responsabilidades penales en contra del presidente Rafael Correa (dirige la política petrolera); el ex ministro de Energía, Galo Chiriboga (actual Embajador en España); el presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo y el mando del Consejo de Administración de Petroecuador, y el Ing. Derlis Palacios, por el archivo del proceso de caducidad del contrato de participación original y por la firma del contrato modificatorio de 2008, pese al "fraude técnico" señalado por la comisión conformada en 2007 por el ex ministro de Energía, Alberto Acosta, que investigó el caso.

Este caso se sustenta en investigaciones realizadas por Villavicencio y por referencias públicas realizadas en los medios escritos y en la web http://www.amazoniaporlavida.org

8.11.2. Historia del atraco

Los solicitantes narran la historia asÏ:
1996. Amoco transfirió a la empresa francesa ELF Aquitaine Équateur el 40% de los derechos y obligaciones, se quedó como operadora del Bloque y ejecutó el plan exploratorio mínimo, concluyendo que no existían reservas de crudo rentables,
1997. Amoco comunicó a Petroecuador que abandonaba el país, como se desprende del Memorando No. 227 de la Unidad de Contratación Petrolera UCP, del 9 de septiembre de 1997 que dice: "... habiendo cumplido Amoco el Plan Exploratorio mínimo y decidido su Gerencia retirarse del área, devuelva ésta al Estado, de acuerdo con lo que dispone el Art. 24 de la Ley de Hidrocarburos y la cláusula 6.1.8 del contrato".
Pese a esta notificación, el Ministerio de Energía y Minas, autorizó la transferencia de la totalidad de derechos y obligaciones de AMOCO y ELF, a Cayman y Petromanabí, sobre un bloque no comercial y, al margen de lo que establecen los Arts. 2 y 3 del Reglamento al Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos, por cuanto las cesionarias no reunían los requisitos para su calificación.
2000
Como el bloque 18 no era comercial, los Isaías a esa época, querían “demostrar” que Palo Azul 1 y Palo Azul 2 eran parte de un mismo yacimiento (común) y llevarse el campo Palo Rojo de Petroecuador. Eso lo lograron, promoviendo la conformación de una Comisión Interinstitucional Petroproducción-Cayman el año 2000. El Informe manipulado de la Comisión declaró yacimiento unificado a Hollín que incluyó el campo Palo Rojo más de 100 millones de barriles de reservas de crudo liviano.
Del Informe de la Comisión Especial se desprende que: "El Bloque 18 cuenta con 2,28 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio día de 170 barriles, mientras el campo denominado Palo Azul (Palo Rojo) de Petroecuador, registra 100 millones de barriles de reservas probadas y una producción promedio de 40.000 barriles de petróleo por día (BPPD).", es decir el bloque nunca fue ni es comercial, sino que a través de un fraude técnico y al margen de la Ley, varias autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Energía y representantes de la contratista, anexaron el campo Palo Rojo de Petroecuador al Bloque 18, sin ser unificado, llamándolo Palo Azul.
La anexión del Campo Palo Rojo, empezó con la calificación fraudulenta de Común del Yacimiento Hollín Inferior realizada el 15 de junio del 2000, por la Comisión Técnica PETROPRODUCCIÓN-CAYMAN, que recomendó: "por cuanto Basal Tena y Napo U y T tienen continuidad geológica entre los pozos Palo Azul 1 y 2, y porque Hollín Inferior es un yacimiento común, el campo Palo Azul es unificado". Con base a este informe, Pablo Terán el 20 de septiembre de 2000 con Acuerdo Ministerial 076, comete otra ilegalidad al calificar de común las áreas del Campo Palo Azul y al yacimiento Hollín, y autoriza la suscripción del Convenio de Explotación Unificada, contraviniendo el Informe de la Comisión Técnica de 15 de Junio 2000 que declaró únicamente al yacimiento Hollín Inferior como COMÚN.
Con los informes falsos el Gobierno de Gustavo Noboa calificó de común (pozos conectados/compartidos), como si fuera uno solo el yacimiento Hollín, cuando no lo era, facilitó que los Isaias a través de Cayman y Petromanabi, tengan expectativas ciertas de explotación del yacimiento.
2001
Ya en control de al menos 100 millones de barriles de reservas probadas, empieza la feria del petróleo en las Bolsas de Valores. En abril de 2001, el Ministro Pablo Terán autoriza a Cayman y Petromanabí para que transfieran a una empresa fantasma, EcuadorTLC el 42% y el 28% de sus derechos y obligaciones en el Contrato del Bloque 18. EcuadorTLC no acreditaba experiencia técnica, ni respaldos económicos, como lo exigen los Arts, 2 y 3 del Reglamento al Art 79 de la Ley de Hidrocarburos. 14 días después de esta transacción, Pablo Terán, autoriza nuevamente la transferencia del 100% de las acciones de EcuadorTLC a la compañía argentina PECOM ENERGIA S.A., no domiciliada en el País. Este inusual y sospechoso movimiento de acciones y derechos sobre el Bloque 18 y campo Palo Azul, se explicaría según la Comisión, para proteger los intereses del grupo Isaías (Petromanabí y parcialmente de Cayman) dueño de Filanbanco, ante una posible intervención de la Agencia de Garantía de Depósitos AGD.
2002
Pérez Companc (Pecom Energia) en octubre del 2002 comunicó que ha vendido el 58.6% de acciones a PETROBRAS. La transferencia de acciones que incluyó el 100% de EcuadorTLC significó la cesión del 70% de participaciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul y no existió autorización ministerial como exige la cláusula 16.2.1 del Contrato de Participación, el Art. 74 numeral 11 y el Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos. Así arribó Petrobrás al Ecuador, sin arriesgar nada.
El Vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Posso Salgado, el año 2002 denunció el caso ante la Comisión Anticorrupción y la Contraloría General del Estado, pidiendo la intervención de las autoridades de control a fin de impedir la entrega ilegal del Campo Palo Azul (Palo Rojo) a Petromanabí y Cayman.
2003
La Comisión Anticorrupción CCCC en febrero del 2003, solicitó la caducidad del contrato y la reversión del Campo Palo Azul a Petroecuador.
La Contraloría General del Estado por su parte el año 2003, emite un informe deleznable, contradictorio, y vendepatria, pretendiendo beneficiar a las contratistas en perjuicio del Estado. El contenido principal de las investigaciones de los auditores no coincide con las conclusiones y recomendaciones del citado informe, evidenciándose una dirigida parcialización por el Contralor de ese entonces. Un dato contundente lo confirma: Contraloría dispone la perforación de un pozo intermedio entre Palo Azul 1 y Palo Azul 2 para confirmar si se trata de un yacimiento productor común. ¿Cómo es que Contraloría se adelantó a validar la supuesta unificación del yacimiento si aún no se conocía los resultados de la perforación del pozo intermedio?
2005
El caso Petrobrás es aún más grave, porque el 24 de enero de 2005 Petrobrás y Teikoku Oil Casa Matriz suscriben un "Acuerdo de Venta y Asociación" para la transferencia del 40% de derechos y obligaciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul y comunican el hecho a la Comisión de Valores de Buenos Aires, señalando textualmente que: "El acuerdo de venta y asociación celebrado con Teikoku Oil Co., Ltd, ("Teikoku") involucró la transferencia de las participaciones del 40% de los Bloques 18 y 31...".
Es decir, no solo se habría suscrito el citado Acuerdo, sino que también hacen referencia a pagos económicos iniciales: "...Teikoku realizará un pago inicial en efectivo de U$S 5 millones y un desembolso posterior de U$S 10 millones sujeto a la realización de determinadas obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del Bloque 31, las cuales serán emprendidas conjuntamente por la Sociedad y Teikoku...". Aún más evidente es el informe económico de los auditores independientes contratados por Petrobras, con corte a junio de 2005, en el cual se hace constar transferencias de valores económicos superiores a los 10 millones de dólares a favor de Teikoku Oil Ecuador, como parte de su participación accionaria.
Queda explícito que este es un ACUERDO DE VENTA Y ASOCIACION suscrito por Petrobrás y Teikoku Oil Co. LTD. (Casa Matriz), notificado por Marcelo Gargano, a la Comisión de Valores de Buenos Aires, para transferir derechos de los contratos de los bloques 18 y 31, mientras la Carta de Intención que posteriormente se presentó en Ecuador, pretendiendo blindarla con la supuesta condición suspensiva de que entrará en vigencia una vez que el Ministerio de Energía lo autorice, fue firmada por EcuadorTLC, Petrobrás y Teikoku Oil Ecuador, una empresa no domiciliada en el país, a esa fecha. Sin embargo de lo cual el Procurador José María Borja, emitió informe autorizando la transferencia del 40% de participaciones de Ecuadortlc a favor de Teikoku Oil Co. LTD. (Casa Matriz), empresa que no firmó la Carta de Intención; señalando que "...se infiere la intencionalidad de las partes contratantes de ceder un porcentaje (40%) de los derechos y obligaciones...".
Agrava aún más el hecho de que el 24 de enero de 2005, fecha de suscripción del "Acuerdo de Venta y Asociación con Teikoku". Petrobrás no tenía ningún derecho sobre Ecuadortlc y por ende en el Bloque 18 y el Campo Palo Azul. Para el Acuerdo de Venta y Asociación para la transferencia del 40% de participaciones de los bloques 18 y 31 y Campo Palo Azul, sin autorización ministerial y sin que Petrobrás tenga derechos contractuales.
2006
El fraude denunciado ya en el año 2000, fue confirmado en octubre del año 2006, cuando a por presiones ante la Contraloría se perforó un pozo intermedio entre Palo Azul 1 y Palo Azul 2, el Palo Azul 35. El resultado: el pozo no era productor y fue cerrado. Eso demostró que el supuesto yacimiento común no existía, que hubo fraude técnico y un perjuicio millonario. Entonces se les cayó todo el falso sustento técnico, anota Villavicencio
Recién el 27 de diciembre de 2006 (2 años después), el Ministro Iván Rodríguez autorizó con Acuerdo Ministerial 095 en forma ilegal el cambio de nombre de Pecom Energía a Petrobrás, 4 años después de extinguida la compañía argentina. Ni en esa fecha, ni ahora, Petrobrás tenía, ni tiene derechos. Lo que Petrobrás hizo es un delito, apropiarse de un bien público y traficar en forma dolosa en la Comisión de Valores de Buenos Aires y Nueva York, con participaciones respaldadas por más de 100 millones de barriles de petróleo de los ecuatorianos, equivalentes a USD $ 6 mil millones de dólares.
Occidental también defendía una supuesta condición suspensiva de su Acuerdo Privado, decía lo mismo que sostuvo el ex Procurador José María Borja, frente al Acuerdo de Venta y Asociación de Petrobrás, se trata de una intención, sujeta a aprobación del Ministro de Energía y Minas.
El tema Petrobrás y sus vinculaciones con el caso Occidental mereció incluso una "reunión de alto nivel", en el despacho del Ministro Iván Rodríguez, el 13 de diciembre del 2006, entre las máximas autoridades de control del país: Ministro de Energía, Contralor Genaro Peña, la asesora del Despacho Ministerial, Nancy Altamirano, el delegado de Procuraduría, Carlos Venegas, el Jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador, Fernando Robalino, el representante de la DNH Alberto Panchi, Galo Carrillo de Contraloría, entre otros funcionarios. En la reunión de la cual hay una grabación de audio, se evidencia como todos los presentes se ponen de acuerdo para "arreglar" la situación de Petrobrás y Teikoku, como señaló la Dra. Nancy Altamirano: "Hay que ir haciendo todas las autorizaciones" en referencia a las cesiones de derechos de los bloques 18 y 31.
2007
El 11 de enero de 2007, 4 días antes de que fenezca el Gobierno de Alfredo Palacio, el Ministro Iván Rodríguez, a través de Acuerdo Ministerial 118, autoriza la transferencia del 40% de Ecuadortlc (Petrobrás) a Teikoku Oil Ecuador. Todo este último proceso configura causal de caducidad contemplada en el Art. 74, numeral 11 de la Ley de Hidrocarburos.

8.11.3. Inicio del proceso de caducidad

A través del Acuerdo Ministerial 059, del 14 mayo 2007, el entonces Ministro de Energía, Alberto Acosta, autorizó la conformación de una Comisión Especial, misma que luego de la investigación realizada, emitió un Informe Final, recomendando el inicio del proceso administrativo de caducidad del Contrato del Bloque 18 y la reversión del campo Palo Azul (Palo Rojo) a Petroecuador.
El Procurador General del Estado, Javier Garaicoa, declaró: "Creemos que es necesario establecer con claridad el proceso y probablemente tengamos nosotros que pensar en la caducidad del contrato de Petrobrás", Diario El Universo, 9 de julio de 2007. La misma autoridad en Diario el Comercio, de jueves 26 de julio del año 2007, afirmó: "Sin unificación, el contrato no cabe", y agrega que ese tema "le corresponde a Energía y a la Fiscalía".
De igual forma, es categórico e incontrastable, el pronunciamiento del Señor Vicepresidente de Petroproducción, Ing. Pedro Freile, contenido en el Oficio PPR-VPR-2007, del 16 de agosto de 2007, remitido al Presidente Ejecutivo de Petroecuador, a través del cual solicita: "... que el Ministerio de Energía y Minas proceda a la Revocatoria del Acuerdo Ministerial 076 que califica de COMUN LAS AREAS DEL CAMPO PALO AZUL Y AL YACIMIENTO HOLLIN, y que autoriza la SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE EXPLOTACION UNIFICADA.", Así como plantea: "Que el campo Palo Azul pase inmediatamente a ser operado por PETROPRODUCCION..."
Con base en las conclusiones del mencionado Informe, Usted Señor Presidente, en calidad de Ministro de Energía, en carta No. 0681 DM 0708371 remitida al Presidente Rafael Correa, el 13 de junio del 2007, expone y recomienda al régimen lo siguiente: "Para tomar una decisión sobre el particular, debemos considerar los siguientes elementos: la obligación de hacer cumplir la ley, que no depende de la discrecionalidad de la autoridad; el seguro empleo del argumento de la discriminación en el proceso seguido por la OXI en el CIADI, tomando como prueba a nuestra inacción ante un caso similar; y la conveniencia de recuperar para el pueblo ecuatoriano lo que fraudulentamente se le ha quitado, con la farsa de un yacimiento común inexistente.
Al haber legalizado esta transferencia, por parte del ex Ministro Iván Rodríguez, tomando como respaldo el informe del Procurador José María Borja, se estaba generando un grave antecedente jurídico (TRATO DISCRIMINATORIO), que inmediatamente fuera convertido en arma de acusación de la Compañía Occidental en el CIADI. Para ello a más del Acuerdo Ministerial 118, también se basa en el pronunciamiento del Procurador José María Borja, del 17 de octubre de 2006, que avala los términos de la Carta de Intención o Acuerdo de Venta y Asociación, suscrito el 24 de enero de 2005, entre Petrobrás y Teikoku Casa Matriz. Este Acuerdo suscrito sin autorización del Estado ecuatoriano, incurre en la misma causal de caducidad de Occidental, establecida en el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos.
La causal principal de caducidad de Occidental, esgrimida por el propio Procurador José María Borja, era la firma de un "Acuerdo Privado", para la transferencia del 40% de derechos y obligaciones de OXY a CITY-AEC, sin autorización del Ministro de Energía. En este caso se aplicó correctamente la causal de caducidad definida en el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, como se desprende del proceso de OXY: "Al utilizar la conjunción disyuntiva "o" el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, establece tres opciones o casos separados, que causarían la caducidad del contrato si no se tiene la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas: 1. Traspasare derechos (como en efecto sucedió); 2. Celebrare contrato (se celebró el contrato); "o" 3. Acuerdo privado para la cesión de uno o más de sus derechos (se suscribió el acuerdo aceptado expresamente por la contratista)." Caso Occidental (Subrayado nuestro).
¿Y en qué consistían tan especiales autorizaciones? Primero, como señaló el Jefe de la Unidad de Administración de Contratos, Fernando Robalino, presente en la citada reunión, "...habría que emitir el Acuerdo Ministerial, creo yo, donde esté registrado la nueva casa matriz". Este criterio lo hace el señor Robalino, en conocimiento de que desde el año 2002 en que Petrobrás adquirió las acciones de Perez Companc (Pecom Energía), sin autorización Ministerial hasta la presente fecha, no había cambiado el nombre por Petrobrás, como casa matriz de EcuadorTLC. Ahora de forma insólita, sin que ninguna empresa haya solicitado como manda la Ley, el funcionario recomendaba emitir un Acuerdo Ministerial, por gentileza ecuatoriana, cambiando el nombre de Pecom por Petrobrás, cuando en varias ocasiones la Unidad ACP que él presidía, advirtió a EcuadorTLC con aplicar el contrato si seguía enviando comunicaciones en papel membretado de Petrobrás. Lo que es peor, Robalino sugirió cambiar el nombre de una empresa desaparecida (muerta) cuatro años atrás. Esto más que administración hidrocarburífera parece "El retorno de los muertos vivientes".
La recomendación de Robalino, fue ejecutada por el Ministro Iván Rodríguez el 27 de diciembre de 2006, a través de Acuerdo Ministerial 095, autorizando el cambio de nombre de Pecom Energía por Petrobrás.
El siguiente paso acordado en la comentada reunión, se dio el 11 de enero del 2007, a solo cuatro días de dejar el cargo, el Ministro Iván Rodríguez, a través de Acuerdo Ministerial 118, autorizó la transferencia del 40% de participaciones del bloque 18 y campo Palo Azul, de Petrobrás (EcuadorTLC) a Teikoku. Estaba tan apurado, tan presionado, tan comprometido con cumplir con la Patria y con los gobiernos amigos de Brasil y Japón, que el pobre se olvidó consultar antes de firmar, si el cambio de nombre de Pecom Energía a Petrobrás, dispuesto el 27 de diciembre del 2006, ya había sido inscrito en el Registro de Hidrocarburos, como obliga la Ley. El Ministro autorizó la cesión de derechos de (Ecuadortlc) Petrobrás, empresa que no tenía, ni tiene hasta hoy, ningún derecho sobre el Bloque 18 y el campo Palo Azul.
2008
Ell proceso de caducidad se inició con la excitativa del Procurador Javier Garaicoa, en febrero del 2008, por las mismas causales de caducidad aplicadas a la transnacional Occidental: “Suscripción de acuerdo previo y cesión de derechos y obligaciones sin autorización ministerial”.
2010
Se dicta la instrucción fiscal dirigida a establecer responsabilidades, sanciones y a la vez, recuperar lo que le pertenece a los ecuatorianos

8.11.4. Reversa petrolera perniciosa en el Gobierno de Correa

2007
Con oficio de 23 de mayo de 2007, remitido por la Canciller María Fernanda Espinosa, al Ministro de Energía Alberto Acosta Espinosa, informa que el Embajador Eduardo Mora, Jefe de la Misión Diplomática en Brasil, fue convocado a la Cancillería brasilera por Jorge Tauney, Subsecretario General de América del Sur, con el fin de "expresar la preocupación del Brasil sobre la participación de la empresa Petrobrás..." en los bloques 18 y 31 de la Amazonía.
La misiva hace saber que a raíz de la visita de la "Señora Canciller María Fernanda Espinosa y posteriormente de la visita de estado realizada por el Presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que los propios Jefes de Estado estuvieron de acuerdo en el tema, de zanjar diferencias.
La ex Canciller María Fernanda Espinosa, también hace conocer que el gobierno de Brasil, ha hecho referencia a la autorización del Estado ecuatoriano para la cesión del 40% de participación de Petrobras de los bloques 18 y 31 a favor de la compañía japonesa Teikoku, que la autorización ya fue dada pero que ahora el Ministro de Energía de Ecuador (Alberto Acosta) quiere rever el asunto (el 14 mayo 2007, autorizó la conformación de una Comisión Especial que investigue irregularidades cometidas alrededor del bloque 18 y el campo Palo Azul), lo que preocupa al Gobierno brasileño,… ".
La veracidad y fortaleza de los argumentos de caducidad e inexistencia del yacimiento común, llevaron inicialmente a que el propio Presidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones públicas, el martes 11 de septiembre de 2007, señalara: "ahí hay un error. Ese (campo Palo Azul) no es un campo integrado y entonces no tenía que tenerlo Petrobrás y tenemos que renegociar ese contrato...por cuanto resulta que son dos yacimientos diferentes". (Diario El Universo 11 septiembre 2007). Mas, las declaraciones de Correa aparecen ser calculadas y manÍqueas, esto, por cuanto meses atrás (4 abril) había Correa acordado con Lula, en Brasilia y de manera extraoficial, dejar sin efecto el proceso de caducidad (deducido por los hechos).
Caducar el contrato del bloque 18 y recuperar el campo Palo Azul, como recomienda el Informe de la Comisión Especial, creada por Ministro de Energía y Minas, significaría recuperar más de US$ 300 millones de dólares anuales adicionales para el pueblo ecuatoriano, además del control de un volumen de reservas probadas del orden de 100 millones de barriles de petróleo liviano, equivalentes a US$ 6 mil millones de dólares, de los yacimientos del Campo Palo Rojo.
Varias declaraciones públicas de Galo Chiriboga, ex Ministro de Energía, intentando desvanecer los argumentos de caducidad del contrato del Bloque 18; pero, la más significativa y cuestionable, es la contendida en la carta de 27 de diciembre de 2007, remitida al Presidente Rafael Correa, en la cual cuestiona lo actuado por el ex Ministro Alberto Acosta, textualmente dice: “Del análisis técnico realizado al informe de la Comisión designada por el Econ. Alberto Acosta se determina que no existe para tal informe el sustento técnico, económico y legal, por lo cual PETROECUADOR no ha pedido el inicio del proceso de caducidad conforme señalaba el informe de la Comisión. La Comisión nombrada por el ex Ministro se dejó sin efecto por carecer de sustento legal para su funcionamiento, porque la indagación es un aspecto de carácter penal que por ley corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los fiscales respectivos…”
Las afirmaciones de Galo Chiriboga, partiendo del hecho de que la excitativa de Caducidad del Procurador General del Estado, se sostiene entre otros documentos probatorios, en el Informe del Grupo Interdisciplinario, creado por Alberto Acosta, implicaron un evidente PREVARICATO, un abierto y público posicionamiento de la máxima autoridad del sector (Juez de la causa), a favor de las compañías Petrobrás y Petromanabí-Cayman, del Grupo Isaías, y Teikoku, empresas que vienen provocando ingentes perjuicios económicos al país, desde el año 2000.
Chiriboga fue más allá para beneficiar a Petrobrás y enterrar el informe de Alberto Acosta, quien sostuvo que el campo Palo Azul, habría sido declarado compartido en forma fraudulenta. Chiriboga dispuso la contratación de la firma Gaffney & Cline, empresa que trabaja para Petrobrás, para que “audite” si Palo Azul si era compartido. Y claro, el pronunciamiento fue en ese sentido.
2008
Otro componente de los “acuerdos” entre Lula y Correa, es que el Ministerio de Petróleos y Petroecuador, suspendan el proceso de caducidad del Contrato del Bloque 18 (Campo Palo Azul) y se pase directamente a un contrato de Prestación de Servicios, como textualmente sostiene el Calm. Luis Jaramillo, Presidente de Petroecuador, en la Revista Vanguardia , del 19 de agosto del 2008: “No hay proceso de caducidad. En eso quedamos y así se estableció cuando conversamos con el Presidente (Rafael Correa) y la gente de Petrobrás”.
“Con Petrobrás pasaremos directamente al contrato de prestación de servicios”. De producirse la caducidad, Petrobrás debería salir del país, no podría participar en otros proyectos, como es su objetivo.
Esta posición de Petroecuador, constituye abierto prevaricato y un atentado a la seguridad jurídica. Y en octubre del 2008 los directivos de Petroecuador procedieron a levantar y dejar sin efecto el proceso de caducidad, cumpliendo claro esta, órdenes del Presidente Correa, anota Villavicencio.

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8.10. Al gobierno no le importa el imperio de la Ley

La Asamblea de Montecristi dictó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, denominándola así, porque eliminó múltiples formas de contratación que antes tenía el sector público.
Explícitamente dispuso el texto aprobado en la Comisión de Legislación, que se derogaban todas las disposiciones generales y especiales que se opongan a la nueva Ley y de manera particular:

“9. Las normas especiales de contratación pública que contengan otras leyes. Se exceptúan expresamente las contrataciones en actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos; y, las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que no se refieran al ámbito de la presente Ley”.
Mas, León Roldos (El Universo, 23 diciembre 2009), destaca que la normativa tuvo reparos de Correa en su veto, pues amplió la normativa al almacenamiento, industrialización, refinación, transporte, distribución y comercialización de los recursos hidrocarburíferos, de las contrataciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional; y, otros sectores estratégicos o reservados al Estado, establecidos en el ordenamiento jurídico sobre la materia, que no se refieran al ámbito de la presente Ley.
Exceptuar todo lo relacionado con petróleo y las contrataciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras de sectores estratégicos o reservados al Estado, colocaría fuera de la Ley más del 60% de la contratación pública y, entonces, ¿para qué expedir la Ley?. Por ello, la Asamblea no aceptó el veto presidencial, anota Roldos.
El presidente Correa más adelante ordenó a Petroecuador que sigan aplicando el anterior “Reglamento de contratación para obras, bienes y servicios específicos –no exploración ni explotación petrolera– de la empresa estatal Petroecuador y sus empresas filiales” –que además él acomodó– y que desconozcan así la Ley del Sistema de Contratación Pública, señala Roldós

Para aplicar el edicto real, resalta Roldós, los marinos invocan la expedición del “Catálogo de equiparación de Petroecuador”, por el cual lo que no es exploración ni explotación petrolera lo “equiparan” a tal condición. Ahora, ¿Equiparan lo que no es exploración ni explotación como que lo fuera?.
De manera que, indica Roldós, “para negocios deshonestos se usa el ilegal régimen de excepción de Petroecuador. Y tales contratos suman cientos de millones de dólares. Ejemplo, el artículo 69 de la Ley de Contratación Pública expresa que los contratos se suscribirán dentro del término de 15 días desde la notificación de la adjudicación. Caso contrario se debe declarar adjudicaciones fallidas”.
“En Petroproducción, en los procesos ilegalmente excluidos de la Ley, el término para adquisiciones y prestación de servicios parece acordeón, lo estiran a meses, porque ahí está la chispa del negocio”.
“Otra en prestación de servicios. La norma siempre ha sido la inspección precontractual de los equipos y herramientas que oferta el posible prestador de servicios. Petroproducción resolvió que sea postcontractuales. Esto equivale a decir a los ungidos “llévese el negocio y después vemos cómo consigue los equipos y herramientas que debe exhibir”.

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8.9. Petroleras obligadas a invertir o se van

Lo correcto y legal en el tratamiento a las empresas petroleras, es el respetar y hacer cumplir los contratos de concesión o prestación de servicios. La terminación de éstos se encuentra supeditado a la legislación vigente, y punto. Los desacuerdos se ventilan en las cortes y tribunales que se han previsto para resolver diferencias. Pero, en el Ecuador, el procedimiento es imprudente y equivocado.
En su informe semanal de labores,(El Diario, 12 diciembre 2009) el Presidente Correa indicó que se reunió con representantes de las empresas Repsol YPF (hispano-argentina), Andes Petroleum (china), Agip (italiana), Petrobras (brasileña), y otras y les dijo , entre otras cosas:
“Fue un error la demora (un año) en la redacción de los nuevos contratos”.

"Eso no justificaba que se me haya desplomado la producción petrolera privada. Eso no justifica que hayan dejado de invertir, así que les dije, que son bienvenidos al país, pero si no me invierten mejor díganmelo ahora, terminemos esto amistosamente antes que tener que sacarlos del país".

“No permitirá que nuevamente se deje de invertir y se derrumbe la producción petrolera privada”.

"Si ustedes (petroleras privadas) actúan acorde a las políticas del Gobierno, a las reglas de juego, bienvenidos, si no, de una vez dígannos cuánto necesitan para reponer sus inversiones, para que salgan del país amistosamente porque, si no, van a tener que salir inamistosamente".

“Pese a la bajada de la producción petrolera privada, que se calcula en 14%, no se han consumido las reservas”.

"Ya es hora de que empiecen a invertir y producir más o les pagamos lo que han invertido, que se vayan y explotamos nosotros mismos nuestro petróleo con las reservas que ya están certificadas".

"Ya están listos y están espectaculares los nuevos contratos, que pasan de los de participación por otros de prestación de servicios”.

Y atendiendo la política del Presidente Correa, la estatal Petroecuador pidió el 7 de enero del 2010 la caducidad de un contrato de explotación de gas a cargo de la estadounidense Energy Development Corporation (EDC), por considerar que incumplió el plan de inversiones de 2009, informó este jueves una fuente oficial.
Petroecuador formalizó la solicitud ante el ministerio de Recursos No Renovables, que tiene un plazo de dos meses para pronunciarse, dijo una fuente de la empresa estatal.

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8.8. Otro negociado con PDVSA para explotar gas del golfo

El Estado ecuatoriano deberá reconocer (Expreso 9 y 10 diciembre 2009) hasta USD 25’4 millones a la compañía Pdvsa (Petróleos de Venezuela S.A.) por los costos de perforación del pozo Puná 1, en el bloque 4 (Golfo de Guayaquil), que resultó improductivo.
Esa cifra equivale al 63,5% del total presupuestado para las actividades de exploración de gas que la petrolera estatal venezolana se comprometió a ejecutar en la zona, a un costo de USD 40 millones
El plan exploratorio establecía que los riesgos, tecnología e inversiones de los trabajos debían ser asumidos en su totalidad y bajo la exclusiva responsabilidad de Pdvsa, conforme lo estipula el convenio N° 2008094 que suscribieron esa compañía y Petroproducción, el 16 de septiembre de 2008.
Según el plan, del monto total se destinarían $ 15’000.000 para el pozo exploratorio, otros $ 15’000.000 para el pozo delineador y $ 10’ 000.000 para 300 km2 de sísmica 3D.
“Solo en el caso de confirmarse la existencia de reservas de hidrocarburos, comercialmente explotables, Pdvsa tendrá derecho a recuperar sus costos, gastos e inversiones, caso contrario nada le deberá Petroproducción o el Estado ecuatoriano”, estipula el contrato.
Sin embargo, mediante un adéndum modificatorio al convenio (N° 2009036), firmado por ambas entidades el 28 de mayo de este año, se cambió el presupuesto para el pozo exploratorio, que pasó de USD 15 millones a USD 25’4 millones.
Ese nuevo monto debe ahora ser cubierto por Petroproducción. Según la cláusula segunda del adéndum, la filial “al momento de realizar la liquidación de los distintos rubros del convenio, reconocerá y pagará a Pdvsa, exclusivamente los gastos incurridos en la operación de perforación del pozo exploratorio (...), sin asumir ningún otro costo o gasto que no sean los debidos por este concepto (...)”.
El programa de actividades y presupuesto de inversiones para la perforación del pozo exploratorio de Puná, en el que se estableció el nuevo valor, fue aprobado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) mediante resolución 0398 del pasado 21 de mayo.
Walter Spurrier destaca (El Universo, 13 diciembre 2009) que lo normal y estratégico es que las petroleras, antes de la perforación de pozos exploratorios, suelen realizar estudios sísmicos y no basarse exclusivamente en la información recibida de empresas que operaron anteriormente, sobre todo si es información antigua. Se insiste, primero la sísmica, después la perforación. Pdvsa ha escogido perforar “a ojo de buen cubero”, y como fracasó, recién después se hará la sísmica.
Total, un pozo perforado a la ligera, sin haber realizado estudios previos para escoger el mejor prospecto de encontrar hidrocarburos y manipulados los contratos -con el adèndum-, al Ecuador ilegalmente le toca pagar USD 25 millones de dólares.
Frente a la controversia, el dirigente petrolero Fernando Villavicencio, el asambleísta César Montúfar y el abogado Raúl Moscoso presentaron (Expreso, 15 diciembre 2009) una demanda penal, por peculado sobre el “caso del gas del Golfo” a cargo de PDVSA, en contra del vicepresidente de Petroproducción, Freddy García Calle, del presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo y otros.

Las razones para el enjuiciamiento son:

1.- PDVSA es una empresa extranjera de derecho privado y debía procederse a través de una licitación internacional.
2.- Sólo en el caso de encontrarse reservas comercialmente explotables, la empresa recuperará sus costos, gastos e inversiones realizadas en el Bloque 4, de lo contrario Petroecuador nada le cancelará. Si no hay gas ni petróleo comercialmente explotables, Pdvsa debe devolver el área y salir del país, sin que Petroecuador le pague un centavo.
3.- Hasta septiembre de 2008, el monto de inversiones aprobado era de USD 40 millones para todas las actividades, y el costo exclusivo de perforación del pozo exploratorio Puná 1, de USD 15 millones. Pero, a fines de mayo de 2009, se suscribió un adéndum modificatorio del convenio, incrementando el costo de exploración a un monto de USD 25 millones y obligando a la empresa petrolera estatal ecuatoriana a cubrir el costo del mismo. Esto es peculado.
4.- El costo de perforación de un pozo no supera los USD 4 millones cuando se trata de un pozo direccional u horizontal. El pozo Puná 1 es vertical, apenas de 9.600 pies de profundidad. La torre de perforación fue trasladada desde Orellana, y Pdvsa no tuvo que pagar aranceles de ingreso al país, por lo que el valor debía ser mucho menor. Con USD 25 millones Petroecuador hubiese perforado 6 pozos en la Amazonía.
5.- De acuerdo con los primeros resultados que manejan los fiscalizadores de Petroproducción, es que en la isla no hay gas ni petróleo comercialmente explotables, con lo cual, según el artículo 24 de la Ley de Hidrocarburos, Pdvsa debe devolver el área y salir del país, sin que Petroecuador le pague un centavo.
6.- El Gobierno (Correa) insiste en sostener a Pdvsa y anuncian que se utilizará otra tecnología, como es la sísmica tridimensional, en la exploración. “Esta es otra causal de enjuiciamiento, porque antes de perforar el pozo exploratorio debía realizarse la sísmica tridimensional”.
Por este negociado se han levantado voces de reclamo. Opinión de Diario Hoy (17 diciembre 2009) sobre el caso del gas del Golfo, pregunta: ¿Con qué fundamentos se suscribió el adéndum que pasa una factura costosa a Petroecuador? Lo cual resulta tanto más necesario que se den explicaciones al respecto cuando la Marina se halla por dejar la administración de la estatal petrolera ecuatoriana, la próxima semana.
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8.7. Petroproduccion deriva en Petrocorrupcion

Un oficial naval, me decía “en la Armada nos preocupa que Petroproducción, bajo la administración naval, derive a petrocorrupción”, relata León Roldós (El Comercio, 9 diciembre 2009) al tiempo de lamentarse de la situación.
Roldós hace alusión a los dichos por el Presidente Correa el 5 de diciembre de 2009, en su prédica sabatina, al referirse a la renegociación por él ordenada de los contratos de inversión petrolera, expresó: “Es increíble que haya pasado esto en mis narices. En 2007 anunciamos que íbamos a renegociar los contratos. Yo advertí a nuestro equipo que no permitan que nos bajen un dólar en inversión y un solo barril en producción e hicieron lo que les dio la gana. La producción petrolera este año -el 2009- declinó cerca del 14% y eso perjudica nuestros indicadores macroeconómicos”.
Correa acusó a los que intervinieron por encargo de él en la renegociación de “ser pagados por las petroleras privadas”. Y sentenció: “Esto no va a quedar en la impunidad, el país sabrá los nombres de quienes permitieron esta miseria”.
Roldós ve una reacción tardía de parte de Correa, frente a las varias denuncias de corrupción en la administración petrolera. Y cree que hay protección presidencial a los ilícitos que se cometen. Por lo que no pasará nada, dado que no sólo hay responsabilidad del mando naval, sino de parte del entorno presidencial.
Roldos considera que las denuncias sabatinas del Presidente han servido para poner precio a los silencios de los siguientes sábados. Con el perdón de los bomberos, entre estos, “no se pisan las mangueras”. Ojalá tenga palabra el Presidente y que la amenaza de denuncia no sea sustituida por el canto coral “colorín, colorado, el reparto ha mejorado”.
En este contexto, Enrique Pareja Tinajero (Expreso, 22 agosto 2009) denuncia otro atraco desde Petroecuador: “ la entidad realizó una importación de tuberías de acero procedentes de la China para usos petroleros. Cuando intentaron utilizarlas se encontraron que más del 80% de las mismas son inutilizables, porque están mal fundidas, mal soldadas y el acero utilizado es de pésima calidad”.

Pareja se pregunta: ¿Dónde están los encausados y los detenidos en este negociado que le cuesta al fisco ecuatoriano más de 300’000.000 de dólares?. Además reclama ¿Dónde los encausados y encarcelados por el negociado de la represa hidroeléctrica de San Francisco?

Pareja ve que algunos se están enriqueciendo a velocidades demenciales, sin que la Contraloría examine ni observe absolutamente nada.

En todos los grandes negocios petroleros esta Correa

Y quedaría en la impunidad las pillerías, por que Correa no ha vuelto a referirse a los contratos. Mas, el principal responsable de los negociados es el propio Presidente, al decir de Fernando Villavicencio que en Teleamazonas (14 diciembre 2009) declaró, actas en mano, que en los procesos de negociación intervino Correa, aunque los documentos están firmados por otros.

De otra parte, el Presidente Correa, http://www.argenpress.info/ 2008_10_09_archive. html, destaca Villavicencio, acabó reconociendo que el Decreto que incrementó la participación en los excedentes del precio de 50% a 99% para el Estado, fue solo una medida de presión, para que las compañías se sienten a negociar.
Vaya estrategia. A Correa le salió el tiro por la culata, anota Villavicencio. Las compañías se negaron a pagar no solo el 99%, sino el 50% y nos demandaron ante el CIADI, dejando al Estado indefenso, de rodillas.
En esa situación de derrota, Correa claudicó y acordó con las compañías reducir el 99% a 70%, y públicamente pretendió dorar la píldora, diciendo que 70 es muy superior a 50. Cuando esa es una "verdad mentirosa", porque esconde el hecho de que subieron el precio base, con lo cual en la mayoría de casos el 70% de Rafael Correa se vuelve igual o incluso inferior al 50%, resuelto por el Gobierno de Alfredo Palacio el año 2006.
¿Cómo se traduce esto a platas? Se pregunta y responde Villavicencio.
Si el precio base del contrato de Repsol para el bloque 16, actual es de 25 US/BL, con un precio del petróleo de 100 US/BL, aplicando el 50/50, el Estado recibiría por excedentes 37.5 US/BL; con el 99/1, 74.25 US/BL; pero si se considera el precio base pactado 41.17 US/BL, aplicando el 70/30 el Estado recibiría 41.18 US/BL. En el caso del campo Bogi-Capirón, al subirse el precio base a 44.4 US/BL, la situación es peor, pues el Estado recibiría apenas 38.92 US/BL, una diferencia de 1.4 US/BL frente al 50/50.

¿Fiscalía encubre atracos?

El pasado 19 de enero (Diario Hoy 22 enero 2010) el presidente Rafael Correa extendió por 60 días el estado de excepción en Petroecuador. El plazo coincide con la permanencia de la Armada en la estatal petrolera, que fue ampliada hasta mediados de marzo próximo; inicialmente los marinos debían quedarse hasta el 31 de diciembre de 2009.
Mas, cabe indicar que varias contrataciones realizadas durante la administración Naval son investigadas por la Fiscalía General del Estado, que en febrero del año anterior se incautó de algunas computadoras de Petroproducción que habrían contenido informaciones sobre el presunto cobro de coimas para la firma de 19 contratos, por un total de USD 300 millones. Ha pasado casi un año, y nada ha dicho la Fiscalía. ¿Que pasó? ¡Influencias al más alto nivel!.
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8.6. Irracional almacenamiento de gas terminaria

Luego de dos años y diez meses del Gobierno de Correa, poco se ha hecho en materia energética que garantice en normal suministro de electricidad, manteniendo así un sistema irracional. Por eso desde la primera semana de noviembre del 2009 padecemos de restricciones a nivel nacional, especialmente si se trata de la ciudad de Guayaquil en donde la suspensión es de 8 horas diarias.
Una de las irregularidades más onerosas e increíbles es la que ha soportado durante años es el suministro de gas de uso doméstico, porque carecemos de un sistema de almacenamiento en tierra, a través de “Esferas” de almacenamiento; por lo que, se han venido de contratar barcos surtos frente a nuestras costas, que hacen el papel de reservorios del cual se distribuye el producto a todo el país, complicando en forma absurda la operación con costos incalculables. Esto, a más de los perjuicios económicos que se dan por tener barcazas flotantes que almacenan el gas, para de allí hacer despachos al país.
Jorge Vivanco (Expreso, 11 nov. 2009) destaca que “Bien sabemos que este sistema es manejado por grupos de poder económico muy conocidos, cuyos tentáculos habrían llegado a muy altas esferas, a pesar de que este desvío, afecta no solo a la economía del país sino a la moral pública”.
Falta esperar que Petrocomercial que la construcción del Terminal de Almacenamiento de Gas en Tierra en Monteverde y el Chorrillo que fuera adjudicado el contrato el pasado 8 de septiembre de 2009 por Petrocomercial al consorcio Shi Asia & Asociados por USD 110.905.078 se ejecute en el plazo previsto de 540 dias. Es enero del 2010 y todavía no inician los trabajos de construcción.
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8.5. Atraco petrolero con Ivanhoe Energy

8.5.1. Sodoma y Gomorra petrolero
“Con oficiales activos de la Fuerza Naval dirigiendo Petroecuador, por 24 meses, se ha tenido una de las etapas de mayor corrupción en los negocios petroleros del Ecuador”, destaca León Roldós (El Universo, 25 noviembre 2009).
Roldós señala que “Hay material para varios tomos sobre la corrupción petrolera en el gobierno de Correa. Los negociados suman miles de millones de dólares”….”El mayor es el contrato dedicado a una compañía de membrete Ivanhoe Energy Ecuador, a la que en los documentos precontractuales se autoriza entregarle “el campo Pungarayacu en el bloque 20”, a pretexto de que ese campo tiene petróleo pesado y que la única empresa en el mundo que puede explotarlo –y es mentira– Es la compañía canadiense Ivanhoe Energy, que no es la que contrata con Petroecuador, sino una subsidiaria de papel”.
A más de que la autorización es inconstitucional, al firmar el contrato con Ivanhoe se incrementa la pillería, advierte Roldós. “Invierten lo autorizado, en lugar de “Pungarayacu en el bloque 20”, se entrega “el bloque 20 dentro del cual está Pungarayacu”, esto es cerca del doble del territorio mencionado en los documentos precontractuales, se adiciona en la entrega a Ivanhoe”…”Fuera de Pungarayacu, en el bloque 20, hay crudo liviano, cuya explotación exclusiva también se entrega a dedo por 30 años”….”El presidente Correa miente al decir que por 30 años se le pagará a Ivanhoe 37 dólares el barril que entregue en Pungarayacu. Lo pactado es otra cosa, que el precio se incremente con doble corrección: una por un índice de precios de Estados Unidos y otra la compensación por incrementos de costos en el Ecuador”….”Cualquier empresario, pelucón o no, en el Ecuador debe asumir la carga financiera si se eleva el sueldo básico de 218 a 320 dólares, como lo ha anunciado Correa, para el 2010. En el caso de Ivanhoe, el Estado deberá compensarle ese incremento y todos los que se den por 30 años. También por las reformas tributarias de los próximos 30 años”.
Roldós anota también (El Comercio 2 de diciembre 2009) que el contrato con la compañía de membrete Ivanhoe Energy Ecuador Inc., con miles de millones de dólares en juego se eleva a la categoría de sodomía en donde lo más terrible es el episodio de Sodoma y Gomorra del que se aborda en el Antiguo Testamento. “El contrato con Ivanhoe equivale a un Sodoma y Gomorra. Difícil encontrar un ilícito posible en contratos petroleros que no se cometa en su instrumentación”.

8.5.2. El contrato petrolero es un atraco

Y León Roldós a la hora de estimar las fabulosas ganancias de la petrolera Ivanhoe Energy Ecuador, subsidiaria de la canadiense Ivanhoe Energy, y a la vez los perjuicios para el Ecuador a los que alcanzaría, hace las siguientes consideraciones (El Comercio, 13 enero 2010):
1. Que como la cláusula 11.2 del contrato expresa: “En caso que se incrementen los costos, gastos e inversiones en el modelo económico de la contratista originalmente presentado (anexo 5) estos costos, gastos e inversiones serán recuperados por la Contratista, a través dela suscripción de un contrato complementario”, el valor del anexo 5 para 30 años, en precios constantes del 2008, asciende a USD 4.248 MMM (miles de millones), en inglés sería USD 4,248 billones.
2. No hay evidencia alguna de los parciales o ítems que lleva a esos 4,248 MMM, pero Petroecuador y Petroproducción creen con la fe de carbonero todo lo que propone Ivanhoe y se comprometen a asumir cualquier costo, gasto o inversión no incluido en el monto de los 4,248 MMM.
3. Recordemos que el precio base de octubre de 2008, USD 37 por barril , que le pagará el Ecuador a Ivanhoe se incrementa trimestre a trimestre por el crecimiento de precios a productores de los Estados Unidos y por las modificaciones de costos tributarios y laborales, así como eventuales riesgos cambiarios y de afectación contable que se den en Ecuador, prácticamente al infinito, por 30 años.
4. En la página web de Ivanhoe, diciembre 10 de 2009, para demandar dinero de inversionistas, porque la compañía no tiene capital, se anuncia que solo en Pungarayacu, de crudo de 10 a 16 grados API (el 58.69% del bloque 20, bloque que además tiene crudo liviano), según certifica la auditora Gaffney, Cline & Associates, en un escenario de mínima producción ésta llegaría a 4.3 mil millones de barriles de petróleo, o lo que es lo mismo 4,3 billones de barriles.
5. La disponibilidad de 4,3 billones de barriles por USD 37 el barril, precio de octubre de 2008, lleva el ingreso bruto de Ivanhoe en 30 años, a más de USD 159 mil millones, o lo que es lo mismo, 159 billones.
6. Si le restamos, también a precios de 2008, la inversión, costos y gastos, por USD 4.248 millones (4,248 billones), porque cualquier incremento de esos rubros debe asumirlos el Ecuador, la utilidad sería más de USD154 billones (USD 154 miles de millones).
7. Comparemos, el Presupuesto del Estado para 2010 es de USD 21.282 MMM, o en inglés USD 21,282 billones, por lo que la utilidad de Ivanhoe sería más de siete veces el Presupuesto del Estado del 2010.
Roldós señala que el Ecuador, víctima de los perjuicios que le irrogará las manipulaciones de Ivanhoe, ha dado espacio, delincuencialmente, a que Correa, y la camarilla que administra la industria petrolera a que se aprovechen del leonino contrato.

8.5.3. Petrolera sin capital y experticia, pero con gran poder manipulador

Para levantar dinero de inversionistas -no prèstamos-, destaca Roldós (Diario El Universo, 20 enero 2010) y luego de que Correa anunciara que no había pruebas de irregularidades en el caso Ivanhoe y que el contrato va porque va, que Ivanhoe publicitò en la prensa internacional -noviembre 19 y diciembre 10 del 2009- que el contrato con el Gobierno le da control exclusivo por 30 años del bloque 20, cuya riqueza estima en 20 billones (miles de millones) de barriles en sitio.

Todas las reservas en sitio del Ecuador, incluyendo ITT-Yasuní, están alrededor de 4 billones de barriles. El bloque 20 equivaldría a 5 veces la riqueza petrolera ya establecida, si se le cree a Ivanhoe.

Citando a Petroecuador, ARCO y Gaffney, Cline &Asociados, destaca Roldos, Ivanhoe señala que solo en Pungarayacu, 58,69% del bloque 20, habría más de 4 billones de barriles en sitio, por lo menos duplicaría lo de todas las otras estructuras de petróleo de la Amazonía.

Roldós anota demás, que en la sesión del directorio de Petroecuador, de mayo 19 del 2008, le hablaron a Correa sobre los campos de Pungarayacu. Son 40 años desde que se estableció su existencia, 201 km al sureste de Quito, junto a Archidona y Tena.

Correa preguntó: “¿Cómo se llama el pozo este o el campo este?”. Pungarayacu, le contestaron… Los funcionarios relataron las opciones de producción y cuestionaron a la empresa Ivanhoe de Canadá que pretendía el contrato a dedo, con el pretexto -de esa empresa- de una tecnología que permitiría mejor procesamiento del crudo pesado.

Le explicaron a Correa que había tecnologías ya probadas con eficiencia en otros países, aun para petróleos más pesados; en cambio, la de Ivanhoe era experimental y sin aplicación productiva, a más de que era una empresa sin capital y que estaba en riesgo de bancarrota.
Correa se indignó, tachó de corrupción y boicot la actuación de los funcionarios de Petroecuador, por cuestionar a Ivanhoe, y ordenó que se le requiera una oferta para darle el contrato, en 30 días, y si no que les “vaya bonito”.

Correa fue explícito: “…Yo estoy detrás de eso, después van a creer que me está dando plata Ivanhoe”…

Los funcionarios plantearon que se desagreguen costos y el Presidente del directorio -Correa presente- expresó que lo que este quería era que Ivanhoe ponga el precio del barril de petróleo procesado, sin importar lo que se incluya “salario de la mamá del gerente, y todo lo que se quiera”.

Correa explicó lo que él entendía como el precio a pagarse por barril procesado. “Les pago quince dólares el barril y el resto es mío”.

Le trataron de explicar que un supuesto precio fijo podría llevar a cláusulas tramposas o fraudulentas para trasladar costos y elevar el precio. Correa, repitió los agravios contra los mandos medios de Petroecuador, "nosotros ganamos las elecciones, tenemos toda la legitimidad para poner la política…”.

Asì, con la venia omnipotente de Correa, y sin vueltas, el contrato va porque va.
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8.4. Entreguismo a favor de PDVSA - campo Sacha

Walter Spurrier, cuestiona (El Comercio,15 sept 2009) al Gobierno por el retiro de manos de Petroproducción (el campo petrolero de mayor producción, Sacha, y lo ubicó en una flamante subsidiaria de capital social simbólico, Río Napo constituida por Petroproducción (70% de la participación) y por la venezolana PDVSA (30%), y la autorización a ésta, para retener como “costo” USD 9 por barril más que antes, esto es unos USD 280 millones anuales en lugar de USD 130 millones.
Spurrier recuerda que Sacha revirtió al Estado a cero costo con una producción superior a los 60 000 barriles. En más de un cuarto de siglo no se ha hecho mayor inversión, se perdieron 15 000 barriles diarios y el costo no pudo haberse elevado tanto. El aumento de “costo” es una utilidad disfrazada que permitirá incrementar la inversión para recuperar la producción.
Lo que no se entiende, anota Spurrier, es que como muestra de “hermandad” con el presidente Chávez, Correa entregue a la estatal venezolana PDVSA el 30 % de Río Napo y del incremento en la producción.

También destaca Spurrier lo siguiente:

Durante la “larga noche neoliberal” en que “la partidocracia privatizadora” administraba el petróleo, los contratos se adjudicaban mediante concurso. Había un reglamento para el concurso, se redactaban bases de los contratos, se los publicaba en el Registro Oficial, se adjudicaba a la mejor propuesta. Petroecuador armaba un equipo negociador para extraer mejores condiciones del contratista, que tenía que comprometerse a realizar a su costo exclusivo todo un programa de inversión de riesgo en áreas donde no se sabía si había petróleo.

Aquí, Pdvsa recibe gratis las acciones; y entra no a aportar sino a cobrar.
De otra parte, hay voces provenientes de los trabajadores petroleros, así como de otros grupos (Análisis, Diario Hoy, 6 oct 2009), que alertan sobre el precio que se quiere pagar a PDVSA (por utilizar “tecnología de punta” por la producción de barril. Aparte, se fijó otra tarifa por la producción incremental en Sacha) de USD 7,81. Según los técnicos, este no debería sobrepasar los USD 5 por barril.

Petroproducción sin estrategia

Y sobre Sacha lo que se requiere es una reingeniería integral de la explotación del campo. En los últimos tiempos de Texaco el petróleo ecuatoriano se vendía en unos USD 17. Un cuarto de siglo después con precios mayores a USD 50, hay otras técnicas a aplicarse que permiten incrementar el porcentaje del crudo bajo tierra que puede recuperarse. Para esa tarea se requiere una empresa petrolera con mejor nivel técnico y operativo que Pdvsa, desmejorada desde que el presidente Chávez despidió masivamente a sus directivos y técnicos por falta de lealtad política.

De otra parte y sobre este tema, Pablo Lucio Paredes anota (El Universo, 14 noviembre 2009) que “El Gobierno cree que las alianzas entre empresas estatales son la mejor solución en sectores estratégicos y, sobre todo, las alianzas con ciertos países”. Por lo que se pregunta “¿Cuál es el sustento efectivo para esta estrategia, más allá de las emociones ideológicas? ¿Cómo mostrar, por ejemplo, que la alianza con Pdvsa ha tenido el más mínimo sentido?.

Así mismo, el experto petrolero Fernando Villavicencio y el asambleísta César Montúfar, al tiempo que enjuician penalmente por el “caso del gas del Golfo”, por peculado, al vicepresidente de Petroproducción, Freddy García, y al presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo, (Expreso, 15 diciembre 2009) lo hacen también, porque “subieron ilegalmente el costo operativo de la curva base de un promedio histórico de USD 5 por barril a USD 7,81 por barril en el contrato del campo Sacha”.
“Con esa variación, el costo anual total aumentará de USD 90,8 millones a USD 141,9 millones, lo que da una diferencia, en perjuicio de Petroecuador, de 51 millones de dólares anuales aproximadamente, lo cual configura también el delito de peculado”, afirmó Villavicencio.
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8.3. Segundo negociado con Petrochina

En el crédito de 1.000 millones de dólares de Petrochina (León Roldós, El Universo, 23 sept 2009), al costo de 7,25% anual, a dos años, con dividendos mensuales pero abonados dos veces por semana, en petróleo subsidiado –un verdadero atraco finan-ciero–, no se informa cuál fue la vía de la transferencia de ese dinero, tampoco el destino del petróleo, porque por el subsidio que da Petroecuador al rebajar el premio contractual, ese petróleo entra en competencia privilegiada con el resto del crudo que el Ecuador oferta a los mismos mercados de compra.
De otra parte, cuando la economía internacional está con bajas tasas de interés, ningún gobierno se endeuda a intereses elevados fijos reclama León Roldós (El Comercio, 19 agost 2009), sino con el referente Libor (London Inter Bank Offered Rate) . Ecuador lo ha hecho en varias ocasiones, desde el 1% hasta no más allá del 2 ½ por encima de la tasa Libor; y, como esa tasa referente a agosto de 2009, en deudas a un año, está a 1,46%, para el Ecuador un interés ya caro sería 4% anual.
Y señala Roldós, que a la empresa china se le va a pagar 7,25% anual, pero no vencido al año, sino que se cruzan los intereses mes por mes antes de cada amortización, y como el petróleo se retira en ocho lotes mensuales, antes de finalizar cada mes, sin reliquidar intereses al momento de cada entrega, la utilidad efectiva de los chinos será cercana a 7,5% anual, o sea más del 6% por encima de la tasa Libor, a lo que suma que la deuda está garantizada mes a mes con petróleo. Si el Ecuador convocaba a ofertas para un préstamo, como el amarrado con China, con intereses pagaderos en 24 meses, el oferente más caro no habría excedido de Libor más 1%.
Los negociadores de Petrochina se pasaron de usureros en la operación. En Ecuador, los negociadores del crédito, cuando se restaure la honestidad para auditar los negocios petroleros, deberán ser sometidos a la justicia penal. Lo bueno es que el peculado y otros delitos contra la administración pública son imprescriptibles, destacó Roldós.
Y más todavía, Roldós inquiere(El Comercio, 4 nov. 2009): ¿Quién fue el delincuente -porque evidentemente habría peculado- que decidió que habiendo 2000 millones a corto plazo, a menos del 1% anual de rendimiento en el exterior, se endeude al Ecuador con Petrochina en 1000 millones en forma onerosa, al 7,25% anual, más de siete veces el interés de los depósitos del Banco Central?. Además, el Gobierno se estaría endeudando con Rusia, por cientos de millones de dólares, para equipamiento militar, que incluye aviones supersónicos.
De otra parte, la “fórmula de facturación” fijada en el contrato (Diario Hoy, 30 Jul 2009) es la de WTI diferencial + premio = K (cuota de amortización). Esta cuota de amortización, para recuperar los USD 1000 millones adelantados por PetroChina, será de entre un 25% y 28% sobre el precio de cada barril de crudo. Por ejemplo si el precio del barril de petróleo Oriente se cotiza, a la fecha del embarque, en USD 50, el precio que pagaría China sería de USD 37,5.
De otro lado, Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, resalta que con el descuento de hasta el 28% que se aplicará al precio de cada barril de crudo Oriente, perderemos, porque "si observamos en los próximos meses una recuperación de los precios del crudo, cada vez entregaremos más por cada barril".
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8.2. Primer negociado con Petrochina

El equipo de expertos del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (Fopec) recuerda de un irregular proceso de venta de crudo (Diario Hoy, 28 jul 2009) realizado por Petroecuador el 20 de junio del 2008 y su adjudicación realizada el 27 de junio de ese mismo año.
En esa fecha se firmó con Petrochina un contrato de un año para la venta de tres lotes de crudo Oriente de 12 mil barriles cada uno. La oferta ganadora, en esa ocasión, fue la presentada por la compañía Valero que ofreció el diferencial más bajo, según el documento, de -13,21 mientras que el resto de empresas presentaron otras ofertas más altas.
La crítica radica en que Petroecuador no pidió a las otras oferentes que igualen la oferta realizada por Valero y se adjudicó de esta forma el resto del crudo a las empresas que participaron incluso con ofertas de diferenciales más altos. "Lo que representó una pérdida mensual para el país de $9 millones".
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8.1. Adjudicaciones petroleras a extrema discrecion

En el mes de noviembre del 2002 se debatió una reforma a la legislación petrolera que permita omitir la licitación cuando se trate de empresas estatales. Mas, la misma no prosperó, porque violaba la Constitución y era inconveniente. Se debatió y rechazó las figuras contractuales no admitidas legalmente como unas tales “alianzas estratégicas”, para omitir fraudulentamente el requisito de licitar. El proyecto fue rechazo.
Es que la única forma de celebrar contratos de exploración o explotación petrolera sin el requisito de licitación es según Hernán Pérez Loose (El Universo, 20 0ct 2009) refor-mando la Ley de Hidrocarburos. Y si una ley llegase a crear ese privilegio a favor de empresas estatales extranjeras sería ciertamente inconstitucional. Las contrataciones petroleras “a dedo” no pueden, por lo tanto, sustentarse en reglamentos o interpreta-ciones torcidas o bautizándolos como “alianzas estratégicas”.
En derecho público, a diferencia del privado, las figuras contractuales debe establecerlas la ley. El último de los muchos contratos petroleros que este Gobierno ha celebrado “a dedo” es uno con la empresa estatal venezolana Pdvsa para explotar conjuntamente el rico yacimiento Sacha.

¿Dónde está entonces la lloriqueada “transparencia” de la que tanto nos hablan hipócritamente estos señores a diario? ¿Seguirán impasibles la Asamblea y los entes de control?
León Roldós destaca (El Comercio, 2 diciembre 2009) que este último fin de semana, por denuncia del experto petrolero Fernando Villavicencio, ha saltado a la luz pública lo que puede ser “responsabilidad penal del mando naval a cargo de Petroecuador, en la fiscalización del campo marginal Pucuna, a favor del Consorcio Petrolero Amazónico conformado por las empresas Dygoil de Ecuador y Suelopetrol de Venezuela, en que se estafaba al Estado, manipulando el sistema contador de crudo, para hacer aparecer diferente volumen de producción, sin efectivo incremento de crudo. Perjuicio estimado en 16 meses, todos de la administración naval, cerca de USD 10 millones”. Si así han actuado en un campo marginal como Pucuna -agrega Roldós-, ¿qué saqueo podrán hacer en el yacimiento Sacha, la histórica joya de la corona petrolera ecuatoriana, que no requería asociación alguna con los venezolanos?
También, anota Roldós, hay ilícitos en contratos menores. En las ofertas técnicas del sobre 1, en cualquier contrato público, los oferentes deben declarar vehículos, herra-mientas y equipos que poseen y exhibirlos en inspección antes de la firma de los contratos. En Petroproducción se incentiva y premia lo ilícito, primero se firma el contrato y la inspección se da ilegales postergaciones para 20 días ó más días, después de la firma y con contratos asegurados.

Emergencia y Estado de Excepción a tiempo completo

El pasado 19 de enero (Diario Hoy 22 enero 2010) el presidente Rafael Correa extendió por 60 días el estado de excepción en Petroecuador. El plazo coincide con la permanencia de la Armada en la estatal petrolera, que fue ampliada hasta mediados de marzo próximo; inicialmente los marinos debían quedarse hasta el 31 de diciembre de 2009.

La declaratoria se fundamenta en que una deficiente administración de la empresa significaría una pérdida de ingresos para el desarrollo del país, "lo que puede provocar una conmoción interna", según consta en el decreto que, por cierto, constituye la décima tercera excepción para el sistema Petroecuador.

La medida implica la movilización nacional, económica y militar de la Fuerza Naval, para superar la emergencia provocada por "el progresivo e intensivo" proceso de disminución de eficiencia en las áreas de exploración y producción, industrialización y comercialización, y transporte de petróleo.

Desde noviembre de 2007, cuando el Gobierno entregó a la Marina el manejo de Petroecuador, el sector se ha manejado vía decretos de excepción, mismos que han sido renovados cada cierto tiempo por el presidente Rafael Correa, "para obtener la estabilización definitiva del sistema", según se repite en cada decreto.
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